El expreso político del 11J Samuel Pupo Martínez fue amenazado por la Seguridad del Estado con acusarlo de “propaganda contra el orden constitucional” por su activismo y publicaciones en redes sociales.

A raíz de que concediera una entrevista a Martí Noticias en la que respalda la nominación del opositor cubano José Daniel Ferrer García al Premio Sájarov, Pupo Martínez fue citado para el cuartel de la policía política en Cárdenas, Matanzas.

“Hoy 26 de agosto de 2024 he sido citado por el oficial Omar de la Seguridad del Estado de Cárdenas, para presentarme a las 10:00 a.m. mañana. La citación fue hecha por vía telefónica y no cumple con los estatutos de la ley de proceso penal, pero igual, voy a ir para ver que tienen que decir. Atentos hermanos”, denunció el expreso político en su perfil en Facebook.

Tras el interrogatorio, Pupo Martínez añadió también en su cuenta en esa red social: “Me hicieron una carta de advertencia porque supuestamente ellos dicen que yo soy proclive a cometer un delito de propaganda contra el orden constitucional.  En la misma carta de advertencia escribí que no estaba de acuerdo con lo que se me estaba tratando de imputar. Que dejara las redes sociales a un lado y que no hiciera más publicaciones en contra del gobierno y el sistema imperante en Cuba”.

En declaraciones a Martí Noticias, detalló que en un momento del interrogatorio le “preguntaron por qué había hecho la entrevista sobre el Premio Sájarov, entre otras cosas, le dije que porque yo estaba en mi derecho de opinar y decir lo que yo quisiera”. También lo intimidaron con prohibirle la salida del país y le advirtieron “que no siguiera haciendo publicaciones, que podrían regular mi salida del país, porque yo tengo intenciones de salir con mi esposa y mi niño de este país para vivir en un país en libertad para que mi niño tenga otro futuro, otra vida que no fue la que yo viví”.

El pasado abril Samuel Pupo Martínez fue liberado de la prisión de Agüica donde cumplía una sentencia de tres años por manifestarse el 11 de julio de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas.

El manifestante de 50 años fue sancionado a siete años de privación de libertad bajo los supuestos delitos de desacato y desorden público, pero en el proceso de apelación, le fue rebajada la sentencia a tres años de prisión.