La Habana — 21/07/2026. Al menos trece activistas, opositores y ex presos políticos cubanos fueron sometidos a vigilancia domiciliaria, detenciones sin orden judicial y restricción a las telecomunicaciones entre el 10 y el 12 de julio, en operativos de la Seguridad del Estado desplegados de forma simultánea en Sancti Spíritus, La Habana y Villa Clara, coincidiendo con el 5to aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
El 11 de julio, colaboradores de la red del OCLE en Sancti Spíritus denunciaron que la Seguridad del Estado y miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida montaron operativos de vigilancia sobre las viviendas de cinco activistas del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) en esa provincia: Pavel Alberto Rodríguez Nápoles, Carlos Manuel Cárdenas, Enel Modesto Peralta Ruch, Jesús Eduardo Cárdenas Rodríguez y Adriano Castañeda Meneses.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció que su presidente, Manuel Cuesta Morúa, y la activista María Mercedes Benítez, amanecieron sitiados el 11 de julio.
El activista Adelth Bonne Gamboa denunció, en su perfil de Facebook, la presencia de una patrulla vigilando las afueras de su edificio el 11 de julio, mientras comparaba el hostigamiento con la crisis de servicios que atravesaba junto a sus vecinos.
Wilber Aguilar, padre del preso político Walnier Luis Aguilar, denunció en redes sociales, junto a fotografías, la presencia de una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) vigilando su vivienda el 11 de julio.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y el opositor Ángel Moya denunciaron que desde horas tempranas del 11 de julio la sede nacional de las Damas de Blanco amaneció sitiada por represores de la Seguridad del Estado.
La Dama de Blanco María Cristina Labrada, en La Habana, denunció que el 11 y el 12 de julio tuvo montado un operativo de la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE) frente a su vivienda y, de forma simultánea, permaneció sin servicio de internet ni telefonía móvil. Según relató, contactó reiteradamente a ETECSA, cuya operadora le confirmó que su línea no presentaba fallas técnicas.
El manifestante del 11J Nilo Abrahantes Santiago, liberado el 4 de julio tras cumplir íntegramente su condena, denunció vía telefónica a CubaNet que recibió, el viernes 10 de julio, una citación firmada por un agente identificado como "César" para presentarse el 11 de julio en la Unidad de la PNR de Bejucal. Según refirió, tras esperar un tiempo sin que el agente se presentara, decidió retirarse. Hecho denunciado por la propia víctima a un medio de prensa.
El ex preso político Mario Alberto Hernández Leyva denunció que fue detenido sin orden judicial entre el 10 y el 12 de julio: primero en su domicilio el viernes 10 de julio a las 8:00 p.m., siendo trasladado a la unidad policial de Marianao donde permaneció detenido hasta el sábado 11 a las 2:00 p.m.; posteriormente trasladado a la estación de La Lisa, donde permaneció detenido de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. del mismo día; y finalmente, tras ser citado por la Seguridad del Estado para presentarse el domingo 12 de julio por la mañana en la unidad de Marianao, fue reetenido nuevamente durante todo el día, siendo liberado a las 7:00 p.m. Según el propio afectado, la Seguridad del Estado vinculó estas detenciones con la conmemoración del quinto aniversario del 11 de julio.
Lutgardo Benítez Pérez, Coordinador Municipal del FANTU en Santo Domingo, denunció —a través de un mensaje telefónico a la Sede Nacional del FANTU— que durante los días 10 y 11 de julio fue seguido abiertamente por un trío de miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), actuando por indicaciones de la Seguridad del Estado. Según relató, el 11 de julio esos individuos lo ofendieron con sistematicidad e insultos ante transeúntes en la vía pública, sin que él respondiera.
Guillermo "Coco" Fariñas Hernández, Coordinador General del FANTU, fue arrestado en dos ocasiones en Santa Clara. El primer arresto ocurrió el 10 de julio a las 11:50 a.m., cuando fue esposado y trasladado por el Teniente Coronel Abelardo Rodríguez Febles, jefe de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga (DCI-MININT) en Villa Clara, junto a agentes de la PNR y una unidad de las Tropas de Prevención del MINFAR, hasta la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) de Villa Clara, donde permaneció bajo custodia "preventiva" hasta ser devuelto a su domicilio el 11 de julio a las 9:15 a.m. El segundo arresto ocurrió el mismo 11 de julio a las 4:45 p.m., cuando los mismos oficiales lo detuvieron en su vivienda y lo trasladaron a la Unidad Provincial de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado en Villa Clara, donde permaneció hasta ser devuelto a su domicilio en la madrugada del 12 de julio, a la 1:35 a.m. Según los propios oficiales citados por Fariñas, ambas detenciones respondieron a órdenes del "Alto Mando" desde La Habana, vinculadas al 5to aniversario del 11-J y, en el segundo caso, a un ataque no atribuido contra una unidad policial cercana a su vivienda.
