Redacción ICLEP- En la primera quincena del mes se registraron en varias cárceles cubanas acciones contra presos políticos que constituyen violaciones a sus derechos a la comunicación y acceso a la información, tales como prohibición de llamadas telefónicas, incomunicación por períodos prolongados y negación de servicios informativos y bibliotecarios.

A la prisionera política y Dama de Blanco Yaquelín Heredia Morales, recluida en la cárcel Cuba-Panamá, en Mayabeque, le fue interrumpida abruptamente una llamada telefónica el pasado 2 de mayo. Heredia se encontraba denunciando la responsabilidad de la Seguridad del Estado por la situación de abandono en que se encuentran sus hijos luego de que sus dos padres fueron encarcelados por motivos políticos, cuando la llamada fue colgada. Solo pudo hablar 26 segundos.

Una situación similar sufrió el 15 de mayo, en el Combinado del Este, el preso político del 11J Yoanky Báez Albornoz, a quien un guardia de nombre Brayan le impidió realizar la llamada telefónica a la que tenía derecho. Este incidente provocó una discusión con el oficial, que terminó en una agresión física contra el recluso.

El 5 de mayo, el profesor Pedro Albert Sánchez cumplió 43 días totalmente incomunicado en la prisión 1580 de La Habana, donde se encuentra cumpliendo cinco años de privación libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Albert fue llevado a celda de castigo el pasado 19 de marzo y desde entonces no le han permitido llamar por teléfono ni recibir visitas de su familia. La preocupación por su situación aumenta debido a que el profesor es un adulto mayor paciente oncológico.

Eralidis Frómeta, esposa del periodista y preso político Lázaro Yuri Valdés Roca recluido en la prisión habanera Combinado del Este, denunció entre los días 7 y 10 de mayo que no le permitieron realizar la llamada telefónica que le correspondía.

En el Combinado del Sur, Matanzas, el opositor José Oscar Sánchez Madan, denunció a través de una llamada telefónica efectuada el 14 de mayo, que la Seguridad del Estado ordenó a las autoridades penitenciarias que no le permitan acceder a la biblioteca del penal y tampoco le traen los libros que solicita, bajo el pretexto de que “los utiliza para subvertir a los reos por causas comunes”.

Asimismo, le han orientado a los reclusos que trabajan con los carceleros que apaguen el televisor del destacamento cuando trasmitan algún programa informativo y Sánchez Madan lo está mirando, denunció en un comunicado el Foro Antitotalitario Unido (FANTU), organización a la que pertenece el prisionero político.