La Habana, Cuba — 22/09/2026. Agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria ejecutaron, entre el 17 y el 18 de septiembre, un operativo coordinado de vigilancia y cerco domiciliario contra un grupo de activistas y periodistas independientes en La Habana, con el propósito de impedirles asistir a la actividad "Noches Americanas", organizada por la Embajada de Estados Unidos. El hecho se inscribe en un patrón de hostigamiento simultáneo dirigido a aislar a la sociedad civil de los espacios de vinculación con la comunidad internacional.
Entre las víctimas se encuentra la periodista Yunia Figueredo, quien junto a su familia enfrenta desde el mes de julio un fuerte hostigamiento represivo por parte de las autoridades cubanas. Durante este nuevo episodio, oficiales de la Seguridad del Estado le advirtieron explícitamente que sería arrestada si salía de su domicilio y le reiteraron la prohibición de sostener cualquier contacto con funcionarios de la Embajada.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente estos hechos represivos que constituyen una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
Hechos documentados
El 18 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana tenía previsto celebrar la actividad "Noches Americanas". Tal como ha ocurrido con convocatorias similares —entre ellas la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos el 4 de julio—, el Estado cubano desplegó una ola represiva dirigida a impedir la asistencia de los invitados. Entre el 17 y el 18 de septiembre, agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sometieron a un grupo de periodistas y activistas a vigilancia y cerco domiciliario, replicando un patrón ya documentado por el Observatorio en ocasiones anteriores.
El jueves 17 de septiembre, el activista Adelth Bonne denunció en Facebook que el oficial de la Seguridad del Estado identificado como "Rodrigo" se presentó en su domicilio para informarle, en tono de amenaza, que tenía prohibido salir de su casa desde ese día hasta el sábado 19 de septiembre. Según su testimonio, al preguntar los motivos, el oficial no ofreció respuesta.
Al día siguiente, viernes 18 de septiembre, Bonne denunció nuevamente en Facebook que el mismo oficial se presentó por segunda vez en su domicilio para reiterarle la prohibición de salir ese día, advirtiéndole explícitamente que, de hacerlo, sería "detenido" y "procesado". Bonne documentó además la presencia de la patrulla policial identificada con el número 474 estacionada frente a su edificio.
Por su parte, el 17 de septiembre, dos oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en el domicilio de Yunia Figueredo para advertirle que no podría asistir, junto a su esposo Frank Correa y sus hijas Beily Mariam y Tania Bárbara Correa Figueredo, a la actividad del 18 de septiembre. Según su propio testimonio al OCLE y publicaciones en Facebook, los oficiales le reiteraron que permanece bajo prisión domiciliaria y le advirtieron que, de salir, irían presos. Yunia confirmó, además, que otros agentes mantenían vigilancia en la esquina de su vivienda desde temprano.
"Yo no tengo por qué seguir órdenes de nadie. Pero ustedes saben que a mí me tienen bajo prisión domiciliaria y ellos no quieren que yo tenga ningún tipo de relación con ningún funcionario de la Embajada. Sencillamente por yo decir la verdad. Así que ya saben, alerta a la comunidad internacional de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. Libertad y libertad para todos los presos políticos", declaró Figueredo en un audio enviado al OCLE.
Ese mismo jueves 17 de septiembre, Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, denunció que un oficial de la Seguridad del Estado identificado como el mayor "John" se presentó en su vivienda para notificarle que los integrantes de su organización tenían prohibido asistir a la actividad, advirtiéndole: "Se lo venimos a decir con anticipación para que no pasen una mala noche".
Además, la periodista Camila Acosta denunció en Facebook que fue sitiada el 18 de septiembre en su vivienda por la policía política, sin ninguna explicación oficial más allá de la orden verbal de no salir. Ese mismo día, hacia las 10:10 am, el periodista Boris González Arenas denunció en redes sociales que una agente identificada como "Raisa, de la 21" le impidió salir de su vivienda, dentro del mismo operativo.
La periodista y directora de 14ymedio, Yoany Sánchez, denunció, también el 18 de septiembre, un operativo conjunto de la Seguridad del Estado y la PNR, con agentes vestidos de civil y al menos una patrulla policial que cercaron los bajos de su edificio en La Habana, impidiéndole salir a ella y a su esposo, el periodista Reinaldo Escobar.
"Esto sólo obedece al interés del Estado cubano de que aunque el país se desarme, aunque la nación se caiga a pedazos, aunque los ciudadanos estemos hundidos no solamente en los desechos, las enfermedades, los mosquitos y los malos olores, pues aún así mantener la represión. La represión política, el impedir moverse, el impedir comentar, el impedir informar sigue siendo la prioridad del régimen cubano y esa prioridad la vemos hoy aquí representada y en muchos aspectos de la vida", denunció Sánchez.
