Pinar del Río, Cuba, (ICLEP). En medio de la situación que atraviesa el país, arrendados, particulares y mipymes son los que sacan al pueblo a flote. Ellos han logrado entregarle a los ciudadanos productos que el estado con el paso de los años se ha encargado de desaparecer.

Sin embargo, el Gobierno ha recrudecido las leyes en contra de estos emprendedores, imponiéndoles medidas económicas y administrativas para entorpecer su desarrollo. La cuentapropista Emily Fuentes, opinó al respecto: “Con las nuevas medidas pueden ponernos multas de hasta 500 000 pesos, retirarnos las patentes y decomisarnos todos los productos. Esa suma no la hago ni en 20 años de trabajo, lo que yo vendo tengo que comprarlo a otro particular porque el Gobierno no tiene un mercado creado para nosotros, entonces quieren abusar de su poder y por la mínima cosa quitarnos todo.”

“Vienen los inspectores, piden cuentas de hasta 3 000 pesos y se van sin pagar; si les dices algo nos ponen multas de miles de pesos y si no, llaman a la policía. Porque eso sí tienen, o les das lo que ellos quieren y te roban o vas preso con los productos decomisados y una multa millonaria”, compartió con Panorama Yuneici Chala, trabajadora de una cafetería particular. Esto no es nada nuevo para el pueblo cubano, donde los funcionarios del Gobierno, la policía y los dirigentes se confabulan para robarle al ciudadano trabajador.

Publicado originalmente en la edición 274 del medio de comunicación comunitario del ICLEP, Panorama Pinareño