Santiago de Cuba — 13/11/2026. José Antonio Riquenes Rodríguez y Bismark Mustelier Galán, activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fueron enviados este 13 de noviembre de 2026 a la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, bajo prisión preventiva por propaganda contra el orden constitucional, tras 18 y 17 días detenidos en la unidad de la PNR de Palma Soriano. El traslado lo dió a conocer a través de Facebook y en una comunicación directa al OCLE, el opositor y también miembro de UNPACU José Batista Falcón, quien relacionó la represión con los videos ambos que grababan y difundían sobre la situación del país.
Riquenes Rodríguez fue detenido el 26 de octubre, luego de pasar la mañana bajo un cerco domiciliario de la Seguridad del Estado. Mustelier Galán terminó bajo custodia al día siguiente, también tras presentarse a una citación. Durante su detención, la esposa denunció que no se le permitía recibir los alimentos ni los medicamentos que ella le llevaba.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
El 26 de octubre de 2026, José Antonio Riquenes Rodríguez, de 62 años, grabó un video que envió a Batista Falcón, en el que contaba que la policía política mantenía un cerco en torno a él desde la mañana. Afirmó que desconocía el motivo, que solo defendía los derechos humanos, que no participaba en sabotajes ni manifestaciones, y pidió que el video se difundiera si a las ocho de la noche no había regresado a su casa. El activista Víctor Campa publicó ese día que Riquenes lo había llamado para avisarle de que acudiría a una citación.
De acuerdo con un testimonio en video de Bismark Mustelier Galán, compartido en redes por Batista Falcón y facilitado al OCLE, Riquenes fue detenido alrededor de las 3:00 de la tarde por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a una unidad policial. Mustelier Galán agregó que en horas de la noche de ese día 26 de octubre, el Segundo Jefe de la Policía en el territorio, Mayor Monzón, lo visitó en su vivienda para informarle que al día siguiente debía presentarse en la unidad policial.
Mustelier acudió a la citación, y de acuerdo con Batista Falcón, quedó detenido en la estación de la PNR de Palma Soriano, donde ya se encontraba Riquenes.
El 9 de noviembre, cuando Mustelier llevaba trece días detenido, su esposa, Alina Batista, denunció en un video que su esposo compartía celda con hasta diez presos, sin poder bañarse, y que los agentes de la PNR no le permitían entregarle los alimentos ni los medicamentos que ella le llevaba. El 11 de noviembre volvió a denunciar sus condiciones, que calificó de «infrahumanas»: su esposo sufría dolores en todo el cuerpo, ya lo habían llevado al hospital y seguía con dolor. Los hijos de Mustelier difundieron también su situación a través del perfil de Batista Falcón.
El 13 de noviembre, hacia las cinco de la madrugada, ambos activistas fueron trasladados de la unidad policial a la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, bajo prisión preventiva, según denunció Batista Falcón y la esposa de Mustelier. Batista Falcón dijo que los activistas de UNPACU están siendo acusados de propaganda contra el orden constitucional, dato que también había informado el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
Batista Falcón sostiene que la Seguridad del Estado persigue a Riquenes y Mustelier por las denuncias en video que grababan sobre la situación del país y que enviaban a él y a Ferrer. Afirmó al OCLE que, en uno de los videos, los activistas relataron haber sido citados y amenazados con ser acusados y encarcelados si seguían colaborando con Ferrer y con él. Batista Falcón vincula además las detenciones con unas pintadas contra el Gobierno aparecidas el 26 de octubre en edificios del reparto La Cuba, en Palma Soriano. Según el periodista Yosmany Mayeta Labrada, ese día hubo un amplio despliegue policial en la zona y varias personas fueron llevadas a interrogatorios; es válido aclarar que su reporte no menciona a los dos activistas.
En la base de datos del OCLE no constaban registros previos de José Antonio Riquenes Rodríguez y Bismark Mustelier Galán. Según CubaNet, Mustelier fue condenado en 2012 a dos años de cárcel por «atentado» y «resistencia» tras ser arrestado, según José Daniel Ferrer, por protestar en un hospital de Palma Soriano por la falta de médicos para atender a una niña accidentada. Prisoners Defenders lo describe como miembro de la UNPACU con un largo historial de activismo.
Conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales, el OCLE transcribió los dos videos de las víctimas, los videos de la esposa y los cuatro audios de Batista Falcón enviados al OCLE, además, revisó sus publicaciones y las de Ferrer, y el texto de la de Campa; comparó fechas y cómputos de días entre todas las fuentes, y consultó su base de datos sin hallar antecedentes. Como las fuentes directas son las víctimas, su esposa y Batista Falcón, y todas pertenecen a la misma red de activistas, la detención desde el 26 y el 27 de octubre se presenta como documentada y no como corroborada de forma independiente. El motivo, la prisión preventiva y las condiciones de detención se atribuyen a quienes los denuncian. La falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por OCLE estos hechos clasifican como violaciones correspondientes a la libertad de expresión bajo los siguientes indicadores:
José Antonio Riquenes Rodríguez, activista de la UNPACU
26 de octubre de 2026
Detención arbitraria: según su propio video, la policía política mantuvo un cerco en torno a él desde la mañana sin comunicarle el motivo. Ese mismo día fue detenido y llevado a la unidad de la PNR de Palma Soriano, donde permaneció 18 días sin que se le comunicara el motivo de su detención.
13 de noviembre de 2026
Reclusión: según Batista Falcón, fue trasladado a la prisión de Aguadores bajo prisión preventiva.
Uso abusivo del poder estatal: está procesado por propaganda contra el orden constitucional, un delito que sanciona conductas expresivas, aplicado a un activista que grababa y difundía denuncias en video.
Bismark Mustelier Galán, activista de la UNPACU
26 de octubre de 2026
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: esa noche fue citado de palabra a la unidad policial para la mañana siguiente, sin que se le comunicara el motivo.
27 de octubre de 2026
Detención arbitraria: al acudir a la citación, quedó detenido en la unidad de la PNR de Palma Soriano, donde permaneció 17 días sin que se le comunicara el motivo de su detención.
9 de noviembre de 2026
Uso abusivo del poder estatal: según denunció su esposa, los agentes de la PNR le impidieron recibir los alimentos y medicamentos que ella le llevaba, mientras permanecía en una celda con hasta diez presos y sin poder bañarse.
13 de noviembre de 2026
Reclusión: fue trasladado a la prisión de Aguadores bajo prisión preventiva, según Batista Falcón y Prisoners Defenders.
Uso abusivo del poder estatal: está procesado por propaganda contra el orden constitucional, un delito que sanciona conductas expresivas, aplicado a un activista que grababa y difundía denuncias en video.
Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 46: reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad, afectados al mantener a los dos activistas 16 y 17 días en una unidad de la PNR sin que conste una orden ni un motivo comunicado.
Artículo 54: reconoce la libertad de expresión, que se pretende limitar al detenerlos tras difundir videos de denuncia.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 9: prohíbe la detención arbitraria, como la de Riquenes y Mustelier, sin una razón comunicada.
Artículo 19: protege el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones y a difundir informaciones, que se busca disuadir con las citaciones y las detenciones.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9: garantiza la libertad y la seguridad personales y prohíbe la privación arbitraria de libertad, como la sufrida por los dos activistas desde el 26 y el 27 de octubre.
Artículo 19: protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, afectada por la detención de quienes grababan denuncias en video.
Citar y detener a dos activistas que difundían denuncias en video, y mantenerlos detenidos durante más de dos semanas sin una razón comunicada, los priva de forma arbitraria de su libertad y, si el motivo es el que atribuye Batista Falcón, los castiga por informar y denunciar. La conducta descrita, ejecutada en una unidad de la PNR y atribuida por las víctimas a la policía política, constituye una violación de la libertad de expresión y del derecho a no ser detenido arbitrariamente por parte del Estado cubano.
Llamado del OCLE
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso y a la situación de José Antonio Riquenes Rodríguez y Bismark Mustelier Galán, y a su posible traslado a la prisión de Aguadores,
- presten atención a la salud de ambos, en particular a la de Riquenes, de 62 años y con una afección cardíaca denunciada por sus allegados,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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