Miami, 21 de septiembre — El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), documentó 123 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante agosto de 2026, distribuidas en 106 hechos contra la libertad de expresión (86.2%) y 17 contra la libertad de prensa (13.8%). La cifra representa un descenso del 56.1% respecto al pico histórico registrado en julio (280 hechos), pero un incremento del 64.0% comparado con agosto de 2025 (75 hechos).
El uso abusivo del poder estatal fue el indicador dominante
Por primera vez en el año, el uso abusivo del poder estatal encabeza el registro de indicadores con 48 hechos (39.0% del total), desplazando al hostigamiento psicológico (44 hechos, 35.8%) que había ocupado esa posición de forma sostenida durante meses. Este cambio marca un desplazamiento estructural del repertorio represivo: tras un mes de intensificación extraordinaria, la fase visible del ciclo —hostigamiento sostenido, vigilancia intimidatoria, presencia policial— cede protagonismo a la fase institucional —procesos penales, medidas cautelares, restricciones migratorias, violaciones de derechos penitenciarios. Frente a agosto de 2025, este indicador crece un 152.6%, el mayor incremento interanual de todo el registro.
Las detenciones arbitrarias suman 26 hechos (21.1%), las agresiones físicas 3 (2.4%), la restricción en el espacio digital 1 (0.8%) y la reclusión 1 (0.8%).
Un solo evento de protesta concentró el 24% del registro del mes
La participación en protestas aparece como el principal motivo detonante del mes con 42 menciones. Sin embargo, la composición interna del dato no implica necesariamente un ciclo de protestas creciente o sostenido (téngase en cuenta que el OCLE no documenta la protesta como acto, sino la represión que ocurre en esos contextos). 29 de las 42 agresiones registradas bajo esta causa —el 69%— provienen de un único evento de protesta en el que el aparato desplegó una operación represiva concentrada; 4 hechos adicionales corresponden a protestas intracárcel de presos políticos; y solo 9 menciones se distribuyen entre otros eventos del mes. Estas 29 agresiones derivadas de un solo incidente equivalen aproximadamente al 24% del registro total del mes, mostrando el tamaño de la operación que el aparato puede movilizar sobre un único hecho puntual.
El segundo motivo detonante del mes es la represión sistemática con 26 hechos, cifra que confirma la vigencia del hostigamiento planificado y sostenido sobre víctimas históricas del modelo represivo cubano. En tercer lugar aparece la represión por expresión simbólica con 13 hechos, motivo que agrupa los actos de protesta silenciosa, símbolos de disidencia o gestos con carga política reprimidos precisamente por su carácter simbólico. En cuarto lugar se sitúa la cobertura periodística con 12 hechos, lo que ratifica el peso del hostigamiento sobre el ejercicio del periodismo independiente incluso en un mes de descenso general del indicador libertad de prensa. Completan el listado la represalia por vínculos familiares o afectivos y la publicación en redes sociales con 10 hechos cada uno, la denuncia de condiciones carcelarias con 8, y otras ocho categorías detonantes distintas hasta configurar un total de quince motivos documentados en el mes.
La Habana concentra el 53.7% de las violaciones documentadas
La distribución geográfica de agosto muestra una concentración marcada en La Habana con 66 hechos (53.7% del total), proporción prácticamente idéntica a la de julio pese al descenso del volumen absoluto. Le siguen Holguín (12 hechos), Camagüey (11), Guantánamo (7), Villa Clara (6), Mayabeque y Sancti Spíritus (5 cada una), Ciego de Ávila y Las Tunas (3 cada una), Matanzas (2), y Granma y Santiago de Cuba (1 cada una). Cuatro provincias —Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud— no reportaron hechos durante el mes, lo que debe leerse con precaución metodológica: la ausencia de registro no implica ausencia de represión, sino limitaciones en el acceso y verificación de información en territorios con menor densidad de estructuras civiles capaces de hacerla visible.
El Ministerio del Interior concentra el 75% de la responsabilidad institucional
Sobre una base de 86 hechos con perpetrador institucional documentado, la Seguridad del Estado encabeza el registro con 36 (41.9%), seguida por la Policía Nacional Revolucionaria (29 hechos, 33.7%) y el Sistema Penitenciario (20 hechos, 23.3%). En conjunto, el Ministerio del Interior concentra 87 imputaciones institucionales, cifra que confirma la centralidad del aparato de seguridad en la arquitectura represiva del régimen. El informe destaca la aparición del Poder Popular municipal como perpetrador institucional relevante con 9 hechos (10.5%), específicamente en el municipio Diez de Octubre en La Habana y en Holguín. Los civiles actuando a nombre del Estado suman también 9 hechos (10.5%), el sistema judicial 5 (5.8%) y ETECSA, el Ministerio de Salud, presos comunes instrumentalizados y perfiles digitales de propaganda oficial completan el listado.
