El mayor aumento de la represión en tres años contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa

1. Introducción

En el 2016 el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), entonces con cuatro años de fundado, comenzó a monitorear, documentar y redactar un informe temático anual sobre hechos violatorios a la libertad de prensa en Cuba. Ese mismo año Reporteros Sin Fronteras tomó como fuente los datos del ICLEP y ubicó al dictador Raúl Castro, entonces presidente del país, entre los 35 “Depredadores a la Libertad de Prensa en el mundo”.

A partir de 2024, el ICLEP abrió su campo de acción y comenzó además a registrar y visibilizar las violaciones a la libertad de expresión, con el propósito de reflejar con mayor fidelidad la diversidad de actores y contextos en que la opinión disidente es reprimida por el régimen cubano.

Durante 2025, ICLEP registró un total de 1188 violaciones, el 83.8% de ellas correspondientes a la libertad de expresión. La estadística responde a dos realidades: una, que la dictadura no acepta otro discurso que no sea el suyo, y extiende su halo represivo a todo aquel que disienta, y dos, que cada vez son menos los periodistas no afiliados al aparato estatal que ejercen desde la isla. La mayoría ha debido exiliarse para escapar de la represión; aunque a veces, ni siquiera más allá de las fronteras, el hostigamiento ha cesado.

Al tratarse del segundo año de documentación de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa, el informe que aquí se presenta recoge el primer análisis comparativo interanual por categoría de registro del ICLEP. Este enfoque fortalece la identificación de tendencias, variaciones y transformaciones en los patrones represivos del régimen cubano contra el ejercicio del derecho a informar y opinar.

El Informe Parcial 2025 del ICLEP tiene como objetivo principal contribuir a la comprensión del estado real de la libertad de expresión y de prensa en Cuba, alertar sobre el deterioro sostenido de estos derechos fundamentales y servir como herramienta de incidencia ante organismos internacionales, gobiernos democráticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Lo que este informe documenta no es un fenómeno nuevo. La naturaleza criminal del régimen cubano data de años. Lo que cambia de un calendario a otro es su intensidad, su focalización y los instrumentos que privilegia en cada momento.

2. Nota Metodológica

El Informe Parcial 2025 del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) sistematiza el monitoreo continuo realizado a lo largo de los 12 meses del año sobre las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba. La recolección de información proviene de diversas fuentes verificables: medios de comunicación independientes, testimonios directos de víctimas y testigos, informes de organizaciones no gubernamentales especializadas en derechos humanos, registros públicos en redes sociales y denuncias privadas canalizadas a través de la red de medios comunitarios del ICLEP.

Para la selección de casos se emplearon criterios estrictos de verificación que aseguran la relación directa entre los hechos documentados y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de prensa, conforme a los estándares establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios de Johannesburgo, la Declaración de Chapultepec, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Las violaciones se clasifican en seis indicadores: detención arbitraria; agresiones físicas; ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas; reclusión; restricciones en el espacio digital; y uso abusivo del poder estatal. Cada indicador se desglosa, a su vez, según afecte a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, conforme a la siguiente distinción operativa: las violaciones a la libertad de prensa corresponden a casos que involucran periodistas, directivos de medios o medios de comunicación en cuanto tales; las violaciones a la libertad de expresión abarcan a toda persona no identificada como periodista, incluyendo activistas, opositores, ciudadanos comunes y presos políticos.

La validación se realiza mediante contraste con múltiples fuentes independientes. Las cifras mensuales pueden variar en ediciones posteriores al incorporar casos corroborados con posterioridad al cierre de cada período. El presente informe contiene las cifras definitivas y actualizadas del año 2025.

El total de 1188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa documentadas por el ICLEP durante 2025 corresponde a 968 registros en la base de datos de la organización. La diferencia entre ambas cifras obedece a una característica inherente al fenómeno represivo que este informe documenta: en un mismo hecho violatorio pueden emplearse simultáneamente más de un indicador represivo.

Cuando una persona es detenida arbitrariamente, trasladada a una unidad policial, sometida a un interrogatorio intimidatorio y liberada horas después bajo amenaza de consecuencias penales si continúa enfrentando al régimen desde la expresión pública, ese único episodio activa al menos tres indicadores del sistema de registro del ICLEP: detención arbitraria, ataques, amenazas y agresiones psicológicas, y uso abusivo del poder estatal. El hecho es uno, y como tal consta como un solo registro en la base de datos, pero tiene asociado a él tres violaciones simultáneas.

Este criterio metodológico responde a una decisión consciente: registrar cada episodio como una unidad coherente de represión, preservando la integridad del hecho tal como fue vivido por la víctima, en lugar de fragmentarlo artificialmente en tantos registros como indicadores activa. Su consecuencia estadística directa es que el número de violaciones siempre será igual o superior al número de registros, nunca inferior. La diferencia entre ambas cifras es, en sí misma, un indicador cualitativo: cuanto mayor es la brecha entre registros y violaciones, mayor es la densidad represiva de los hechos documentados.

Para 2025, la relación entre 1188 violaciones y 968 registros arroja un promedio de 1.23 violaciones por registro, lo que significa que en aproximadamente uno de cada cuatro episodios documentados el régimen empleó más de un método represivo de forma simultánea sobre la misma víctima y en el mismo hecho. Este dato confirma el carácter integral y coordinado de la represión en Cuba: no es la aplicación aislada de un mecanismo de control, sino la combinación calculada de varios, orientada a producir el máximo efecto disuasorio con cada intervención del aparato estatal.

Vale destacar que los datos presentados en este informe no constituyen la totalidad de los hechos ocurridos, dado el acceso restringido a la información que impone el régimen cubano y el temor a represalias que afecta a numerosas víctimas y testigos. Este registro constituye, por tanto, una aproximación verificada y sistemática de un fenómeno documentado de manera parcial, pero rigurosa.

El Informe Parcial 2025 del ICLEP es un documento público. Su reproducción está autorizada por cualquier medio siempre que se atribuya debidamente.

3. Cuba endurece el control: 2025 registró el mayor incremento represivo en tres años contra el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

3.1 Datos generales

Cuba es una dictadura totalitaria donde el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa constituye un acto de alto riesgo personal. En un sistema político que concentra el poder absoluto en manos de un único partido, criminaliza el disenso, controla todos los medios de comunicación estatales y niega el pluralismo, expresar una opinión crítica puede derivar en detenciones arbitrarias, vigilancia constante o condenas judiciales.

Para los cubanos, el año 2025 se desarrolló en un contexto de profunda crisis económica y social, caracterizada por apagones prolongados, escasez crítica de alimentos y medicinas, inflación desbordada que erosionó el poder adquisitivo de la población, y un creciente descontento ciudadano ante el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Ante ese escenario, lejos de atender las causas estructurales del malestar social, el régimen optó por intensificar el control político, la vigilancia y la represión.

Durante el 2025, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó un total de 1188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba, consolidando el año como uno de los períodos más represivos del último trienio. La cifra representa un incremento significativo respecto a 2024, cuando se registraron 768 violaciones, lo que equivale a un aumento del 54.7% en la represión sistemática ejercida por el régimen cubano contra ciudadanos, periodistas, activistas, opositores y presos políticos.

Tabla 1 — Total de Violaciones a la Libertad de Expresión y de Prensa · Año 2025

Fuente: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Data final, año 2025.

El promedio mensual de violaciones alcanzó las 99 agresiones, con un pico histórico en julio, cuando se reportaron 184 casos.

Tabla 2 — Distribución Mensual de Violaciones Documentadas · Comparativo 2024–2025

Fuente: ICLEP. ⚑ Julio 2025 representa el pico histórico de los últimos tres años, coincidiendo con el 4.° aniversario del 11 de julio de 2021 (11J).

El comportamiento mes a mes evidencia un patrón estructural de represión planificada que se puede dividir en tres fases claramente diferenciadas:

Fase 1: Inicio moderado (enero-febrero)

El año comenzó con niveles relativamente contenidos, si se compara con las cifras de marzo en adelante. En enero se documentaron 61 violaciones y en febrero 51, siendo esos los registros más bajos de todo el 2025. Sin embargo, dicho comportamiento no debe interpretarse como un acto de tolerancia o apertura, sino como parte de un ciclo represivo que históricamente muestra moderación en los primeros meses del año, consistente con el patrón observado en 2024.

Fase 2: Escalada sostenida (marzo-julio)

Marzo marcó el punto de inflexión definitivo del año, con 102 violaciones, que representaron un incremento del 100% respecto al mes anterior. El aumento coincidió con el inicio de una nueva escalada represiva del régimen contra la organización opositora Damas de Blanco, con el objetivo de impedir su asistencia a misa para orar por la libertad de los presos políticos.

A partir de marzo se inició entonces un ciclo ascendente sostenido e ininterrumpido:

• Abril: 122 violaciones (+19.6 % vs marzo)
• Mayo: 108 violaciones (+20 % vs abril)
• Junio: 153 violaciones (+15.4 % vs mayo)
• Julio: 184 violaciones (+20.3 % vs junio) — récord histórico de los últimos tres años.

Este crecimiento confirma una intensificación deliberada y programada de la represión. Julio estableció el pico absoluto del año, coincidiendo con el cuarto aniversario del 11 de julio de 2021 (11J), fecha que el régimen considera un símbolo de desafío popular a su autoridad y que motivó operativos represivos preventivos masivos en todo el país. ICLEP documentó que 39 personas, entre ellas 13 periodistas, enfrentaron entre el 9 y el 11 de julio, citaciones ilegales, detenciones arbitrarias, restricciones de movimiento, vigilancia permanente y amenazas que incluyeron violencia física y desaparición forzada, así como el bloqueo de comunicaciones para aislarlos y neutralizar su capacidad de denuncia.

Fase 3: Modulación táctica y repunte (agosto-diciembre)

Tal como sucedió en 2024, tras los picos represivos del primer semestre, a partir de agosto las agresiones descendieron. El octavo mes del año registró un descenso abrupto hasta 75 violaciones, equivalente al 59.2% del nivel alcanzado en julio. La caída, sin embargo, no respondió a una mejora en el clima de libertades, sino a una pausa táctica del régimen para reducir la visibilidad internacional de la represión tras cinco meses de intensidad máxima.

La modulación fue temporal. Septiembre mantuvo el mismo nivel (75 violaciones), en octubre descendió a 64, pero ya en noviembre se contabilizaron 100 hechos y en diciembre 93, cifras muy superiores a las registradas a inicios del año.

El ICLEP alerta que este patrón, ya identificado en 2024, confirma que el régimen ajusta la intensidad visible de la represión según el contexto político y el escrutinio internacional, pero nunca abandona su objetivo fundamental de control totalitario. En ambos años, la tendencia muestra un piso represivo cada vez más elevado.

3.2 Comportamiento de los indicadores

Los registros de violaciones a la libertad de expresión y de prensa del ICLEP son realizados a partir de seis indicadores que permiten caracterizar los métodos empleados por el aparato represivo estatal contra la libre opinión: 1- detención arbitraria, 2- ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 3- uso abusivo del poder estatal, 4- restricciones en el espacio digital, 5- agresiones físicas, y 6- reclusión. Cada uno es más que una categoría de clasificación: corresponde a una modalidad de represión con una lógica, una función y un efecto social específicos.

Tabla 3 — Violaciones por Indicador y Mes, con Desglose por Tipo de Derecho · Año 2025

Fuente: ICLEP. Datos finales 2025. · ⚑ Julio destacado: total mensual más alto (184). · Los valores en negrita indican el registro más alto por indicador en ese mes. · LE = violaciones de libertad de expresión; LP = violaciones de libertad de prensa.

Tabla 4 — Distribución de Violaciones por Indicador · Comparativo 2024–2025

Fuente: ICLEP. Datos finales, años 2024 y 2025.

3.2.1 Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: 435 (311 contra la libertad de expresión y 124 contra la libertad de prensa).

Este indicador, que incluye acciones como amenazas verbales, hostigamiento psicológico, intimidación a familiares, vigilancia, provocaciones organizadas por grupos afines al régimen, citaciones a interrogatorio, asfixia financiera, y presión emocional sostenida, se consolidó como el método represivo más utilizado durante 2025.

La preponderancia de este mecanismo responde a su eficacia disuasoria y su bajo costo político: el régimen genera miedo, autocensura y aislamiento social sin necesidad de detenciones masivas que aumenten la visibilidad internacional de la represión. El hostigamiento psicológico prolongado cumple el objetivo de quebrar la voluntad de resistencia de las víctimas y enviar mensajes intimidatorios a sus entornos cercanos.

Los meses con mayor incidencia de este tipo de violación fueron julio, con 70 casos, noviembre con 64, y junio con 50. Súmesele que, en los meses de mayo, agosto, octubre y diciembre fue el método más empleado para reprimir la libertad de expresión y de prensa en Cuba.