Los hechos descritos configuran un patrón represivo desplegado de forma deliberada y simultánea por agentes estatales y actores paramilitares actuando bajo indicaciones de la Seguridad del Estado, dirigido a impedir que activistas, opositores y ex presos políticos ejercieran su derecho a denunciar, opinar o simplemente conmemorar una fecha de significado político, mediante el cerco de sus viviendas, la privación de libertad sin garantías judiciales y el bloqueo de sus medios de comunicación.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro, seguido de clasificación y verificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso (Indicador OCLE)
Según la investigación realizada por el OCLE, estos hechos clasifican como violaciones a la libertad de expresión, con indicadores diferenciados por víctima o grupo de víctimas, dado que las violaciones documentadas no son idénticas entre todas ellas:
Pavel Alberto Rodríguez Nápoles, Carlos Manuel Cárdenas, Enel Modesto Peralta Ruch, Jesús Eduardo Cárdenas Rodríguez y Adriano Castañeda Meneses
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: sus viviendas fueron objeto de un operativo de cerco y vigilancia el 11 de julio sin que conste amenaza explícita de arresto.
Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: amanecieron sitiados en sus domicilios el 11 de julio sin amenaza de arresto documentada.
Adelth Bonne Gamboa
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: una patrulla vigiló las afueras de su edificio el 11 de julio.
Wilber Aguilar
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: una patrulla de la PNR vigiló su vivienda el 11 de julio.
Berta Soler y Ángel Moya
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: sus viviendas y la sede nacional de las Damas de Blanco fueron sitiadas por la Seguridad del Estado el 11 de julio.
María Cristina Labrada
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: un operativo de la DSE cercó su vivienda el 11 y 12 de julio.
Restricciones en el espacio digital: su servicio de internet y telefonía móvil fue bloqueado de forma simultánea al cerco, sin justificación técnica confirmada por la operadora estatal.
Nilo Abrahantes Santiago
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: fue citado por la Seguridad del Estado para presentarse el 11 de julio en una unidad policial, como mecanismo de coacción sin detención efectiva.
Mario Alberto Hernández Leyva
Detención arbitraria: fue privado de libertad sin orden judicial en tres ocasiones entre el 10 y el 12 de julio, en distintas unidades policiales de La Habana.
Lutgardo Benítez Pérez
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: fue hostigado verbalmente de forma pública y sistemática por integrantes de la ACRC actuando por indicaciones de la Seguridad del Estado.
Guillermo "Coco" Fariñas Hernández
Detención arbitraria: fue arrestado en dos ocasiones, sin orden judicial, el 10 y el 11 de julio, y trasladado a instalaciones de la Seguridad del Estado en Villa Clara.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 49: el cerco y la vigilancia sostenida sobre las viviendas de al menos diez activistas y opositores el 11 de julio constituye una injerencia directa en la inviolabilidad del domicilio.
Artículo 50: el bloqueo del servicio de internet y telefonía móvil de María Cristina Labrada, sin orden ni justificación técnica documentada, vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones.
Artículo 54: la represalia colectiva mediante el cerco y el hostigamiento vulnera la libertad de pensamiento, conciencia y expresión que el Estado dice garantizar.
Artículo 95, inciso a): las detenciones de Mario Alberto Hernández Leyva y Guillermo Fariñas Hernández, ejecutadas sin orden judicial y bajo el solo criterio de la Seguridad del Estado, contradicen la garantía de no ser privado de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 9: las detenciones sin orden judicial de Hernández Leyva y Fariñas Hernández constituyen detenciones arbitrarias.
Artículo 12: el cerco domiciliario generalizado y el bloqueo de las comunicaciones de Labrada configuran injerencias arbitrarias en el domicilio y la correspondencia.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9: las detenciones sin orden judicial de Hernández Leyva y Fariñas Hernández vulneran la protección contra la detención arbitraria.
Artículo 17: el cerco de viviendas y el bloqueo de telecomunicaciones de Labrada constituyen injerencias arbitrarias en el domicilio y la correspondencia.
Artículo 19: la represalia para impedir opinar públicamente sobre una fecha de significado político vulnera la libertad de expresión.
La conjunción de operativos de cerco domiciliario, detenciones ejecutadas sin orden judicial ni control jurisdiccional alguno, y el bloqueo deliberado de servicios de telecomunicaciones, desplegados de forma simultánea contra activistas, opositores y ex presos políticos con motivo de una fecha de significado político, constituye una violación sistemática y coordinada de derechos fundamentales por parte del Estado cubano, que instrumentaliza sus cuerpos de represión para impedir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano el cese inmediato de los operativos de cerco y vigilancia sobre viviendas de activistas y opositores; el fin de las detenciones sin orden judicial ejecutadas por la Seguridad del Estado; la restitución plena e ininterrumpida del servicio de telecomunicaciones a María Cristina Labrada y a cualquier otra persona afectada por bloqueos similares; y garantías efectivas de seguridad e integridad para los integrantes de las Damas de Blanco, el FANTU y demás organizaciones opositoras mencionadas en este caso.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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