El OCLE documentó 123 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, un 64 % más que en agosto de 2025; por primera vez en el año, el uso abusivo del poder estatal fue el principal mecanismo represivo.
Metodología del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP documenta violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba basado en el método inductivo: observación y registro de hechos, análisis y clasificación, contrastación, verificación y archivo físico y digital.
Fuentes. La Metodología del OCLE emplea declaraciones directas de víctimas, familiares y testigos, así como la revisión y contrastación de denuncias obtenidas por la red de monitoreo del Observatorio o publicadas en redes sociales, medios digitales y reportes de organizaciones aliadas. Los casos pueden documentarse como testimonios directos, de terceros, evidencia documental, video/audio o fuentes públicas verificables.
Criterios de clasificación. Todo hecho se registra una vez verificada su condición de violación al Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en concordancia con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Metodología del OCLE distingue entre violaciones a la libertad de expresión —cuando la víctima es ciudadano, activista u opositor— y violaciones a la libertad de prensa, cuando el afectado es periodista, trabajador de medios o director de un medio de comunicación, independientemente de si la agresión ocurre durante el ejercicio directo del periodismo o no.
Indicadores operativos. Los hechos se clasifican en seis categorías: (1) Detención arbitraria: privación de libertad o restricción de movilidad sin orden judicial ni debido proceso; (2) Agresiones físicas: violencia deliberada contra el cuerpo de la víctima, incluyendo tortura bajo custodia, agresión sexual o asesinato; (3) Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas: hostigamiento, intimidación, vigilancia, allanamientos, mítines de repudio y acoso sistemático al entorno de la víctima; (4) Reclusión: privación formal y prolongada de libertad por orden judicial o medida cautelar, incluida la reclusión domiciliaria; (5) Restricciones en el espacio digital: bloqueos, hackeos, cortes de internet, suspensión de cuentas y cualquier agresión tecnológica orientada a silenciar a la víctima en línea; (6) Uso abusivo del poder estatal: instrumentalización del aparato administrativo, migratorio, penal y penitenciario para censurar, sancionar económicamente o restringir la movilidad de las personas.
En un mismo hecho violatorio (registro) puede emplearse simultáneamente más de un indicador represivo. Cuando una persona es detenida arbitrariamente, trasladada a una unidad policial, sometida a un interrogatorio intimidatorio y liberada horas después bajo amenaza de consecuencias penales si continúa enfrentando al régimen desde la expresión pública, ese único episodio activa al menos tres indicadores del sistema de registro del ICLEP: detención arbitraria, ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, y uso abusivo del poder estatal. El hecho es uno, y como tal consta como un solo registro en la base de datos, pero tiene asociado a él tres violaciones simultáneas.
Este criterio metodológico responde a una decisión consciente: registrar cada episodio como una unidad coherente de represión, preservando la integridad del hecho tal como fue vivido por la víctima, en lugar de fragmentarlo artificialmente en tantos registros como indicadores activa. Su consecuencia estadística directa es que el número de violaciones siempre será igual o superior al número de registros, nunca inferior. La diferencia entre ambas cifras es, en sí misma, un indicador cualitativo: cuanto mayor es la brecha entre registros y violaciones, mayor es la densidad represiva de los hechos documentados.
Verificación. Ningún caso se publica sin contrastación. La Metodología del OCLE exige al menos una fuente corroborante. Los hechos dudosos o no verificables quedan en reserva hasta su confirmación.
Limitaciones. El contexto represivo cubano impone restricciones severas al acceso a la información. La autocensura de las víctimas, el miedo a represalias y la imposibilidad de obtener respuesta oficial pueden generar subregistro. Los datos reflejan los casos documentados y verificados conforme a la metodología, no la totalidad de las violaciones ocurridas en el país.
Carácter no conclusivo de los datos. Las cifras presentadas en este informe corresponden a los hechos documentados y verificados hasta el 31 de agosto de 2026. La documentación de violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba es un proceso dinámico y, en ocasiones, hechos ocurridos durante el mes solo llegan al conocimiento del Observatorio con posterioridad a la publicación del informe correspondiente, ya sea por demoras en la denuncia de las víctimas, por dificultades para verificar las denuncias, por bloqueos de comunicación o por el propio efecto disuasorio del aparato represivo sobre las fuentes. Por esta razón, los datos aquí consignados no deben interpretarse como cifras cerradas o definitivas: reflejan el registro disponible en el momento del cierre y pueden ser complementados en informes posteriores conforme se verifiquen nuevos hechos correspondientes al periodo. En nuestro sitio web, en el menú superior llamado Barómetro, se publican con sistematicidad las cifras actualizadas.
