Miami, 12 de junio de 2026. — El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) presentó hoy su “Balance Parcial 2025”, resultado del monitoreo continuo realizado durante los doce meses del año sobre las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba. El informe documenta 1188 violaciones, un aumento del 54,7 % respecto a las 768 registradas en 2024, lo que consolida 2025 como uno de los períodos más represivos del último trienio.
Del total documentado, el 83,8 % (995 casos) corresponde a violaciones a la libertad de expresión y el 16,2 % (193) a la libertad de prensa, una proporción que refleja dos realidades: la dictadura extiende su halo represivo a todo aquel que disienta, y cada vez son menos los periodistas independientes que logran ejercer desde la isla. El promedio mensual alcanzó las 99 agresiones, con un pico histórico de 184 violaciones en julio, coincidiendo con los operativos preventivos masivos desplegados en el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
Una represión que se legaliza y se expande
El hostigamiento psicológico —amenazas, vigilancia, citaciones e intimidación a familiares— fue el método más empleado, con 435 casos. Pero el dato más definitorio del año es el crecimiento desproporcionado de las detenciones arbitrarias, que pasaron de 150 a 386 casos (+157,3 %): en 2025, casi una de cada tres violaciones documentadas fue una detención arbitraria. El uso abusivo del poder estatal —procesos penales fabricados, condenas desproporcionadas y castigos penitenciarios— creció un 72,5 %, confirmando que el régimen traslada la represión del ámbito policial al judicial y administrativo para revestirla de apariencia legal y reducir su visibilidad internacional.
El informe identifica al Estado cubano como perpetrador en 953 de los 968 registros de la base de datos, encabezado por la Seguridad del Estado (43,7 %) y la Policía Nacional Revolucionaria (36,8 %), seguidas del sistema penitenciario, el sistema judicial, los medios estatales, el monopolio de las telecomunicaciones ETECSA y hasta el Ministerio de Educación Superior, que reprimió a estudiantes universitarios tras las protestas por el tarifazo de los datos móviles.
El blanco represivo se expandió más allá de la disidencia organizada: los activistas concentraron el 30,2 % de los registros y los ciudadanos comunes sin afiliación política el 18,7 %; personas castigadas por publicar un comentario en redes sociales, filmar una cola o protestar contra los apagones. Entre los detonantes, la participación en actos religiosos generó 181 registros —reflejo del asedio dominical contra las Damas de Blanco— y la participación en protestas creció un 118,9 %.
Casos que marcaron el año
El balance documenta, entre otros, las torturas y golpizas contra el líder opositor José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde; la condena de 14 años contra la activista Ana Ibis Tristá Padilla tras haber sido absuelta en un primer juicio; las agresiones físicas contra el escritor y periodista Jorge Fernández Era; la campaña transnacional de descrédito contra el medio independiente El Toque, que incluyó un acto de repudio contra su director en Ciudad de México; el hostigamiento sostenido contra las periodistas Camila Acosta y Yunia Figueredo, directora del medio comunitario Amanecer Habanero y la condena de cuatro años y medio de cárcel contra Julio César Duque de Estrada por filmar una cola en Santiago de Cuba.
La Habana concentró el 38 % de los registros, seguida de Matanzas (13,8 %) y Villa Clara (12 %). El ICLEP advierte que las cifras bajas o nulas en otras provincias no indican menor represión, sino subregistro estructural: territorios donde el miedo, la autocensura y el aislamiento impiden documentar. «Las cifras que presentamos son el piso, no el techo, de lo que realmente ocurre en Cuba», subraya el informe.
“2025 no fue simplemente un año con más represión, sino con una represión cualitativamente distinta: más dependiente de la detención arbitraria, más anclada al poder institucional del Estado y con un control digital más selectivo y difícil de documentar. La dictadura no reforma sus prácticas represivas: las perfecciona”, declaró Normando Hernández, director general del ICLEP.
Pronóstico 2026
El análisis prospectivo del informe, basado en los datos de 2025 y los patrones represivos identificados, proyecta un escenario de deterioro: de mantenerse la tasa de crecimiento interanual, 2026 superará las 1.500 violaciones documentadas, especialmente si la crisis económica no se revierte. El ICLEP anticipa, con riesgo alto, una mayor legalización de la represión a través del sistema judicial, la expansión del blanco represivo hacia grupos no organizados —jóvenes en redes sociales, trabajadores informales y religiosos—, la continuidad del exilio forzado de periodistas y la repetición de picos represivos en fechas clave como mayo, julio y diciembre. Con riesgo medio, prevé un control digital más sofisticado y selectivo, la intensificación del hostigamiento transnacional contra exiliados en América Latina y la profundización de la autocensura estructural en la ciudadanía.
Llamado del ICLEP
El ICLEP llama a los organismos internacionales de derechos humanos a intensificar el monitoreo de la situación cubana y a incluir los hallazgos del informe en el Examen Periódico Universal; a los gobiernos democráticos, a condicionar cualquier normalización de relaciones a la liberación de los presos políticos y al cese de la represión en todas sus manifestaciones; y a las organizaciones especializadas como CPJ, RSF, ARTICLE 19 e IFEX, a activar mecanismos de protección para los periodistas que aún ejercen desde la isla en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El Balance Parcial 2025 se encuentra disponible en español en el sitio oficial de ICLEP: https://iclep.org/post/balance-parcial-2025/ y en inglés en: https://iclep.org/post/partial-report-2025/.