Cuando a finales de mayo el monopolio de las comunicaciones ETECSA anunció el aumento de los precios del servicio de datos móviles, se desató una ola de inconformidad en el sector universitario cubano, y varias facultades organizaron paros docentes. La reacción del régimen no se hizo esperar. En un intento de frenar la movilización estudiantil, las autoridades desplegaron una ofensiva represiva: presionaron a los estudiantes con amenazas de expulsión, los sometieron a interrogatorios, les advirtieron la posibilidad de ser llevados a prisión, les revisaron sus teléfonos móviles y los obligaron a borrar todo aquello relacionado con las protestas, los presionaron para que eliminaran grupos de WhatsApp que usaban como canales de comunicación informal, e incluso los visitaron en sus casas y les lanzaron advertencias ante sus padres.

A la par, los medios de comunicación oficialistas y perfiles de redes sociales afines a la dictadura presentaron los reclamos de los estudiantes como falsos, desmintieron los llamados al paro y responsabilizaron a la oposición y a la prensa independiente de la circulación de mensajes falsos. Esa estrategia burda quedó desmontada por la publicación de testimonios de los propios universitarios y por videos filtrados de los intercambios que las autoridades docentes, partidistas y la Seguridad del Estado sostuvieron con ellos.

En estos hechos fue imposible definir un número de personas involucradas, lo cual hubiera disparado el número de ciudadanos comunes registrados en 2025 como víctimas de ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas. ¹

Un grupo que fue ampliamente reprimido fueron los activistas, a quienes correspondieron 127 de las violaciones a la libertad de expresión registradas dentro de este indicador. A lo largo del año, fueron sometidos a constante vigilancia, hostigamiento, citaciones e interrogatorios policiales, siendo las Damas de Blanco una de las más afectadas. De hecho, la organización fue el segundo grupo de personas al que más veces se le violó el derecho a expresarse durante 2025, con 181 reportes documentados, en 74 de los cuales hubo un acto de amenaza o agresión psicológica. ²

Vale mencionar también el caso de Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar, a quien la policía política ha mantenido en constante asedio por alzar la voz a favor de la libertad de su hijo y de todos los presos políticos. ³

Entre los casos violatorios a la libertad de prensa documentados como ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas (124 en total), estuvo la campaña difamatoria contra el medio independiente El Toque, con el objetivo de socavar su credibilidad y vincularlo falsamente con la subida del dólar en el mercado informal.

A finales de octubre comenzaron a circular de manera simultánea en Facebook y WhatsApp publicaciones con mensajes idénticos, provenientes la mayoría de cuentas recién creadas y con claras señales de ser perfiles falsos, que repetían consignas como “No al TOQUE”, sin acompañamiento de argumentos ni contexto.

A la ofensiva digital se sumó un episodio de acoso en el extranjero. El 5 de noviembre, en Ciudad de México, un grupo de individuos protagonizó un acto de repudio contra José Jasán Nieves, director del medio, mientras participaba en el Festival Latam, organizado por el Centro Cultural España. Los atacantes se presentaron con un cartel y un megáfono, repitiendo acusaciones falsas y consignas idénticas a las difundidas por los portavoces del gobierno de La Habana, calificando a Nieves y al medio de “mercenarios” y “manipuladores”.

Un reportaje transmitido el 12 de noviembre en el programa televisivo estatal Razones de Cuba, intentó vincular a El Toque con un supuesto “esquema de tráfico de divisas” y “evasión fiscal” en Cuba, alegando que opera como parte de un “programa integral de guerra económica” financiado por Estados Unidos.

El material audiovisual, difundido sin aportar pruebas verificables, calificó al medio independiente como “instrumento subversivo” y “agente del terrorismo financiero”. Alegó que la publicación diaria de la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI) formaría parte de una “maniobra especulativa” destinada a “deprimir el ingreso de la población” y generar “pánico financiero”. ⁴

También la periodista Yunia Figueredo fue víctima de una escalada represiva, tras asumir la dirección del medio comunitario de ICLEP Amanecer Habanero. Yunia fue blanco de una creciente campaña de hostigamiento e intimidación por parte de la Seguridad del Estado, que incluyó vigilancia permanente, citaciones ilegales, amenazas verbales y presión psicológica contra su entorno familiar. Ella y su esposo, el también periodista Frank Correa, llegaron a ser advertidos de una supuesta investigación abierta en su contra por el presunto delito de “peligrosidad social pre-delictiva”, figura jurídica utilizada con frecuencia en Cuba para criminalizar la disidencia.

La situación de Yunia Figueredo fue denunciada por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). La organización llamó al régimen cubano a poner fin al hostigamiento contra ella y su esposo, y permitirles continuar su labor periodística. ⁵

Otro caso representativo de la represión sostenida contra el periodismo independiente es el de Camila Acosta, quien acumula 12 registros de vigilancia intimidatoria a lo largo de 2025. Los hechos se distribuyeron a lo largo de los doce meses en tres contextos recurrentes: fechas de alto valor simbólico tanto para la sociedad civil como para el régimen, momentos de cobertura periodística de eventos sensibles o intentos de participar en ellos, y episodios de hostigamiento sistemático asociados directamente a su condición de periodista independiente. La vigilancia permanente del domicilio como método represivo cumple una función precisa: no requiere detención ni proceso judicial, no deja marcas físicas verificables y, sin embargo, produce un efecto de coerción continua que condiciona cada decisión profesional de la víctima. Saber que hay agentes apostados frente a la puerta de su casa cada vez que ocurre algo que el régimen considera sensible es, en sí mismo, un mensaje inequívoco: el Estado la observa, conoce sus movimientos y puede actuar en cualquier momento. Que ese mensaje se haya repetido doce veces en un solo año sobre la misma persona confirma que la vigilancia intimidatoria no fue en el caso de Camila Acosta una medida puntual sino una política de hostigamiento deliberado y sostenido contra su ejercicio periodístico. ⁶

El comportamiento observado durante 2025 confirma que los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas constituyen un pilar central de la estrategia represiva del Estado cubano, orientada a generar miedo, aislar a las voces críticas y fomentar la autocensura. La sistematicidad de estas prácticas evidencia un patrón de intimidación sostenida que trasciende a las víctimas directas y afecta a sus entornos, consolidando un clima de presión permanente sobre quienes ejercen su derecho a expresarse.

En este contexto, el hostigamiento psicológico se reafirma como un mecanismo de control eficaz que permite al régimen limitar el debate público y contener la disidencia sin recurrir necesariamente a formas más visibles de represión, manteniendo así un entorno restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país.

3.2.2 Detenciones arbitrarias: 386 (347 contra la libertad de expresión y 39 contra la libertad de prensa).

Las detenciones arbitrarias representaron el segundo método más empleado, alcanzando el 32.49% de los casos documentados. Este indicador incluye arrestos sin orden judicial, retenciones temporales sin cargos, citaciones ilegales a unidades policiales, y "desapariciones" breves destinadas a impedir la participación en eventos específicos o la cobertura periodística de situaciones sensibles.

Julio registró el pico máximo con 75 detenciones arbitrarias, seguido de marzo y abril, con 59 cada uno, y junio con 50. Las cifras muestran que, en los meses de mayor represión, fue la detención arbitraria el método que más empleó la dictadura para silenciar.

La detención arbitraria cumple una doble función: neutralizar temporalmente a personas críticas en momentos de trascendencia para la tiranía, e infundir miedo ejemplarizante al resto de la sociedad. No es casual que sean julio y mayo los meses con los mayores números. En mayo fechas clave como el Día Internacional de los Trabajadores, el Día Internacional de la Libertad de Prensa y el aniversario de la fundación de la República, propiciaron fuertes operativos represivos, sobre todo prohibición de salida del domicilio bajo amenaza de arresto a periodistas independientes, activistas y opositores. ¿El objetivo? Por un lado, evitar que en las celebraciones políticas del régimen puedan ocurrir “actos fuera de guion”; por otro, evitar encuentros o manifestaciones de activistas en fechas simbólicas.

Bajo ese último supuesto, en el mes de julio, los días 9, 10 y 11, la dictadura usó la detención domiciliaria como método para reprimir cualquier posible acción conmemorativa por las manifestaciones de 2021, sin precedentes en la historia cubana.

Lo hizo, entre otros contextos, para el aniversario del Proyecto Emilia, en el mes de enero, para el aniversario de otro hito de la protesta social en Cuba: el Maleconazo, en agosto, y para el Día Internacional de los Derechos Humanos, en diciembre.

La detención arbitraria fue, así mismo, ampliamente usada por el régimen en su afán de evitar el contacto de integrantes de la sociedad civil cubana con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, durante su recorrido por varias provincias del país para dialogar con activistas, opositores pacíficos y familiares de presos políticos, e interesarse por la situación que se vive en la isla. En Holguín, el 18 de mayo la activista Idelsys Pupo Labrada, madre del preso político del 11J William Leyva Pupo, fue detenida violentamente por la policía y obligada a subir a una patrulla para impedirle asistir a un encuentro con Hammer. Al día siguiente, en Puerto Padre, Las Tunas, se desplegó un fuerte operativo policial en la vivienda del activista Vladimir Martín Castellanos, y tanto él como su esposa fueron detenidos e incomunicados para impedirles acudir a un conversatorio con el diplomático. También en Puerto Padre, el expreso político Ezequiel Morales Carmenate denunció vigilancia en las afueras de su vivienda por represores de la policía política. ⁷

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo el opositor Ángel Moya, desde abril están bajo investigación por los supuestos delitos de atentar contra el orden constitucional, la independencia y soberanía de Cuba, tras reunirse con Hammer.

Sobre Soler pesan varias detenciones arbitrarias en el año. Solamente en el mes de marzo fue detenida por cinco domingos consecutivos, en lo que constituyó una evidente violación del derecho a la libertad de expresión y de religión, al impedírsele participar en misa para orar y pedir por la libertad de los presos políticos cubanos. Durante la detención del día 30 de marzo, Berta fue colocada en una celda con una presa común que la amenazó de muerte, en presencia de agentes de la Seguridad del Estado que no intervinieron, lo que indica una posible acción deliberada para intimidarla y silenciar su voz.

La protesta pacífica fue otra acción que el régimen reprimió mediante detenciones arbitrarias. El escritor y periodista Jorge Fernández Era fue detenido durante tres meses consecutivos (junio, julio y agosto), cuando se disponía a participar en la acción cívica sostenida que cada día 18 llevan a cabo académicos e intelectuales a favor de un cambio en Cuba. Durante la detención de junio, Era enfrentó gritos, ofensas y amenazas de ser llevado a Villa Marista (centro de instrucción penal y tortura de la policía política), además de recibir un acta de advertencia que se negó a firmar. En la de junio, fue llevado a la unidad policial de Zanja, y allí fue agredido físicamente por un teniente coronel y sometido a amenazas de muerte, incluyendo métodos encubiertos como provocar accidentes o envenenamiento. Imágenes médicas certificaron lesiones visibles en el rostro, el oído y otras partes del cuerpo, pero la policía se negó a tramitar su denuncia alegando que los daños eran “menores”.

En agosto, Fernández Era volvió a ser arrestado y esposado con tal fuerza que le causó una herida sangrante en la muñeca. Fue, además, sometido a un interrogatorio prolongado sin fundamentos legales y le fue retenido su carné de identidad. ⁸

El comportamiento registrado durante 2025 confirma que la detención arbitraria continúa siendo uno de los instrumentos más eficaces del aparato represivo para controlar el espacio cívico y neutralizar cualquier manifestación de disenso. Su uso reiterado, especialmente en fechas simbólicas y contextos de posible movilización social, evidencia una estrategia orientada no solo a impedir acciones concretas, sino a instaurar un clima de temor permanente que limite la participación ciudadana y el ejercicio del periodismo independiente.

La magnitud y sistematicidad de este indicador reflejan que la privación arbitraria de libertad se mantiene como una práctica normalizada dentro del modelo de control estatal, empleada de manera selectiva y preventiva para restringir derechos fundamentales y enviar un mensaje disuasorio al conjunto de la sociedad. Mientras persista este patrón, la libertad de expresión y de prensa en Cuba continuará condicionada por la amenaza constante de detención como mecanismo de silenciamiento.

3.2.3 Uso abusivo del poder estatal: 276 (262 contra la libertad de expresión y 14 contra la libertad de prensa).

En 2025 ICLEP registró 276 actos de uso abusivo del poder estatal, cometidos para castigar o silenciar a personas críticas mediante procesos penales fabricados, juicios amañados, imposición de condenas desproporcionadas, y la violación sistemática de los derechos penitenciarios de los presos políticos y de conciencia.

Junio registró el mayor crecimiento de este tipo de violación, con 44 casos que representaron un aumento del 131.6% respecto a mayo (19 casos). Ese incremento es la señal más clara del paso de la represión reactiva y callejera, a una represión planificada, “legalizada” y menos visible.

Esa reconfiguración táctica confirma que el régimen no solo detiene o agrede, sino que también instrumentaliza la ley, la justicia y las instituciones públicas como herramientas de castigo y hostigamiento.

Entre los casos documentados se encuentra la condena a cuatro años y seis meses de prisión contra Julio César Duque de Estrada Ferrer por filmar una cola para adquirir gas licuado ⁹, así como la reiterada negativa de las autoridades penitenciarias a permitir que la Dama de Blanco Sonia Álvarez visite a su hija, la presa política Sayli Navarro, por el simple hecho de vestir de blanco, en abierta violación de derechos básicos. ¹⁰

También se registraron procesos judiciales contra los pastores evangélicos Luis Guillermo Borjas y Roxana Rojas tras invocar motivos religiosos durante un juicio militar contra su hijo ¹¹; así como la condena de diez años de prisión para el activista Alexander Verdecia Rodríguez por sus publicaciones en redes sociales ¹².

