La Habana, cuba - El periodista independiente Niober García Fournier acudió en la mañana de este jueves a una citación por orden de la policía política, en la fiscalía provincial de la provincia de Guantánamo, donde le tomaron declaraciones por un supuesto “maltrato familiar”.

“Resulta que la Seguridad del Estado (órgano represor conocido como policía política) se está sirviendo de una paramilitar que vive al frente de mi casa para ponerme una acusación de maltrato familiar, algo que es una mentira y pude demostrar” en la Fiscalía, manifestó el periodista en conversación con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

García Fournier, quien es colaborador del medio CubaNet, denunció que la vecina que lo acusa es nieta de un oficial retirado del Ministerio del Interior lo que evidencia su simpatía y apoyo al régimen cubano.

“Llevé cinco testigos, familiares y amigos del barrio, y la Fiscalía no me aceptó los testigos. Al final, me tomaron declaraciones y quedaron en que me avisarían sí continuaba el proceso”, contó.

El reportero declaró que, durante las dos últimas citaciones con la policía política, fue amenazado con ir a prisión de continuar realizando labores periodísticas de manera independiente.

“Me ha dicho que me va a meter preso, que yo lo único que hablo es bobería en internet por dinero, y la Seguridad del Estado se está sirviendo de esa señora para ponerme una acusación engañosa”, expresó al instituto.

El pasado 28 de julio el reportero recibió una llamada telefónica de un desconocido que lo amenazó de muerte.

“A ti lo que hay que ahorcarte”, escuchó García Fournier cuando contestó su teléfono. Cuenta al ICLEP que después de defenderse cortó la comunicación para evitar lo volvieran a amenazar.

En 2022, el ICLEP registró cinco violaciones de amenazas y agresiones psicológica contra el reportero. De ellas, cuatro ocurrieron en el mes de julio y una en abril.

Al cierre del primer semestre, el instituto contabilizaba 93 detenciones arbitrarias, 20 restricciones en el espacio digital y 22 amenazas y agresiones psicológica. Además, 2 casos de abuso de poder estatal, 1 agresión físicas y cuatro comunicadores que permanecen bajo algún tipo reclusión por el régimen de la isla.