Cuando días atrás el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Jesús Otaméndiz Hernández, dio a conocer en el programa Mesa Redonda los detalles de la entrada en vigor de una nueva reforma salarial, para muchos la noticia pareció representar un cambio significativo. Sin embargo, para otros no fue más que la confirmación de un nuevo fracaso de la política económica del régimen cubano, incapaz de controlar la crisis y el progresivo deterioro del sistema, recurriendo una vez más a medidas que consideran insuficientes para revertir la situación.

Las reformas salariales han sido una práctica recurrente del gobierno cubano desde la década de 1980, con el propósito de enfrentar los efectos de la inflación, paliar el deterioro financiero y, al mismo tiempo, intentar aliviar el creciente descontento de una población que cada día ve disminuir el poder adquisitivo de la moneda nacional.

Según explicó el portavoz oficialista, la reforma salarial integral contempla nuevas garantías para la protección del empleo y una mayor flexibilización de las relaciones laborales. La medida incluye el incremento del salario mínimo, que pasaría de 2 100 a 3 110 pesos, así como la actualización de todos los grupos y escalas salariales. Su aplicación comenzaría en julio y el pago efectivo de los nuevos salarios se realizaría en agosto.

No obstante, más allá de las supuestas "buenas intenciones" atribuidas por sus promotores a esta reforma, su resultado parece previsible. En un contexto de inflación sin precedentes, el incremento salarial continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades más básicas de la población, por lo que difícilmente podrá traducirse en una mejora real del nivel de vida de los trabajadores.

El nuevo aumento salarial solo representa apenas 5 dólares y 50 centavos mensuales, un incremento insignificante si se tiene en cuenta que los gastos mensuales de una persona en Cuba, como mínimo, oscilan entre 20 y 30 mil pesos cubanos; esto para obtener las cuestiones más básicas y representaría aproximadamente entre 40 y 50 dólares mensuales.

Pero a este argumento se suma también el problema de recibir el aumento salarial en forma de dinero electrónico, o sea, depositado en tarjetas magnéticas. Si no se acaba de arreglar la situación con la bancarización y la negativa del sector no estatal a no aceptar transferencias y los bancos que disponen de efectivo suficiente que permita a las personas extraer sus ingresos de forma fácil, seguiremos parados en el mismo lugar, pues el efecto que debe producir esta medida en el poder adquisitivo de los trabajadores será anulado por la situación antes mencionada.

En esto aún el régimen tiene mucho que hacer. Su incapacidad para controlar y hacer cumplir la resolución 93 de comercio interior del 2023, que obliga a cualquier actor económico a ofrecer garantías de pagos digitales, hace dudar sobre la eficacia de la nueva reforma salarial.

Para el nivel de inflación que enfrenta Cuba, el aumento del salario mínimo constituye un incremento meramente simbólico que, en la práctica, podría traducirse en una mayor presión inflacionaria. Los problemas de la economía cubana son de carácter estructural y responden a un modelo que, según este análisis, nunca estuvo orientado a desarrollar una base productiva sólida, sino que durante décadas dependió del respaldo económico de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela.

En ese contexto, esta nueva reforma salarial parece condenada al fracaso incluso antes de entrar plenamente en vigor. No se trata de un mal augurio, sino de una conclusión basada, según esta valoración, en la lógica y en la experiencia de las reformas aplicadas anteriormente.

Publicado originalmente en la edición 229 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, El Espirituano.