En ese mismo patrón se inserta la condena a cinco años de prisión contra el artista independiente Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obdc, por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional”, tras colocar carteles con mensajes como “Queremos cambios ya” y “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”. La sentencia, emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, calificó estas expresiones como intentos de provocar desórdenes sociales. Además de la privación de libertad, el tribunal impuso la confiscación de bienes personales —incluido su teléfono móvil y dinero en efectivo—, la privación de derechos públicos y la prohibición de salida del país. Durante el proceso, las autoridades utilizaron como elementos incriminatorios su relación con medios de prensa y organizaciones de la sociedad civil independiente como Radio Martí, Cubalex y Diario de Cuba, así como su participación en iniciativas artísticas vinculadas a la promoción de derechos, evidenciando la criminalización de los vínculos con espacios informativos y cívicos no controlados por el Estado. ¹³

Estos hechos ilustran cómo el régimen cubano recurre de manera sistemática a la manipulación del marco jurídico y al uso discrecional de sus instituciones para legitimar la represión, castigar la disidencia y enviar un mensaje ejemplarizante al conjunto de la sociedad, consolidando un modelo de control que combina coerción legal con sanciones políticas.

Como parte del uso abusivo del poder estatal, durante 2025 se registraron varios casos de violaciones de derechos penitenciarios. El régimen castigó con traslado a celdas de castigo, agresiones físicas, suspensión de llamadas telefónicas, visitas y asistencia religiosa, negativa de atención médica, y otras acciones represivas, las denuncias hechas por los presos políticos, ya fuese de su situación de reclusión, o de las condiciones en las cárceles.

En el ámbito de la libertad de prensa, el uso abusivo del poder estatal se manifestó igualmente a través de medidas administrativas, judiciales y penitenciarias dirigidas a castigar o limitar el ejercicio periodístico y el pensamiento crítico. Durante el año se documentaron acciones contra la periodista independiente Orlidia Barceló Pérez, directora del medio comunitario del ICLEP El Espirituano, quien fue retenida en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Bolivia, tras ser acusada de portar un supuesto documento falso y quedar en riesgo de deportación a Cuba, donde enfrentaría represalias por su labor informativa; situación agravada por la negativa del consulado cubano a brindarle asistencia o reconocer su derecho a solicitar asilo. ¹⁴

Asimismo, el periodista Yeris Curbelo Aguilera, encarcelado tras cubrir las protestas de mayo de 2023 en la localidad de Caimanera, fue objeto de medidas punitivas dentro del sistema penitenciario, como la negativa arbitraria a acceder al trabajo correccional —derecho reconocido a otros internos— en lo que constituye una extensión del castigo por su actividad periodística. ¹⁵. También en prisión, el escritor y preso político José Gabriel Barrenechea fue sancionado con la prohibición de recibir libros o materiales de lectura, medida que restringe su acceso a la información y evidencia el uso del régimen penitenciario como herramienta de presión contra voces críticas. De igual manera, le fue negado el recurso de habeas corpus y en septiembre el Tribunal Provincial de Villa Clara dejó concluso para sentencia el juicio en su contra, en el que enfrentó una petición fiscal de 6 años de prisión por haberse manifestado el 7 de noviembre de 2024 en una protesta pacífica contra los apagones en el municipio de Encrucijada. ¹⁶

Por otra parte, el historiador e investigador Alexander Hall Lujardo permaneció bajo prohibición de salida del país y sometido a presiones para autoinculparse, en un contexto en el que las autoridades vincularon la medida a su trabajo académico y a su colaboración con el medio independiente El Toque, ilustrando cómo los mecanismos administrativos y migratorios son utilizados para obstaculizar la labor intelectual y periodística independiente. ¹⁷

En conjunto, estos casos evidencian un patrón sostenido de instrumentalización de las estructuras legales, administrativas y penitenciarias para restringir derechos fundamentales y reforzar mecanismos de control sobre quienes ejercen el periodismo, el activismo o la crítica pública, lo que permite dimensionar el alcance estructural de este método represivo.

El análisis del uso abusivo del poder estatal durante 2025 confirma que el régimen cubano insiste en la estrategia de revestir de legalidad la represión, trasladando el castigo desde el ámbito policial hacia el judicial y administrativo con el propósito de conferir apariencia de legitimidad a prácticas que vulneran derechos fundamentales. La manipulación de procesos penales, la aplicación discrecional de sanciones, las restricciones migratorias y la utilización del sistema penitenciario como espacio de coerción reflejan un modelo de control que trasciende la persecución directa y se inserta en el funcionamiento ordinario de las instituciones.

3.2.4 Restricciones en el espacio digital: 41 (28 contra la libertad de expresión y 13 contra la libertad de prensa).

Durante 2025 ICLEP documentó 41 casos de control tecnológico, ya fuese mediante cortes selectivos de internet, bloqueo de cuentas en redes sociales, ataques cibernéticos tipo DDoS contra medios independientes, vigilancia de comunicaciones privadas, y limitaciones al acceso a plataformas digitales.

Uno de los casos emblemáticos fue el ataque cibernético contra el medio independiente El Toque el 17 de diciembre, que provocó la caída intermitente de su portal web mediante un ataque tipo DDoS (denegación de servicio). El medio denunció que no se trató de un fallo técnico sino de un intento deliberado de impedir el acceso a la información, coincidiendo con campañas de descrédito oficialistas contra sus periodistas por la publicación diaria de la Tasa Representativa del Mercado Informal de Divisas. ¹⁸

Otro caso relevante, también en el mes de diciembre, fue el bloqueo temporal de la cuenta de WhatsApp del periodista cubano-estadounidense Mario J. Pentón, tras revelar información sobre viajes diplomáticos privilegiados de miembros de la familia Castro. ¹⁹

En el mes de abril, el régimen procedió a cortar el servicio de Internet en todo el reparto Altamira, en la ciudad de Santiago de Cuba, en medio de una visita de periodistas de la agencia internacional Reuters al líder opositor José Daniel Ferrer García en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

En junio, la decisión del monopolio estatal ETECSA de aumentar abruptamente las tarifas de internet móvil constituyó en sí misma una violación al derecho de acceso libre a internet, al imponer una barrera económica que limitó gravemente la capacidad de comunicación y expresión de miles de cubanos, y que implicó otras violaciones, como amenazas e interrogatorios, especialmente a jóvenes universitarios que protestaron contra la medida.

En octubre, la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, de 20 años, sufrió un bloqueo selectivo de conectividad. Según su denuncia, el 16 de ese mes perdió repentinamente el acceso a llamadas y datos móviles, situación que se repitió varios días después. El servicio aparecía como "activo" en el sistema de ETECSA, pero las interrupciones coincidían con precisión con sus publicaciones críticas sobre la realidad cubana. Al acudir a una oficina de la empresa estatal, no recibió explicación alguna y se le exigió entregar su teléfono para una supuesta revisión técnica, a lo que se negó. El caso es una clara muestra de cómo el monopolio de las telecomunicaciones actúa como instrumento de castigo selectivo, convirtiendo la conectividad en un privilegio condicionado a la obediencia política. ²⁰

3.2.5 Agresiones físicas: 32 (30 contra la libertad de expresión y 2 contra la libertad de prensa).

Aunque con cifras inferiores respecto a otros indicadores, las 32 agresiones físicas registradas por ICLEP durante 2025, confirma que el régimen mantiene disponible el recurso de la violencia directa contra quienes se atreven a romper el cerco de silencio impuesto.

De los hechos registrados, solo dos estuvieron relacionados con el ejercicio de la libertad de prensa. En ambos la víctima fue el periodista y escritor Jorge Fernández Era, quien durante algunas de las detenciones arbitrarias que sufrió cuando pretendía participar en actos de protesta cívica, sufrió golpes y medidas de inmovilización extremas.

De manera general, las agresiones físicas documentadas evidencian un patrón recurrente en el que la violencia se produce, en la mayoría de los casos, durante detenciones arbitrarias o en el contexto de acciones de protesta pacífica. Por ejemplo, la activista Yamilka Lafita sufrió un esguince de grado dos en el pie tras ser empujada por agentes mientras era trasladada por la fuerza a una unidad policial en La Habana ²¹, mientras Sunamis Quintero García, madre de dos pequeños de uno y cinco años, fue golpeada por agentes durante su arresto en medio de una manifestación por los prolongados cortes eléctricos en el municipio de Guanabacoa. ²²

Por su parte, el joven Leonardo Romero Negrín fue golpeado al ser detenido por realizar una protesta pacífica en el Parque Central de La Habana ²³, mientras que el anciano Héctor Julio Cedeño, de 71 años, fue arrestado violentamente por manifestar su inconformidad mediante un cartel crítico con la situación del país. ²⁴. Estos episodios reflejan la disposición de las fuerzas represivas a emplear la fuerza física como mecanismo de castigo inmediato frente a expresiones públicas de descontento.

De especial gravedad resulta el caso de Jenni M. Taboada, madre del preso político Duannis León Taboada, quien fue sometida a agresión sexual y tortura psicológica durante un interrogatorio en la unidad policial El Capri, en Arroyo Naranjo, como represalia por buscar apoyo internacional para su hijo. Durante el interrogatorio, agentes de la Seguridad del Estado la humillaron llamándola “mala madre” por reunirse con personal diplomático, y cuando reaccionó ante las ofensas, varios represores la redujeron con violencia. En medio del forcejeo, un agente identificado como “Luisito” invadió su integridad física mediante contacto de carácter sexual no consentido, en un acto de abuso que evidencia el uso de la violencia y la humillación como herramientas para quebrar emocionalmente a familiares de presos políticos. Este episodio ilustra hasta qué punto la represión puede adquirir formas degradantes y profundamente lesivas contra la dignidad humana. ²⁵

Otro patrón resultante del análisis de las agresiones físicas cometidas por el régimen durante 2025 contra el ejercicio de la libertad de expresión, es que son los prisioneros políticos las víctimas más recurrentes. Del total de registros, 16 pertenecen a presos políticos.

Durante junio y julio, José Daniel Ferrer, entonces recluido en la prisión de Mar Verde, sufrió brutales golpizas y torturas durante varios días consecutivos, a manos de oficiales del penal y reclusos comunes utilizados como instrumento represivo por las autoridades carcelarias del régimen.

Además de golpearlo salvajemente con puños, patadas y objetos contundentes en la cabeza, el abdomen, la espalda, las piernas y los brazos, Ferrer fue sometido a otras formas de tortura: le torcieron los dedos y le giraron las muñecas con fuerza hasta casi fracturarlas; le apretaron la nariz y la cara para obligarle a abrir la boca mientras otro represor lo sujetaba por el cuello, en un intento de forzarlo a ingerir leche. En una ocasión, la brutalidad fue tal que terminó defecándose encima. ²⁶

Otros casos revelan el uso de la agresión física como castigo por acciones de protesta dentro la prisión: Eider Frómeta Allen, por ejemplo, fue golpeado y arrastrado hasta su destacamento por agentes penitenciarios de la cárcel de Boniato, por reclamar la suspensión de la visita familiar. ²⁷

En la Prisión Combinado del Este, el preso político Walfrido Rodríguez Piloto fue brutalmente golpeado por gritar ¡Patria y Vida!, como forma de protesta por la interrupción repentina de su visita familiar. ²⁸

En la prisión de Ariza, el preso político Idalberto Reyes Saroza fue golpeado violentamente por el jefe de Orden Interior del penal, para, según él, obligarlo a “dejar de subvertir a los allí condenados”. ²⁹

En conjunto, los hechos documentados confirman que la agresión física continúa siendo un recurso disponible dentro del repertorio represivo del Estado, empleado principalmente en contextos de detenciones arbitrarias, protestas pacíficas y dentro del sistema penitenciario, con especial ensañamiento contra prisioneros políticos y activistas visibles. Aunque numéricamente inferior a otras formas de violación, es evidente que el régimen continúa con disposición a la violencia directa como mecanismo de castigo, intimidación y control frente al ejercicio de derechos fundamentales.