Ética y protección de fuentes. La identidad de víctimas y fuentes se anonimiza cuando existe riesgo para su seguridad. El Observatorio no publica información que pueda exponer a personas en situación de vulnerabilidad, y aplica protocolos de seguridad digital en el manejo de la documentación.
1. Introducción
Agosto de 2026 cerró con 123 violaciones a la libertad de expresión y de prensa documentadas por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP. La cifra representa un descenso pronunciado respecto al pico histórico documentado en julio (280 violaciones, -56.1%), pero se mantiene un 64.0% por encima del registro del mismo mes del año anterior (75 violaciones en agosto de 2025). Ambas comparaciones definen con precisión el sentido del mes: no se trata de una distensión estructural del modelo represivo cubano, sino de una modulación táctica tras un mes de intensificación extraordinaria.
El descenso registrado en agosto es coherente con el patrón histórico documentado por el Observatorio en años anteriores. Tras picos represivos asociados a fechas de alta carga simbólica —el aniversario del 11J y la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la Embajada estadounidense en La Habana concentraron la actividad de julio—, el aparato tiende a reducir deliberadamente el hostigamiento visible como estrategia para diluir la percepción de su propia intensidad represiva. No porque el control se relaje, sino porque se privilegia la baja visibilidad sobre el volumen. Agosto no contiene, en el calendario cubano, fechas de una carga simbólica equivalente que justifiquen operativos de contención de la magnitud del mes anterior.
Tres rasgos caracterizan el mes y merecen anotarse desde la introducción. Primero, el uso abusivo del poder estatal se consolida como el indicador dominante del período con 48 menciones (39.0% del registro), superando por primera vez en el año al resto de los indicadores y confirmando la centralidad creciente de la instrumentalización institucional del aparato administrativo, penal y penitenciario como herramienta represiva sostenida. Segundo, la participación en protestas como motivo detonante crece de 33 a 42 (+27.3%) y se consolida como el principal desencadenante de la actividad represiva del mes. Sin embargo, la composición interna de esa cifra no es sinónimo de un ciclo de protestas creciente o sostenido: 29 de esas 42 agresiones —el 69%— provienen de un único evento. Tercero, el ciudadano común recupera el primer puesto entre los perfiles de víctima con 45 casos, un desplazamiento respecto a julio que responde a la persistencia del hostigamiento sobre las acciones de descontento social.
El informe de agosto de 2026 del OCLE presenta el análisis del período organizado en las siguientes secciones temáticas: los datos generales del mes y su contraste con julio de 2026 y agosto de 2025; la distribución de las agresiones por tipo de indicador y los motivos detonantes; el mapa territorial de la represión; las instituciones responsables; el perfil de las víctimas y su composición por género; una selección de casos emblemáticos; los derechos conexos vulnerados; el análisis de tendencias del período; la evolución mensual comparada; y una proyección estimada para septiembre de 2026.
2. Datos generales
De las 123 agresiones registradas en agosto de 2026, 106 corresponden a violaciones a la libertad de expresión y 17 a violaciones a la libertad de prensa. La proporción es de 86.2% frente a 13.8%. La libertad de expresión mantiene su peso mayoritario en el registro global, con un incremento relativo respecto a julio (donde había representado el 83.9%), mientras que la libertad de prensa desciende tanto en términos absolutos —de 45 a 17 agresiones, una reducción del 62.2%— como proporcional (cayó más que le promedio). Este descenso pronunciado del hostigamiento visible contra periodistas coincide con la ausencia de fechas simbólicas que habían activado en julio operativos específicos sobre la prensa, pero no debe interpretarse como una distensión del modelo represivo sobre este perfil.
