Quivicán, Cuba — 18/07/2026. Juan Enrique Pérez Sánchez, preso político cubano, fue amenazado y hostigado psicológicamente por las autoridades de la prisión de Quivicán como represalia por sus reiteradas denuncias sobre la falta de agua y las condiciones inhumanas de reclusión en el penal.
El hecho se agrava porque el propio jefe de la prisión amenazó a Juan Enrique Pérez Sánchez con fabricarle una nueva denuncia, mientras intentaba presionar a otro recluso con funciones de disciplina para que se volviera en su contra; horas antes de regresar al colectivo, la propia víctima advirtió que sentía acercarse una represalia mayor e indeterminada.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
El activista Marcel Valdés denunció en su perfil e Facebook el 16 de julio que el jefe de la prisión de Quivicán, molesto por las denuncias reiteradas de Juan Enrique Pérez Sánchez sobre la falta de agua y las condiciones inhumanas de reclusión, le advirtió textualmente: "Ahora, por mi p…, no les voy a poner agua." Acto seguido, se abalanzó sobre él con intención de intimidarlo físicamente.
Juan Enrique Pérez Sánchez respondió verbalmente al funcionario, cuestionando su autoridad y exigiendo que le retiraran las esposas si deseaban dialogar; una reeducadora —cuya identidad no se especifica en la fuente— debió intervenir para contener la tensión. Otros reclusos respaldaron a Juan Enrique Pérez Sánchez en ese momento.
Como forma de protesta, Juan Enrique Pérez Sánchez retiró el colchón de su litera y comenzó a dormir sobre la tabla, en solidaridad con otros presos que permanecen sin colchón y sin acceso a agua; durante las inspecciones ha declarado: "Si no quieren verme así, suéltenme porque soy inocente, o métanme en una celda."
Las autoridades penitenciarias intentaron remover al recluso encargado de funciones de disciplina en el colectivo 7 con el propósito de presionarlo contra Juan Enrique Pérez Sánchez; los reclusos del colectivo se opusieron a la medida, y el recluso en cuestión se negó a colaborar con la represalia, según el mismo testimonio.
El 15 de julio, durante una visita familiar, Juan Enrique Pérez Sánchez entregó sus pertenencias personales —zapatos y libros— y regresó al colectivo únicamente en chancletas y medias. Antes de despedirse, envió un mensaje de advertencia: "Mi amor, lo que viene es grande. Ellos piensan que yo estoy tranquilo. Dile todo esto a Marcel y que estén atentos. No sé para dónde voy, pero siento que se me viene una cordillera”. El jefe de la prisión lo insultó, lo provocó y lo amenazó con fabricarle una nueva denuncia, según el mismo testimonio.
Los hechos descritos constituyen una violación a la libertad de expresión porque las amenazas, el intento de intimidación física y el hostigamiento documentados responden directamente a las denuncias públicas de Juan Enrique Pérez Sánchez sobre las condiciones de reclusión, castigando el ejercicio de su derecho a opinar y denunciar abusos incluso desde dentro del sistema penitenciario.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro seguido de verificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso (Indicador OCLE)
Según la investigación realizada por OCLE este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo el indicador:
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas
El jefe de la prisión amenazó a Juan Enrique Pérez Sánchez con negarle el agua, se abalanzó sobre él con intención de intimidarlo físicamente sin llegar a consumar una agresión corporal, lo amenazó con fabricarle una nueva denuncia e intentó manipular a otro recluso para que se volviera en su contra, configurando un hostigamiento sostenido dirigido a quebrar su voluntad de denuncia.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en Cuba.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 46: el intento de intimidación física y la amenaza sobre el suministro de agua vulneran el derecho a la integridad física y moral de la víctima.
Artículo 51: la amenaza de negar agua y la intimidación ejercida bajo custodia constituyen un anuncio de trato cruel, inhumano o degradante hacia una persona privada de libertad.
Artículo 54: la represalia documentada responde directamente al ejercicio, por parte de la víctima, de su libertad de pensamiento y expresión al denunciar las condiciones del penal.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 5: la amenaza de negar agua y el intento de intimidación física bajo custodia constituyen un anuncio de trato cruel, inhumano o degradante.
Artículo 19: el hostigamiento contra Juan Enrique Pérez Sánchez es represalia directa por el ejercicio de su libertad de opinión y expresión al denunciar los abusos del penal.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 7: la amenaza de negar agua y la intimidación bajo custodia constituyen un anuncio de trato cruel, inhumano o degradante.
Artículo 10.1: la conducta del jefe de prisión hacia un recluso bajo su custodia contradice el trato humano y el respeto a la dignidad inherente que exige esta norma.
Artículo 19: la represalia contra Juan Enrique Pérez Sánchez por sus denuncias vulnera directamente su libertad de expresión.
El conjunto de amenazas, el intento de intimidación física y el hostigamiento sostenido ejercidos por las autoridades de la prisión de Quivicán contra Juan Enrique Pérez Sánchez, como represalia directa por sus denuncias sobre las condiciones de reclusión, constituye una violación del Estado cubano a la integridad moral, a la protección contra tratos crueles o degradantes y a la libertad de expresión de una persona privada de libertad. Esta conducta, ejercida por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, revela un uso represivo del control penitenciario para silenciar la denuncia legítima, y compromete la responsabilidad internacional del Estado cubano por el trato indigno infligido a un preso político.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano y a las autoridades de la prisión de Quivicán cesar de inmediato las amenazas, la intimidación física y el hostigamiento contra Juan Enrique Pérez Sánchez; garantizar el acceso regular a agua potable y condiciones dignas de reclusión para él y para el resto de la población penal del colectivo; abstenerse de fabricar cargos o denuncias en su contra como represalia por sus denuncias públicas; y proteger su integridad física y su vida ante el riesgo de nuevas represalias anunciado en este caso.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
Canales oficiales del ICLEP
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