Redacción ICLEP- Sentencias de privación de libertad, detenciones arbitrarias, persecución por publicaciones en redes sociales, amenazas y cortes de internet son algunas de las 38 violaciones a la libertad de expresión registradas por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) durante el mes de febrero.

Las violaciones tuvieron lugar en las provincias de Mayabeque (9), La Habana y Matanzas (ambas con 8), Camagüey (5), Santiago de Cuba y Villa Cara (ambas con 2) y Cienfuegos, Holguín, Pinar del Río, todas con 1.

Fueron cometidas contra 28 personas y una institución, siendo esta última el propio ICLEP, víctima de un hackeo perpetrado por una fuente que no pudo ser identificada. En total once activistas, seis presos políticos, cinco ciudadanos sin vínculos con organizaciones de la sociedad civil, cuatro opositores y dos periodistas fueron víctimas de atropellos a su derecho a la libertad de expresión.

Las violaciones registradas se clasificaron como: ataques, amenazas y agresiones (15), detención arbitraria (11), restricción en el espacio digital (5), uso abusivo del poder estatal (5), reclusión (1) y agresión física (1).

En algunos casos, una misma persona fue víctima de diferentes tipos de violaciones, ya sea en una misma acción represiva en su contra o en varias acciones represivas de las que fue víctima durante el mes.

Los ejecutores de estas arbitrariedades fueron principalmente oficiales de la Seguridad del Estado, de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del sistema penitenciario, así como la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) encargada de los cortes de internet.

Por su gravedad, desde el ICLEP queremos destacar los juicios realizados contra el activista Yasmany González Valdés y el opositor Frederict Otero Angueira, a quienes de manera individual la fiscalía solicitó seis años de privación de libertad acusándolos del delito de “propaganda contra el orden constitucional”. En el caso de González, por unos carteles contra el régimen pintados en las calles de La Habana y a Otero por manifestarse pacíficamente gritando la consigna “Abajo el comunismo” en una avenida de la capital. Desde nuestra institución alertamos sobre el uso continuado de la práctica de criminalizar judicialmente, mediante diferentes tipos penales, a quienes hacen uso de su libertad de expresión para disentir.

Las redes sociales continúan siendo uno de los espacios de persecución de la libertad de expresión por parte del régimen cubano, llevando el acoso a niveles extremos. La ciudadana María Melisa Chaling-Chong fue amenazada con cinco años de prisión por un comentario en Facebook y Loraine Correa recibió una llamada de advertencia por parte de un teniente coronel de la Seguridad del Estado por quejarse de los apagones en un post.

Por realizar una directa denunciando las arbitrariedades que sufrió en prisión, fue detenida la activista y ex presa política Ienelis Delgado Cué, mientras que el opositor Jorge Cervantes pasó 48 horas en un calabozo por sus críticas en redes sociales. En ambos casos, fueron amenazados con ir a prisión si persistían con sus publicaciones.

También sufrieron detenciones y amenazas de prisión los periodistas independientes José Rolando Casares Soto y José Luis Tan Estrada. El activista Alberto Turis Betancourt Pérez pasó dos días detenido en estado de desaparición forzada y le fue decomisado su teléfono como represalia por pedir en la vía pública, con un cartel, soluciones a los problemas con la calidad del agua en su barrio.

En tres ocasiones en el mes fue arrestado y amenazado el opositor José Oscar Sánchez Madan por salir a las calles en Matanzas con un cartel exigiendo a la Seguridad del Estado que deje de acosar a los cuentapropistas que le ofrecían empleo. Durante una de las protestas sufrió una agresión física por un ex militar y finalmente fue llevado a la prisión Combinado del Sur, donde se encuentra actualmente, engrosando la lista de personas encarceladas por ejercer su libertad de expresión.

El 23 de febrero, varias instituciones represivas del régimen cubano montaron un operativo en varios municipios de la provincia Mayabeque contra familiares de presos políticos que planificaron celebrar una misa por el aniversario 14 de la muerte en huelga de hambre del opositor Orlando Zapata Tamayo. La operación incluyó, además de cortes de internet como violación a la libertad de expresión y acceso a la información, detenciones, arrestos domiciliarios y vigilancia.

La obsesión del régimen cubano por el control de la información de interés público se hizo patente en los casos del bodeguero Kádell Alberto Concepción Morales, a quien amenazaron con expulsar de su puesto de trabajo por comentar a algunos clientes que el pan subiría de precio y con una enfermera del Hospital Docente Clínico Quirúrgico “10 de Octubre”, a la cual informaron que sería sancionada por tomar unas fotos que mostraban la pésima atención sanitaria brindada a una anciana que llegó a ese centro de salud cubierta de insectos y una dermatitis extrema.

También opositora Odalis Guzmán Hernández fue amenazada por un miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), quien le habló de “meterles un tiro en la cabeza” a “los contrarrevolucionarios de mierda” por criticar la situación del país en una cola. La presa política Sulmira Martínez Pérez se encuentra bajo amenazas de las autoridades de la Prisión Mujeres de Occidente para que no denuncie las violaciones que se cometen en el penal.

También para evitar que se conozcan en el exterior los atropellos que suceden en las prisiones, fueron privados de su derecho a las llamadas telefónicas los prisioneros políticos Walfrido Rodríguez Piloto y Nilo Abrahantes Santiago. Roberto Pérez Fonseca y Juan Enrique Pérez Sánchez fueron llevados a celda de aislamiento, y en condiciones de tortura, por gritar frases contra el régimen. Por esta misma razón, a Lisdiany Rodríguez Isaac le suspendieron el pase del mes de marzo y le negaron la libertad condicional.

Las violaciones documentadas por ICLEP durante el mes de febrero muestran la permanente preocupación del régimen cubano por controlar cualquier espacio y forma en que la ciudadanía pueda ejercer cuestionamientos a su gestión, así como la amplitud de recursos y arsenal represivo con que cuenta para ello. Estas violaciones constituyen solo un subregistro de cifras mucho mayores, en un país donde la ausencia de libertad de expresión se ha naturalizado y la represión a quienes se atreven a ejercer ese derecho es cotidiana.