La Habana, Cuba — 19/11/2026. El capitán Pileta, primer instructor de la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zapata y C, en Plaza de la Revolución, acusó de «atentado» a la periodista de CubaNet Camila Acosta y al escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats y les instruyó cargos. Según Acosta, el motivo son supuestas publicaciones que ambos compartieron en redes.

De acuerdo con Acosta, los acusa Ernesto Valdés García, testigo de la Fiscalía en el juicio del 5 de noviembre en el que el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre condenó a cuatro masones por «tráfico ilegal de divisas», entre ellos al propio Santiesteban. Acosta lo relató en un directo de CubaNet Noticias, donde agrega que el denunciante los responsabiliza de comentarios en su contra, provocados por publicaciones que ellos compartieron.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo, que constituye una violación al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba.

Hechos documentados

El OCLE documentó, mediante el testimonio directo de la periodista Camila Acosta, que ella y su esposo se presentaron a las 10:00 de la mañana del jueves 19 de noviembre en la estación de la PNR de Zapata y C. Allí los habían citado por teléfono el martes 17 de noviembre, hecho ya documentado previamente. Acosta contó lo ocurrido horas después en un directo de CubaNet Noticias.

El ya mencionado capitán Pileta, un policía uniformado, atendió primero a Santiesteban. Pidió a Acosta que esperara afuera y la llamó después. A ambos les comunicó lo mismo: tenían una acusación por "atentado". Según Acosta, ese delito castiga la intimidación a funcionarios, testigos y familiares, con una pena de dos a cinco años de privación de libertad. En este sentido, el Código Penal (Ley 151 de 2022) prevé el atentado en su artículo 182, con esa pena. La sube a entre tres y ocho años cuando lo cometen dos o más personas. Acosta no precisó en qué artículo se basa la imputación y el OCLE tampoco tuvo acceso al expediente.

Acosta declara conocer al denunciante Ernesto Valdés García solo de vista, del juicio del 5 de noviembre. Ese día, el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre condenó a cuatro masones por «tráfico ilegal de divisas». De hecho, a Santiesteban lo sancionaron a dos años de limitación de libertad y a una multa de 20 000 pesos, precisa CubaNet. Valdés García declaró como testigo de la Fiscalía en este juicio.

El denunciante, asegura la periodista, dice sentir miedo por comentarios en su contra, que atribuye a publicaciones que tanto ella como su esposo supuestamente compartieron tras el juicio. Acosta mencionó en su relato que entre lo compartido había una investigación de CubaNet. En esta identificaba a las juezas, los fiscales, los oficiales de la Seguridad del Estado y los testigos de la Fiscalía del proceso. Se desconoce qué publicaciones ni qué comentarios cita la acusación más allá de esta.

Además, Camila relató que, sobre el escritorio del capitán, vio un folio de más de veinte páginas. Eran, por lo que alcanzó a ver, capturas de pantalla de publicaciones y comentarios en redes. Pidió consultarlo y el capitán se negó. Este le dijo que podría hacerlo más adelante, a través de un abogado, porque el proceso apenas empezaba. Acosta hizo público su número de expediente, 73567 de 2026, alegando que le entregaron un papel con ese número, nada más. Afirmó que, tanto ella como Santiesteban, tendrán cinco días hábiles para contratar a un abogado y declarar. De hecho, ambos se negaron a declarar en esta comparecencia sin un abogado presente. La periodista no sabe si el caso irá a juicio ni cuánto durará. Tampoco se conoce aún la petición fiscal.

Al salir de la oficina del capitán Pileta, la esperaba el coronel Márquez, el oficial que la había citado por teléfono el 17 de noviembre. Según Acosta, no se identificó hasta que ella se lo preguntó. Este coronel le advirtió que no puede publicar en sus redes a menos de 300 metros de la estación, para evitar "malentendidos". La advertencia fue verbal y la propia Camila no mencionó ningún documento que la respalde.

Acosta rechazó la acusación: «Yo no he amenazado a nadie, no he intimidado a nadie, ni en las redes sociales, ni a nivel personal». Sostiene que no responde por los comentarios de terceros: «Cada cual es responsable por lo que hace, no por lo que hacen otras personas». Atribuye la denuncia a una orientación de la Seguridad del Estado, que usaría al denunciante para obligarlos a callar.