3.2.6 Reclusión: 18 (17 contra la libertad de expresión y 1 contra la libertad de prensa).

Las 18 reclusiones documentadas por el ICLEP en 2025 corresponden a personas que ingresaron al sistema penitenciario durante el año por ejercer su derecho a la libertad de expresión, representando el 1.5% del total de violaciones. El 94.4% de los casos afectaron la libertad de expresión. El único caso registrado como violación a la libertad de prensa fue el del periodista independiente y activista Ángel Cuza, trasladado a la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este, en La Habana, donde permaneció en régimen de prisión provisional bajo acusaciones de tenencia ilegal de armas y otros supuestos delitos contra la Seguridad del Estado. Cuza había sido interceptado el 25 de julio por agentes del régimen cuando se dirigía a visitar a un amigo en La Habana, en medio de los operativos desplegados con motivo del 26 de julio, una fecha simbólica para el régimen, Durante una requisa, los oficiales le encontraron una vieja bala que cargaba como amuleto de carácter espiritual desde hacía años, lo cual fue utilizado como pretexto para su arresto. Ana Castillo, madre de su hija, confirmó el 30 de julio a Martí Noticias que Cuza logró comunicarse con ella telefónicamente desde el penal. El carácter fabricado de la acusación queda ilustrado por el contexto inmediato: Cuza había sido liberado apenas el 3 de mayo, tras cumplir una condena de un año y seis meses por "alteración del orden público" derivada de un incidente ocurrido en diciembre de 2022 durante una cola para comprar alimentos. En el momento de su excarcelación, un oficial de la Seguridad del Estado identificado como Pablo le advirtió: "A la mínima que hagas, vas a regresar a la misma cama que dejas aquí", y le sugirió abandonar el país, táctica habitual del régimen para forzar al exilio a opositores, activistas y periodistas independientes. ³⁰

Entre las 17 reclusiones por violaciones a la libertad de expresión, destacan los casos de Donaida Pérez Paseiro, Jaime Alcides Firdó Rodríguez, Félix Navarro y José Daniel Ferrer, a quienes les fueron revocadas la libertad condicional que habían recibido a inicio de año.

En el caso de Donaida la justificación oficial fue el "incumplimiento de obligaciones laborales". Sin embargo, el ICLEP constató que el verdadero motivo fue que la activista nunca dejó de ejercer su derecho a la libertad de expresión tras ser excarcelada, manteniéndose activa en redes sociales y exigiendo la liberación de su esposo, el también preso político Loreto Hernández. ³¹

Por su parte, Jaime Alcides Firdó Rodríguez fue regresado a la cárcel ante su negativa a colaborar con la Seguridad del Estado. La policía política lo citó en varias ocasiones después de su liberación con el propósito de obligarlo a trabajar para ella. Negarse a convertirse en informante constituye en sí mismo un posicionamiento político cuya represalia configura una vulneración de la libertad de expresión en su dimensión más elemental: el derecho a no verse obligado a decir lo que el Estado ordena. ³²

Ferrer y Félix Navarro, en tanto, fueron recluidos en el mes de abril, apenas tres meses después de su excarcelación, bajo el alegato de que ambos habían incumplido las condiciones impuestas para este beneficio. ³³

Otro caso emblemático fue el del artista y pintor Leonard Richard González Alfonso, detenido el 22 de junio sin orden judicial, un día después de escribir de manera pacífica la frase "¿Hasta cuándo? Nos están matando", en una pared del municipio de Regla, en La Habana. Desde entonces permaneció en prisión. En febrero de 2026 enfrentó un juicio en el que la fiscalía solicitó una condena de ocho años de privación de libertad bajo el cargo de "propaganda contra el orden constitucional", evidenciando la criminalización del arte crítico y de la expresión pública en espacios físicos. ³⁴

La activista Ana Ibis Tristá Padilla, de 36 años y natural de Las Tunas, fue condenada a 14 años de prisión por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, luego de haber sido absuelta previamente por los mismos hechos. Según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización que tuvo acceso a la sentencia, Tristá Padilla fue sancionada por los supuestos delitos de "propaganda contra el orden constitucional" y "otros actos contra la seguridad del Estado". La sentencia fue notificada el 19 de septiembre, momento en el que fue arrestada y trasladada a prisión en la provincia de Las Tunas. ³⁵

El conjunto de casos documentados en este indicador comparte un rasgo definitorio: en ninguno de ellos la privación de libertad respondió a la comisión de un delito reconocible bajo estándares internacionales, sino al ejercicio de derechos garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son, a todas luces, actos de criminalización del disenso revestidos de apariencia legal.

La reclusión produce un daño de carácter irreversible en el tiempo que dura y en las secuelas que deja. Cada día de privación de libertad por ejercer la libertad de expresión es un día irrecuperable para la víctima y su familia. La ausencia de mecanismos judiciales independientes en Cuba hace que ninguno de los casos documentados haya tenido acceso a vías de reparación efectiva, consolidando la impunidad como norma y el encarcelamiento como advertencia permanente, como acto ejemplarizante.

3.2.7 Comparativa del comportamiento de indicadores 2024 vs 2025

El análisis comparativo 2024-2025 por indicador revela no solo un crecimiento cuantitativo global del 54.7%, sino una reconfiguración cualitativa del repertorio represivo del régimen cubano.

De acuerdo a los datos registrados, cuatro indicadores crecieron, dos descendieron, y el peso relativo de cada uno dentro del total registró desplazamientos significativos que permiten identificar una evolución en la estrategia de control político del Estado:

El desplazamiento hacia la represión de contacto directo. El rasgo más definitorio de 2025 es el crecimiento desproporcionado de las detenciones arbitrarias, que pasaron de 150 a 386 casos, un incremento del 157.3%. Este es el mayor salto porcentual entre los indicadores que crecieron y convierte a las detenciones en el método con el desplazamiento más pronunciado dentro de la composición total: su peso relativo aumentó del 19.5% en 2024 al 32.5% en 2025, ganando trece puntos porcentuales. En la práctica, esto significa que en 2025 casi una de cada tres violaciones documentadas fue una detención arbitraria, cuando en 2024 era apenas una de cada cinco. La detención dejó de ser un instrumento complementario para convertirse en el método hegemónico de la represión visible.

La consolidación del hostigamiento psicológico como eje estructural. Los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas mantuvieron su posición como el indicador con mayor volumen absoluto, creciendo de 267 a 435 casos (+62.9%) y preservando prácticamente el mismo, peso relativo dentro del total: pasaron del 34.8% al 36.6%, con una variación de apenas 1.8 puntos porcentuales. Esta estabilidad proporcional, combinada con el crecimiento en números absolutos, indica que el hostigamiento psicológico no fue desplazado ni sustituido por otras formas de represión, sino que creció al mismo ritmo que el conjunto. Su permanencia como el indicador más voluminoso confirma que el régimen lo concibe como el sostén permanente del sistema de control, eficaz precisamente porque opera de forma continua, sin los costos de visibilidad asociados a las detenciones masivas.

La legalización progresiva de la represión. El uso abusivo del poder estatal creció de 160 a 276 casos (+72.5%), el segundo mayor incremento porcentual entre los indicadores que aumentaron, y su peso relativo pasó del 20.8% al 23.2%. Junto con las detenciones arbitrarias, este indicador concentra en 2025 más de la mitad de todas las violaciones documentadas (55.7%), una proporción que en 2024 era del 40.3%. Esa lectura conjunta es relevante porque ambos indicadores comparten un rasgo común: la instrumentalización de las instituciones del Estado —la policía, el poder judicial, la fiscalía, el sistema penitenciario— como herramientas de represión directa o mediada. El crecimiento paralelo de ambos sugiere una estrategia dual: detención como mecanismo de neutralización inmediata, y abuso del poder como mecanismo de sanción prolongada y ejemplarizante.

El desplome de las restricciones digitales: sofisticación, no retroceso. El descenso de 141 a 41 casos en el indicador de restricciones en el espacio digital (-70.9%) es el dato que, a primera vista, podría interpretarse como una distensión. El análisis contextual descarta esa lectura. Lo que los datos reflejan es un cambio de estrategia en el control del entorno digital: el régimen abandonó los bloqueos masivos e indiscriminados de internet, que generaban visibilidad internacional y documentación sistemática por parte de organizaciones especializadas, y los sustituyó por intervenciones focalizadas y selectivas —ataques DDoS contra medios específicos, vigilancia personalizada de cuentas, cortes territoriales puntuales— que son más difíciles de verificar y registrar. El peso de este indicador cayó del 18.4% al 3.5% del total, lo que lo coloca en 2025 como el indicador con menor representación proporcional, cuando en 2024 era el tercero en volumen. La divergencia entre la reducción cuantitativa y la sofisticación cualitativa es una señal de alerta metodológica: el subregistro en esta categoría puede ser mayor en 2025 que en años anteriores.

La violencia directa, pequeña, pero en aumento. Las agresiones físicas crecieron de 21 a 32 casos (+52.4%), pero mantuvieron exactamente el mismo peso relativo dentro del total en ambos años (2.7%). Este dato merece una doble lectura. Por un lado, el régimen no recurrió de forma masiva a la violencia física como método principal, lo que es consistente con la preferencia histórica por formas de represión menos visibles. Por otro, el crecimiento en términos absolutos, y el hecho de que el indicador creció proporcionalmente más que la media global (+54.7% general frente a +52.4% para este indicador), señala que la violencia directa no se redujo ni se moderó: creció al ritmo del sistema. El mantenimiento de su peso relativo indica que la violencia física no está siendo sustituida por otras formas de represión, sino que coexiste con ellas como recurso disponible y utilizado de forma sostenida.

El descenso de las reclusiones: una advertencia sobre el subregistro. La caída en el indicador de reclusión, de 29 a 18 casos (-37.9%), con una reducción en el peso relativo del 3.8% al 1.5%, es el dato que requiere mayor cautela interpretativa. Una primera lectura podría sugerir que el régimen recurrió menos a las condenas de privación de libertad. Sin embargo, la documentación de los informes mensuales de 2025 registró un número considerable de condenas dictadas por hechos ocurridos en 2024 y procesados en 2025. El criterio metodológico del ICLEP —que registra las reclusiones en el período en que se materializan— puede producir una subestimación cuando los procesos judiciales se prolongan durante meses antes de concluir en sentencia. Adicionalmente, el traslado de la represión hacia el uso abusivo del poder estatal, que incluye prisión preventiva prolongada y condenas comunicadas en períodos posteriores, sugiere que parte del fenómeno que en 2024 se registraba como reclusión directa migró en 2025 a este otro indicador. La reducción numérica, en consecuencia, no implica menor criminalización del disenso, sino posiblemente un cambio en el momento y el mecanismo de su formalización.

2025 no fue simplemente un año con más represión, sino con una represión cualitativamente distinta: más dependiente de la detención arbitraria, más anclada al uso del poder institucional del Estado, y con un control digital aparentemente menor, pero en realidad más selectivo y difícil de documentar. La composición de los indicadores confirma la hipótesis de una reconfiguración estratégica orientada a mantener el control totalitario con una menor exposición internacional, priorizando métodos que pueden presentarse como actos de aplicación de la ley frente a aquellos que generan mayor escrutinio externo.

3.3 Motivos y detonantes de las agresiones.

¿Qué causas desataron en 2025 la represión del régimen cubano contra la libertad de expresión y de prensa? ¿Cuánto variaron de un año a otro?

Tabla 5 — Motivos y Detonantes de las Agresiones · Comparativo 2024–2025

Fuente: ICLEP. Nota: Un registro puede tener más de un motivo identificado. Los tres principales detonantes en 2025 — represión sistemática (197), participación en actos religiosos (181) y participación en protestas (162) — representan el 55,8% de todos los registros.

En 2025, los hechos o situaciones que generaron más violaciones fueron la represión sistemática (197 registros, 20.4% del total), la participación en actos religiosos (181 registros, 18.7%) y la participación en protestas (162 registros, 16.7%). En conjunto, estos tres detonantes concentran el 55.8% de todos los registros del año, lo que significa que más de la mitad de los casos documentados respondieron a uno de estos tres comportamientos: el ejercicio rutinario y continuo de la disidencia, el intento de asistir a un acto de fe, o la expresión colectiva del descontento social.

La preponderancia de la represión sistemática, entendida como el hostigamiento sostenido sobre personas por el simple hecho de ser quienes son y pensar lo que piensan, revela que el régimen no espera a que sus objetivos hagan algo para actuar, sino que los persigue de forma preventiva y continua como política de neutralización estructural.

La participación en actos religiosos como segundo detonante en volumen es el dato más llamativo y distintivo de 2025. Expresa de forma directa el patrón represivo contra las Damas de Blanco, organización que fue hostigada sistemáticamente cada domingo del año al intentar asistir a misa para orar por la libertad de los presos políticos. La cifra resume un año entero de operativos policiales ante las viviendas de las activistas, citaciones policiales, detenciones y amenazas, con el único objetivo de impedir el ejercicio simultáneo de la libertad religiosa y la libertad de expresión.

El tercer lugar de la participación en protestas refleja la respuesta represiva ante el ciclo de movilización ciudadana que generó la crisis energética y de abastecimiento durante 2025. Cortes de luz prolongados, escasez de agua potable y alimentos derivaron en protestas espontáneas en múltiples provincias, ante las que el régimen respondió con detenciones, agresiones físicas, interrogatorios y condenas judiciales. El régimen no solo reprimió las protestas en el momento en que ocurrían, sino que persiguió a sus participantes durante semanas y meses posteriores mediante procesos penales.

El contacto con la comunidad internacional y la denuncia de condiciones carcelarias, con 50 registros cada uno en 2025, fueron otros dos detonantes que registraron un crecimiento significativo en relación con el año precedente. El primero revela que reunirse con un diplomático extranjero, conceder una entrevista a un medio internacional o participar en una actividad de organizaciones de la sociedad civil en el exterior fue suficiente para convertirse en objetivo represivo. El segundo, muestra que los presos políticos que hicieron públicas sus condiciones de reclusión, o cuyos familiares las denunciaron, fueron sancionados con medidas disciplinarias adicionales, restricciones de visitas y traslados a celdas de castigo como represalia directa.