Por su parte, los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro fueron advertidos de que permanecerían bajo vigilancia para impedirles asistir al encuentro. De acuerdo con una publicación en redes sociales, sobre las 9:30 de la mañana del día 18, un agente de la Seguridad del Estado se personó en la vivienda del matrimonio para informarles que no podrían asistir a la 5ta edición del evento “Noches Americanas: Una Ventana a la Excelencia Cultural de los Estados Unidos", que organiza la embajada de ese país en La Habana.
Laura María Labrada Pollán, presidenta de Cuba Independiente y Democrática (CID), denunció igualmente haber sido advertida por un oficial de la Seguridad del Estado que no podía asistir a la actividad, y aseguró tener una patrulla instalada a unos pocos metros de su domicilio.
A una situación similar de cerco domiciliario estuvo sometido Wilber Aguilar Bravo, padre del preso del 11J Walnier Luis Aguilar y quien se ha convertido en un fuerte activista por la libertad de los presos políticos. "Denuncio a la dictadura y sus cómplices. No cesan el hostigamiento, la represión y el ensañamiento contra mi familia. Los tiranos han convertido nuestra bella isla en una prisión..."; escribió Wilber en Facebook, acompañado de una imagen que muestra una patrulla instalada en el frente de su domicilio.
Bajo vigilancia estuvieron también el opositor y gestor del Proyecto Emilia, Óscar Elías Biscet, y su esposa la activista Elsa Morejón; desde aproximadamente las 6:00 de la mañana, un carro patrullero estuvo apostado en las afueras de su vivienda. Los activistas José Elías González Agüero y Alejandro García Arias notificaron haber recibido una orden de agentes de la policía política de no asistir al evento en la embajada estadounidense y que estarían también bajo permanente observación. Estos casos fueron documentados por Cubalex.
Los hechos aquí narrados constituyen una violación a la libertad de expresión y de prensa porque el Estado cubano, mediante sus cuerpos de seguridad, sometió simultáneamente a un grupo de periodistas y activistas a vigilancia, cerco, amenaza y detención en sus propios domicilios, con el único fin de impedirles ejercer su derecho a reunirse e informar sobre un espacio de vinculación con la comunidad internacional, sustituyendo el debido proceso por medidas coactivas extrajudiciales.
Clasificación metodológica del caso
Fechas, víctimas e indicadores represivos documentados:
17 de septiembre de 2026
Dagoberto Valdés Hernández, activista, director del Centro de Estudios Convivencia y la revista de igual nombre.
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: un oficial de la Seguridad del Estado se presentó en su domicilio con una frase de connotación amenazante para advertirle que su organización tenía prohibido asistir a la actividad diplomática, una visita intimidatoria dirigida a coaccionar su voluntad de participación cívica.
17 y 18 de septiembre de 2026
Yunia Figueredo, periodista y activista de derechos humanos, junto a su esposo Frank Correa y sus hijas Beily Mariam y Tania Bárbara Correa Figueredo
Detención arbitraria: La advertencia explícita de que sería arrestada si salía, configura un cerco domiciliario con amenaza de arresto, esto es, una restricción coactiva e inmediata de su movilidad ejecutada sin orden judicial ni justificación legal alguna.
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: la vigilancia permanente sobre su vivienda, combinada con la orden verbal, sin proceso o acto administrativo, de no sostener contacto con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, constituye una coacción dirigida a quebrar su voluntad de vincularse con actores diplomáticos internacionales.
Adelth Bonne, activista
Detención arbitraria: desde el 17 de septiembre, el oficial "Rodrigo" le notificó que tenía prohibido salir de su domicilio hasta el sábado 19, restricción que fue reiterada al día siguiente y reforzada mediante la advertencia explícita de que sería "detenido" y "procesado" si salía a la calle. La prohibición de movilidad, sostenida durante ambos días y ejecutada sin orden judicial ni debido proceso, configura una detención arbitraria continuada.
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: la visita intimidatoria del oficial, que no ofreció justificación alguna a la medida cuando se le preguntó, y la instalación de una patrulla policial frente a su vivienda, constituyen además una coacción dirigida a quebrar su voluntad de participación cívica.
18 de septiembre de 2026
Yoany Sánchez y Reinaldo Escobar, periodistas
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: el despliegue de un operativo con agentes de civil y patrullas policiales apostados de forma sostenida frente a su vivienda, sin orden judicial ni explicación oficial, constituye una vigilancia intimidatoria destinada a infundir temor y a impedir coactivamente su desplazamiento.
