Santiago de Cuba, Cuba — 07/11/2026. José Antonio López Piña, periodista independiente, denunció ante el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) que el 19 de octubre de 2026, durante un interrogatorio, las autoridades volvieron a plantearle el ultimátum de abandonar el país o enfrentar un proceso penal por su trabajo para medios de prensa independientes.

Dos días después, un oficial de la Seguridad del Estado se presentó en la vivienda de su esposa en el municipio de San Luis, y le advirtió de que podía ser acusada de cómplice por su relación con López Piña.

Los hechos se suman a otros documentados previamente por el OCLE contra el periodista: el 27 de julio de 2026 enfrentó un interrogatorio en el que se le planteó que si no abandonaba el país en un plazo de dos meses, enfrentaría un proceso penal por presunta subversión y usurpación de funciones; el 18 de julio de 2026 sufrió una golpiza y la destrucción de su teléfono a manos de agentes de la policía y la Seguridad del Estado mientras realizaba labores periodísticas; el 3 octubre de 2025 y el 8 de agosto de 2024 recibió amenazas por su vínculo con proyectos de comunicación independientes y sus publicaciones en redes sociales.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente los nuevos hechos contra López Piña que, de acuerdo al testimonio directo de la víctima enviado a la organización, constituyen una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba.

Hechos documentados

José Antonio López Piña, periodista independiente residente en Santiago de Cuba, relató al OCLE por escrito y en audios de WhatsApp enviados entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, los hechos que aquí se presentan.

El 19 de octubre fue citado a entrevista y recibido por el oficial identificado como Teniente coronel Barrientos, del Ministerio del Interior, el mismo que guió el interrogatorio del pasado mes de julio. La conversación giró nuevamente en torno al ultimátum de cárcel o exilio: «Me dijeron que si yo no sabía que se me estaba venciendo el plazo, que cómo estaba la situación mía de los trámites para irme para el exterior, porque el expediente estaba encima de la mesa y podía ser procesado».

A continuación lo amenazaron «una vez más» con que «voy a enfrentar condena de prisión por seguir trabajando para los medios subversivos» y le mencionaron varios medios de prensa. Según su relato, también le dijeron que era «un contrarrevolucionario» y «un mercenario» pagado por medios independientes, y que podía ser encausado «por revertir el orden constitucional de esta nación» y por pertenecer a «organizaciones terroristas».

A esas amenazas se sumó una más de carácter administrativo: López Piña contó que le advirtieron que «el jefe de sector de mi localidad está preparando también un informe detallado porque yo no estoy vinculado laboralmente en ningún centro de trabajo», y que por eso podía ser procesado por «peligrosidad predelictiva». Con ese informe en marcha y el plazo del ultimátum agotándose, dijo sentirse «prácticamente contra la pared» y aseguró que en noviembre tiene que definir su situación.

Dos días después de aquella citación, el 21 de octubre, la presión llegó a su familia. Según su relato, un oficial de la Seguridad del Estado fue a la vivienda de su esposa en San Luis «para alertarla que podía ser expulsado del municipio de San Luis por mis actividades contrarevolucionarias y que podía ser cómplice de mis actividades». Explicó que querían inculparla de sus actividades, que le dijeron que podían acusarla de encubrimiento si lo apoyaba o lo permitía en su casa, y que averiguarían si ella conocía lo que él hacía. Describió la visita como amenazante y precisó: «No dejaron acta de advertencia, fue solo conversación».

López Piña aclaró que no estaba presente al momento de la visita. Los hechos fueron confirmados por la madre de su esposa, cuya identidad el OCLE reserva a solicitud de la fuente, en tres audios enviados a través del WhatsApp de José Antonio. En ellos dice que el 21 de octubre «se presentaron en mi casa» un oficial, a quien nombra «Richard», y que este «le dijo a mi hija que podía ser cómplice de las actividades contrarevolucionarias» de José Antonio López y que él podía ser expulsado de San Luis «por representar organizaciones terroristas». Añade que, desde entonces, «mi hija tiene miedo que la vayan a coger presa o que le vaya a pasar algo y no sé qué hacer». Ese miedo es, según López Piña, la razón por la que su esposa se ha negado a dar un testimonio sobre los hechos y por la que lo hizo su madre.

Para el periodista, todo forma parte de un mismo propósito: «Veo una presión hacia mi persona por mi labor periodística», sostuvo, y la relacionó con la agresión de julio: «Ahí fui golpeado, ahí me quitaron el teléfono». Desde que recibió esos ataques en la calle, explicó, la persecución «se ha venido incrementando». Así mismo, Jose Antonio pidió que su caso se difunda ante instituciones internacionales de protección: «es la única manera que tengo de protegerme». Dijo temer por su libertad y por su vida: «voy a morir en una prisión en Cuba», afirmó, «si el caso no tiene visibilidad internacional».

Citar a un periodista para exigirle que abandone el país bajo amenaza de prisión por su trabajo con medios independientes, advertirle de que será procesado por una supuesta «peligrosidad» y extender las amenazas a su esposa busca forzarlo a dejar de ejercer el periodismo y aislarlo de su entorno. Por tratarse de un periodista, la agresión recae sobre la libertad de prensa.