Comparativa con períodos anteriores
Situar el dato de agosto requiere dos referencias: el mes inmediatamente anterior y el mismo mes del año pasado. Frente a julio de 2026, agosto registra 157 violaciones menos, una variación intermensual de -56.1%. Frente a agosto de 2025, la diferencia es de 48 agresiones adicionales, un crecimiento del 64.0%. Ambas comparaciones —una sobre el pico histórico documentado por el OCLE, otra sobre el mismo período del año anterior— confirman la doble dimensión del mes: descenso pronunciado respecto al máximo del año, pero consolidación de un piso represivo estructural muy por encima del registro histórico de agosto.
La lectura combinada de ambas variaciones es inequívoca: la trayectoria del modelo represivo cubano modula su intensidad tras picos coyunturales, pero sostiene un piso estructural claramente superior al registrado en años anteriores. La libertad de expresión, que en julio se situaba en 235, alcanza los 106 en agosto, un descenso de 129 en un solo mes. Sin embargo, comparada con agosto de 2025 (55 violaciones), la libertad de expresión casi duplica su volumen (+92.7%), lo que constituye el indicador más elocuente de la consolidación estructural del hostigamiento sobre ciudadanos, activistas y opositores. La libertad de prensa registra una dinámica contraria: desciende un 15% respecto al mismo mes del año anterior, un dato coherente con la reducción sostenida del número de periodistas independientes activos en el país como consecuencia del exilio forzado y con el desplazamiento del hostigamiento hacia otras tipologías de víctimas.
3. Agresiones por tipo de indicador
La distribución de las 123 agresiones documentadas en agosto de 2026 por tipo de indicador permite identificar qué herramientas privilegia el aparato represivo en un mes de descenso relativo del volumen tras el pico de julio. El repertorio del período muestra un cambio estructural relevante respecto a los meses anteriores: por primera vez en el año, el uso abusivo del poder estatal encabeza el listado, desplazando al hostigamiento psicológico que había ocupado esa posición de forma sostenida. Este desplazamiento tiene una lectura de fondo: la respuesta represiva se traslada hacia la dimensión institucional y sostenida, coherente con la modulación de la exposición del aparato represivo.
El uso abusivo del poder estatal encabeza el registro con 48 menciones (39.0% del total). El indicador desciende un 32.4% respecto a julio (71) en términos absolutos, pero incrementa notablemente su peso proporcional dentro del registro del mes (había sido el 25.4% en julio). Frente a agosto de 2025 (19), el crecimiento es del 152.6%, más que duplicando el volumen del mismo mes del año anterior. El ascenso a la primera posición confirma un patrón de fondo advertido en informes previos: la respuesta represiva del régimen no se agota en la acción inmediata, sino que se prolonga institucionalmente mediante procesos penales, medidas cautelares, restricciones migratorias y violaciones de derechos penitenciarios. Agosto muestra ese desplazamiento en su expresión más clara: la modulación de la visibilidad se acompaña de la consolidación del aparato institucional como brazo represivo dominante.
Los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas se sitúan en la segunda posición con 44 casos documentados (35.8%). Aunque descienden un 63.3% respecto al máximo de julio (120), superan en un 51.7% el registro de agosto de 2025 (29). Esta lectura confirma que el hostigamiento psicológico como herramienta represiva mantiene su condición de instrumento cotidiano de contención: la vigilancia intensificada, la presencia policial en el entorno de figuras identificadas, las citaciones sin objeto procesal, los cercos policiales domiciliarios y las advertencias reiteradas siguen operando de manera sistemática, aunque a menor escala que en el mes anterior. La combinación de este indicador con el uso abusivo del poder estatal concentra el 74.8% del registro del mes, lo que dibuja con nitidez el modelo represivo dominante: hostigamiento sostenido más instrumentalización institucional.
Las detenciones arbitrarias suman 26 menciones (21.1%). La cifra desciende un 44.7% respecto a julio (47), pero crece un 73.3% frente a agosto de 2025 (15). El comportamiento del indicador es coherente con la modulación general del mes y con el desplazamiento del repertorio hacia formas de control más preventivas y menos visibles. El aparato desplaza parte de su intervención de la detención abierta hacia el hostigamiento psicológico y el uso abusivo del poder estatal. Sin embargo, el crecimiento interanual del 73.3% confirma que la detención sin garantías procesales sigue siendo un componente activo del repertorio represivo, con un peso estructuralmente superior al de años anteriores.