El ciudadano común, principal perfil de víctima; incremento de la afectación femenina
El ciudadano común retoma el primer puesto entre los perfiles de víctima con 45 casos (37.2%), seguido por el preso político (28 casos, 23.1%), los periodistas (17, 14.0%), los expresos políticos (11, 9.1%), y activistas y opositores empatados (9 cada uno, 7.4%). En términos de género, la participación femenina asciende al 33.3% del registro (28 mujeres frente a 56 hombres), un salto de 11 puntos porcentuales respecto a julio que refleja el peso creciente de figuras femeninas como víctimas del hostigamiento sistemático. La víctima con mayor concentración de agresiones del mes es Sady R. Companioni con 4 incidencias, seguida por Camila Acosta Rodríguez (3) y por Aylín Sardiña Fernández y Yunia Figueredo (2 cada una). Entre las víctimas masculinas con reiteración destacan Ángel Santiesteban Prats, Niober García Fournier, Roilán Álvarez Rensoler, Austin Llerandi —director del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero—, Fausto René Ramos Ramírez y Ediolvis Marín Mora, todos con 2 incidencias.
Casos emblemáticos: extensión de la represión al ámbito familiar y solicitud de medida cautelar ante la CIDH
El informe documenta con detalle cinco casos emblemáticos que ilustran los rasgos definitorios del mes. Sady R. Companioni, ciudadana y madre de una niña de seis años, fue detenida en su domicilio de Lawton, La Habana, tras denunciar en redes sociales la falta de agua y la corrupción de la delegada del Poder Popular de su cuadra. Está imputada por desacato y estuvo recluida en el VIVAC, con negación de alimentos y medicamentos. Los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez, recluidos en celdas de castigo en la prisión Kilo 8 de Camagüey, fueron amenazados de muerte por funcionarios penitenciarios; Ángel Serrano Hernández, preso del 11J condenado a 15 años, sufrió una brutal golpiza en el Campamento La Lima, Guanabacoa, tras la que fue trasladado a una prisión de máxima seguridad sin comunicación con la familia. El escritor y periodista Frank Correa fue detenido, trasladado por la fuerza fuera de La Habana y abandonado en Candelaria, Pinar del Río, tras la incautación de su acreditación de prensa; horas antes, dos oficiales de la Seguridad del Estado habían amenazado en su domicilio a su esposa, la también periodista Yunia Figueredo, y a la hija mayor de la pareja.
El caso de Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero del ICLEP, reviste particular gravedad: fue detenido durante cinco horas en la estación de policía de Marianao ("La Sexta"), donde un oficial invocó explícitamente el embarazo de su esposa y la existencia de su hija para condicionar no procesarlo penalmente a que abandonara el país en un plazo de dos meses, bajo amenaza de prisión. La instrumentalización del embarazo y la maternidad como argumento de coacción, combinada con el ultimátum del exilio forzado, llevó al ICLEP a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar de protección a favor de Austin Llerandi y su núcleo familiar, en aplicación del artículo 25 del Reglamento de la Comisión.
Análisis de tendencias y pronóstico para septiembre
El informe identifica siete patrones estructurales que atraviesan el mes: la modulación pronunciada del volumen sin retorno a niveles del año anterior, el desplazamiento del indicador dominante hacia el uso abusivo del poder estatal, la persistencia del sistema penitenciario como frente represivo activo, la demostración de la capacidad concentrada del aparato de responder con volumen masivo a un único evento de protesta, la aparición del Poder Popular municipal como perpetrador institucional relevante, el incremento sostenido de la participación femenina en el registro y la reiteración de agresiones sobre figuras específicas identificadas como blancos prioritarios.
El pronóstico para septiembre de 2026 proyecta un rango sobre los 130 hechos. Se identifican dos escenarios principales: un escenario base con mantenimiento del patrón de contracción de la protesta observado en agosto, y un escenario de ruptura al alza si la persistencia de las causas materiales del malestar —crisis energética, escasez generalizada, inflación sostenida— desencadena uno o varios eventos concentrados que, replicando la dinámica de agosto, eleven el volumen mensual por encima del rango proyectado.
Derechos conexos vulnerados y casos registrados fuera de fecha
El informe documenta la vulneración simultánea de diez derechos conexos, encabezados por el derecho a la seguridad jurídica (51 menciones) y el derecho a la dignidad humana (50 menciones), seguidos por el derecho a la reunión pacífica y la manifestación (29), el derecho contra la detención arbitraria (26) y el derecho a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos (17), entre otros.
El documento incorpora al final tres casos correspondientes a julio de 2026 verificados con posterioridad al cierre del informe anterior, conforme al carácter no conclusivo de los datos previsto en la metodología del OCLE: Doraykis Delgado González ("Koky Pena"), ciudadana con hemofilia y madre de dos niños pequeños, recluida en la prisión Mujeres de Occidente por denunciar los apagones en Alamar; Yordenkis Fonseca, adolescente con epilepsia detenido tras un cacerolazo en Sibanicú, Camagüey, y recluido sin información procesal para la familia; y Lismani Acosta Gómez, preso político de 19 años trasladado a la prisión Cuba-Panamá —centro destinado a personas con VIH— sin atención médica y con obstrucción sistemática del cambio de medida cautelar.
El informe completo está disponible en: Agosto de 2026: la represión cambia de rostro y el abuso del poder estatal crece un 152,6 % en un año - ICLEP
Sobre el ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) es una organización de la sociedad civil independiente dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y de prensa en Cuba. A través de su Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), monitorea, documenta y verifica sistemáticamente las violaciones a estos derechos fundamentales conforme a estándares internacionales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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