Redacción ICLEP- En la última semana, al menos cuatro presos políticos y un familiar han denunciado ser víctimas de amenazas y restricción de llamadas telefónicas como represalia por denunciar las múltiples violaciones de derechos que se comenten en las cárceles cubanas.

El 16 de marzo, Roberto Ángel Piloto Rodríguez, recluido en el centro penitenciario “Veguitas 1” de la provincia Granma fue visitado por un oficial de la Seguridad del Estado que no se identificó y lo amenazó con “fuertes represalias” por haber informado la muerte en esa prisión, por negligencia médica, del recluso Julio Alexis Aguilar Osorio.

La respuesta del prisionero y miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) fue “mi rol como preso político consiste en denunciar todo lo malo que ustedes hacen como sistema de gobierno comunista y por supuesto que asumiré todas las consecuencias represivas de denunciar lo que aquí pase”. El régimen cubano no publica estadísticas sistemáticas, desagregadas y confiables sobre las muertes ocurridas en prisión, de ahí que el trabajo de los presos políticos sea fundamental para que organizaciones de derechos humanos puedan llevar un subregistro de estos lamentables y frecuentes incidentes.

Piloto Rodríguez es natural de Banao, en la provincia Sancti Spíritus, sin embargo, fue llevado a esta alejada prisión oriental como represalia por las denuncias que también realizaba desde la cárcel de ese territorio en la que se encontraba recluido inicialmente.

En prisiones de Camagüey, tres prisioneros políticos fueron privados de su derecho a realizar llamadas telefónicas, ya que con frecuencia reportan a organizaciones de la sociedad civil las arbitrariedades que se comenten contra su persona y el resto de la población penal.

Según reportes publicados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el 18 de marzo les fueron suspendidas las llamadas a Ediyersi Santana Jouz (Kilo 9), Reinier Calderín Socarrás (Kilo 8) y Virgilio Mantilla Arango (Kilo 7). Con respecto a este último, el jefe de la cárcel, capitán Leonardo Suárez Reyes, orientó a presos comunes que actúan como paramilitares, que lo golpeen cuando lo vean realizando denuncias por teléfono.

Además de los castigos, la Seguridad del Estado ha recurrido también a ofrecimientos para intentar frenar la publicación de informaciones que pongan en evidencia el carácter represivo del régimen cubano. El pasado 14 de marzo, Reinier Calderín fue visitado en la prisión por varios oficiales de la policía política que le prometieron otorgarle beneficios si él desmentía públicamente algunas de las denuncias que había transmitido a organizaciones de la sociedad civil. El prisionero político se negó.

Además de a los reclusos, el hostigamiento también se extiende hacia los familiares que comunican las violaciones que estos les cuentan durante las visitas o mediante llamadas telefónicas. Ángel Delgado Almira, esposo de la presa política Lizandra Góngora, fue amenazado el 21 de marzo por el mayor de la Seguridad del Estado “Yordanis” con ir a prisión y enviar a sus hijos a un orfanato si continuaba denunciando las violaciones que cometen contra su mujer en la cárcel Los Colonos, de la Isla de la Juventud. Además de gritarle e intentar golpearlo, le dijo que cuando fuera preso le mandarían a un recluso común para que se encargara de maltratarlo.

La organización independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas publica periódicamente las condiciones inhumanas en que subsisten los reclusos del país y las constantes arbitrariedades, malas tratos y torturas de que son víctimas por parte de los carceleros.

En Cuba las organizaciones de derechos humanos existentes no son legales, la fiscalía no es un ente independiente y el régimen tampoco permite el acceso a las prisiones a organismos internacionales, con lo cual las denuncias realizadas por reclusos y sus familiares son la principal vía para monitorear mínimamente las violaciones de derechos cometidas en los centros penitenciarios.