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Principales democracias del mundo critican al régimen cubano en Examen Periódico Universal

Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (Naciones Unidas)

Por ICLEP

Nov 15, 2023 | 3:51 PM


La Habana, Cuba - Las principales democracias mundiales criticaron este miércoles la represión del régimen cubano, en medio del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza.

Entre los principales señalamientos hechos a la nación cubana, se encuentran la necesidad de liberar a los presos políticos, derogar la pena de muerte, enmendar el nuevo Código Penal, tipificar como delito el feminicidio y ratificar los Pactos de Derechos Humanos de la ONU.

Asimismo, la embajadora de Estados Unidos en Ginebra, Michèle Taylor, solicitó a La Habana cesar la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, actores religiosos y otras personas que buscan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.

Además, liberar a las aproximadamente 1.000 personas, detenidas injusta o arbitrariamente”, adoptar un marco legal que garantice la independencia judicial”, poner fin al sistema de partido único para permitir elecciones genuinamente libres y justas” y cumplir con las normas laborales internacionales” en el programa de exportación de mano de obra, incluidas las misiones médicas”.

La delegación lituana mostró “preocupación por la reducción del espacio para la sociedad civil, los grupos religiosos, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros trabajadores de los medios”, y pidió “garantizar el derecho a la libertad de reunión, asociación pacífica, libertad de opinión y expresión”.

Entre los Estados que pidieron el cese de la represión contra periodistas, artistas y activistas se encuentran Países Bajos, Francia, Japón, Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido, Australia, Bélgica, República Checa, Rumanía, Italia, Irlanda, Polonia, Finlandia y Alemania.

En tanto Noruega, España, Reino Unido, Australia y Canadá recomendaron directamente a Cuba abstenerse de utilizar el nuevo Código Penal para criminalizar a los actores de la sociedad civil y las voces individuales críticas con las autoridades”.

En América Latina, Perú mostró una posición contundente y recomendó “garantizar que los defensores de los derechos humanos gocen de un entorno seguro y apropiado”, velar por que todo acto de hostigamiento, represión o intimidación que sufran sea debidamente investigado” y prohibir explícitamente la discriminación por motivos de opinión política u origen social en el empleo”.

También Ecuador solicitó “prevenir y cesar los actos de hostigamiento, intimidación, amenaza y descalificación contra defensores de derechos humanos”, así como armonizar la legislación sobre medios de comunicación y radiodifusión, Internet y ciberseguridad con las normas internacionales relativas a la libertad de expresión”.

Recientemente, y antes del EPU, Article 19 Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America, Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), PEN Internacional, CUBALEX, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas sugirieron 21 recomendaciones que países deberían hacer a Cuba.

Entre ellas, eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio, así como garantizar el retorno seguro, y derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley no. 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.

Estas organizaciones pidieron a los 193 Estados participantes  que sugirieran a la Isla liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes; y reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente, entre otras recomendaciones sobre violencia de género, racismo y la comunidad LGBTIQ+.

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