Delis Frómeta Suárez y Alexeis Serrano Águila. Foto: Facebook.jpg
Por ICLEP
Apr 17, 2026 | 2:17 PM
Palma Soriano, Santiago de Cuba — 17 de abril de 2026. El Observatorio Cubano por la Libertad de expresión del ICLEP denuncia la detención de Alexeis Serrano Águila y de su esposa, Delis Frómeta Suárez, en el municipio Palma Soriano, provincia Santiago de Cuba, en un caso que presenta elementos consistentes con la criminalización del ejercicio pacífico de la protesta y con el uso de mecanismos policiales y penales para castigar la expresión pública de inconformidad.
La información pública disponible, compuesta por videos difundidos en redes sociales y por denuncias posteriores del investigador Raúl Gallego y de la organización Cubalex, permite reconstruir una secuencia represiva suficientemente consistente: una multa de 16,000 pesos impuesta a Alexeis por vender viandas, una protesta pacífica frente a su vivienda, la denuncia del propio afectado mientras afirmaba estar siendo privado de libertad sin orden de arresto, y, posteriormente, la detención de ambos cónyuges bajo acusación de desacato, en un contexto agravado por denuncias de huelga de hambre, falta de atención médica, incomunicación y afectación severa al núcleo familiar.
Hechos documentados
Según información difundida por el investigador Raúl Gallego, el origen inmediato del caso se sitúa el 11 de abril de 2026, cuando un inspector estatal impuso a Alexeis Serrano Águila, opositor y trabajador por cuenta propia residente en Palma Soriano, una multa de 16,000 pesos por vender viandas. De acuerdo con esa fuente, esta sanción administrativa fue el detonante de la protesta posterior.
Ese mismo día comenzó a circular en redes sociales un video en el que Alexeis Serrano Águila aparece realizando una protesta pacífica frente a su vivienda. La grabación fue publicada en el perfil de Facebook de su esposa, Delis Frómeta Suárez, y en ella se escucha consignas como “No hay corriente”, “No hay comida”, “Libertad para los presos políticos”, así como expresiones de condena política contra el régimen, entre ellas “Abajo los Castro” y “Abajo Díaz-Canel”. A juicio del ICLEP, el contenido de esa protesta constituye una manifestación pública, directa y no violenta de inconformidad social y política, comprendida dentro del ámbito protegido de la libertad de expresión.
Posteriormente, desde el mismo perfil de Facebook, fue difundido un segundo video del propio Alexeis Serrano Águila en el que denunció que estaba siendo privado de libertad por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. En esa grabación afirmó textualmente: “Me acaban de detener en mi casa sin una orden de arresto por la policía de aquí, la PNR de Palma Soriano. Se me está apresando injustamente y se me está citando injustamente porque no he cometido delito... No he cometido delito y en mi casa en el día de hoy la policía de Palma Soriano me está haciendo una detención sin orden de arresto. Para que conste al mundo, a los derechos humanos y a todas las instituciones internacionales que defienden la democracia, la libertad y los derechos humanos... Hoy se me detiene en mi casa injustamente por el régimen de Canel y por el régimen de Raúl Castro”.
Esta denuncia directa de la propia víctima, formulada mientras afirmaba estar siendo privada de libertad, constituye un elemento de alto valor indiciario. Sin embargo, con rigor metodológico, corresponde señalar que la información pública disponible no permite verificar de manera independiente todos los extremos fácticos de ese momento. Lo que sí permite sostener razonablemente es que existió una denuncia pública inmediata de privación de libertad sin orden de arresto, en un contexto directamente vinculado a una protesta pacífica de contenido político y social.
La secuencia fue ampliada posteriormente por las denuncias públicas de Raúl Gallego y Cubalex, ambas coincidentes en que el 13 de abril Alexeis Serrano Águila fue citado a la estación policial de Palma Soriano y que, una vez allí, quedó detenido. Ambas fuentes también coinciden en que, cuando Delis Frómeta Suárez acudió a averiguar por él, también fue arrestada, lo que extendió la acción represiva al entorno familiar inmediato.
