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Fiscalía Provincial de Las Tunas apela la decisión del tribunal de absolver a Ana Ibis Tristá por el cargo “propaganda contra el orden constitucional”

Ana Ibis Tristá Padilla. Captura de video enviado al ICLEP.

Por ICLEP

Jan 27, 2025 | 9:00 AM


La Fiscalía Provincial de Las Tunas interpuso un recurso de apelación contra la decisión de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba de absolver a Ana Ibis Tristá Padilla del cargo de “propaganda contra el orden constitucional” por falta de pruebas.

El documento de la apelación, enviado al ICLEP por Tristá Padilla, tiene fecha 17 de enero aunque le fue entregado 10 días después y está firmado por el fiscal Adán Vicente Santos Santos.

Foto de la apelacion enviada al ICLEP por Tristá Padilla

El texto de la apelación señala “que la sala omitió narrar en la valoración de las pruebas, la participación que tuvo la acusada Ana Ibis Tristá Padilla, en estos hechos, al omitir que fue la persona que los puso en comunicación con personas desafectas al sistema social cubano radicadas en Miami, para que recibieran el asesoramiento de estos, lo cual revela su intención de contribuir con la organización y ejecución de la marcha convocada por el acusado Félix Daniel Pérez Ruiz”, quien fue sentenciado a cinco años de cárcel.

Foto de la apelacion enviada al ICLEP por Tristá Padilla

La Fiscalía sostiene, además, que Ana Ibis “está vinculada al grupúsculo clandestino de carácter contrarrevolucionario nombrado Autodefensa del Pueblo, los que a su vez tienen contactos con influencer extremistas radicales que muestran una actitud agresiva contra el proceso revolucionario, a su vez controlada por su actividad contrarrevolucionarias por su activa participación en las redes sociales, con un patrón discursivo de odio hacia las autoridades gobernativas de nuestra nación, instando a la desobediencia ciudadana, postea constantemente mensajes por la libertad de su esposo, juzgado y sancionado por los hechos acontecidos el 11 de julio”.

Foto de la apelacion enviada al ICLEP por Tristá Padilla

Tristá Padilla dijo al ICLEP que ella y su abogado tienen un plazo de 10 días para trasladarse a Santiago de Cuba y presentar un recurso de contra apelación.

En la misma situación de Ana Ibis está Jarol Varona Agüero quien también fue absuelto en la misma causa por falta de pruebas, pero hasta el momento el ICLEP no ha tenido acceso a la apelación que hizo la fiscalía en su contra.

El régimen cubano destina todo su aparato represivo a hostigar a quienes utilizan las redes sociales para denunciar la realidad de la isla o los que ofrecen sus declaraciones y testimonios a la prensa independiente.

Edgardo Raúl Manso, quien se gana la vida manejando un bicitaxi, denunció que fue víctima de abuso de poder, amenazas y represión por parte de inspectores que le impusieron una multa de 10,000 pesos el pasado 11 de enero, como represalia por participar en un video del medio independiente ADN Cuba sobre los abusos que cometen los inspectores contra los trabajadores por cuenta propia. Manso dijo a ese medio que incluso lo amenazaron con decomisar su bicitaxi que es su único medio de trabajo.

Los presos políticos continúan siendo víctimas de violaciones a la libertad de expresión en las cárceles. El pasado 22 de enero al preso político Roberto Pérez Fonseca le negaron asistencia religiosa para que no se reuniera con el Obispo Auxiliar Eloy Ricardo Domínguez Martínez.

Según la denuncia de su hermano Albert Fonse en su perfil de Facebook, a Roberto le “han negado esta asistencia por años y ha tenido problemas con los guardias de la prisión por tener rosarios y la biblia y no es la primera vez que no le permiten reunirse con el monseñor Eloy”.

El 24 de enero Mailin Rodríguez Sánchez esposa del manifestante del 11J Yosvany Rosell García Caso denunció en redes sociales que en la visita matrimonial le fue decomisada “una carta de su esposo donde exponía su pensar sobre las excarcelaciones, la vuelta de poner a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo y varios temas”.

Rodríguez Sánchez fue amenazada con que si volvía a sacar una de las cartas de su esposo iban a ser suspendidas sus visitas al penal de alta severidad Holguin Cubasí (El Yayal) por el tiempo que ellos estimaran: “Yo les digo que ni a mí, ni a mi esposo nos van a callar, que sigan reprimiendo que hagan lo que hagan seguiremos exponiendo nuestro pensar al mundo. Siempre con la verdad por delante. Los denunció por violadores a nuestros derechos humanos y por represión hacia mi persona”.

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