La represión por expresión simbólica, con 47 registros en 2025 vs 39 registros en 2024, y que engloba actos como portar carteles en espacios públicos, vestir camisetas con mensajes políticos, colocar flores o velas en lugares de memoria, o escribir frases en paredes, es el detonante que mejor ilustra la intolerancia total del régimen ante cualquier forma de disenso visible, por mínima que sea su escala.

Las publicaciones en redes sociales (con 95 registros en 2025, seis más que en 2024) mantuvieron su relevancia como detonante. El pasado año las represalias por publicaciones en Internet se canalizaron a través de interrogatorios, detenciones, y procesos judiciales.

Un caso emblemático de limitación a la libertad de expresión y de prensa en la red tuvo como víctimas a los youtubers españoles: Raúl, Fabián y Pablo, creadores de Black Mango Podcast. Tras compartir en su perfil en Instagram una story mostrando el deterioro de un barrio en las cercanías del Capitolio de La Habana, recibieron una llamada en la que le hicieron saber que oficiales del gobierno querían reunirse con ellos. Durante el interrogatorio, les reclamaron por la publicación, aludiendo que “estaba causando mala imagen” del país; les revisaron los teléfonos y les solicitaron los pasaportes, lo que les hizo pensar que podrían negarle la salida del país. La incertidumbre y el miedo los acompañó hasta que se montaron en el avión.

“Si a nosotros, siendo extranjeros, nos hacen esto por una story, ¿qué no le harán al cubano de a pie? ¿A cuántos los desaparecen sin que nadie se entere?”, reflexionaron los muchachos en un capítulo de su podcast Black Mango, calificando abiertamente a Cuba de dictadura intolerante. ³⁶

Lo cierto es que en Cuba las redes sociales, en lugar de ser un espacio libre de debate, se han convertido en terreno vigilado donde la Seguridad del Estado busca sembrar el miedo y el autocontrol.

El joven santiaguero Yasmani Echavarría fue objeto de hostigamiento por parte de agentes de la Seguridad del Estado luego de comentar públicamente en una publicación de redes sociales la frase: “Para la calle vamos”. Según reportes, los agentes se presentaron en su barrio e incluso contactaron a la presidenta del CDR local para indagar sobre su paradero, generando alarma entre los vecinos. ³⁷

Asimismo, el ciudadano Enrique Ramos Bosch fue detenido el 9 de diciembre y trasladado al Centro de Operaciones de Versalles, presuntamente por publicar en Facebook una queja sobre los prolongados apagones y por dirigir críticas al régimen de Miguel Díaz-Canel. Las autoridades lo acusan de “desacato”, pero no es más que un nuevo caso de represión por expresar una opinión en redes sociales. ³⁸

La represalia por vínculos familiares —la llamada represión vicaria— se mantuvo estable en 22 registros, idéntica cifra a 2024. Este detonante documenta una de las formas más perversas de la represión: castigar a los familiares de presos políticos, periodistas o activistas como mecanismo de presión indirecta sobre la víctima principal. La persecución sistemática de madres, esposas e hijos de presos del 11J es su expresión más documentada a lo largo del año.

Los detonantes que descendieron en cantidad de 2024 a 2025 revelan igualmente tendencias significativas. La fecha simbólica para la sociedad civil cayó de 133 a 124 registros (-6.8%), y la fecha simbólica para el régimen de 46 a 37 (-19.6%). El descenso conjunto de ambos sugiere que la represión en 2025 se distribuyó de forma más homogénea a lo largo del año, sin concentrarse tan marcadamente en fechas concretas como en 2024, lo que es consistente con el análisis de la distribución mensual: la represión de 2025 tuvo pisos más altos en todos los meses, no solo en los de mayor valor simbólico.

El ejercicio de la libertad de creación artística y cultural descendió de 14 a 9 registros (-35.7%), y la documentación ciudadana de la realidad de 16 a 9 (-43.8%). Ambos descensos no implican una mayor tolerancia hacia el arte crítico o el periodismo ciudadano, sino la consolidación del efecto disuasorio acumulado: el encarcelamiento de artistas como Fernando Almenares Rivera o Leonard Richard González Alfonso produce autocensura en otros creadores que deciden no documentar ni expresar para no convertirse en el siguiente objetivo.

La lectura conjunta de ambos años confirma una tendencia central: cada año que pasa el espacio de lo permitido se reduce, y el espacio de lo castigado se expande.

3.4 Perfil de las víctimas

Durante 2025, el ICLEP identificó un total de 968 registros distribuidos entre las distintas categorías de víctimas, cifra que es inferior al total de violaciones documentadas (1188) por cuanto un mismo hecho puede involucrar a más de una víctima, pero superior al número de personas afectadas por cuanto una misma víctima puede acumular más de un registro a lo largo del año. Esta última precisión no es un detalle metodológico menor: es, en sí misma, una de las conclusiones más reveladoras del informe. Que el número de registros supere al número de víctimas individuales identificadas significa que el régimen cubano no reprime una vez y se detiene. La reincidencia represiva sobre las mismas personas es una característica estructural del sistema de control político cubano, no una anomalía.

Este fenómeno —al que el ICLEP denomina represión acumulativa— tiene una función precisa dentro de la estrategia de control del régimen: no busca únicamente castigar un acto concreto de disidencia, sino desgastar a la víctima moral, económica y psicológicamente hasta que abandone el activismo, el periodismo o la denuncia pública. Cada nueva agresión sobre una víctima ya registrada es una señal dirigida simultáneamente a ella y a quienes la rodean: el Estado tiene memoria, tiene recursos ilimitados para reprimir y tiene voluntad de persistir. La víctima, en cambio, tiene una sola vida, una sola familia y un umbral finito de resistencia.

Tabla 6 — Clasificación de Víctimas por Categoría · Año 2025

Fuente: ICLEP. El total de registros (968) es menor que el total de violaciones (1.188) porque un registro puede incluir más de un indicador represivo; y mayor que el total de individuos identificados porque la misma persona puede acumular varios registros durante el año.

La categoría con mayor volumen de registros en 2025 fue la de activistas, con 292 casos que representan el 30.2% del total. El activismo en Cuba no es una actividad política en el sentido convencional del término, dado que el sistema de partido único prohíbe cualquier forma de organización política independiente. Lo que el ICLEP clasifica como activista es, en la mayoría de los casos, una persona que reclama el cumplimiento de derechos reconocidos internacionalmente: el derecho a manifestarse, a reunirse, a expresarse, a defender a otros. Que esa categoría encabece la tabla con casi un tercio de todos los registros del año refleja la determinación del régimen de neutralizar cualquier forma de organización cívica independiente, por modesta que sea su escala de acción.

Los ciudadanos sin afiliación política reconocida ocupan el segundo lugar con 181 registros (18.7%). Este dato es uno de los más significativos del informe porque documenta la expansión de la represión más allá de los círculos organizados de la disidencia. Un ciudadano en la clasificación del ICLEP es una persona que no es periodista, no es activista conocido, no pertenece a ninguna organización opositora: es alguien que publicó un comentario en Facebook, que protestó contra un apagón en su barrio, que filmó una cola con su teléfono, que gritó una consigna desde la ventana de su casa. Que 181 registros correspondan a esta categoría confirma que el régimen cubano no tolera el disenso ni siquiera en su forma más espontánea, desorganizada y apolítica. La represión en 2025 alcanzó a la ciudadanía ordinaria con una intensidad que no tiene precedente en los registros del ICLEP.

Los periodistas acumularon 163 registros (16.8%), cifra que debe leerse con una advertencia metodológica ya señalada en otros apartados de este informe: el número de periodistas activos en Cuba es cada vez menor, porque la mayoría ha debido exiliarse ante la imposibilidad de ejercer en condiciones mínimas de seguridad. Que 163 registros correspondan a esta categoría no refleja la magnitud total de la presión sobre la prensa independiente, sino únicamente la que fue posible documentar sobre quienes aún permanecen en la isla. La densidad represiva por periodista activo es, en consecuencia, considerablemente mayor que la que el número absoluto sugiere.

Los presos políticos acumularon 161 registros (16.6%), lo que confirma que el sistema penitenciario es en sí mismo un espacio de represión continuada y no solo el destino final de una condena. Ser preso político en Cuba no implica quedar fuera del alcance del aparato represivo: implica quedar dentro de él de forma permanente y sin posibilidad de denuncia directa. Los registros correspondientes a esta categoría incluyen agresiones físicas dentro de los penales, traslados a celdas de castigo, suspensión de visitas y llamadas telefónicas, negativa de atención médica, prohibición de acceso a materiales de lectura y represalias por declaraciones o denuncias filtradas al exterior. Cada uno de esos hechos es una violación adicional a la que ya representa la privación de libertad en sí misma, y cada uno genera un registro independiente en el sistema del ICLEP.

Los opositores registraron 105 casos (10.8%). A diferencia de los activistas, cuya acción suele ser de carácter cívico y reivindicativo, los opositores son personas que sostienen posicionamientos políticos explícitamente contrarios al régimen y que actúan, en la medida de lo posible, como alternativas organizadas al poder establecido. Su volumen de registros confirma que el régimen mantiene una vigilancia específica y sostenida sobre este sector.

La categoría de expresos políticos, registrada con 17 casos, documenta un fenómeno que el informe de 2024 no recogía con esta intensidad: las personas excarceladas —ya sea por cumplimiento de condena, por libertad condicional o en el marco de negociaciones diplomáticas— no recuperan el pleno ejercicio de sus derechos al salir de prisión. Continúan siendo vigiladas, hostigadas, citadas e incluso reencarceladas. Los casos de Donaida Pérez Paseiro y Jaime Alcides Firdó Rodríguez, ya documentados en el epígrafe de reclusión, ilustran que la condición de expreso político en Cuba es, con frecuencia, un estado de libertad vigilada y precaria que puede revertirse en cualquier momento a voluntad del Estado.

Las categorías de artistas y creadores (14 registros), perfiles de redes sociales (14 registros) y creadores de contenido (6 registros) documentan la extensión de la represión hacia nuevos actores que, en la percepción del régimen, representan formas emergentes de disidencia cultural e informativa. Los perfiles de redes sociales como categoría de víctima reflejan hechos en los que la agresión se dirige contra una cuenta o perfil digital, más que contra una persona física identificada. Su inclusión como categoría separada responde a la voluntad metodológica del ICLEP de documentar la represión en el entorno digital con la misma precisión que en el espacio físico.

Los medios de prensa como víctima institucional (7 registros) y las organizaciones (2 registros) completan el cuadro con una dimensión colectiva: la represión no solo alcanza a individuos, sino también a las estructuras que los agrupan y les dan proyección.

Los datos de la tabla, leídos en su integralidad, describen una sociedad sometida a un sistema de vigilancia y castigo. En Cuba, la represión no tiene un blanco único ni un límite definido: tiene una lógica expansiva orientada a convertir el silencio en regla.

3.5 Represión sin distinción de género: análisis por sexo de las víctimas

La distribución de los registros del ICLEP por género de la víctima ofrece una perspectiva adicional sobre el alcance estructural de la represión en Cuba: el aparato estatal no discrimina en función del sexo de quien se expresa. Reprime a quien habla, independientemente de quién sea.

Tabla 7 — Violaciones por Género de la Víctima · Año 2025

Fuente: ICLEP. Datos finales 2025. · El régimen no discrimina por género: las mujeres representan más de 4 de cada 10 registros documentados. La diferencia entre las proporciones masculina y femenina refleja la composición sociológica de la disidencia cubana — no un menor nivel de represión contra las mujeres. Las formas específicas de violencia de género (p. ej., agresión sexual) están documentadas dentro del indicador de agresiones físicas.

Los hombres acumulan el 55.8% de los registros y las mujeres el 41.3%. La diferencia es de 14.5 puntos porcentuales. Ello, sin embargo, no debe interpretarse como una menor presión sobre la población femenina. Es, en todo caso, el reflejo de una composición sociológica de la disidencia cubana, en la que los hombres son más numerosos en términos absolutos en categorías como presos políticos y opositores.

Lo cierto es que el régimen no establece distinción de género en la aplicación de la coerción. La presencia de mujeres en más de cuatro de cada diez registros de hechos violatorios es un reflejo, primero, de su participación en el activismo, el periodismo independiente y la defensa de la libertad de Cuba, y segundo, de la voluntad del aparato represivo de responder a esa presencia con los mismos métodos y la misma intensidad que emplea contra los hombres.

La represión en Cuba tiene carácter vertical: cae sobre quien se expresa sin atender al género, la edad, la condición social ni la afiliación política de la víctima. Lo que activa la respuesta del aparato represivo no es quién habla, sino el hecho de hablar. Esa verticalidad es uno de los rasgos más totalitarios del sistema: la ausencia de criterios de selección basados en el perfil de la víctima significa que nadie que disienta está a salvo, y que el efecto disuasorio de cada agresión se proyecta sobre el conjunto de la población sin distinción.