De acuerdo con Cubalex, ambos están acusados del delito de desacato, con una posible sanción de uno a tres años de prisión. Aunque la información pública disponible no permite verificar en esta fase el contenido íntegro de la imputación ni las actuaciones procesales practicadas, el uso de esta figura penal en el contexto descrito resulta compatible con un patrón de criminalización del disenso y de castigo por el ejercicio de la protesta pacífica.
La situación reviste especial gravedad por las condiciones denunciadas bajo custodia. Según Raúl Gallego, desde su detención Alexeis se encuentra en huelga de hambre y su estado de salud presenta deterioro. La misma fuente señaló que ni él ni su esposa, quien es diabética, habrían recibido atención médica. Por su parte, Cubalex informó que Alexeis presenta signos de deshidratación severa, mientras que Delis, a quien identifica como diabética e hipertensa, no estaría recibiendo atención médica adecuada ni la dieta requerida para su condición. Cubalex añadió además la denuncia de incomunicación, lo que incrementa el nivel de riesgo para ambos.
A ello se suma una dimensión humanitaria adicional señalada por Raúl Gallego: la detención del matrimonio habría dejado a sus dos hijas jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad, sin suficiente protección económica y obligadas a hacerse cargo de su abuela, en un entorno de precariedad material. Este elemento no constituye por sí mismo la violación principal a la libertad de expresión, pero sí evidencia el impacto expansivo de la represión sobre el núcleo familiar.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del ICLEP mediante el proceso de observación, análisis, clasificación, contrastación y verificación, conforme a la metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión.
Clasificación metodológica del caso (Indicadores ICLEP)
Al documentarse una secuencia de acciones estatales —multa administrativa, citación policial, detención y acusación por presunto desacato— utilizadas para castigar una protesta pacífica y criminalizar una expresión pública de inconformidad.
De forma concurrente, el caso también se clasifica bajo este indicador, a partir de la denuncia pública del propio Alexeis Serrano Águila, quien afirmó haber sido detenido en su vivienda sin orden de arresto, así como por la posterior citación del 13 de abril que derivó en su detención y en el arresto de su esposa cuando acudió a interesarse por él.
También concurre este indicador, debido a la denuncia de que ambos permanecen bajo custodia sin atención médica adecuada ni acceso regular a medicamentos, en un contexto especialmente grave por la huelga de hambre de Alexeis y las condiciones de salud preexistentes de Delis, quien es diabética e hipertensa.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP considera que los hechos descritos vulneran de forma directa derechos reconocidos en la Constitución de la República de Cuba y en el marco internacional de protección de los derechos humanos, al tratarse de una protesta pacífica seguida de privación de libertad, de la posterior criminalización penal de esa expresión pública de inconformidad, de la extensión de la represión al entorno familiar inmediato y de denuncias graves sobre las condiciones de salud e incomunicación bajo custodia.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Declaración Universal de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Llamado del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige la liberación inmediata de Alexeis Serrano Águila y Delis Frómeta Suárez, así como el cese de toda forma de criminalización contra el ejercicio pacífico de la protesta y la expresión ciudadana en Cuba.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión exige además que se garantice de forma urgente:
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de protección de derechos humanos y a las relatorías para la libertad de expresión para que den seguimiento inmediato a este caso y exijan al Estado cubano garantías efectivas para la vida, la salud y la libertad de las personas afectadas.
Castigar penalmente a un matrimonio por protestar y denunciar abusos revela, una vez más, el carácter represivo de un sistema que convierte la expresión ciudadana en un riesgo para la libertad y la vida familiar. Cuando protestar, trabajar y denunciar desembocan en detención, el Estado deja de proteger derechos y pasa a perseguirlos.
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