Las agresiones físicas descienden a 3 (2.4%), una reducción del 87.0% respecto a julio (23) y una caída también respecto a agosto de 2025 (5). Este descenso pronunciado refleja tanto la ausencia de los operativos represivos violentos vinculados a las fechas simbólicas de julio como la reducción del número de personas detenidas en la vía pública durante agosto. La cifra, no obstante, no significa desaparición de la violencia física como componente del repertorio: se mantiene la persistencia de agresiones dentro del sistema penitenciario, invisibilizadas por las condiciones de encierro y por las limitaciones del acceso informativo a los centros de detención.
La reclusión suma 1 caso (0.8%), un descenso pronunciado respecto a julio (11) y una mención menos respecto a agosto de 2025 (2). Este dato debe leerse con cautela, a la luz de una dificultad documental específica: tras una detención, el seguimiento del caso frecuentemente se complica. La familia pierde acceso a información sobre el estatus procesal de la persona detenida durante días o semanas; la Fiscalía puede decretar prisión preventiva sin notificación oportuna a la defensa; los tribunales operan con opacidad sobre las fechas exactas de las decisiones cautelares. En ese vacío informativo, el OCLE puede verificar que hay una persona privada de libertad —y contabilizarla bajo detención arbitraria o uso abusivo del poder estatal—, pero no siempre logra documentar la reclusión formal en la fecha precisa en que se dictó, condición que la Metodología exige para contabilizar el hecho bajo este indicador.
Sobre esta dinámica opera un efecto de desfase temporal: reclusiones ordenadas en agosto pueden llegar al conocimiento del Observatorio en septiembre o meses posteriores, incorporándose entonces como casos registrados fuera de fecha —tal como prevé el carácter no conclusivo de los datos consignado en la sección metodológica.
La restricción en el espacio digital cierra el listado también con 1 caso (0.8%), el volumen más bajo documentado en el año. La cifra no es sinónimo de una disminución del control sobre el ecosistema informativo cubano, sino el reflejo de un factor contextual que dificulta la capacidad de documentación. La situación del Sistema Electroenergético Nacional se ha deteriorado hasta un punto en que los apagones prolongados, las desconexiones sostenidas y la inestabilidad crónica del suministro afectan de manera directa y masiva la operatividad de los servicios de conectividad. Telefonía móvil, datos y acceso a internet dependen de infraestructura eléctrica que hoy funciona de forma intermitente en amplias zonas del país.
En este escenario, cuando una víctima o un territorio experimenta un corte de conectividad, resulta cada vez más difícil determinar con precisión si se trata de una restricción selectiva ordenada por el aparato represivo con fines de silenciamiento, o de una consecuencia derivada del colapso energético estructural que afecta a la población en su conjunto. Esta indeterminación técnica no beneficia al ciudadano ni transparenta la responsabilidad del Estado; por el contrario, funciona como una capa adicional de opacidad que dificulta la trazabilidad de las decisiones represivas específicas y reduce aún más la capacidad del OCLE de documentar la restricción digital como práctica dirigida. El apagón, en la Cuba de 2026, se ha convertido en un manto que oculta la censura al mismo tiempo que la ejecuta.
Motivos o detonantes documentados
Comprender qué situaciones desencadenan la respuesta represiva del Estado es tan importante como cuantificarla, y agosto de 2026 ofrece un caso paradigmático de por qué la lectura de los motivos detonantes exige atender no solo al volumen bruto de hechos por categoría, sino a la composición interna de cada dato.
La participación en protestas aparece como el principal motivo detonante del mes con 42 agresiones asociadas, superando por amplia distancia al segundo motivo. Este volumen podría sugerir, en una lectura rápida, que la protesta ciudadana se sostuvo o creció como fenómeno social durante agosto. La composición interna del dato, sin embargo, ofrece otra interpretación, que destaca la capacidad de contención de la represión estatal.
De las 42 violaciones contabilizadas bajo participación en protestas, 29 —el 69% del total del motivo— corresponden a un único evento en el que se desplegó una operación represiva concentrada, que alcanzó a 13 personas de un grupo de 16. Los manifestantes pretendían recorrer el Paseo del Prado habanero, desde el Capitolio hasta el Malecón, pero fueron detenidos y luego multados antes de su liberación.