La verticalidad de la represión no implica, sin embargo, que la experiencia represiva sea idéntica para hombres y mujeres. El umbral para reprimir es igualmente bajo para ambos, pero las formas específicas que la represión adopta pueden diferir según el género de la víctima, incorporando en algunos casos dimensiones de violencia orientadas a vulnerar la dignidad de las mujeres de manera particular: la agresión sexual como herramienta de interrogatorio y la presión sobre el rol materno como vector de desestabilización emocional son modalidades documentadas en los registros de 2025 que agravan la vulneración de derechos, ya de por sí grave, contra las mujeres.

El análisis desagregado por género es un elemento que el ICLEP tendrá en cuenta para próximos informes, con el objetivo de documentar con mayor precisión estas especificidades.

3.6 Principales perpetradores

El análisis de las entidades responsables de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa documentadas por el ICLEP en 2025 confirma una realidad que no admite matices: la represión en Cuba es, en su totalidad, una política de Estado. De los 968 registros que componen la base de datos del ICLEP para 2025, en 953 el perpetrador identificado pertenece al aparato estatal cubano. No se trata de excesos individuales, de abusos esporádicos de funcionarios fuera de control ni de episodios aislados que el Estado pudiera invocar como ajenos a su voluntad institucional. Se trata de una maquinaria coordinada, sostenida y deliberada, que emplea sus propias estructuras para silenciar a quienes ejercen su derecho a expresarse libremente.

La Seguridad del Estado encabeza la lista de entidades violatorias con 423 registros, el 43.7% del total identificado. Su predominio no sorprende: la policía política cubana opera como el cerebro organizativo de la represión, diseñando y coordinando los operativos, gestionando la vigilancia permanente de activistas y periodistas, ejecutando las citaciones e interrogatorios, y dirigiendo las acciones de hostigamiento psicológico sostenido. A diferencia de otros cuerpos represivos, la Seguridad del Estado actúa con frecuencia de forma encubierta lo que hace que su presencia real en los hechos documentados sea probablemente mayor a la que la cifra refleja.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acumula 356 registros, el 36.8% del total. Es el brazo ejecutor más visible de la represión cotidiana: realiza las detenciones arbitrarias, interviene en la disolución de manifestaciones, traslada a las víctimas a las unidades policiales, custodia los operativos de vigilancia y ejecuta las órdenes que la Seguridad del Estado diseña. Con frecuencia, la actuación de la PNR y la Seguridad del Estado es simultánea, lo que explica que muchos registros tengan a ambas como perpetradores.

El Sistema Penitenciario aparece con 118 registros (12.2%), cifra que confirma que la privación de libertad no es el final del proceso represivo sino una fase más de él. Los registros asociados a esta entidad corresponden a agresiones físicas dentro de los penales, sanciones disciplinarias arbitrarias, suspensión de visitas y comunicaciones, negativa de atención médica, traslados a celdas de castigo y condiciones de reclusión que constituyen en sí mismas tratos crueles, inhumanos y degradantes. El sistema penitenciario cubano funciona como una extensión del aparato represivo dentro de sus propias instalaciones, aplicando castigos adicionales a personas que ya están privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales.

El Sistema Judicial registra 113 casos (11.7%) como perpetrador, lo que confirma la inexistencia de independencia judicial en Cuba. Los tribunales cubanos no actúan como garantes de derechos frente al poder ejecutivo, sino como su instrumento de legitimación. Las condenas desproporcionadas por "propaganda contra el orden constitucional", las revocaciones arbitrarias de libertades condicionales, los juicios sin garantías procesales mínimas y la utilización de figuras penales ambiguas para criminalizar el disenso son las formas en que el sistema judicial aparece como perpetrador en los registros del ICLEP. Su presencia no como árbitro sino como agresor es uno de los indicadores más graves del estado de derecho en Cuba.

Los medios de comunicación estatales acumulan 54 registros (5.6%), lo que los convierte en el quinto perpetrador en volumen. Su función represiva no es física sino simbólica e institucional: difaman, desacreditan, fabrican narrativas de criminalización contra periodistas independientes, activistas y opositores, y prestan el aparato propagandístico del Estado a campañas de acoso coordinadas.

ETECSA, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, acumula 34 registros (3.5%) como perpetrador. Su presencia es metodológicamente relevante porque visibiliza una forma de represión que no requiere agentes uniformados ni órdenes de arresto: el control de la infraestructura de conectividad como instrumento de censura. Los cortes selectivos de internet, los bloqueos individualizados de servicio a usuarios críticos y el aumento arbitrario de tarifas como barrera económica al acceso a la información son las formas en que ETECSA aparece en los registros. El monopolio estatal sobre las telecomunicaciones convierte a esta empresa en una herramienta de represión estructural cuya acción no requiere violencia visible para ser efectiva.

Los civiles actuando a nombre del Estado suman 21 registros (2.2%). Esta categoría documenta uno de los mecanismos más perversos del sistema represivo cubano: la delegación del hostigamiento en personas sin vinculación institucional formal, que actúan como proxies del Estado en actos de repudio, campañas de presión vecinal, denuncias fabricadas ante organismos estatales y vigilancia informal de disidentes. Su presencia como perpetradores en los registros del ICLEP confirma que el régimen no solo emplea a sus funcionarios para reprimir, sino que recluta a sectores de la población civil como extensión del aparato de control.

El Ministerio de Educación Superior cierra la lista con 13 registros (1.3%), correspondientes principalmente a las represalias contra estudiantes universitarios que protestaron por el aumento de las tarifas de ETECSA en el mes junio. Las universidades hicieron interrogatorios, amenazas de expulsión, revisión de dispositivos móviles y presiones para borrar comunicaciones. Su rol como perpetrador institucional confirma que la represión penetra con fuerza los espacios académicos.

Año tras año ICLEP confirma que en Cuba el Estado no es el garante de los derechos fundamentales, sino su principal violador. Cada institución que debería proteger a los ciudadanos —la policía, los tribunales, el sistema penitenciario, los medios de comunicación, la empresa de telecomunicaciones, las universidades— aparece en nuestros registros como agresores. Esta inversión total de la función institucional del Estado es la expresión más precisa de lo que significa vivir bajo un sistema totalitario, donde el ejercicio de la libertad de expresión es una verdadera falacia.

3.7 Distribución territorial de las violaciones

Tabla 8 — Distribución de Registros por Territorio · Año 2025

Fuente: ICLEP. · La Habana, Matanzas y Villa Clara concentran el 63,8% de todos los registros. · Los cero registros en Ciego de Ávila y las cifras bajas en otras provincias no indican menor intensidad represiva — reflejan una capacidad de documentación reducida. ICLEP denomina esto "subregistro estructural": los datos presentados son el piso, no el techo, de lo que realmente ocurre en Cuba.

La distribución territorial de los registros del ICLEP en 2025 permite una lectura que va más allá de la simple geografía de la represión. Los números no describen únicamente dónde ocurrieron las violaciones: describen también, y con igual elocuencia, dónde el miedo ha sido suficientemente eficaz como para impedir que las violaciones lleguen a ser documentadas.

La Habana concentra el 38% de todos los registros del año, seguida de Matanzas con el 13.8% y Villa Clara con el 12.0%. Los tres territorios suman el 63.8% del total nacional. Una lectura apresurada podría concluir que la represión es fundamentalmente un fenómeno capitalino y de la zona central. Sería una conclusión equivocada. Lo que esos números reflejan, en primer lugar, es que La Habana es la sede de la mayor concentración de organizaciones de la sociedad civil, medios independientes, activistas con proyección pública y redes de documentación del ICLEP. A mayor capacidad de registro, mayor número de casos verificados.

En Matanzas, el volumen de registros responde de forma directa a la intensificación de la represión contra las Damas de Blanco a lo largo de todo el año, y es que la provincia concentra una parte sustancial de sus integrantes más activas. La misma causa disparó los números en Villa Clara, donde además los procesos judiciales derivados de las protestas contra los apagones de 2024 en Manicaragua produjeron un volumen considerable de registros asociados al uso abusivo del poder estatal.

El otro extremo de la tabla es donde reside el análisis más perturbador. Ciego de Ávila registra cero casos, Cienfuegos: 13, Sancti Spíritus: 18, e Isla de la Juventud: 4. La tentación de interpretar esos números como señal de una menor intensidad represiva en esos territorios debe resistirse con firmeza. Cuba es un Estado unitario con un aparato de control político centralizado y homogéneamente desplegado en todo el territorio nacional. La Seguridad del Estado, la Policía Nacional Revolucionaria, el sistema penitenciario y todas las instituciones operan con la misma lógica y la misma voluntad represiva en todos los territorios. Lo que cambia no es la represión: es la posibilidad de documentarla.

En las provincias con menor presencia de redes de documentación independiente, con menor densidad de activistas con conexión al exterior, con menor acceso a herramientas de comunicación segura y con mayor aislamiento respecto a los circuitos informativos de la diáspora, las violaciones ocurren, pero no llegan a ser registradas. Las víctimas no denuncian porque no saben a quién hacerlo, porque no confían en que la denuncia produzca algún resultado, porque temen que el acto de denunciar genere una represalia adicional, o simplemente porque no tienen los medios técnicos para hacerlo de forma segura. En esos territorios, el silencio no es la ausencia de represión: es su producto más acabado.

Este fenómeno tiene un nombre preciso en la literatura sobre libertad de prensa y derechos humanos: el subregistro estructural. No es un fallo del sistema de documentación del ICLEP, sino una consecuencia directa del modelo represivo cubano, que opera de forma más eficaz precisamente allí donde la capacidad de denuncia es más débil.

La categoría "Entorno digital", con 15 registros, introduce una dimensión que trasciende la geografía física: hay violaciones que ocurren en un espacio sin coordenadas, donde la víctima puede estar en cualquier punto del territorio nacional o incluso fuera de él. Su inclusión como categoría separada refleja la decisión metodológica del ICLEP de no forzar una geolocalización artificial. Los 7 registros bajo la categoría "Extranjero" documentan algo igualmente relevante: la geografía de la represión cubana es más amplia que el mapa de la isla. Como evidencia están las amenazas extra fronteras contra los periodistas José Luis Tan Estrada, Orlidia Barceló, José Jasán Nieves y Armando Campuzano.

La lectura correcta de esta tabla no es, por tanto, la de un mapa de la represión sino la de un mapa de la visibilidad de la represión. Y esa distinción es, en sí misma, una de las conclusiones más importantes que el ICLEP puede ofrecer a los organismos internacionales, gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos que utilizan este informe como fuente: las cifras que aquí se presentan son el piso, no el techo, de lo que realmente ocurre en Cuba. La magnitud real de las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en el país es mayor que la que cualquier sistema de documentación externo puede verificar.

3.8 Derechos conexos violados

Las violaciones a la libertad de expresión y de prensa documentadas por el ICLEP en 2025 se desarrollaron en un contexto de afectación simultánea y sistemática de derechos conexos reconocidos por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Derecho a un juicio justo y al debido proceso

El sistema judicial cubano actuó durante 2025 como instrumento de criminalización del disenso y del ejercicio periodístico. Los 276 casos de uso abusivo del poder estatal documentados evidencian un patrón de procesos penales caracterizados por la ausencia de garantías procesales mínimas: detenciones sin orden judicial, prolongación indebida de la prisión preventiva, ausencia de independencia judicial, debilidad probatoria, manipulación de testigos e imposición de sanciones desproporcionadas.

Las condenas dictadas en octubre contra seis manifestantes de Manicaragua por pedir el restablecimiento del servicio eléctrico, las sentencias de hasta 14 años contra personas juzgadas por sus publicaciones en redes sociales, y los procesos contra pastores evangélicos por manifestar creencias religiosas durante un juicio ilustran la instrumentalización del marco jurídico como herramienta de represión política.

De especial relevancia es la situación de los procesos derivados de las protestas de 2024 que se tramitaron en 2025: en septiembre comenzó el juicio contra 15 ciudadanos por las manifestaciones del 17 de marzo de 2024 en Bayamo, con peticiones fiscales de entre dos y siete años de cárcel; y en ese mismo mes quedó concluso para sentencia el juicio contra el periodista José Gabriel Barrenechea Chávez y cuatro manifestantes en Encrucijada, Villa Clara, por las protestas contra los apagones.

Derecho a la participación política y en la vida pública

En Cuba, la creación de partidos políticos independientes está prohibida y el sistema de partido único impide toda forma de participación política plural. Durante 2025, la represión de la participación política se manifestó principalmente a través de la criminalización de cualquier expresión de disidencia, la vigilancia de activistas y opositores, y la imposición de restricciones de movilidad que impiden la organización cívica.

El caso de las Damas de Blanco es paradigmático: una organización de mujeres cuya única expresión política visible es asistir a misa y orar por la libertad de los presos políticos fue objeto de 182 registros de represión documentados por el ICLEP a lo largo del año. La investigación abierta contra Berta Soler y Ángel Moya por supuesta conspiración contra el orden constitucional, tras reunirse con un diplomático estadounidense, ilustra la criminalización del contacto con la comunidad internacional como acto político.

En octubre, el ICAIC rescindió los contratos de los cineastas Kiki Álvarez y Esteban Insausti como represalia por sus posturas críticas hacia las políticas culturales del Estado, evidenciando que la participación en la vida pública a través de la creación artística también está sujeta al control político.

