Cuba 27 de julio de 2020 - “Te voy a partir las piernas y los brazos, tú elige. Las piernas para que no vayas a reclutar a nadie, y los brazos, para que no des más talleres. Te vamos a matar, así que sal de esto o vete del país. Te vamos a matar”, repitió varias veces, con un bate de béisbol en la mano, el mayor Sergio, jefe de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado en Guantánamo, a Henry Couto Guzmán.

El periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) había sido citado, para este 21 de julio, en la oficina del Sector del Reparto Obrero, en Guantánamo. Allí, le impusieron un acta de advertencia, supuestamente, porque no tiene su dirección particular actualizada, la que pasó a engrosar su expediente por peligrosidad predelictiva.

Luego el mayor Sergio y otro oficial de la Seguridad del Estado, que se identificó como Lionis, lo condujeron a un cuarto oscuro y, según cuenta Couto Guzmán, lo amenazaron, bate en mano, durante más de una hora.

También lo intimidaron con el Decreto-Ley 370, pese a que Couto Guzmán ya fue sancionado con esta disposición legal. Los supuestos delitos enumerados por los oficiales fueron sus denuncias en redes sociales, su activismo opositor y a favor de los derechos humanos, así como relacionarse con “contrarrevolucionarios” como José Daniel Ferrer García, Niober García Fournier y Diosvani Zalazar Rodríguez.

Tanto Henry como Niober y Diosvani se hallan entre cinco multados en la provincia de Guantánamo, en virtud del Decreto-Ley 370. En el caso de los dos últimos, fueron sancionados en dos ocasiones.

El artículo 68, inciso i, de esa norma legal estipula que se considera una contravención asociada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

En lo que va de año, en todo el país se cuentan decenas de personas amenazadas, 31 multas de 3000 pesos (120 dólares aproximadamente) y varias confiscaciones de equipos de trabajo (celulares u ordenadores) en base al Decreto-Ley 370, la llamada “Ley Azote” de la libertad de expresión en Cuba.

Las intimidaciones y torturas psicológicas a Couto Guzmán se efectuaron justo dos días antes de que se cumpliera el plazo de respuesta establecido a la petición de inconstitucionalidad del Decreto-Ley 370. Respuesta que, hasta la fecha, no se ha efectuado por las instituciones gubernamentales involucradas.

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“(…) La libertad de expresión constituye la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas y la base para el pleno goce de una amplia gama de otros derechos humanos, por tanto su restricción ilegítima también constituye una limitación al ejercicio de otros derechos humanos, tales como libertad de reunión y de asociación, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, participación en la dirección de los asuntos públicos y ejercicio del derecho de voto, lo cual constituye una violación de los principios de indivisibilidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos reconocidos en el Artículo 41 de la Constitución”.

Así se expresaron decenas de cubanos que el pasado 8 de junio presentaron una petición de acción para declarar inconstitucional el Decreto-Ley 370. La petición se entregó, de manera simultánea, en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el Consejo de Estado (CE), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Supremo Popular (TSP).

La entrega del documento fue una iniciativa del Movimiento cubano por la Libertad de Expresión (MOLE), una organización resultante del enfrentamiento al 370. Desde el 19 de abril, fecha en que varios periodistas independientes, artistas, activistas y ciudadanos cubanos hicieron pública una declaración contra la Ley Azote, varias organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de prensa independientes se han hecho eco del repudio a la norma.

Acciones represivas por provincia (Gráficos: cortesía de la autora)

Acciones represivas por sexo (Gráficos: cortesía de la autora)

Luego de una escalada represiva del régimen, la campaña nacional e internacional logró aplacar las imposiciones de multas.

Justo el día 8 de junio, mientras se entregaba la petición de inconstitucionalidad del 370 en La Habana, al oriente del país, en Manzanillo, era sancionado el youtuber Yander Serra Palomares.

Cuatro días más tarde, Diosvani Zalazar Rodríguez recibía su segunda multa. La próxima sanción sería el 6 de julio, también en Guantánamo, al periodista independiente y miembro de la UNPACU, Emilio Almaguer de la Cruz.

Pese a que han disminuido las sanciones, este 23 de julio, fecha en que se cumple el plazo de respuesta a la petición de inconstitucionalidad, ninguna de las cuatro instituciones gubernamentales involucradas ―dígase ANPP, CE, FGR, TSP― ha respondido a la exigencia firmada por más de 60 cubanos, quienes lo hicieran a nombre de “poco más de 500 personas residentes en Cuba y de alrededor de 3100 personas de origen cubano y otras 83 nacionalidades” quienes desde el 19 de abril de 2020 firmaron la Declaración contra el Decreto-Ley 370: Ley Azote.