Boris González Arenas, periodista
Detención arbitraria: el impedimento directo de salir de su vivienda, ejecutado por una agente estatal identificada dentro del mismo operativo desplegado contra el resto de las víctimas, constituye una vigilancia intimidatoria orientada a neutralizar su participación en el espacio cívico independiente.
Camila Acosta, periodista
Detención arbitraria: el asedio de su vivienda por agentes de la policía política, sostenido mediante la orden verbal explícita de no salir, constituye una restricción coactiva e inmediata de su movilidad, sin orden judicial ni justificación legal alguna.
Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro, activistas
Detención arbitraria: fueron advertidos de que no podían salir de su domicilio y que permanecerían bajo vigilancia durante todo el día, con el fin de impedirles asistir a la actividad diplomática, una medida impuesta sobre su libertad de movimiento y participación cívica.
Laura María Labrada Pollán, presidenta de Cuba Independiente y Democrática (CID)
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: fue notificada de que no podía salir de su vivienda y permaneció vigilada por una patrulla policial, para impedir su participación en el espacio diplomático Noches Americanas.
Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: la presencia de una patrulla policial apostada frente a su vivienda constituye una vigilancia intimidatoria dirigida a coaccionar su libertad de movimiento en el contexto de su condición de familiar de un preso político.
Elsa Morejón y Óscar Elías Biscet, activistas
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: permanecieron vigilados por una patrulla policial apostada frente a su vivienda desde las 6:00 a.m., una vigilancia intimidatoria sostenida dirigida a impedir su desplazamiento.
José Elías González Agüero y Alejandro García Arias, activistas
Detención arbitraria: agentes de la policía política les advirtieron que no se les permitiría asistir a la actividad y que permanecerían bajo vigilancia, una medida dirigida a impedir su participación cívica.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54. Reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, vulnerada al impedir a Adelth Bonne y Boris González Arenas manifestar y ejercer su opinión mediante su participación en un espacio cívico independiente.
Artículo 55. Reconoce la libertad de prensa, violentada al impedir mediante cerco o amenaza el ejercicio profesional de Yunia Figueredo, Yoany Sánchez, Reinaldo Escobar y Camila Acosta.
Artículo 56. Reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación, vulnerado al impedir sistemáticamente a todas las víctimas asistir a una actividad de intercambio con una misión diplomática.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19. Reconoce la libertad de opinión y expresión, y el derecho a investigar y difundir información, vulnerado en la labor periodística y activista de todas las víctimas.
Artículo 20. Reconoce el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas, vulnerado al impedir a todas las víctimas asistir al acto diplomático.
Artículo 9. Prohíbe la detención arbitraria, vulnerado en el cerco con amenaza de arresto.
Artículo 13. Reconoce la libertad de circular y de salir del propio domicilio sin restricciones injustificadas, vulnerado por los cercos domiciliarios impuestos a Yoany Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Adelth Bonne y Boris González Arenas.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 19. Reconoce el derecho a la libertad de expresión, vulnerado en la labor periodística y activista de todas las víctimas.
Artículo 21. Reconoce el derecho de reunión pacífica, vulnerado al impedir la asistencia de todas las víctimas al acto diplomático.
Artículo 9. Prohíbe la detención o prisión arbitrarias, vulnerado en el cerco con amenaza de arresto contra Yunia Figueredo y su familia.
Artículo 12. Reconoce la libertad de circulación y de elegir residencia, vulnerado por los cercos domiciliarios impuestos a Yoany Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Adelth Bonne y Boris González Arenas.
La conducta desplegada por el Estado cubano contra estos periodistas y activistas —sometidos de manera simultánea a vigilancia, cerco y amenaza en sus propios domicilios— constituye una violación sistemática al derecho a la libertad de expresión, de prensa, de reunión pacífica y de circulación, ejecutada al margen de toda garantía judicial y con el propósito deliberado de aislar a la sociedad civil independiente de espacios legítimos de vinculación con la comunidad internacional. Estas acciones, que alcanzaron incluso a menores de edad como testigos directos de la represión contra sus familias, configuran un uso arbitrario y desproporcionado del poder estatal, incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por Cuba en materia de derechos humanos.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige a las autoridades cubanas el cese inmediato de la vigilancia, el cerco domiciliario y las amenazas de detención impuestas a Yunia Figueredo y su familia, Adelth Bonne, Yoany Sánchez, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Boris González Arenas, Dagoberto Valdés Hernández, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro, Wilber Aguilar Bravo, José Elías González Agüero, Alejandro García Arias, Elsa Morejón, Óscar Elías Biscet y Laura María Labrada Pollán; y garantías plenas para que la sociedad civil independiente pueda ejercer sin represalias su derecho a la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de vinculación con actores diplomáticos internacionales.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
-den seguimiento a estos casos,
-exijan responsabilidades al Estado cubano, y
-refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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