La eliminación efectiva del derecho a la participación política no solo afecta la libertad de expresión de las personas, sino que priva a la sociedad cubana de los mecanismos básicos de rendición de cuentas y representación democrática.

Derecho a la reunión pacífica y a la manifestación

Las 162 agresiones por participación en protestas (+118.9% respecto a 2024) y las 181 agresiones por participación en actos religiosos documentadas en 2025 confirman que el derecho a la reunión y manifestación pacífica continúa siendo anulado de manera sistemática. El régimen desplegó operativos represivos preventivos en fechas de alto valor simbólico, bloqueó físicamente el acceso a iglesias, e impuso arrestos como mecanismo de disuasión colectiva.

Los casos más ilustrativos fueron los cercos policiales en torno al 11J en julio, los operativos contra las Damas de Blanco en sus tentativas de asistir a misa dominical, y las respuestas represivas a protestas espontáneas motivadas por la escasez de agua y los apagones: en La Habana, el 29 de septiembre, tres mujeres que bloquearon el paso de vehículos con cubos vacíos para reclamar agua potable fueron intimidadas por agentes de la PNR y la Seguridad del Estado; en Gibara, al menos cuatro personas fueron detenidas por protestar contra los apagones.

Estas acciones confirman que el régimen cubano aplica una política de tolerancia cero ante cualquier forma de expresión colectiva del descontento, sin distinción entre protestas de carácter político y reclamos por necesidades básicas.

Derecho a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos

El ejercicio del periodismo independiente y la defensa de los derechos humanos continuaron siendo actividades de alto riesgo en Cuba durante 2025. Los 163 registros de agresiones contra periodistas incluyen 69 detenciones arbitrarias, 121 ataques y amenazas, y 19 restricciones en el espacio digital, además de los tres casos de agresión física y el caso de uso abusivo del poder estatal documentados.

El régimen no solo incumple su obligación de proteger a periodistas y defensores, sino que actúa como el principal perpetrador de las agresiones. La Seguridad del Estado coordinó campañas de descrédito, citaciones intimidatorias y hostigamiento sistemático contra periodistas y directores de medios. Varios periodistas debieron exiliarse durante 2025 o quedaron sometidos a restricciones de salida del país.

El CPJ incluyó el caso de Yunia Figueredo en sus alertas internacionales, llamando al régimen a cesar el hostigamiento contra ella y su esposo. La campaña contra El Toque —que combinó ataques digitales, actos de repudio en el extranjero y reportajes televisivos difamatorios— muestra la sofisticación y el alcance transnacional que puede adquirir la represión contra medios independientes.

La ausencia de mecanismos institucionales de protección y la impunidad garantizada a los agresores generan un clima de miedo estructural que restringe el ejercicio periodístico y fomenta la autocensura como mecanismo de supervivencia.

Derecho a la libertad de movimiento

Las restricciones de movilidad documentadas durante 2025 —cercos domiciliarios, vigilancia permanente, detenciones preventivas y prohibiciones de salida del país— constituyeron un mecanismo de control que complementó la represión directa. Su función fue impedir la cobertura de eventos, el acceso a fuentes, la participación en actividades cívicas y el contacto con la comunidad internacional.

Además de los casos de periodistas con prohibición de salida del país, el ICLEP documentó restricciones de movimiento impuestas a activistas durante visitas de diplomáticos extranjeros, bloqueos a la movilidad en fechas conmemorativas y operativos policiales perimetrales alrededor de los domicilios de opositores visibles.

Derecho a la reparación efectiva en caso de violaciones

La impunidad estructural del sistema cubano constituye uno de los rasgos más graves del patrón de violaciones documentado. Ninguna de las agresiones registradas por el ICLEP en 2025 contó con vías judiciales o administrativas de respuesta que hayan producido consecuencias para los perpetradores. Las denuncias presentadas por las víctimas, cuando se atrevieron a hacerlas, fueron ignoradas, archivadas o respondidas con nuevas represalias.

La negación sistemática de la reparación refuerza el mensaje de desprotección que el régimen utiliza como disuasión social, perpetúa el trauma de las víctimas y consolida la impunidad como norma institucional. En ausencia de un Poder Judicial independiente, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba resulta estructuralmente imposible.

3.9 Principales patrones represivos identificados en 2025

Los patrones que se describen a continuación no son hallazgos exclusivos de 2025. Son, en su mayoría, constantes documentadas por el ICLEP desde los primeros años de su monitoreo sistemático, que se intensifican, se modulan o adquieren nuevas formas según el contexto, pero que nunca desaparecen. Su identificación año tras año no es una reiteración: es la evidencia de que el régimen cubano no reforma sus prácticas represivas. Las perfecciona.

• Represión preventiva y planificada. El régimen no solo responde a actos de disidencia, sino que los anticipa. Los operativos en torno a fechas simbólicas (11J, 1º de mayo, aniversario del Maleconazo, Día Internacional de los Derechos Humanos) y la anticipación de visitas diplomáticas muestran una coordinación institucional de la represión orientada a neutralizar voces críticas antes de que actúen.
• Legalización de la represión. La instrumentalización del sistema judicial para criminalizar el disenso, imponer condenas desproporcionadas y legitimar detenciones arbitrarias bajo apariencia de legalidad constituye uno de los rasgos más preocupantes del año. El régimen trasladó parte de la represión desde el ámbito policial hacia el judicial y administrativo para reducir su visibilidad internacional.
• Expansión del blanco represivo. En 2025 se consolidó la tendencia observada en 2024: la represión ya no se dirige exclusivamente a periodistas y opositores reconocidos, sino que alcanza a ciudadanos comunes que expresan su inconformidad en redes sociales, a artistas, a religiosos, a estudiantes y a familiares de presos políticos. Este fenómeno de "represión vicaria" amplifica el efecto intimidatorio del Estado.
• Modulación táctica de la intensidad represiva. El ciclo de alta represión (marzo-julio), descenso táctico (agosto) y repunte (septiembre-diciembre) confirma que el régimen ajusta la visibilidad de la represión en función del escrutinio internacional, pero mantiene un piso de coerción estructuralmente elevado que impide el ejercicio pleno de las libertades.
• Control digital sofisticado y selectivo. Aunque el número de restricciones digitales registradas descendió significativamente (-70.9%), esto no refleja una menor capacidad de censura, sino una mayor focalización: el régimen abandonó los bloqueos masivos e indiscriminados de internet en favor de cortes selectivos, ataques cibernéticos dirigidos y vigilancia personalizada de perfiles en redes sociales.
• Represión transnacional. El acto de repudio contra el director de El Toque en Ciudad de México y las restricciones impuestas a cubanos exiliados que visitaron la isla confirman que la represión del régimen no se detiene en las fronteras nacionales.

4. Pronósticos

5. Conclusiones

Las 1188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa documentadas por el ICLEP en 2025 no son un accidente estadístico ni la consecuencia de una coyuntura excepcional. Son la continuación lógica de una política de Estado que lleva décadas operando con el mismo objetivo: mantener el monopolio sobre el discurso público y suprimir cualquier voz que lo desafíe. El ICLEP lleva documentando esta realidad desde 2016. En ese período, ningún año ha cerrado con menos represión que el anterior de forma sostenida. 2025 confirma esa tendencia con una cifra que supera en un 54.7% a la de 2024 y que consolida el año como uno de los más represivos del último trienio.

Cinco conclusiones emergen del análisis del año:

La represión es una política, no una reacción. El patrón de tres fases documentado en 2025 —inicio moderado, escalada sostenida, modulación táctica— es idéntico al de 2024 y consistente con los ciclos observados en años anteriores. La represión en Cuba no responde al nivel de actividad disidente: precede y anticipa. El régimen reprime de forma preventiva porque ha decidido que el silencio es una condición de gobernabilidad, no una consecuencia de ella.

El Estado cubano es el máximo perpetrador. En 953 de los 968 registros documentados, el perpetrador pertenece al aparato estatal. No hay represión paraestatal significativa en Cuba porque no es necesaria: el Estado tiene capacidad, voluntad y recursos para ejercerla directamente a través de todas sus instituciones. Que el sistema judicial, el sistema penitenciario, los medios de comunicación, ETECSA y las universidades aparezcan como perpetradores junto a la policía y la Seguridad del Estado confirma que la represión no es una anomalía del sistema: es el sistema funcionando según su diseño.

El blanco se ha expandido irreversiblemente. En 2025, el 30.2% de los registros corresponden a activistas y el 18.7% a ciudadanos sin afiliación política reconocida. La represión ya no se dirige principalmente contra el periodismo independiente —cuya reducción refleja el exilio masivo de sus integrantes, no una menor presión— sino contra cualquier expresión de inconformidad, por espontánea, desorganizada o modesta que sea. Esta expansión del blanco es una de las transformaciones más graves documentadas en los últimos dos años.

La legalización de la represión es su cara más peligrosa. El crecimiento del 72.5% en el uso abusivo del poder estatal y el desplazamiento de parte de la represión desde el espacio policial hacia el judicial y administrativo indican que el régimen está invirtiendo en la construcción de una arquitectura represiva que pueda presentarse como legal ante la comunidad internacional. Las condenas de catorce años por publicaciones en redes sociales, los juicios contra manifestantes que golpeaban calderos, las revocaciones de libertades condicionales por continuar expresándose: todo ello tiene apariencia de proceso legal. Nada de ello lo es bajo ningún estándar internacional de derechos humanos.

La autocensura que no se documenta es también un resultado. El descenso en los registros de documentación ciudadana (-43.8%) y creación artística crítica (-35.7%) no indica menor actividad creativa o periodística en Cuba. Indica que el efecto disuasorio acumulado de años de represión ha producido su resultado más buscado: personas que deciden no expresarse para no convertirse en el siguiente caso documentado por el ICLEP.

6. Recomendaciones

A los organismos internacionales de derechos humanos: CIDH, RELE, Relatoría Especial de la ONU, Consejo de Derechos Humanos:

• Intensificar el monitoreo de la situación de la libertad de expresión y de prensa en Cuba, con especial atención a los patrones de represión preventiva, criminalización del disenso y deterioro de las condiciones en el sistema penitenciario.
• Exigir al Estado cubano información detallada sobre la situación de todos los presos políticos y periodistas encarcelados, y sobre las condiciones de su reclusión.
• Incluir en los mecanismos de Examen Periódico Universal las conclusiones de este informe y de otros documentos de organizaciones acreditadas que documentan sistemáticamente la represión en Cuba.

A los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional:

• Ejercer presión política y diplomática coordinada sobre el Estado cubano, haciendo de la liberación de los presos políticos y del cese de la represión condiciones explícitas de cualquier proceso de normalización de relaciones.
• Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil cubana en el exilio que documentan violaciones de derechos humanos y sostienen el periodismo independiente, reconociendo su labor como servicio público esencial en ausencia de libertad de información en la isla.
• Denunciar públicamente la represión transnacional documentada en este informe, incluyendo los actos de hostigamiento a periodistas cubanos y activistas en terceros países, y adoptar medidas para garantizar su protección.

A las organizaciones especializadas: UNESCO, CPJ, RSF, ARTICLE 19, IFEX:

• Incluir en sus índices y rankings internacionales los datos verificados del ICLEP como fuente primaria sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
• Activar los mecanismos de alerta y protección de periodistas ante los casos documentados en este informe, con especial atención a quienes permanecen ejerciendo desde la isla en condiciones de extrema vulnerabilidad.
• Promover la participación del ICLEP como organización observadora en foros internacionales de derechos humanos donde Cuba sea evaluada.

