Mayabeque, Cuba — 28/10/2026. El preso político y artista Juan Enrique Pérez Sánchez fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Quivicán tras iniciar una huelga de hambre el pasado 17 de octubre y trasladado un día después a la prisión de Ganuza, donde los carceleros lo mantuvieron 48 horas sin acceso a agua y despojado de abrigos y mantas, según denunció el Observatorio de Derechos Culturales (ODC) en Facebook.

Pérez Sánchez, condenado a ocho años de privación de libertad por participar en las protestas del 11J, cuenta desde octubre de 2025 con medidas cautelares de la CIDH. El OCLE ya había documentado contra él otras acciones represivas en prisión: en febrero de 2024 fue llevado a celda de castigo tras lanzar proclamas con frases antigubernamentales y pintarse en su cuerpo la frase Patria y Vida; en abril de 2026 fue objeto de una agresión física directa por parte de un guardia penitenciario, como represalia por reclamar el cumplimiento del reglamento del centro, y en julio de 2026 fue amenazado por las autoridades de la prisión de Quivicán como represalia por sus reiteradas denuncias sobre la falta de agua y las condiciones inhumanas de reclusión en el penal.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente los nuevos hechos contra Juan Enrique que, según la denuncia del ODC, constituyen una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

Hechos documentados

La denuncia proviene del ODC, organización que, según su propia publicación, solicitó las medidas cautelares de la CIDH a favor de Pérez Sánchez. El ODC la publicó el 27 de octubre de 2026 en Facebook y en Instagram, y dice haber reconstruido los hechos «a través de varias fuentes» que se mencionan a continuación.

El fin de semana del 17 y 18 de octubre, Pérez Sánchez inició una huelga de hambre en protesta por las condiciones en la prisión de Quivicán y en represalia fue llevado a una celda de castigo. El ODC señala que, en esos días, Juan Enrique tenía fiebres muy altas y una considerable debilidad; según el testimonio de otro preso político del 11J recluido en el mismo penal, Vladimir Castillo Llanes, Pérez Sánchez pasó una madrugada con más de 40 grados de fiebre, fue necesario administrarle suero y oxígeno, pero no le hicieron pruebas para conocer la causa, pese a su asma crónica y a su convalecencia por tuberculosis.

El activista Marcel Valdés publicó el 19 de octubre una denuncia que menciona a Pérez Sánchez con fiebre de 40 grados y sacrolumbalgia.

Después de un día de huelga, lo trasladaron de Quivicán a Ganuza en una «cordillera», sin aviso previo a su familia. El ODC añade que, según la información que recibió, la policía política tampoco notificó la huelga al Órgano de Cárceles y Prisiones. En Ganuza lo recibió el jefe de la prisión, el capitán Yulieski Menéndez, y, durante las 48 horas siguientes, no le proporcionaron agua para beber. Le retiraron además sus dos enguatadas, con el argumento de que la prisión debía proporcionarle todo lo necesario, y sus frazadas y sábanas.

El miércoles 21 de octubre, un oficial lo encontró débil y deshidratado y lo llevó a otro colectivo de la prisión, donde recuperó el acceso al agua, pudo llamar a un familiar y volvió a comer, con lo que terminó la huelga. Su esposa, Dayana Aranda Batista, lo visitó el viernes 23 de octubre y pudo confirmar lo sucedido al ODC. Esta misma publicación añade que Pérez Sánchez tiene una dermatitis facial, con una indicación médica del 6 de octubre y una valoración de dermatología aún pendiente.

La huelga de hambre es una forma de protesta pacífica. Según el ODC, Pérez Sánchez la inició por las condiciones del penal y las medidas punitivas contra él: celda de castigo, traslado penitenciario, negación de agua y despojo de abrigos y mantas, se aplicaron a continuación. La secuencia denunciada afecta el derecho de una persona privada de libertad a expresarse, un derecho que no se suspende por estar preso, y el derecho a ser tratado con humanidad bajo custodia.

El OCLE documentó estos hechos conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales de fuentes abiertas: revisó y archivó la publicación del ODC en Facebook y en Instagram, comparó ambas versiones, cotejó el relato con los antecedentes de su base de datos y consultó otras publicaciones independientes sobre estos hechos. El OCLE no pudo, sin embargo, corroborar de forma independiente la huelga de hambre, la celda de castigo, el traslado ni la negación de agua, por eso la alerta atribuye los hechos al ODC.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por OCLE estos hechos clasifican como violaciones correspondientes a la libertad de expresión bajo los siguientes indicadores:

17 de octubre de 2026

Uso abusivo del poder estatal: según la denuncia del ODC, las autoridades de la prisión de Quivicán llevaron a Pérez Sánchez a una celda de castigo como represalia por iniciar una huelga de hambre en protesta por las condiciones del penal.

18 de octubre de 2026

Uso abusivo del poder estatal: tras un día de huelga, fue trasladado de la prisión de Quivicán a la de Ganuza sin aviso previo a su familia, lo que instrumentaliza el sistema penitenciario para castigar su protesta.

Agresiones físicas: al llegar a Ganuza, los carceleros lo mantuvieron 48 horas sin agua para beber mientras estaba en huelga de hambre. Le retiraron además sus enguatadas, frazadas y sábanas, lo que lo expuso deliberadamente al frío y agravó su sufrimiento físico bajo custodia.

Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 40: reconoce la dignidad humana como valor supremo; privar de agua y de ropa de abrigo a un preso con fiebre, según la denuncia, la desconoce.

Artículo 46: protege la integridad física y moral; la privación de agua y la falta de atención médica a un preso febril la ponen en riesgo.

Artículo 51: prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; la privación de agua durante 48 horas a un preso, según la denuncia, es un trato de esa naturaleza.

Artículo 54: reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; la huelga de hambre es una forma de protesta pacífica que no puede ser castigada.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 5: nadie debe ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, tampoco bajo custodia.

Artículo 19: protege la libertad de opinión y de expresión, incluida la protesta pacífica de las personas privadas de libertad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 7: prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, como la privación de agua a una persona bajo custodia.

Artículo 10.1: exige tratar con humanidad y con respeto a la dignidad a toda persona privada de libertad, lo que incluye agua, abrigo y atención médica.

Artículo 19: protege la libertad de expresión, que no se suspende por estar la persona presa.

Según la denuncia que el OCLE documenta, castigar con celda de castigo, traslado sin aviso y privación de agua a una persona privada de libertad después de una protesta pacífica por huelga de hambre vulnera su derecho a expresarse y a ser tratada con dignidad y humanidad bajo custodia. El Estado cubano, que mantiene a la persona bajo su custodia, es responsable de garantizar su integridad, su salud y su derecho a protestar sin represalias.

Llamado del OCLE

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:

den seguimiento a este caso,

den seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH a favor de Juan Enrique Pérez Sánchez y a su estado de salud en la prisión de Ganuza,

exijan responsabilidades al Estado cubano, y

refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

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