La Habana, Cuba — 23/09/2026. Roberto Ponce Valdespino, joven veterinario, fue detenido tras participar en una protesta pacífica contra los apagones y la falta de agua potable en la zona de Fontanar, municipio Boyeros, La Habana, el 4 de septiembre de 2026.
Desde su detención, la familia de Ponce Valdespino no había podido verlo ni conocer con certeza su situación procesal. Su madre, Odalys Valdespino, dijo en un comentario a una publicación de Cibercuba en redes sociales que el viernes 11 de septiembre visitó a su hijo, quien permanecía en el área de enfermería del centro de detención El Vivac, siendo atendido por una hepatitis.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba, y teniendo en cuenta que persisten versiones contradictorias sobre lo ocurrido durante el arresto y su situación penal actual, mantiene activa la verificación.
Hechos documentados
La noche del viernes 4 de septiembre de 2026, vecinos de Fontanar, en el municipio de Boyeros, La Habana, salieron a las calles para protestar pacíficamente por los prolongados apagones y la falta de agua potable en la zona. Según denunció la activista Tania Tasé, al lugar acudió un amplio despliegue de unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que actuó con agresividad, particularmente contra los manifestantes más jóvenes, a quienes empujaron y golpearon. Ponce Valdespino, veterinario de profesión, habría intentado dialogar con los efectivos sin oponer resistencia, pero fue agredido físicamente antes de ser detenido y trasladado al VIVAC, donde permanece recluido según la versión más reciente de su madre.
El reclamo de esa noche no era ajeno al propio Ponce Valdespino. Un mes antes de su detención, el joven había expresado en su cuenta de Facebook el hastío que atravesaba a buena parte de su comunidad ante la crisis de los apagones y la falta de agua: "Lo más triste no es la oscuridad de los apagones. Lo más triste es que poco a poco nos quieran convencer de que esto es normal. Y no lo es. No es normal vivir sin luz. No es normal vivir sin agua. No es normal que una familia tenga que elegir entre comer hoy o guardar comida para mañana sabiendo que quizás se echará a perder. No es normal que descansar, cocinar, refrigerar alimentos o encontrar un medicamento se hayan convertido en privilegios. Esto no es una queja vacía. Es el grito silencioso de millones de personas que cada día hacen milagros para seguir adelante. Porque el pueblo cubano no pide lujos. Pide lo más básico para vivir con dignidad. Y ningún ser humano debería sentir que vivir con dignidad es pedir demasiado".
Tasé afirmó, además, que la familia de Ponce Valdespino no había logrado visitarlo ni obtener información sobre su estado de salud tras la golpiza, y que agentes de la Seguridad del Estado la habrían amenazado con tomar represalias contra el joven si el caso se hacía público.
En los días posteriores a la difusión de este caso, varios usuarios en redes sociales —entre ellos algunos que se identifican como familiares y vecinos de Ponce Valdespino— manifestaron conocerlo y destacaron su buen comportamiento. El OCLE no puede verificar de forma independiente la identidad ni el vínculo real de estos usuarios con la víctima, por lo que estas expresiones se registran como testimonios de carácter no verificable.
Por separado, Odalys Valdespino, identificada en redes como madre de Ponce Valdespino, publicó comentarios en Facebook en los que niega que su hijo haya sido golpeado. Según su versión, "un militar lo empujó para que pudiera pasar un carro, que terminó tumbando a una señora que iba en una moto". La madre añadió que el joven recibió una visita el 11 de septiembre y que se encuentra en la enfermería del centro de reclusión por estar contagiado de hepatitis. Esta versión contradice directamente el testimonio inicial recogido por Tania Tasé. El OCLE no ha podido, hasta el momento, corroborar de forma independiente ninguna de las dos versiones. Una tercera fuente consultada por nuestros observadores dijo que Roberto no fue precisamente golpeado, pero que los policías lo empujaron y tiraron con fuerza al momento de montarlo al camión en elq ue sería trasladado junto a los otros detenidos.
Este 13 de septiembre Tania Tasé escribió en Facebook que Ponce Valdespino "sigue preso" y que vecinos del reparto —cuyos nombres pidieron mantener en reserva— le informaron que había sido trasladado a prisión a la espera de juicio, sin que se conozca el delito que se le imputa ni el centro penitenciario de destino. La propia Tasé advirtió que "dado el silencio de la propia familia, es imposible comprobar esta información". En los comentarios de esa misma publicación, Odalys Valdespino insistió en que su hijo permanece en el VIVAC y reiteró que no fue golpeado por la policía.