7. Referencias Bibliográficas

1. Las amenazas contra la población universitaria a raíz de sus protestas por el alza de los precios del servicio de datos móviles aparecen documentadas en la base de datos del ICLEP con los siguientes códigos: OCLE-2025-988; OCLE-2025-990; OCLE-2025-991; OCLE-2025-992; OCLE-2025-993; OCLE-2025-997; OCLE-2025-998; OCLE-2025-999; OCLE-2025-1001; OCLE-2025-1007; y OCLE-2025-1009. Más información sobre los hechos puede ser consultada en las siguientes alertas de represión redactadas por nuestra organización: Profesor intimida a estudiantes de Ciencias Médicas en Cienfuegos tras protesta por apagones y las nuevas tarifas de ETECSA | Régimen cubano desata escalada represiva contra universitarios tras protestas por el tarifazo de ETECSA | Continúa la represión contra universitarios y activistas cubanos que se oponen al tarifazo de ETECSA ↩︎
2. Los actos represivos cometidos contra las Damas de Blanco durante 2025, que clasifican como violación a la libertad de expresión, fueron incluidos por el ICLEP en su base de datos y cada uno consta de un código de registro propio. Por cuestión de espacio es imposible reproducir aquí cada uno. Compartimos una muestra, específicamente aquellos en los que la víctima fue su líder, Berta Soler: OCLE-2025-747; OCLE-2025-780; OCLE-2025-849; OCLE-2025-980; OCLE-2025-1038; OCLE-2025-1047; OCLE-2025-1144; OCLE-2025-1241; OCLE-2025-1551; y OCLE-2025-1554. En los siguientes enlaces aparecen detalles sobre esos hechos: Dama de Blanco Berta Soler denuncia amenaza de muerte de una presa común por órdenes de la Seguridad del Estado | Arrestan y liberan el mismo día a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, en nuevo domingo represivo en Cuba | Berta Soler y Ángel Moya bajo investigación por falsos delitos: “Atentar contra el orden constitucional, la independencia y soberanía de Cuba” ↩︎
3. Wilber Aguilar y otros miembros de su familia fueron víctimas de vigilancia domiciliaria y citaciones policiales e interrogatorios más de una vez en el año. Los registros correspondientes a estas violaciones en particular aparecen en la base de datos del ICLEP con los siguientes códigos de registro: OCLE-2025-916; OCLE-2025-1120; OCLE-2025-1240; y OCLE-2025-1340. En los siguientes enlaces de nuestra web aparecen detalles sobre los hechos: Familiares de presos políticos bajo constante hostigamiento del régimen cubano | ICLEP denuncia escalada represiva del régimen cubano en el cuarto aniversario del 11J | Represión generalizada en Cuba en el 31 aniversario del Maleconazo | Periodista Camila Acosta y otros activistas cubanos denuncian vigilancia en el Día de la Virgen de las Mercedes ↩︎
4. La campaña de descrédito contra el medio independiente El Toque, sus periodistas y directivos aparece recogida en 22 registros de nuestra base de datos con los siguientes códigos: OCLE-2025-1438; OCLE-2025-1439; OCLE-2025-1448; y OCLE-2025-1477 al 1496. Detalles sobre el caso pueden consultarse en los siguientes enlaces: Régimen cubano sostiene campaña de descrédito contra el medio independiente elTOQUE | Régimen cubano amenaza con extradición y cárcel a los directivos y periodistas de elTOQUE ↩︎
5. En 2025 ICLEP documentó ocho actos de ataques, amenazas y agresiones psicológicas contra Yunia Figueredo. Los casos aparecen registrados en nuestra base de datos bajo los siguientes códigos: OCLE-2025-863; OCLE-2025-932; OCLE-2025-1019; OCLE-2025-1020; OCLE-2025-1133; OCLE-2025-1237; OCLE-2025-1314; OCLE-2025-1417; y 1546. En los enlaces compartidos a continuación pueden encontrarse detalles de estos sucesos: Represión contra periodistas del ICLEP en el 123 aniversario de la fundación de la República de Cuba | Periodista del ICLEP denuncia vigilancia y hostigamiento de la Seguridad del Estado | ICLEP denuncia el hostigamiento contra la periodista Yunia Figueredo, directora del medio comunitario Amanecer Habanero ↩︎
6. Los ataques, amenazas y agresiones psicológicas cometidos contra la periodista independiente Camila Acosta durante 2025, aparecen documentados por el ICLEP en su base de datos con los siguientes códigos de registro: OCLE-2025-640; OCLE-2025-836; 865; OCLE-2025-935; OCLE-2025-1101; OCLE-2025-1235; OCLE-2025-1307; OCLE-2025-1337; OCLE-2025-1423; OCLE-2025-1419; OCLE-2025-1447; y OCLE-2025-1548. Para más detalles sobre los hechos, pueden consultarse los siguientes enlaces: Régimen cubano impone vigilancia sin orden judicial a periodistas independientes y activistas | Periodista Camila Acosta y otros activistas cubanos denuncian vigilancia en el Día de la Virgen de las Mercedes | Seguridad del Estado mantiene sitiada en su vivienda a la periodista Camila Acosta por dos días consecutivos | Sitian en su vivienda a la periodista Camila Acosta para impedirle cubrir protesta de los masones en La Habana | Periodista Camila Acosta acosada por agentes del MININT durante la procesión de viernes santo ↩︎
7. Los casos mencionados aparecen registrados en la base de datos del ICLEP con los siguientes códigos: OCLE-2025-923; OCLE-2025-924; y OCLE-2025-925. Para más detalles de lo sucedido puede consultarse: Régimen cubano impide a integrantes de la sociedad civil reunirse con diplomático estadounidense ↩︎
8. Las violaciones contra Jorge Fernández Era aparecen recogidas en la base de datos del ICLEP con los siguientes códigos: OCLE-2025-837; OCLE-2025-919; OCLE-2025-1013; OCLE-2025-1172; OCLE-2025-1282; OCLE-2025-1464; y OCLE-2025-1590. Sugerimos consultar las siguientes alertas de represión publicadas por el ICLEP para visibilizar la represión contra el periodista independiente:
   Detienen al escritor y periodista Jorge Fernández Era durante siete horas para impedirle protestar pacíficamente | Golpean brutalmente al escritor Jorge Fernández Era tras ser detenido en La Habana | Detenido durante más de seis horas el escritor y periodista Jorge Fernández Era ↩︎
9. El caso aparece documentado en nuestra base de datos con los siguientes códigos de registro: OCLE-2025-1035 y OCLE-2025-1315. Más detalles sobre su situación pueden encontrarse en los siguientes enlaces: Fiscalía pide 5 años y seis meses de cárcel para Julio César Duque de Estrada por grabar una cola en Santiago de Cuba | Condenan a cuatro años y medio de cárcel a Julio César Duque de Estrada Ferrer por grabar una cola en Santiago de Cuba ↩︎
10. Sonia, quien también es esposa del preso político Félix Navarro, fue durante 2025 víctima de 17 violaciones contra la libertad de expresión, de las cuales siete constituyen actos de uso abusivo del poder estatal, y de esas, seis fueron negativas a visitar a su hija en prisión, por asistir vestida de blanco. Los códigos de registro de esos hechos en nuestra base datos son los siguientes: OCLE-2025-689; OCLE-2025-724; OCLE-2025-756; OCLE-2025-789; ICLE-2025-828; y OCLE-2025-861 Sugerimos consultar el siguiente enlace: Niegan por sexta vez a Sonia Álvarez la visita a su hija Saily Navarro en prisión por vestir de blanco ↩︎
11. Su caso aparece documentado en nuestra base datos con los siguientes códigos de registro: OCLE-2025-928; y OCLE-2025-929. Detalles aquí: Pastores evangélicos cubanos acusados de desacato y desobediencia por mencionar la justicia de Dios en un tribunal militar ↩︎
12. Verdecia fue de los activistas más castigado en 2025. El proceso penal en su contra aparece registrado en la base de datos del ICLEP con los siguientes códigos de registro: OCLE-2025-692; OCLE-2025-1008; y OCLE-2025-1604. Detalles de la acusación y el juicio pueden encontrarse en estos enlaces:
    Alexander Verdecia Rodríguez: Otro activista acusado de propaganda contra el orden constitucional por sus publicaciones en redes sociales | Fiscalía pide 10 años de cárcel para activista de la UNPACU Alexander Verdecia por sus publicaciones en redes sociales | Condenan a 7 años de cárcel a Alexander Verdecia por sus publicaciones en redes sociales contra el régimen ↩︎
13. En la base de datos del ICLEP correspondiente al año 2025 constan siete registros de hechos violatorios contra Nando Obdc; en todos, consta el uso abusivo del poder estatal como método represivo. Los códigos de registro pertenecientes a la víctima son los siguientes: OCLE-2025-815; OCLE-2025-816; OCLE-2025-831; OCLE-2025-1192; OCLE-2025-1388; OCLE-2025-1528; y OCLE-2025-1668. Sugerimos revisar la siguiente nota para más detalles del caso: Condenan a cinco años de prisión al artista Nando Obdc por el supuesto delito de “propaganda contra el orden constitucional” ↩︎
14. El caso aparece documentado en la base de datos del ICLEP con el siguiente código: OCLE-2025-1277. Detalles en el siguiente enlace: NOTA DE PRENSA: Periodista independiente cubana en riesgo inminente de deportación desde Bolivia ↩︎
15. Número de registro del caso en la base de datos del ICLEP: OCLE-2025-939. Más detalles en: Régimen cubano castiga a periodista preso Yeris Curbelo Aguilera negándole su derecho al trabajo ↩︎
16. La represión contra Barrenechea consta en la base de datos del ICLEP con los siguientes códigos de registro: OCLE-2025-977; OCLE-2025-1212; OCLE-2025-1329; y OCLE-2025-1458. Lea: Concluso para sentencia juicio contra el periodista y escritor José Gabriel Barrenechea y otros cinco manifestantes de Encrucijada ↩︎
17. Caso documentado con el código: OCLE-2025-1465. Detalles en: Seguridad del Estado intenta extorsionar a historiador cubano a cambio de permitirle salir del país ↩︎
18. Las acciones de restricción digital contra el medio independiente elToque aparecen registradas en nuestra base datos con el siguiente código: OCLE-2025-1584. Más información en: Nuevos ataques en redes sociales contra periodistas, medios independientes y activistas cubanos ↩︎
19. Caso registrado con el código: OCLE-2025-1586 ↩︎
20. El hecho fue registrado en nuestra base de datos con los códigos OCLE-2025-1400 y OCLE-2025-1401. Para más detalles del caso, consultar: Monopolio de las comunicaciones ETECSA corta servicio de internet a joven que criticó la realidad de Cuba ↩︎
21. Caso documentado en la base de datos del ICLEP con el código: OCLE-2025-1299. Detalles del hecho represivo en: Detienen y mantienen en paradero desconocido durante horas a la activista Yamilka Lafita tras reunirse con Jorge Fernández Era y Fernando Pérez ↩︎
22. Caso documentado en la base de datos del ICLEP con el código: OCLE-2025-1057. Detalles del hecho represivo en: Arrestan a madre cubana por gritar “Libertad” en medio de protesta por los apagones en Guanabacoa ↩︎
23. Caso documentado en la base de datos del ICLEP con el código: OCLE-2025-757. Detalles del hecho represivo en: Arrestado y golpeado el joven Leonardo Romero Negrín por protestar pacíficamente con una pizarra en blanco en el Parque Central de La Habana ↩︎
24. Caso documentado en la base de datos del ICLEP con el código: OCLE-2025-678. Cedeño se dedica a vender caramelos para subsistir. es “acosado constantemente por inspectores y agentes de Seguridad del Estado”. El anciano lleva consigo un cartel en el que exige el fin de la dictadura y cuando intentan decomisarle su mercancía o arrestarlo lo saca como forma de protesta. ↩︎
25. El caso de agresión sexual contra Jenni M. Taboada aparece registrado en nuestra base de datos con el código OCLE-2025-763. Más detalles sobre el hecho en el siguiente enlace: Jenni Taboada, madre del preso político Duannis León, víctima de agresión sexual y tortura psicológica por parte de la Seguridad del Estado ↩︎
26. Las agresiones físicas contra Ferrer documentadas durante los meses de junio y julio aparecen registradas en la base de datos del ICLEP con los códigos: OCLE-2025-1063; OCLE-2025-1064; y OCLE-2025-1065. Información sobre los casos en el siguiente enlace: Golpean y torturan durante días a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en la prisión de Mar Verde ↩︎
27. Caso documentado bajo el registro: OCLE-2025-1296 ↩︎
28. Caso documentado bajo el registro: OCLE-2025-1317 ↩︎
29. Caso documentado bajo el registro: OCLE-2025-1428 ↩︎
30. La reclusión de Cuza aparece registrada en nuestra base de datos bajo el código: OCLE-2025-1195. En el siguiente enlace aparecen detalles de su traslado a prisión: Trasladan al periodista independiente Ángel Cuza a prisión de máxima seguridad del Combinado del Este ↩︎
31. Caso documentado bajo el código: OCLE-2025-989. Detalles del hecho en el siguiente enlace: Tribunal de Villa Clara revoca libertad condicional a la presa política Donaida Pérez Paseiro ↩︎
32. Caso documentado bajo el código: OCLE-2025-787 ↩︎
33. La reclusión de Ferrer aparece documentada con el código OCLE-2025-906; y la de Navarro con el código OCLE-2025-2021 ↩︎
34. El caso de Leonard Richard González fue documentado por el ICLEP en febrero de 2026, cuando se conocieron detalles de su situación a raíz de la celebración de un juicio en su contra, acusado de propaganda contra el orden constitucional. Su reclusión aparece en nuestros registros con el código OCLE-2025-1871. Más información en el siguiente enlace: Fiscalía pide 8 años de cárcel para artista cubano por escribir un cartel contra el régimen ↩︎
35. La reclusión de Ana Ibis Tristá Padilla fue documentada con el código de registro OCLE-2025-1327. Sobre su caso puede consultarse el siguiente enlace: Condenan a 14 años de cárcel a la activista Ana Ibis Tristá Padilla tras haber sido absuelta por falta de pruebas en un primer juicio ↩︎
36. La represión contra los creadores de Black Mango Podcast está documentada en la base de datos del ICLEP con los códigos: OCLE-2025-959; OCLE-2025-960; y OCLE-2025-961. Más detalles sobre el caso pueden consultarse en: Youtubers españoles interrogados por la Seguridad del Estado en su viaje a Cuba por publicar una story en Instagram ↩︎
37. Caso documentado por el ICLEP con el código: OCLE-2025-1587 ↩︎
38. Caso documentado por el ICLEP con el código: OCLE-2025-1588 ↩︎

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