La Hababa, Cuba - Boris González Arenas, fue multado el pasado 14 de junio por inspectores del Ministerio de Comunicaciones amparado en el Decreto Ley 370, al asistir a una citación policial en la unidad de Zapata y C, perteneciente al municipio capitalino de Plaza. La multa de 3 mil pesos, impuesta por las publicaciones del periodista en redes sociales, evidencia el grado represivo del régimen cubano, contra miembros de la sociedad civil.

“El castrismo; la Seguridad del Estado, la policía y el Ministerio de Comunicaciones, violan el derecho constitucional a la libertad de expresión y comenten además el delito de conspiración, pues trabajan de manera conjunta en los casos de agresión a los activistas y la prensa independiente”, manifestó el comunicador al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El decreto, en su artículo 68 inciso i) publicado en la Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 2019, sanciona a quienes publiquen o compartan contenidos en redes sociales contrarios a los intereses políticos de la dictadura.

“El Decreto Ley 370, y su aplicación irregular, forma parte de la estrategia del castrismo para controlar el activismo en las redes sociales. Y digo aplicación irregular porque es evidente que el artículo usado para multar a los activistas, como ningún otro, es aplicable a las publicaciones en redes sociales”, expresó el periodista.

Boris Arenas, quien colabora para el medio Diario de Cuba, recibió una primera multa en febrero de 2020, convirtiéndose en el segundo periodista penalizado tras la entrada en vigor del documento represivo, según datos ofrecidos por el Proyecto Inventario al instituto.

Otros periodistas independientes como Camila Acosta Rodríguez, Niober García Founier y Enrique Díaz Rodríguez, del medio Cubanet, Henry Constantín Ferreiro (La Hora de Cuba); Yadiris Luis Fuentes (ADN Cuba), Cynthia de la Cantera Toranzo (YucaBytes) y Emilio Almaguer de la Cruz (Palenque Visión) integran la lista de más de una docena de comunicadores sancionados por la aplicación de dicho decreto.

El ICLEP denunció en mayo de 2020, la violación al derecho a la libre expresión, mediante una carta firmada por 47 organizaciones no gubernamentales y medios de prensa independientes, “mostrando una profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba”.