La Habana, Cuba — 07/08/2026. Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
Según relato ofrecido directamente por Sady R. Companioni al OCLE, la situación se originó a inicios de agosto, cuando ante un brote de vómitos y diarreas entre familiares y la fiebre de su hija, la afectada comenzó a publicar en redes sociales denuncias sobre la falta de agua en su vivienda del reparto Lawton, municipio Diez de Octubre. El 1 de agosto acudió junto a su padre al puesto de mando del gobierno local, ubicado en calle 9na y Pocitos (antigua Empresa de Calderas), donde fue atendida por un funcionario de edad avanzada y por la delegada de circunscripción, a quienes reportó el problema.
El 3 de agosto regresó al mismo puesto de mando al no haberse resuelto su reclamo. En esa visita fue atendida nuevamente por el mismo funcionario, esta vez acompañado por un oficial que posteriormente identificó como jefe de sector de la zona. Al insistir en su reclamo y ser remitida al gobierno municipal y al partido, la afectada cuestionó por qué se le había engañado.
Según su relato, el jefe de sector le ordenó retirarse y, al negarse ella a hacerlo de inmediato, levantó el teléfono para solicitar una patrulla. Este episodio quedó documentado por la propia afectada en una publicación de Facebook fechada el 3 de agosto en la que declaró: “además de amenazarme con que me iban a llamar una patrulla, me pelotearon, me mandaron al partido, el cual tampoco resuelve absolutamente nada […] llevamos 15 días sin agua".
El 4 y el 5 de agosto, la afectada volvió a acudir al puesto de mando, donde el jefe de sector le mostró en ambas ocasiones una lista en la que, según denuncia, su dirección aparecía marcada con un asterisco y la anotación "OJO", incorporándose el 5 de agosto la cantidad de días sin agua (16 en ese momento). En esas visitas se le indicó que la siguiente pipa de agua sería destinada a su domicilio.
El 6 de agosto, tras regresar del hospital donde se confirmó que su hija padecía dengue, la afectada constató que la pipa de agua fue estacionada en la esquina de su cuadra, no frente a su vivienda. Al reclamar, la delegada que la había atendido al inicio del proceso le respondió que el agua era para todos los vecinos y que ella sería la última en recibirla, "si alcanzaba” y usó la frase “aquí va a echar a todos menos ella porque a mí me da la gana”. Según su testimonio, mientras el jefe de sector —a cuyo lado permaneció la afectada durante el episodio— le aseguraba que sí recibiría agua, la delegada y otra agente estatal se situaron a corta distancia y la increparon con frases denigrantes, incluyendo amenazas de conducirla a un calabozo y comentarios sobre su apariencia física y su condición racial.
El jefe de sector intervino para que se le acercara la pipa a su domicilio, pero, según relata, no se permitió el llenado de sus recipientes: se ordenó cerrar la pipa cuando se aproximó con sus cubos, y al reabrirse y ella grabar un video de los cubos vacíos junto a la pipa, una de las agentes declaró a la otra: "perfecto, ahora la mandamos a arrestar y ya está". Ante ello, la afectada confrontó al jefe de sector calificando lo ocurrido como "abuso de poder, amenaza, represión y violación a los derechos humanos"; este le respondió que enviaría otra pipa al día siguiente, lo cual, según su testimonio, no se cumplió.
Este episodio la ciudadana también lo documentó en una publicación de Facebook fechada 6 de agosto, con fotografías y videos del momento en el que le negaron el suministro de agua.
Los hechos descritos constituyen una violación a la libertad de expresión porque la represalia sufrida por Sady R. Companioni —amenazas de arresto, burlas y negación reiterada de un servicio esencial— se activó como respuesta directa a sus denuncias públicas y a su insistencia en documentar con evidencia audiovisual la conducta de las autoridades locales, lo que configura un uso del aparato estatal para desincentivar el ejercicio legítimo de opinar, denunciar y dejar constancia de una injusticia.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro seguido de verificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por OCLE, este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo los siguientes indicadores:
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: el 3 y el 6 de agosto, agentes estatales amenazaron reiteradamente a la afectada con arrestarla —incluida la amenaza explícita de llamar una patrulla y la frase "ahora la mandamos a arrestar"— como forma de intimidación por documentar y denunciar la negación de agua a su hogar. Constan ademas en este indicador las ofensas y burlas que recibió la ciudadana de parte de dos funcionarias estatales.
Uso abusivo del poder estatal: las autoridades instrumentalizaron el sistema estatal de distribución de agua, negándole el suministro pese a las promesas reiteradas, como mecanismo de castigo frente a sus reclamos y denuncias públicas.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54: reconoce la libertad de expresión de las personas. Este derecho fue vulnerado al represaliarse a la afectada precisamente por sus publicaciones y denuncias públicas sobre la crisis del agua.
Artículo 61: reconoce el derecho de las personas a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, quienes están obligadas a tramitarlas y responder de forma oportuna y fundamentada. Este derecho fue vulnerado cuando sus reclamos formales, presentados en cuatro ocasiones distintas, fueron respondidos con amenazas en lugar de una solución.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19: reconoce el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluida la difusión de información por cualquier medio. Este derecho fue vulnerado al amenazarse con arresto a la afectada en el momento en que documentaba en video la negación del suministro de agua.
Artículo 12: protege a las personas contra injerencias arbitrarias en su domicilio y contra ataques a su honra. Este derecho fue vulnerado al marcarse su vivienda con un símbolo de vigilancia en una lista oficial y al proferirse comentarios degradantes sobre su persona por parte de agentes estatales.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 19: reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio. Este derecho fue vulnerado al utilizarse la amenaza de arresto como respuesta directa al acto de grabar y difundir evidencia de la negación de agua.
Artículo 17: protege contra injerencias arbitrarias en el domicilio y la familia. Este derecho fue vulnerado al incorporarse su dirección a una lista oficial de señalamiento diferenciado por parte de las autoridades del sector.
La conducta desplegada por agentes y funcionarios del Estado cubano contra Sady R. Companioni, materializada en amenazas de arresto y en la instrumentalización de un servicio esencial como mecanismo de represalia por el ejercicio legítimo de su derecho a denunciar públicamente una injusticia, constituye una violación de los derechos humanos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos, y evidencia un patrón deliberado de intimidación estatal frente a la crítica ciudadana.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano el cese inmediato de las amenazas y represalias contra Sady R. Companioni y su núcleo familiar, la garantía efectiva e inmediata del suministro de agua a su domicilio conforme a las propias promesas de las autoridades locales, y la apertura de una investigación disciplinaria sobre la conducta de los funcionarios involucrados en este caso.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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