Desde hace años, el régimen cubano se ha preparado para mutar hacia un Estado corporativo donde la propiedad sobre los diferentes sectores del país ya no esté disfrazada bajo la forma de propiedad estatal, sino que, bajo la forma de propiedad privada, pertenezca directamente a la cúpula y a sus fieles.

Así tenemos a Sandro Castro dueño de bares, a Raúl Guillermo controlando negocios de importación de autos, gestión de artistas, sector turístico, Mariela Castro con empresas de cuidados de salud, restaurantes y hostales, la familia García Frías dueña de la venta de carbón, tiendas online, paladares, Juan Guillermo Almeida controlando a través de testaferros las cafeterías Rápido ubicadas en la carretera central desde el Km 259 hacia el oriente del país, y una lista mucho más extensa de represores, cuadros partidistas y enchufados a los cuales les entregan negocios más pequeños, territorializados, pero igual de jugosos en un país donde no existe libre competencia y cuentan con una serie de beneficios y licencias que no tienen otras personas.

Este esquema no solo está diseñado para generar ingresos, sino también para captarlos (vía cooperación internacional con la promesa de que traerá un cambio político a Cuba) y en menor grado también redistribuirlo hacia otras partes del apara