Alexander Verdecia Rodríguez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), está siendo acusado por el supuesto delito de "propaganda contra el orden constitucional" de acuerdo con la información que ofreció el pasado 18 de febrero la Fiscalía de Bayamo a sus familiares.

Aunque hasta el momento el activista no ha recibido petición fiscal alguna, por este delito la condena es de entre tres y ocho años de cárcel. Su esposa Eliannis Villavicencio Jorge explicó al medio ADN Cuba que estas acusaciones fueron fabricadas por sus publicaciones en redes sociales contra el régimen.

El activista, natural del municipio Río Cauto en la oriental provincia, fue detenido el pasado 6 de febrero, inicialmente fue recluido en el Centro de Operaciones de Granma y un día después lo trasladaron a la prisión Las Mangas, en Bayamo. Al denunciar la detención su hija escribió en Facebook que su padre había sido arrestado sin justificación alguna y en ese momento la familia desconocía el motivo por el que se lo llevaron.

Con anterioridad Verdecia Rodríguez ha sufrido prisión política, enumera ese medio: “en 2015 fue sancionado con 3 meses por reclusión domiciliaria, luego 6 meses por negarse a pagar una multa de 2 mil pesos y en 2016 fue encarcelado durante un año, por supuesto desacato a la autoridad. Luego, en 2018, fue condenado a otros 2 meses de prisión domiciliaria”.

El 18 de febrero al también preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en la cárcel de Kilo 7 en Camagüey, le fabricaron una nueva causa penal por las constantes denuncias que ha realizado desde la prisión sobre las precarias condiciones que tienen que soportar los reclusos en ese centro penitenciario y un poema que había escrito.

En una llamada telefónica desde la cárcel que publicó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Virgilio Mantilla aseguró que continuará denunciando las violaciones a los derechos humanos contra los presos en Kilo 7: “Yo no soy un delincuente, yo soy un defensor de mi pueblo”.

Marta Perdomo, madre del preso político del 11J Jorge Martín Perdomo, recluido en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, en Bainoa, Mayabeque, denunció el pasado 20 de febrero en su perfil en Facebook que su hijo estuvo incomunicado durante 21 días, sin poder realizar la llamada telefónica a la que los presos tienen derecho.

La señora denunció, además, que a los reclusos en esa prisión los mantienen en espacios cerrados y en condiciones inhumanas, con filtraciones y humedad, sin poder tomar el sol, hacinados y padeciendo desnutrición por la reducción de las porciones de comida. Debido a que la turbina lleva meses rota están sin agua, sin poder bañarse durante días y obligados a hacer sus necesidades en bolsas de nylon.

Recientemente se conoció que el preso político Reynier Reynosa Cabrera fue víctima de abusos y actos de violencia el pasado 15 de enero en la prisión 1580. De acuerdo con la denuncia recibida por Cubalex, “el segundo jefe de orden interior, identificado como el mayor De la Cruz, agredió brutalmente a Reynosa Cabrera, abusando de su poder y autoridad en un acto de violencia completamente injustificado”.

En una misiva Reynosa Cabrera relató que “se encontraba jugando dominó con varios compañeros del destacamento número 10 cuando hizo una simple pregunta a un funcionario sobre la corriente eléctrica, lo que desató una reacción violenta. Al intentar aclarar que solo había hecho una pregunta, el oficial abrió el candado de la celda y lo sacó violentamente. Luego, lo agarró bruscamente por el brazo, lo golpeó en el rostro y le roció spray de pimienta en los ojos, haciéndolo caer al suelo por el intenso ardor. Posteriormente, fue esposado y prácticamente arrastrado hasta el área de orden interior, donde las autoridades justificaron las acciones del oficial agresor”.

Al manifestante del 11J se le ha negado el traslado a un régimen de mínima severidad, al que tiene derecho, sin explicación alguna.

En el campamento El Anoncillo en la provincia de Camagüey, las reclusas llevan varios días sin poder comunicarse con sus familias vía telefónica, denunció el periodista independiente José Luis Tan Estrada en su perfil en X el 23 de febrero.

“Debido a los prolongados apagones, los teléfonos quedan sin señal y, cuando regresa la electricidad por la noche, no se les permite hacer llamada”, informó el reportero, lo que constituye una clara violación por parte de la institución carcelaria a la libertad de expresión de estas personas que se encuentran privadas de su libertad, al impedirles que tengan comunicación con el exterior.

El activista Alejandro Morales Pereira fue detenido el 19 de febrero luego de realizar una protesta pacífica frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Encrucijada, Villa Clara, localidad donde reside. 

Morales transmitió en vivo por Facebook mientras realizaba su protesta y durante esta interpeló a una funcionaria sobre el encarcelamiento de manifestantes en ese municipio el pasado noviembre, a lo que esta respondió de manera evasiva diciendo: “Yo no te tengo que contestar a ti”.

Mientras regresaba a su vivienda fue interceptado por una patrulla y detenido de forma violenta, los agentes policiales le rociaron gas pimienta en el rostro para neutralizarlo, denunció Cubalex.

De acuerdo con la información obtenida por la organización legal, al día siguiente Alejandro Morales Pereira fue trasladado a un centro de instrucción penal en Santa Clara, donde se declaró en huelga de hambre.

Juan Carlos González valdés, padastro del joven, dijo a Martí Noticias que pudo visitarlo durante 15 minutos y entregarle productos de aseo y ropa en el cuartel de la policía. De acuerdo con el familiar, Alejandro está siendo acusado de desobediencia y propaganda contra el orden constitucional y se espera que la Fiscalía imponga una medida cautelar de prisión privisional y lo trasladen a la prisión La Pendiente.

El matrimonio de militantes del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), Irenaldo Sosa Báez, Coordinador Territorial para Oriente Norte del Consejo Nacional del FANTU y su esposa, Yadira Puerto Cruz, fueron arrestados por la policía en la mañana del 20 de febrero mientras debatían con transeúntes sobre los constantes apagones y la falta de inversiones destinadas a comprar nuevos bloques termoeléctricos, pero se siguen construyendo hoteles.

Una publicación de Cuba Antitotalitaria detalla que ambos “fueron trasladados hacia la Unidad de la PNR situada en el reparto La Aurora. Ya allí los comenzaron a interrogar varios oficiales policiales uniformados y ambos detenidos reconocieron, que ellos eran activistas políticos anticomunistas y que realizaban ese trabajo de convencimiento político de una manera sistemática”.

Posteriormente se personaron dos oficiales de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (DCI-MININT) quienes los amenazaron de muerte aludiendo que ya estaban cansados de que intentaran subvertir “la estabilidad de la revolución socialista”.