La Habana, Cuba, (ICLEP). Los llamados Mercados de Barrio, implementados en Cuba desde agosto de 2026 mediante la Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior, ya generan debate. Su creación responde al intento de reconvertir la deteriorada red comercial estatal mediante la gestión privada de bodegas, mercados y carnicerías. La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas económicas que busca reactivar establecimientos cerrados o subutilizados, incorporando mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia, empresas estatales e incluso inversión extranjera, mientras el Estado conserva la propiedad de los inmuebles. Se trata de otra apuesta oficial por las transformaciones económicas anunciadas como parte de las 176 medidas destinadas a enfrentar la crisis.
En un contexto de inflación, crisis económica y salarios deprimidos, alimentos como el arroz, los frijoles, el café y los huevos pueden representar un gasto considerable para los hogares. Según los datos recogidos en el texto original, una lista de 22 artículos alcanza los 12.740 pesos, frente a un salario mínimo mensual de 3.210 pesos. Si estas cifras se confirman, el costo de esa canasta equivale a casi cuatro salarios mínimos, una proporción que pone en cuestión el alcance real de la promesa de abaratar el consumo.
Existe, además, una paradoja distributiva: los gestores de estos mercados reciben exenciones y facilidades estatales, pero esos beneficios no garantizan, por sí solos, que se traduzcan en precios más bajos para los consumidores. Un recorrido por varios establecimientos, según la observación recogida para este análisis, encontró productos que resultaban más caros que en comercios privados. Esa diferencia plantea interrogantes sobre la eficacia de los incentivos y la supervisión de los precios.
El problema también tiene una dimensión social. Los Mercados de Barrio aparecen en un contexto de deterioro del sistema de abastecimiento estatal y de crecientes dificultades para acceder a productos básicos mediante la libreta de racionamiento. Si una cuota regulada, aunque insuficiente, da paso a un acceso cada vez más condicionado por la capacidad de pago, los hogares con menores ingresos pueden quedar en una situación de mayor desventaja. De no corregirse las deficiencias de abastecimiento, contratación y control de precios, el modelo podría contribuir a profundizar las desigualdades en el consumo.
El éxito de los Mercados de Barrio dependerá, por tanto, de algo más que la apertura de locales o la concesión de beneficios a sus gestores. Será necesario garantizar un suministro estable, fiscalizar los precios y establecer mecanismos que protejan a jubilados, embarazadas, niños y trabajadores de bajos ingresos.
Publicado originalmente en la edición 288 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Amanecer Habanero.