"Ustedes pueden revisar todas las publicaciones en redes sociales tanto mías como de mi esposo a partir de este juicio a los masones y pueden ver que nosotros no publicamos ninguna amenaza ni intimidación a ninguno de los testigos", afirmó Acosta.

Esta comparecencia despeja la incógnita que dejó la citación del 17 de noviembre. Ese día, el coronel Márquez llamó a la pareja y los convocó para este jueves ante el capitán Pileta. No dijo quién los acusaba ni por qué. Ahora se conoce, por Acosta, el origen de la denuncia.

En este sentido, se registran antecedentes de represión contra ambas víctimas. El 3 de noviembre, por ejemplo, Camila fue detenida en la calle e interrogada por un video en el que exponía a un agente de la Seguridad del Estado que le impedía salir de su casa. Santiesteban, a su vez, llegó a esta comparecencia con una sanción reciente, la del juicio del 5 de noviembre contra varios masones. Solo en 2026 el OCLE ha documentado 31 violaciones contra Acosta y 12 contra Santiesteban; la mayoría, cercos policiales frente a su vivienda y detenciones arbitrarias.

Instruir de cargos por un delito castigado con prisión a quien comparte información es una forma de presión sobre quien informa. Aquí recae, además, sobre una periodista que difundió una investigación de su medio. A eso se suma una advertencia que le limita publicar cerca de la estación. La perspectiva de un juicio desalienta que se difunda información de interés público; por eso el hecho afecta a la libertad de prensa.

El OCLE documentó este hecho conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales: leyó y conservó la publicación de Acosta en Facebook y el video original del directo, conservó su transcripción, cotejó las citas textuales con otra publicación basada en el mismo relato y contrastó lo narrado con los antecedentes de su base de datos, con la citación del 17 de noviembre y con la fecha del juicio a los masones, sin encontrar contradicciones en los hechos esenciales. Como la única fuente directa es la propia periodista, el hecho se presenta como documentado y no como corroborado de forma independiente; la falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por el OCLE, este hecho se clasifica como una violación a la libertad de prensa bajo los indicadores:

Camila Acosta Rodríguez, periodista de CubaNet

Uso abusivo del poder estatal: La estación de la PNR le instruyó de cargos por «atentado» a partir de publicaciones que compartió en redes. Con eso se abre un proceso penal que puede terminar en juicio y en prisión. El motivo declarado no es un acto de violencia, sino la difusión de información. Ese es el uso del poder penal contra el periodismo que el indicador describe.

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: Al salir de la comparecencia en que se le instruyó de cargos, el coronel Márquez le advirtió que no puede publicar a menos de 300 metros de la estación. El OCLE la trata como amenaza indirecta por tres razones: la formula un oficial de la propia estación policial, llega con un proceso penal recién abierto contra ella y su único fin es impedirle publicar.

Ángel Santiesteban Prats, escritor y expreso político

Uso abusivo del poder estatal: Se le instruyó de cargos por el mismo delito y por las mismas publicaciones. Según Acosta, el capitán le dijo lo mismo que a ella. El proceso penal contra él nace del mismo acto de compartir una investigación periodística, por lo que forma parte de la misma presión sobre la difusión de información y se clasifica como libertad de prensa, igual que el de su esposa.

Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 54: reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, afectada al imputar un delito castigado con prisión por compartir publicaciones en redes sociales.

Artículo 55: reconoce la libertad de prensa, vulnerada al instruir de cargos a una periodista y advertirle que no publique cerca de una estación policial.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 19: protege el derecho a difundir informaciones sin ser molestado a causa de ellas, afectado por la imputación penal a una periodista por lo que comparte.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 19: protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones; toda restricción debe estar fijada por la ley y ser necesaria, y una imputación penal por compartir publicaciones no cumple esa exigencia.

Instruir de cargos por un delito castigado con prisión a una periodista y a su esposo a partir de publicaciones compartidas en redes, no permitirle consultar el documento de la acusación y advertirle que no publique cerca de la estación interfiere con su derecho a informar y a difundir información sin ser molestada. La conducta descrita, practicada por funcionarios de una estación de la PNR, constituye una violación de la libertad de prensa.

Llamado del OCLE

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:

  • den seguimiento a este caso y al proceso penal que se abre contra Camila Acosta y Ángel Santiesteban,
  • exijan responsabilidades al Estado cubano, y
  • refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

Canales oficiales del ICLEP

Web: https://iclep.org/

Redes sociales: Facebook · X

Email: observatorio@iclep.org