Tasé difundió además, en esa misma publicación, la captura de una conversación de Messenger con la madre de Ponce Valdespino, en la que esta afirmó que al joven se le había impuesto una medida cautelar "porque han publicado mucho sobre su caso" y que "lo han cogido como líder por tantas publicaciones". Tasé cuestionó públicamente la identidad de su interlocutora —"la madre o cualquiera que sea quien me escribe desde su Messenger"— y rechazó que la difusión del caso por parte de los activistas sea responsable de la situación penal de Ponce Valdespino, afirmando: "Nosotros no hemos metido preso a su hijo. Nosotros no hemos posteado nada que pueda incriminarlo, solo queremos justicia para él y todos los presos por causas políticas".
La persistencia de esta zona de incertidumbre no es, en sí misma, un dato neutral. La versión que niega la golpiza y minimiza la gravedad de la situación procesal de Ponce Valdespino coincide con las advertencias iniciales de la Seguridad del Estado a la familia sobre represalias si el caso trascendía públicamente, y con los mensajes recibidos por Tania Tasé según los cuales la visibilidad del caso podría derivar en la imposición de una medida cautelar —presumiblemente de prisión provisional— contra el joven, señalado como "líder" a causa de esas mismas publicaciones. El OCLE no puede afirmar que las declaraciones atribuidas a la familia respondan a coacción, pero tampoco puede descartarlo a la luz de este patrón, incluso cuando Odalys Valdespino lo ha negado, por lo que mantiene el caso en seguimiento activo y se reserva la corroboración definitiva para futuras actualizaciones.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por OCLE y los hechos que han podido verificarse hasta el momento, el caso clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo el indicador:
Detención arbitraria
La privación de libertad de Roberto Ponce Valdespino concuerda con este criterio porque se ejecutó como una acción operativa inmediata para neutralizar su participación en una protesta pacífica, sin que mediara orden judicial previa, justificación legal válida ni el cumplimiento del debido proceso que la propia Constitución cubana exige para restringir la libertad personal.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Nota aclaratoria: Según el testimonio inicial recogido por la activista Tania Tasé, Ponce Valdespino fue golpeado por agentes policiales durante el arresto, y agentes de la Seguridad del Estado amenazaron a su familia con represalias contra el joven si el caso se hacía público. De confirmarse, estos hechos configurarían los indicadores de agresiones físicas y de ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas. Sin embargo, una fuente que se identifica como la madre de la víctima ha negado públicamente la golpiza, y existen versiones contradictorias sobre lo ocurrido durante el arresto y sobre la situación procesal del joven. Por esa razón, el OCLE no incluye por el momento estos hechos entre los documentados. El Observatorio continúa trabajando en su verificación y actualizará la clasificación del caso cuando pueda corroborarlos de forma independiente.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 56: reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Los vecinos de Fontanar ejercían este derecho al protestar pacíficamente por los apagones y la falta de agua, y la detención de Ponce Valdespino tras participar en esa protesta lo vulneró directamente.
Artículo 95, inciso a): establece que nadie puede ser privado de libertad sino por autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido. La detención de Ponce Valdespino sin orden judicial verificable incumple esta garantía.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 9: nadie podrá ser arbitrariamente detenido. La detención de Ponce Valdespino durante una protesta pacífica, sin fundamento legal documentado, contraviene esta disposición.
Artículo 20: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica. La detención de uno de los participantes en la protesta vecinal de Fontanar contraviene este derecho.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9.1: prohíbe la detención arbitraria. La privación de libertad de Ponce Valdespino como respuesta a su participación en una protesta pacífica contraviene esta garantía.
Artículo 21: reconoce el derecho de reunión pacífica, que solo puede restringirse conforme a la ley. La detención del joven por participar en la protesta de Fontanar contraviene este estándar internacional.
La detención de Roberto Ponce Valdespino por agentes del Estado cubano, tras participar en una protesta pacífica contra los apagones y la falta de agua potable en Fontanar, constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión pacífica y a la libertad personal. Detener a un ciudadano por sumarse a un reclamo colectivo y pacífico no solo lo castiga a él. También envía un mensaje disuasorio al resto de la comunidad, que ve cómo la expresión de su malestar ante la crisis puede derivar en cárcel. La responsabilidad por estos hechos recae directamente en el Estado cubano, obligado por su propia Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos a garantizar el ejercicio pacífico de la protesta y a no privar arbitrariamente de libertad a quienes la ejercen.
Llamado del OCLE
El ICLEP exige al Estado cubano informar de inmediato sobre la situación jurídica de Roberto Ponce Valdespino y garantizar la integridad de su familia y abstenerse de cualquier represalia por la difusión del caso.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
-den seguimiento a este caso,
-exijan responsabilidades al Estado cubano, y
-refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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