Matanzas, Cuba — 22/11/2026. La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las puertas del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, donde protestaba de forma pacífica con un cartel que decía «Respeten la Ley de procedimiento penal. Causa 17/25».

Según su propio relato en Facebook, pasó unas cuatro horas y media en la estación policial de La Playa, donde una instructora de la Seguridad del Estado le anunció un acta de advertencia y le pidió que entregara el cartel. Ella se negó y regresó a casa con él. Su protesta reclamaba que el tribunal fije la fecha del juicio por la causa 17/25, por la que está en reclusión domiciliaria y cuya vista oral, prevista para el 30 de enero de 2026, se suspendió sin nueva fecha.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente estos hechos represivos, que constituyen una violación al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

Hechos documentados

El OCLE documentó estos hechos a partir del testimonio público de la víctima, «El cartel acusador y la paradoja jurídica en Cuba», publicado en su perfil de Facebook la noche del 18 de noviembre. Su hija, Cecilia Borroto López, había alertado de la detención ese mismo día, según EFE. CiberCuba, Infobae y Diario de Cuba informaron después del hecho.

Según su relato, una patrulla policial estaba apostada esa mañana a la salida de su reparto. Una lluvia torrencial la llevó a pedir que la acercaran en auto, y así llegó al tribunal. Se paró a la entrada, sin subir al portal ni entrar al vestíbulo, y permaneció entre 10 y 15 minutos con el cartel.

Una mujer salió del tribunal y le dijo que no debía estar allí con su «levantamiento». López Hernández le respondió que se trataba de una manifestación pacífica, un derecho reconocido en la Constitución. En ese momento llegó la patrulla y la detuvieron, a la vista de la funcionaria judicial.

La llevaron a la estación de La Playa, en Matanzas, adonde llegó hacia la 1:30 p.m. Permaneció allí, en el salón de reuniones, hasta casi las 6:00 p.m. Según su testimonio, no la maltrataron físicamente.

La atendió una instructora de la Seguridad del Estado que, según López Hernández, procede de la sede de ese órgano en el barrio de Versalles, conocida como el «Técnico». La instructora le comunicó que le harían un acta de advertencia por violar la reclusión domiciliaria y le pidió el cartel para ocuparlo. López Hernández respondió que seguirá ejerciendo sus derechos y que no entregaría el cartel por voluntad propia. La instructora salió al menos dos veces a hacer consultas por teléfono y le pidió leer el cartel. Al final, López Hernández regresó a casa con él. No ha informado de si el acta se llegó a levantar.

La protesta tenía un motivo concreto. López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja Torres son procesadas en la causa 17/25, abierta tras su detención del 18 de junio de 2024, cuando intentaban viajar a La Habana para manifestarse. A López Hernández la acusan de atentado, desacato y desobediencia, y la Fiscalía pide para ella cuatro años de sanción. El juicio, previsto para el 30 de enero de 2026, se suspendió sin nueva fecha. Desde entonces sigue sujeta a reclusión domiciliaria y no puede salir del país.

La detención del 18 de noviembre se suma a otras en 2026, casi siempre los días 18 de cada mes, cuando López Hernández realiza una protesta cívica. El 18 de febrero la detuvieron unas 12 horas y la acusaron de desacato; el 18 de abril la retuvieron casi diez horas en la misma estación de La Playa; el 18 de junio volvieron a detenerla. Según CiberCuba, la de noviembre es su sexta detención del año.

El OCLE documentó estos hechos conforme a su protocolo, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales: leyó y conservó el relato de la víctima y las publicaciones de EFE, CiberCuba e Infobae, las comparó sin hallar contradicciones en los hechos esenciales y las cotejó con los antecedentes de su base de datos. Como todas las versiones parten de la víctima y su familia, el hecho se presenta como documentado y no como corroborado de forma independiente. La falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por el OCLE, estos hechos se clasifican como violaciones a la libertad de expresión bajo los indicadores:

18 de noviembre de 2026

Detención arbitraria

Este indicador recoge la privación de la libertad física sin orden judicial, justificación legal válida ni debido proceso. López Hernández fue detenida por protestar de forma pacífica, con un cartel, a la entrada de un tribunal, y retenida unas cuatro horas y media en una estación policial. Ninguna fuente menciona una orden de detención ni una acusación por estos hechos.

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas

Este indicador recoge el hostigamiento y la coacción no física. Durante la detención, una instructora de la Seguridad del Estado le anunció un acta de advertencia por su protesta e intentó que entregara el cartel para ocuparlo. Ambas medidas buscaban disuadirla de volver a manifestarse.

Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 46: reconoce el derecho a la libertad, afectado al detenerla y retenerla más de cuatro horas por una protesta pacífica.

Artículo 54: reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, que se busca limitar al detenerla por mostrar un cartel y al intentar ocupárselo.

Artículo 56: reconoce los derechos de reunión y manifestación con fines lícitos y pacíficos. Pedir con un cartel, a la entrada de un tribunal, que se cumpla la ley procesal es un ejercicio de ese derecho.

Artículo 94: garantiza a toda persona el debido proceso. El juicio de la causa 17/25 lleva casi diez meses suspendido sin nueva fecha, mientras la medida cautelar sigue vigente.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 9: prohíbe la detención arbitraria, como la que sufrió López Hernández por manifestarse.

Artículo 19: protege el derecho a expresar opiniones y a difundirlas por cualquier medio, incluido un cartel en la vía pública.

Artículo 20: protege la libertad de reunión y de manifestación pacíficas.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9: garantiza la libertad y la seguridad personales y prohíbe la privación arbitraria de libertad.

Artículo 14.3.c: reconoce el derecho de toda persona acusada a ser juzgada sin dilaciones indebidas.

Artículo 19: protege la libertad de expresión y solo admite restricciones fijadas por la ley y necesarias. Ninguna autoridad ha explicado qué norma justifica detener a una persona por sostener un cartel ante un tribunal.

Artículo 21: reconoce el derecho de reunión pacífica.

Detener a una ciudadana a las puertas de un tribunal por pedir que se cumpla la ley y se celebre su juicio, retenerla horas en una estación policial, anunciarle un acta de advertencia e intentar quitarle el cartel son formas de castigo e intimidación que buscan silenciar su protesta. Según la víctima, las ejecutaron agentes de la Policía y de la Seguridad del Estado, y constituyen una violación de la libertad de expresión.

Llamado del OCLE

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:

· den seguimiento a la situación de Alina Bárbara López Hernández y de Jenny Pantoja Torres, y al proceso judicial que sigue paralizado contra ambas,

· pidan a las autoridades cubanas que cesen las detenciones de López Hernández por ejercer su derecho a la protesta pacífica,

· exijan responsabilidades al Estado cubano, y

· refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

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