Redacción ICLEP- La represión a la libertad de expresión y prensa en Cuba durante el mes de marzo se incrementó un 60,5% en comparación al mes anterior. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 61 violaciones, cometidas en 14 provincias del país.

Entre las cifras más alarmantes está la ocurrencia de 18 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 expresiones de uso abusivo del poder estatal, 6 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones de ciudadanos en cárceles y 3 agresiones físicas. Las provincias donde se registraron mayor número de violaciones fueron Santiago de Cuba (18, en gran parte asociadas a las protestas en esa provincia), La Habana (8) y Camagüey (6).

Se registraron violaciones contra 43 personas (8 mujeres y 35 hombres), de ellos 14 presos políticos, 14 ciudadanos, nueve activistas, cuatro opositores y dos periodistas. Los hechos represivos fueron cometidos mayormente por oficiales de la Seguridad del Estado, funcionarios del sistema penitenciario, la Policía Nacional Revolucionaria y el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA.

De las 18 amenazas registradas por el ICLEP, diez fueron motivadas por publicaciones en redes sociales. Como en meses anteriores continuó la práctica, cometida fundamentalmente por oficiales de la Seguridad del Estado, de citar a estaciones policiales y llamar por teléfono a ciudadanos y activistas por comentarios en Facebook, publicaciones en redes sociales, apoyo a las protestas, denuncias de violaciones y mostrar la militarización de las calles.

Las restantes amenazas, principalmente fueron dirigidas por agentes estatales contra personas que realizaron comentarios críticos en espacios públicos, prisioneros políticos que sacaron al exterior denuncias sobre violaciones en las cárceles, a una opositora que realizó una pintada antigubernamental en su vivienda y al periodista Carlos Michael Rodríguez a quien el mismo día que extinguió su sanción por participar en las protestas del 11J, lo amenazaron con una nueva causa penal si continuaba ejerciendo como reportero.

La amenaza más recurrente fue tomar represalias legales contra estas personas para llevarlos a prisión