Desde que se autorizó el derecho a ejercer el trabajo por cuenta propia en el año 2010, no han cesado las presiones y la persecución de los funcionarios públicos, hacia las personas que dignamente lo ejercen, es un mal necesario que el régimen cubano acepta solo para aparentar una apertura económica que en realidad no es sincera.

Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) e inspectores populares, visitan frecuentemente los negocios privados para pedir las facturas de compra de las materias primas que son utilizadas, conociendo de antemano que son casi imposibles de presentar por los propietarios, ya que ni el propio Estado las entrega cuando las vende.

Manuel Alejandro Fraga, dueño de una pequeña cafetería, le contó a nuestra redacción, que su establecimiento recibe la visita de los inspectores hasta tres veces por semana. “Es muy difícil trabajar y tener progresos con esos inspectores vigilando todo lo que uno hace, llegan a mi cafetería y permanecen allí por más de una hora.

Me piden los documentos que autorizan mi labor y las facturas que saben que no tenemos, nos ponen multas de hasta 5000 pesos cuando detectan cualquier problemita y a veces solo lo hacen para presionarnos”, ´refirió.

Roberto Labastida, propietario de una fábrica de losas, le dijo al ICLEP, que los cuentapropistas también sufren el decomiso de los productos que usan como materias primas para su trabajo. “Solo en este año los inspectores acompañados de la policía me han decomisado más de 50 sacos de cemento y unas 2000 losas para piso, alegando que no cuento con las facturas de compra”, indicó.

El señor Labastida agregó, que lo que hacen los funcionarios es muy injusto porque ellos saben que esos productos no son vendidos en los establecimientos del gobierno y que la única forma de conseguirlos que tienen los trabajadores privados, es en el mercado informal.

Ignacio López, abogado especializado en Derecho Laboral, opina que los trabajadores por cuenta propia muchas veces sufren las violaciones de sus derechos por los funcionarios y agentes del orden que los vistan.

“Lamentablemente existen funcionarios públicos que utilizan sus cargos para presionar a los cuentapropistas y obtener beneficios personales, incluso violando lo establecido legalmente. Es una realidad que el Estado no le brinda la protección a este sector de la sociedad, que es vital para la subsistencia de la población en la actualidad”, acotó.

Publicado originalmente en la edición 107  del medio de comunicación comunitario del ICLEP,  Páginas Villareñas.