Preso político del 11J Kevin Damián Frómeta Castro. Foto: Facebook.
Por ICLEP
Apr 17, 2026 | 3:21 PM
La Habana, Cuba — 17 de abril de 2026. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP alerta sobre una nueva violación registrable dentro de su observatorio como afectación conexa a la libertad de expresión, documentada como violación de derechos penitenciarios bajo custodia estatal contra el preso político del 11 de julio Kevin Damián Frómeta Castro, luego de que su madre, Caridad Magdalena Castro Ruiz, denunciara públicamente una grave falta de atención médica y reiterados engaños por parte de las autoridades penitenciarias.
Aunque el núcleo material inmediato del caso se relaciona con la salud y la integridad física, el Observatorio del ICLEP considera que sí existe base metodológica suficiente para su incorporación al sistema de monitoreo de libertad de expresión, al tratarse de un preso político del 11J sometido a una restricción arbitraria de derechos básicos bajo control estatal, en un contexto represivo de naturaleza política, cuya situación solo logra visibilizarse mediante la denuncia pública de su familia.
En este sentido, el caso no se presenta como una afectación sanitaria aislada, sino como una violación de derechos bajo custodia cometida contra una víctima encarcelada por motivos políticos, cuya condición está vinculada a un proceso represivo asociado al ejercicio de libertades fundamentales y cuya exposición pública constituye, además, un acto legítimo de denuncia y circulación de información de interés público.
Hechos documentados
Según el testimonio difundido por Caridad Magdalena Castro Ruiz, su hijo debía ser trasladado ese día al hospital para realizarse un ultrasonido pendiente desde enero. Sin embargo, el traslado no se produjo, pese a que —según afirmó— la semana anterior las autoridades le aseguraron que esta vez sí sería conducido al centro médico.
La madre denunció que Kevin Damián Frómeta Castro permanece sin atención médica adecuada, a pesar de presentar una infección en un brazo, y aseguró que incluso tuvo que practicarse una intervención precaria, el mismo, para extraerse pus, sin que ello derivara en una respuesta clínica efectiva. También afirmó que no se encuentra ingresado en enfermería, sino en compañía, pese a la gravedad de su estado.
De acuerdo con su denuncia, ella acudió personalmente al hospital, donde incluso un médico esperaba la llegada del recluso, pero las autoridades no lo trasladaron. Asimismo, aseguró que, tras múltiples llamadas, visitas y gestiones ante la jefatura penitenciaria, solo ha recibido respuestas falsas, incumplimientos y evasivas. En su declaración pública, extendió la denuncia al afirmar que los presos políticos del 11 de julio no están recibiendo atención médica adecuada.
El Observatorio del ICLEP considera especialmente relevante que la madre del preso político haya tenido que recurrir a la denuncia pública como mecanismo de presión, documentación y visibilización, ante la ausencia de una respuesta institucional efectiva. En el contexto cubano, y particularmente en relación con personas encarceladas por motivos de expresión, la exposición pública de abusos bajo custodia no solo revela un patrón de opacidad estatal, sino que también forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y del derecho a difundir información de interés público sobre violaciones de derechos humanos.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del ICLEP mediante el proceso de observación, análisis, clasificación, contrastación y verificación, conforme a la metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión.
Clasificación metodológica del caso (Indicadores ICLEP)
El ICLEP considera que este hecho es registrable como una afectación conexa a la libertad de expresión, al tratarse de una violación de derechos bajo custodia estatal contra un preso político del 11J, visibilizada mediante denuncia pública y bajo los indicadores:
Es el indicador principal, al documentarse una presunta violación de derechos penitenciarios bajo custodia, marcada por la negación o dilación de atención médica.
De forma concurrente, el caso puede valorarse bajo este indicador, debido a la denuncia de una afectación física visible y una omisión de atención médica bajo custodia.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP considera que los hechos denunciados resultan incompatibles con garantías reconocidas tanto en la Constitución de la República de Cuba (2019) como en el marco internacional de derechos humanos, especialmente por tratarse de una violación de derechos bajo custodia estatal cometida contra un preso político, cuya situación médica solo ha podido hacerse visible a través de la denuncia pública de su madre.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Declaración Universal de Derechos Humanos
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Llamado del ICLEP
El ICLEP exige a las autoridades penitenciarias y sanitarias cubanas el traslado inmediato de Kevin Damián Frómeta Castro a un centro hospitalario, la realización urgente de los estudios diagnósticos pendientes y la garantía de atención médica integral, oportuna y verificable.
Asimismo, exige el cese de las violaciones de derechos penitenciarios contra los presos políticos del 11 de julio y recuerda que la privación de libertad no suspende la dignidad humana, ni el derecho a la salud, ni el derecho de sus familiares a denunciar públicamente los abusos del Estado.
El Observatorio del ICLEP hace un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos, a los mecanismos regionales e internacionales de protección y a las instituciones que monitorean la situación de los presos políticos en Cuba, para que presten atención inmediata a la crítica situación del preso político Kevin Damián Frómeta Castro, exijan garantías efectivas de atención médica y activen acciones de seguimiento, denuncia e incidencia frente a una violación grave de derechos bajo custodia estatal.
Cuando un preso político enfermo no recibe atención médica y su familia solo logra ser escuchada mediante la denuncia pública, no estamos ante una simple negligencia: estamos ante una grave violación de derechos bajo custodia estatal.
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