Se considera cuando:

1. Una persona y/o sus allegados son detenidos, arrestados y conducidos por cualquier agente del gobierno sin orden judicial previa y es puesto a confinamiento forzado.
2. Cuando a una persona se le prohíbe salir de su domicilio bajo la amenaza de ser arrestado.
3. La detención arbitraria es a consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión definido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cualquier acto intimidatorio que sufra una persona y/o sus allegados por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y prensa.

Se consideran actos intimidatorios:

1. Cualquier tipo de agresión verbal o de cualquier otra índole recibida por cualquier vía de comunicación.
2. Citaciones e interrogatorios policiales.
3. Vigilancia, acoso, asedio, hostigamiento de cualquier persona contra el periodista y/o sus allegados.
4. Insultos, descalificaciones, campañas de desprestigio contra el periodista y/o sus allegados.
5. Visitas no deseadas de agentes policiales a la vivienda del periodista y/o sus allegados.
6. Allanamientos a la vivienda del periodista y/o sus allegados y a medios de comunicación.
7. Ciberamenazas y acoso sistemático por redes y medios sociales.
8. Suplantación de la identidad del periodista o el medio de comunicación en la internet y/o redes sociales.

Se considera cuando:

1. Sanciones administrativas.
2. Restricciones de movimiento.
3. Cualquier tipo de censura (censura directa, indirecta o autocensura).
4. Decomiso, despojo, destrucción de medios de producción periodística y bienes personales del periodista y/o sus allegados.
5. Prohibición de salida del país.
6. Obstrucción del trabajo periodístico y restricción de acceso a la información.
7. Procesos Penales.
8. Trabajo correccional sin internamiento (Trabajo Forzado).
9. Pauta oficial.
10. No reconocimiento a medios alternativos, independientes, comunitarios, privados (medios no estatales).
11. Marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa.
12. Acciones orientadas a la asfixia financiera.

Se considera cuando:

1. Existe impedimento y/o limitación a la libertad de expresión y de prensa en la red.
2. Cierre y suspensión arbitraria de cuentas de redes sociales que tienen como propósito limitar la libertad de expresión de un periodista y/o medio de comunicación.
3. Hackeos que constituyen una actividad ilegal que se basa en acceder a equipos o programas sin consentimiento.
4. Bloqueo selectivo de páginas web cuando se reportan ataques DDoS (Distributed Denial of Service) que básicamente reportan ingresos masivos a un sitio web con el propósito de que la red caiga. También se incluyen ataques masivos a servidores con el propósito de limitar el uso de Internet de los trabajadores de la comunicación durante coberturas masivas como protestas.
5. Bloqueo de acceso para periodistas a cuentas de RRSS institucionales o personales de altos funcionarios públicos.
6. Suplantación de identidad que es entendida como la usurpación del nombre que utilizan delincuentes cibernéticos para cometer actos ilícitos en Internet.
7. Abuso de solicitud de derechos copyright que tiene como propósito dar de baja a contenidos que afecten la imagen y/o involucren a funcionarios o actores no estatales.
8. Aprobación de normativas, presiones o sanciones a intermediarios para limitar el acceso a internet o a sus servicios.

Se es partícipe cuando:

1. Cualquier tipo de agresión física que reciba una persona y/o su allegado por ejercer su derecho a la libertad de expresión y prensa.

Se considera cuando:

1. Cualquier periodista y/o su allegado que sea sentenciado a cumplir cualquier tipo de condena:
a) Reclusión en una prisión.
b) Trabajo correccional con internamiento.
2. La condena es a consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión definido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.