El OCLE quiere dejar claro que este análisis no implica, necesariamente, que la protesta como fenómeno social se haya contraído temporalmente en agosto. Nuestros registros consisten en las violaciones a la libertad de expresión que ocurren en los contextos de protesta, no en la documentación de la protesta como tal.
Otras cuatro agresiones de las 42 registradas bajo el detonante de participación en protestas corresponden a acciones protagonizadas por presos políticos dentro del sistema penitenciario, en denuncia de las condiciones de reclusión y como acto de resistencia bajo custodia. Estas 4 agresiones son coherentes con la persistencia del preso político como segundo perfil de víctima del mes (28 casos) y con las 8 menciones de denuncia de condiciones carcelarias como motivo detonante; confirman, a la vez, que el sistema penitenciario cubano genera sus propias formas de disenso incluso bajo las condiciones de máxima coerción.
En definitiva, solo 9 del total de violaciones registradas en el mes a causa de la participación en protestas, se distribuyen entre otros eventos.
La represión sistemática se sitúa en la segunda posición con 26 casos, una cifra que confirma la vigencia estructural del hostigamiento planificado y sostenido sobre víctimas históricas del modelo represivo cubano. La lectura combinada de este motivo con la represión por expresión simbólica (13) —que agrupa los actos de protesta silenciosa, símbolos de disidencia o gestos con carga política reprimidos precisamente por su carácter simbólico— concentra 39 casos entre las dos categorías, y confirma que, al margen del evento único que concentra el motivo de protesta, el aparato mantiene con plena vigencia su capacidad de hostigar a figuras previamente identificadas en listas activas de seguimiento. Esta operación planificada y continuada es un componente estructural del modelo represivo cubano que opera con independencia coyunturas.
La cobertura periodística ocupa el cuarto puesto con 12 casos, una presencia relevante que ratifica el peso del hostigamiento sobre el ejercicio del periodismo independiente incluso en un mes de descenso general del volumen. Aunque el indicador libertad de prensa desciende un 62.2% respecto a julio, la cobertura periodística como motivo detonante mantiene un peso significativo dentro del universo del mes, lo que confirma que el hostigamiento contra la prensa independiente no se ha debilitado en términos estructurales; más bien se ha redistribuido hacia modalidades más selectivas y menos visibles.
La represalia por vínculos familiares o afectivos —represión vicaria— registra 10 menciones, una cifra que confirma la vigencia estable de esta modalidad orientada a presionar a la víctima principal a través de su entorno cercano. La publicación en redes sociales aparece también con 10 menciones, un dato que ratifica el peso del entorno digital como espacio de riesgo para quien expresa opiniones contrarias al gobierno o denuncia la situación del país en línea. El hecho de que las publicaciones en redes sean el sexto motivo detonante confirma que el régimen sigue reaccionando activamente contra el discurso público en internet, mediante el hostigamiento psicológico, citaciones policiales, amenazas directas, e incluso procesos penales.
La denuncia de condiciones carcelarias se documenta como séptimo motivo con 8 agresiones asociadas, un dato coherente con el peso relevante que conserva el preso político como perfil de víctima (28 casos, segunda posición del mes) y con las 4 agresiones vinculadas a protestas intracárcel ya mencionadas. Este motivo, que agrupa las agresiones dirigidas contra quienes visibilizan la situación dentro de las cárceles cubanas, mantiene una presencia sostenida y confirma que denunciar las irregularidades y violaciones que ocurren en el sistema penitenciario tiene un costo represivo tangible. El resto de los motivos documentados —acciones de solidaridad con víctimas (4), contacto con la comunidad internacional (3), documentación ciudadana de la realidad (3), fecha simbólica (2), ejercicio del derecho de petición ciudadana (2), ejercicio del derecho a la reunión y/o asociación (2), expresión en espacios públicos (1) y negativa a colaborar con la Seguridad del Estado (1)— completan el cuadro con un total de 15 categorías detonantes distintas.
La amplitud del listado confirma que el aparato represivo cubano activa su respuesta ante un abanico muy variado de conductas ciudadanas, sin que ninguna forma de expresión, asociación o denuncia quede fuera de su alcance.
