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ICLEP
20 Apr, 2026
Represión en ascenso en marzo de 2026: protestas reprimidas y expansión del control sobre la sociedad civil en Cuba
Informe Marzo 2026
Por ICLEP
Apr 20, 2026 | 10:00 AM
El informe mensual del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) correspondiente a marzo de 2026 confirma un agravamiento sostenido del escenario represivo en Cuba, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Durante el período se documentaron 185 agresiones contra la libertad de expresión y de prensa, una cifra que no solo supera ampliamente las 128 registradas en febrero de 2026, sino que representa un incremento de 84 casos respecto a marzo de 2025. Este crecimiento no puede interpretarse como una variación circunstancial, sino como evidencia de una tendencia de endurecimiento progresivo del control estatal en un contexto marcado por el agravamiento de la crisis económica, el malestar social y la pérdida de legitimidad del régimen.
Datos generales
- Libertad de expresión: 152 agresiones (82.2%)
- Libertad de prensa: 33 agresiones (17.8%)
La distribución de las agresiones muestra que la represión continúa concentrándose en la libertad de expresión (82.2%), muy por encima de la libertad de prensa (17.8%). Sin embargo, el aumento de los ataques contra actores informativos resulta especialmente significativo. Las 33 agresiones contra la libertad de prensa no solo reflejan un salto notable en términos interanuales, sino que además se concentran en apenas 17 víctimas, lo que revela un patrón de hostigamiento reiterado y focalizado. Este dato es doblemente revelador: por un lado, evidencia la intensidad de la persecución contra quienes continúan ejerciendo el periodismo independiente dentro del país; por otro, apunta a la reducción del universo de periodistas activos, en gran medida como resultado del exilio sostenido provocado por la presión represiva.
Comportamiento de los indicadores:
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas: 57 (30.8%)
- Detenciones arbitrarias: 50 (27.0%)
- Uso abusivo del poder estatal: 39 (21.1%)
- Restricciones en el espacio digital: 17 (9.2%)
- Agresiones físicas: 14 (7.6%)
- Reclusión: 8 (4.3%)
El análisis por indicadores permite comprender mejor la lógica operativa del sistema. El predominio de los ataques, amenazas y agresiones psicológicas (30.8%) confirma que el Estado está privilegiando mecanismos de control menos visibles, pero más constantes y eficaces para generar miedo, desgaste y autocensura. A esto se suma el peso de las detenciones arbitrarias (27%), que siguen funcionando como herramienta central de castigo inmediato. No obstante, uno de los elementos más reveladores del período es el crecimiento del uso abusivo del poder estatal (21.1%), que apunta a una transformación más profunda: la represión no se limita a acciones policiales directas, sino que se canaliza cada vez más a través de estructuras institucionales, legales y administrativas.
Este proceso de institucionalización se expresa claramente en dos prácticas documentadas durante el mes: las violaciones a derechos penitenciarios y la apertura de procesos penales por el ejercicio de la libertad de expresión, con 14 casos cada uno. En el primer caso, las cárceles dejan de ser únicamente espacios de cumplimiento de sanciones para convertirse en instrumentos activos de castigo, presión y silenciamiento, donde se restringen comunicaciones, se imponen aislamientos y se castiga a quienes denuncian abusos. En el segundo, el sistema judicial es utilizado para criminalizar el disenso, mediante figuras legales ambiguas que convierten opiniones, publicaciones o actividades cívicas en delitos. En conjunto, estos elementos muestran una represión que no solo es más frecuente, sino también más estructurada, más estable y más difícil de impugnar, al presentarse bajo una apariencia de legalidad.
Otro rasgo clave del período es la ampliación del perfil de las víctimas.
Más de la mitad de los casos de violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba durante marzo de 2026 corresponden a ciudadanos comunes, lo que confirma que la represión ha dejado de ser selectiva para convertirse en un fenómeno socialmente extendido. Ya no se dirige únicamente contra opositores, activistas o periodistas, sino contra cualquier persona que exprese inconformidad, documente la realidad o participe en dinámicas de protesta o solidaridad.
En este sentido, los datos sobre los motivos de las agresiones son particularmente ilustrativos: la participación en protestas encabeza la lista (42 casos), seguida de la represión sistemática (33), las represalias por vínculos familiares (15) y las publicaciones en redes sociales (12). Esto evidencia que el Estado actúa tanto de forma reactiva ante expresiones visibles de descontento como de manera preventiva, manteniendo bajo presión constante a sectores ya identificados.
Dimensión territorial.
Aunque La Habana concentra casi la mitad de las agresiones (49.2%), la presencia de casos en prácticamente todas las provincias indica que la represión no es localizada, sino capilar y extendida a nivel nacional. Al mismo tiempo, la identificación de perpetradores muestra una acción coordinada del aparato estatal, con un papel central de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, acompañadas por instituciones como el sistema judicial, el penitenciario y la empresa estatal de telecomunicaciones (ETECSA). Esta convergencia confirma la ausencia de separación real entre las distintas estructuras del Estado cuando se trata de controlar el disenso.
Los casos documentados durante el mes ilustran con claridad estos patrones. La represión de protestas en localidades como Morón y Guanabacoa muestra el uso combinado de fuerza directa, detenciones masivas, criminalización de menores y castigo a familiares, mientras que los procesos contra creadores digitales evidencian la creciente judicialización del espacio virtual. A esto se suma el hostigamiento sostenido contra periodistas independientes y las graves violaciones dentro del sistema penitenciario, donde se registran amenazas, incomunicación y negación de garantías legales.
Derechos conexos violentados.
En términos de derechos, el informe deja claro que las afectaciones van mucho más allá de la libertad de expresión y de prensa. Se documentan violaciones sistemáticas a la dignidad humana, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libertad de movimiento, la privacidad y la protección contra tratos crueles, lo que configura un escenario de indefensión estructural.
En conjunto, los datos de marzo de 2026 muestran una represión que no solo crece en volumen, sino que se diversifica, se institucionaliza y se expande socialmente. El Estado cubano parece estar transitando hacia un modelo de control más complejo, que combina coerción directa con mecanismos legales, tecnológicos y psicológicos, en un intento por contener un descontento social cada vez más visible. Lejos de tratarse de episodios aislados, lo que emerge es un patrón sostenido en el que el ejercicio de derechos fundamentales se convierte, de manera creciente, en una actividad de alto riesgo.
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