Solo la ANPP, con fecha 30 de junio, dio acuse de recibo a la petición, alegando solamente que no se tramitaría pues no respondía a los parámetros establecidos. La justificación, además de ser falsa, no se ajusta a los requisitos señalados, los cuales aclaran que la respuesta debe estar fundamentada.

La estrategia gubernamental, en esos 45 días, se ha centrado en difamar a los principales promotores de la iniciativa y en amenazar a varios de los signatarios para que retiren su apoyo a la campaña, o bien para crear discordias entre otros.

Para la abogada y directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, la falta de respuesta de los funcionarios a la exigencia de miles de cubanos, dentro y fuera del territorio nacional, demuestra que no existen mecanismos de participación.

Para MOLE, el resultado no ha sido una sorpresa; sin embargo, el procedimiento era necesario para demostrar ante organismos internacionales que el régimen cubano somete a su antojo, ignorando el sentir popular y violando incluso sus propias normas.

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El mismo 23 de julio, Henry Couto Guzmán y Diosvani Zalazar Rodríguez fueron secuestrados. A Diosvani le robaron sus pertenencias, entre ellas su dinero y teléfono celular, y lo dejaron abandonado en un terreno inhóspito, para que tuviera que caminar varios kilómetros hasta su casa.

A Henry lo mantuvieron en la celda por varias horas, sin explicación alguna. Hoye enfrenta una acusación por peligrosidad predelictiva.

Según un comunicado de Cuban Prisoners Defenders (CPD), presentado el 19 de junio último, actualmente existen más de 11 000 civiles cubanos cumpliendo sanción de uno a cuatro años de privación de libertad por este supuesto delito, “la mayoría de ellos jóvenes desafectos y fuera del sistema socialista”.

CPD alertó además que, anualmente, más de 160 personas son condenadas a prisión por motivos de conciencia o pensamiento. Hoy, alrededor de una docena de multados por el Decreto-Ley 370 que han decidido ―como forma de enfrentar las arbitrariedades del régimen o bien porque no disponen de los recursos― no pagar las multas, enfrentan el peligro de ir a prisión hasta seis meses por incumplimiento de las sanciones derivadas de contravenciones.

En una declaración contra la Ley Azote, difundida por este grupo el 19 de abril de 2020, reza: “Los azotados con el Decreto-Ley 370, la Ley Azote, conscientes de que informar, opinar y expresarse libremente no constituyen delitos, y de que las leyes injustas se deben cambiar, no acatar, disponemos que, a partir de este momento, nos negamos a pagar las multas derivadas de la aplicación de esta norma y todas aquellas que violen nuestros derechos humanos”.

A los activistas camagüeyanos José Luis Acosta Cortellan, Marisol Peña Cobas y Adrián Quesada Flores se les ha duplicado el monto de la multa (6000 pesos o 240 dólares a cada uno) y alertan sobre la inminente posibilidad de ser encarcelados pues ninguno de ellos cuenta con ese monto. El suceso es igualmente alarmante al tener en cuenta que el salario medio mensual del ciudadano cubano es de 16 dólares.

A la activista del Frente Antitotalitario Unido (FANTU) Karelia Contreras Manzano también se le ha duplicado el monto de la multa. Este 22 de julio recibió el ultimátum de la Seguridad del Estado: solo tendría 10 días para pagarla o iría a prisión.

Pese a que Karelia decidió apoyar la campaña desde el inicio, ahora se halla en la disyuntiva de ir a la cárcel y dejar desamparadas a sus hijas menores de edad, o ceder ante un régimen que somete a todos los cubanos a su antojo.

Ángel Mario Peña fue multado por denunciar el desalojo de una familia; Diosvani Zalazar, porque opinó que los funcionarios se alimentaban mejor que los niños en las escuelas; Niober García, porque reportó las precarias condiciones de una comunidad para enfrentar el coronavirus; Yankiel Gutiérrez, por promover la campaña #BajenLosPreciosDeInternet; Couto Guzmán por desarrollar talleres sobre derechos humanos y difundir estas ideas en sus redes sociales; Mónica Baró Sánchez, Enrique Díaz y todos los periodistas independientes que integran la lista, por reportar desde la Isla realidades incómodas al poder.

Por lo que, en resumidas cuentas, quienes sean condenados a prisión, serán privados de libertad simplemente por sus publicaciones críticas al régimen en redes sociales. Es el escarmiento, el castigo por practicar la libertad de expresión.

Información de Camila Acosta, cortesía de Cubanet