Se considera cuando:

1. Una persona y/o sus allegados son detenidos, arrestados y conducidos por cualquier agente del gobierno sin orden judicial previa y es puesto a confinamiento forzado.
2. Cuando a una persona se le prohíbe salir de su domicilio bajo la amenaza de ser arrestado.
3. La detención arbitraria es a consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión definido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cualquier acto intimidatorio que sufra una persona y/o sus allegados por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y prensa.

Se consideran actos intimidatorios:

1. Cualquier tipo de agresión verbal o de cualquier otra índole recibida por cualquier vía de comunicación.
2. Vigilancia, acoso, asedio, hostigamiento contra cualquier persona y/o sus allegados.
3. Insultos, descalificaciones, campañas de desprestigio contra la persona y/o sus allegados.
4. Visitas no deseadas de agentes policiales a la vivienda de la persona y/o sus allegados.
5. Allanamientos a la vivienda de la persona y/o sus allegados y a medios de comunicación.
6. Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales.
7. Suplantación de la identidad de la persona o el medio de comunicación en la internet y/o redes sociales.
8. Citaciones e interrogatorios policiales.
9. Acciones orientadas a la asfixia financiera.

Se considera cuando:

1. Sanciones administrativas.
2. Prohibición de salida y entrada al país y del territorio de residencia.
3. Obstrucción del trabajo periodístico y restricción de acceso a la información pública.
4. Procesos Penales.
5. Marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.
6. Violaciones de Derechos Penitenciarios.
7. Censura.

Se considera cuando:

1. Existe impedimento y/o limitación a la libertad de expresión y de prensa en la red.
2. Cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales que tienen como propósito limitar la libertad de expresión de un periodista y/o medio de comunicación.
3. Hackeos que constituyen una actividad ilegal que se basa en acceder a equipos o programas sin consentimiento.
4. Bloqueo selectivo de páginas web cuando se reportan ataques DDoS (Distributed Denial of Service) que básicamente reportan ingresos masivos a un sitio web con el propósito de que la red caiga. También se incluyen ataques masivos a servidores con el propósito de limitar el uso de Internet de los trabajadores de la comunicación durante coberturas.
5. Bloqueo de acceso para periodistas a cuentas de RRSS institucionales o personales de altos funcionarios públicos.
6. Suplantación de identidad que es entendida como la usurpación del nombre que utilizan delincuentes cibernéticos para cometer actos ilícitos en Internet.
7. Abuso de solicitud de derechos copyright que tiene como propósito dar de baja a contenidos que afecten la imagen y/o involucren a funcionarios o actores no estatales.
8. Aprobación de normativas, presiones o sanciones a intermediarios para limitar el acceso a internet o a sus servicios.

Se es partícipe cuando:

1. Cualquier tipo de agresión física que reciba una persona y/o su allegado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa.

Se considera cuando:

1. Cualquier persona que por ejercer la libertad de expresión y prensa sea recluido en una prisión o sancionado penalmente con limitación de libertad:
a) Reclusión en una prisión.
b) Sanción de privación de libertad.
c) Trabajo correccional con y sin internamiento.
d) Medida cautelar de reclusión domiciliaria.
2. Se considera la reclusión a consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión definido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.