Para documentar estos hechos, el OCLE aplicó su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales. Conservó los mensajes escritos y los audios de WhatsApp del periodista, la grabación de su llamada con el OCLE y los tres audios de la madre de su esposa. Luego cotejó los relatos entre sí y con las alertas previas del OCLE y los antecedentes registrados en su base de datos, y revisó la publicación de Árbol Invertido sobre el ultimátum de julio, que recoge la misma denuncia. Los dos testimonios sobre la visita a la esposa coinciden en la fecha, en la presencia de un oficial, en la advertencia de complicidad y en la amenaza de expulsión de San Luis, y el OCLE no encontró contradicciones. Sin embargo, como las fuentes directas son la propia víctima, para la citación del 19 de octubre, y la madre de su esposa, para la visita del 21 de octubre, y ambas pertenecen al mismo círculo familiar, los hechos se presentan como documentados y no como corroborados de forma independiente: no hay acta, documento ni testigos ajenos a la familia, y la esposa, por miedo, según el periodista, no ha hablado. La falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por OCLE estos hechos clasifican como violaciones correspondientes a la libertad de prensa, en el caso del periodista, y a la libertad de expresión, en el caso de su esposa, bajo los siguientes indicadores:

José Antonio López Piña, periodista independiente

19 de octubre de 2026

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: según su testimonio, el teniente coronel Barrientos, del Ministerio del Interior, lo citó a un interrogatorio en el que lo llamó «contrarrevolucionario» y «mercenario» y lo amenazó con prisión por trabajar para medios independientes y con un proceso por «peligrosidad predelictiva». Además, le reiteraron el ultimátum de abandonar el país o ser procesado, le preguntaron por sus trámites migratorios y le advirtieron que «el expediente estaba encima de la mesa».

21 de octubre de 2026

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: el cerco al entorno familiar de una víctima es también una amenaza a la propia víctima, además de la notificación que en la visita a su esposa hizo el agente de la Seguridad del Estado sobre la posibilidad de expulsar al periodista del municipio de San Luis.

Esposa de José Antonio López Piña

21 de octubre de 2026

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: según su madre, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como «Richard» se presentó en su vivienda en San Luis y la advirtió de que podía ser acusada de cómplice o de encubrimiento si apoyaba al periodista o lo acogía en su casa, una amenaza dirigida contra ella por su vínculo familiar con él.

Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 46. Reconoce el derecho a la integridad física y moral. Se vulnera porque el periodista y su esposa fueron sometidos a amenazas de cárcel y de procesamiento penal.

Artículo 48. Reconoce el respeto a la intimidad personal y familiar. Se vulnera porque un oficial acudió a la vivienda de la esposa para amenazarla por las actividades periodísticas de él.

Artículo 52. Reconoce la libertad de permanecer, transitar y cambiar de residencia. Se vulnera porque se exige al periodista abandonar el país bajo amenaza de cárcel y se le amenaza con expulsarlo del municipio donde vive su familia.

Artículo 55. Reconoce la libertad de prensa. Se vulnera porque se presiona a un periodista independiente con la cárcel y el exilio para que deje de trabajar para medios de prensa.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 9. Prohíbe el destierro arbitrario. Se vulnera porque se condiciona la libertad del periodista a que abandone el país.

Artículo 12. Protege contra injerencias arbitrarias en la vida familiar y el domicilio. Se vulnera por la visita intimidatoria a la vivienda de su esposa.

Artículo 13.1. Protege la libertad de circulación y de residencia dentro del Estado. Se vulnera por la amenaza de expulsarlo del municipio de San Luis.

Artículo 19. Protege el derecho a investigar y difundir informaciones. Se vulnera porque se amenaza con prisión a quien trabaja para medios independientes.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 12. Reconoce el derecho a circular libremente y a escoger residencia (apartado 1) y prohíbe privar arbitrariamente a nadie del derecho a entrar en su propio país (apartado 4). Se vulnera por la amenaza de expulsión del municipio y por la presión para forzar su exilio.

Artículo 17. Prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida familiar y el domicilio. Se vulnera por las amenazas dirigidas a su esposa en su vivienda.

Artículo 19. Protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones. Se vulnera porque la amenaza de cárcel busca que el periodista deje de ejercer su oficio.

Condicionar la libertad de un periodista a que abandone su país, amenazarlo con un proceso penal por trabajar con medios independientes y extender esas advertencias a su familia persigue silenciar a la prensa independiente y forzar su salida. La conducta descrita, atribuida por el afectado a oficiales del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, constituye una violación de la libertad de prensa y de los derechos a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar y a la libertad de circulación y residencia.

Llamado del OCLE

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:

den seguimiento a este caso,

exijan responsabilidades al Estado cubano,

presten atención específica a la situación de José Antonio López Piña, que dice que debe definir su situación este mes ante la amenaza de un proceso penal, y a la protección de su familia, y

refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

Canales oficiales del ICLEP

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