Matanzas, Cuba — 6/11/2026. El preso político Francisco Rangel Manzano, condenado a seis años de prisión por la protesta del 11 de julio de 2021 en Colón, deberá cumplir seis meses más en la cárcel. Según el testimonio de su hijo publicado por Martí Noticias, el 1 de noviembre de 2026 se le había anunciado oficialmente su liberación, sin embargo, días después, le comunicaron que debía seguir preso, por “fallas internas y contradicciones en los registros penitenciarios”.
El caso de Rangel Manzano es alarmante debido a su delicado estado de salud. El preso político de 65 años padece de una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión severa. En julio de 2026 fue trasladado de urgencia a la enfermería de la prisión por falta de aire, dolor en el pecho y presión muy alta, según contó su esposa. Meses antes, en marzo, Diario de Cuba había informado que ya se le había aplazado una salida adelantada tras retirarle beneficios penitenciarios.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho, que constituye, según su clasificación, una privación de libertad prolongada y un uso abusivo del poder estatal contra un preso político encarcelado por participar en una protesta.
Hechos documentados
El OCLE documentó, mediante el testimonio del hijo de Francisco Rangel Manzano publicado por Martí Noticias el 4 de noviembre, que las autoridades de la prisión le anunciaron al preso político el domingo 1 de noviembre de 2026 que saldría en libertad. Días después le comunicaron que debía cumplir seis meses más. La familia acudió a recibirlo y se le negó la salida, asegura Diario de Cuba.
Según su hijo, Hermes Yenni Rangel Naranjo, las autoridades alegaron un supuesto error de cálculo por la falta de actualización digital debida a los apagones, y dos sanciones disciplinarias previas que habrían anulado las rebajas de pena de su padre. Cubalex denunció el mismo hecho en Facebook, rechazando la explicación oficial. Sostiene que el caso evidencia el uso de irregularidades administrativas, sanciones y retiro de beneficios penitenciarios como represalias para extender las condenas de presos políticos próximos a cumplir su tiempo.
Rangel Manzano, de 65 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 y condenado a seis años de cárcel por «desórdenes públicos» tras la protesta de ese día en Colón. Según la ficha de Prisoners Defenders, cumple la condena en la prisión de Canaletas, en Perico. Padece una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión severa. Cubalex advierte que prolongar su internamiento «pone en inminente riesgo su salud y su vida».
Los antecedentes agravan la preocupación. En marzo, Diario de Cuba informó que ya se le había aplazado una salida adelantada tras retirarle beneficios penitenciarios. En julio fue trasladado de urgencia a la enfermería del penal por una subida brusca de presión. Su esposa, Regla Burunate, denunció entonces que se le negaba una licencia extrapenal o la libertad condicional pese a haber cumplido cinco de los seis años, así como las pésimas condiciones de reclusión y la deficiente atención médica que recibe.
Los hechos descritos más recientes afectan a un preso político condenado por participar en una protesta. Se le anunció una fecha de salida, se le negó, y la única explicación conocida es la que, según su hijo, dieron las autoridades de la prisión, sin documento que la respalde.
El OCLE documentó este hecho conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales: revisó las notas de Martí Noticias y Diario de Cuba y la ficha de Prisoners Defenders, archivó su contenido en el expediente del caso, comparó las versiones y buscó antecedentes de Rangel Manzano en su base de datos, donde no los encontró; no halló contradicciones. Como la única fuente directa es el hijo de la víctima, el hecho se presenta como documentado y no como corroborado de forma independiente; la falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.
Clasificación metodológica del caso (Indicador OCLE)
Según la investigación realizada por el OCLE, estos hechos se clasifican como una violación a la libertad de expresión bajo el indicador:
Uso abusivo del poder estatal: Las autoridades penitenciarias dejaron sin efecto una excarcelación que ellas mismas habían anunciado. Según el hijo, lo justificaron con un supuesto error de cálculo por falta de actualización digital durante los apagones y con dos sanciones disciplinarias que habrían anulado las rebajas de pena de su padre. Es decir, el cumplimiento de la condena se modificó mediante trámites internos del sistema penitenciario, sin que se conozca una decisión judicial ni un documento que lo sustente, y se hizo cuando la familia ya había acudido a recibirlo.
Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 94: garantiza que nadie sea privado de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de un tribunal, y un debido proceso también en el ámbito administrativo. Se afecta al prolongar la condena de Rangel Manzano por un supuesto error de cálculo en expedientes digitales, sin que se conozca el documento que lo sustenta.
Artículos 54 y 56: reconocen la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación pacíficas. La condena que cumple proviene de su participación en las protestas de 2021 y Cubalex denuncia la prolongación como una represalia.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 9: prohíbe la detención arbitraria, como mantener preso a quien ya tenía fecha oficial de liberación.
Artículo 19: protege la libertad de opinión y de expresión, que se vería afectada si la prolongación respondiera a la protesta, como sostiene Cubalex.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9.1: prohíbe la prisión arbitraria y la privación de libertad fuera de las causas y el procedimiento que fija la ley; según el testimonio del hijo, se prolongó la condena de Rangel Manzano por un supuesto error de cálculo y por sanciones internas, sin que se conozca una resolución que lo respalde, lo que, de confirmarse, lo incumple.
Artículo 10.1: exige tratar humanamente y con respeto a su dignidad a toda persona privada de libertad; mantener preso a un hombre con una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión severa más allá de la fecha anunciada, tras haber sufrido ya crisis que requirieron atención de emergencia, agrava ese deber según Cubalex.
Artículo 19: protege la libertad de expresión; Rangel Manzano fue condenado por «desórdenes públicos» tras una protesta, y la prolongación de su condena extiende el castigo por haber participado en ella, según Cubalex como represalia contra presos políticos.
Anunciar la liberación de un preso político, negársela cuando su familia acude a recibirlo y prolongar su condena seis meses por un supuesto error administrativo, estando enfermo del corazón, es una decisión que el Estado cubano debe explicar y sustentar con documentos.
Llamado del OCLE
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:
· den seguimiento a la situación de Francisco Rangel Manzano, su custodia y su estado de salud,
· pidan a las autoridades cubanas que expliquen por escrito la base legal y el cálculo de la prolongación y que garanticen su atención médica,
· exijan responsabilidades al Estado cubano, y
· refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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