Los activistas, periodistas independientes y presos políticos continúan en la mira de la dictadura cubana. Hacia ellos estuvieron dirigidas buena parte de las acciones represivas del régimen durante el mes de febrero. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró el pasado mes un total de 42 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en la isla.

Del total de agresiones, 37 estuvieron relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y 5 con la libertad de prensa. Entre ellas se reportaron 13 detenciones arbitrarias, 10 ataques, amenazas, y/o agresiones psicológicas, la misma cantidad de usos abusivos del poder estatal, 5 restricciones en el espacio digital, 3 agresiones físicas y 1 reclusión.

Entre las víctimas de estas violaciones, 8 fueron activistas, 7 opositores, 5 periodistas, 4 presos políticos, igual cantidad de ciudadanos, 1 director de medio y 1 artista creador. También se denunciaron dos violaciones colectivas contra presos comunes: una contra las reclusas del campamento de trabajo forzado El Anoncillo, en Camagüey, y otra contra los presos de la cárcel Boniato, en Santiago de Cuba. En ambos casos, por decisión de las autoridades penitenciarias, se les privó de las llamadas telefónicas a las que tienen derecho. Ocho mujeres y 22 hombres se contabilizaron entre las víctimas, sin incluir las violaciones colectivas, pues se desconoce la cantidad exacta de reclusos afectados en ambas prisiones.

Las provincias donde ocurrieron más acciones represivas fueron La Habana (11), Pinar del Río (6), Las Tunas (5), Santiago de Cuba (4) y Camagüey (3). Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Granma registraron 2 violaciones cada una. Además, se reportaron tres agresiones contra dos periodistas radicados en el extranjero: , Mario J. Pentón, residente en Miami, y José Luis Tan Estrada, en exilio forzado en Guyana. Ambos fueron víctimas de ataques y amenazas debido a su labor periodística exponiendo a la dictadura.

Entre los principales represores destacaron, una vez más, la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, responsables del 85.71% de las violaciones. El sistema penitenciario y el sistema judicial fueron las otras entidades estatales más represivas, con 12 y 8 agresiones respectivamente.

Febrero fue otro mes alarmante para los presos políticos en Cuba. A Maykel “Osorbo” Castillo Pérez le impusieron una medida disciplinaria grave en la prisión de Kilo 5 y Medio, en Pinar del Río, por “difundir noticias falsas”, es decir, por denunciar las violaciones cometidas dentro del reclusorio. Alexander Fábregas permaneció en celda de castigo durante 15 días por gritar consignas antigubernamentales tras su juicio. Al coordinador político del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) y preso político, Oscar Sánchez Madan, le fue negada la asistencia religiosa en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, un derecho conexo a la libertad de expresión que es constantemente violado en las cárceles cubanas.

El preso político Manuel de Jesús Rodríguez García fue golpeado en la cárcel Kilo 5 ½, en Pinar del Río, por discutir con las autoridades del penal luego de recibir el bolso de víveres que le llevó su madre en estado de destrucción. A Virgilio Mantilla Arango, recluido en la cárcel Kilo 7, en Camagüey, le fabricaron una nueva causa penal por las denuncias que ha realizado desde prisión. Por su parte, el preso político del 11J, Jorge Martín Perdomo, recluido en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, en Bainoa, Mayabeque, estuvo incomunicado por más de 20 días.

La represión contra los presos políticos afecta directamente a sus familiares. A Sonia Álvarez Campillo, madre de la presa política Sayli Navarro Álvarez, le impidieron acudir a la visita que le correspondía por vestir de blanco. Mirka Ibáñez, madre del preso político Yadir Ayala Ibáñez, fue amenazada y hostigada por la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales exigiendo la libertad de su hijo.

Los casos de los activistas Alejandro Morales Pereira y Alexander Verdecia Rodríguez acapararon titulares en la prensa independiente. Morales Pereira fue detenido tras realizar una protesta pacífica frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Encrucijada, Villa Clara, y está acusado de desobediencia y propaganda contra el orden constitucional. A Verdecia Rodríguez también se le imputa este último delito. Ambos permanecen encarcelados mientras se espera una petición fiscal que iniciaría procesos penales en su contra.

Asimismo, la activista Yamilka Lafita Cancio, conocida como Lara Crofs, y su pareja Daniela Peral fueron detenidas tras convocar en redes sociales una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para pedir ayuda para un niño de 10 años que necesitaba una visa médica, la cual le había sido negada. Incluso estos activistas, cuyo principal papel en redes sociales es ayudar a personas necesitadas y de escasos recursos, son acosados constantemente por el régimen.

Cualquier ciudadano que ejerza su derecho a la libre expresión y cuestione públicamente a la dictadura puede ser víctima de detención y posteriores acusaciones. Tal es el caso de Tomás Chacón, quien subió a una torre del monopolio de telecomunicaciones ETECSA, en Cienfuegos, y comenzó a gritar consignas antigubernamentales. Actualmente se le acusa de desacato, desórdenes públicos y desobediencia.

Entre los derechos conexos más vulnerados durante febrero se encuentran el derecho a la reunión pacífica, a la manifestación, a la participación política y a la participación en la vía pública, así como los derechos a la libertad, a la integridad y seguridad personal, y a la libertad de movimiento. En cada una de las agresiones registradas durante este período, el ICLEP identificó que, además de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa, también se vulneraron estos derechos ciudadanos.

El ICLEP también documentó cinco violaciones a la libertad de expresión ocurridas en enero, que no pudieron incluirse en el informe de ese mes porque ya había sido publicado. Entre ellas destaca la agresión física al preso político Reynier Reynosa Cabrera, quien fue golpeado por hacerle una pregunta a un funcionario de la cárcel sobre la corriente eléctrica.

Asimismo, el ICLEP conoció las detenciones arbitrarias sufridas en enero por el ciudadano Radimir Galán Rodríguez y su familia. Fueron interrogados y amenazados tras acudir a la inauguración de un parque en Arroyo Naranjo, donde participarían autoridades gubernamentales. Sus posturas políticas opositoras al régimen fueron motivo suficiente para que lo mantuvieran en un calabozo durante siete horas, mientras su esposa e hija eran hostigadas.

Muchos de los hechos que cada mes denuncia el ICLEP podrían parecer absurdos en otras realidades. Sin embargo, en Cuba forman parte del día a día, especialmente para aquellos que, cansados de la injusticia y en medio de una crisis social y económica agravada, deciden alzar su voz contra la dictadura.