4. Distribución geográfica
Las 123 violaciones documentadas se distribuyen a lo largo del territorio nacional con una concentración marcada en La Habana y una cobertura provincial parcial. A diferencia de julio, cuando por primera vez en varios períodos las 16 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud habían reportado al menos una violación, agosto muestra un mapa territorial más restringido: cuatro provincias no reportan hechos documentados durante el mes (Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud). Este dato debe leerse con las precauciones metodológicas habituales: la ausencia de registro no implica ausencia de represión, sino limitaciones en el acceso y verificación de información en territorios específicos.
La Habana concentra 66 agresiones (53.7% del total), una proporción prácticamente idéntica a la de julio (54.4%) pese al descenso pronunciado del volumen absoluto. Este dato es especialmente significativo: mientras el registro global cae un 56.1% respecto al mes anterior, la participación relativa de la capital se mantiene estable, lo que confirma que la modulación del volumen represivo se aplica de forma uniforme sobre el territorio y no responde a una redistribución geográfica del foco represivo. La Habana sigue siendo el epicentro operativo del aparato, tanto por la densidad de figuras previamente identificadas que residen allí como por el despliegue sostenido sobre activistas, periodistas, opositores y expresos políticos concentrados en la capital.
Holguín emerge como segundo territorio con 12 agresiones (9.8%), un dato que consolida la centralidad que esta provincia oriental había mostrado en informes anteriores. Su presencia en los primeros puestos del mapa represivo confirma que la actividad del aparato en Holguín no responde a un episodio puntual sino a una dinámica represiva estable que combina hostigamiento sobre figuras conocidas, represión dentro de cárceles y respuesta a la conflictividad social sostenida en el oriente del país.
Camagüey se sitúa en la tercera posición con 11 agresiones (8.9%), una posición coherente con su presencia sostenida en el registro histórico del OCLE. Esta provincia del centro concentra actividad represiva vinculada tanto al hostigamiento sobre figuras conocidas como a la represión dentro de cárceles de máxima seguridad —especialmente la prisión Kilo 8, que ha aparecido en informes anteriores como escenario recurrente de castigos contra presos políticos y que este mes acapara 9 de las 11 agresiones registradas. Guantánamo cierra el bloque de provincias con actividad represiva relevante con 7 agresiones (5.7%), tres de ellas contra el periodista independiente Niober García Founier, relacionadas directamente con el ejercicio de la profesión.
Villa Clara (6 agresiones, 4.9%), Mayabeque y Sancti Spíritus (5 agresiones cada una, 4.1%) configuran un bloque intermedio de provincias con presencia moderada en el registro del mes. Ciego de Ávila y Las Tunas empatan con 3 agresiones cada una (2.4%), Matanzas con 2 (1.6%), y Granma y Santiago de Cuba cierran el listado provincial con una agresión cada una (0.8%). El registro incluye además una agresión documentada en el entorno digital contra el periodista exiliado en México José Luis Tan Estrada, quien se ha convertido en blanco de ataques y amenazas en redes sociales por sus publicaciones sobre la realidad cubana.
La ausencia de registros en Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud durante agosto es un dato que exige lectura cautelosa. Documentar una violación en Cuba exige que la víctima o un testigo puedan denunciarla, que la denuncia llegue a la red de monitoreo y que sea contrastable. En provincias con menor densidad de estructuras civiles capaces de hacer visible la represión, el volumen documentado tiende a ser inferior al real.
5. Instituciones perpetradoras
La identificación de los actores responsables de los actos contra la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante agosto de 2026 se realiza en base a 86 hechos represivos con perpetrador institucional documentado (recordar que el hecho es consistente numéricamente con la cantidad de entradas registradas en nuestra base de datos durante el mes, no así con el total de violaciones, porque un acto represivo, que aquí es lo que se contabiliza como 86, puede activar más de un indicador ICLEP).
La Seguridad del Estado encabeza el registro con 36 hechos (41.9% de la base). Este resultado confirma el papel central de esta institución del Ministerio del Interior como brazo represivo principal del régimen, con particular presencia en los operativos de hostigamiento sistemático sobre figuras identificadas, vigilancia intimidatoria, interrogatorios, cercos domiciliarios y seguimiento sostenido a activistas, periodistas y opositores previamente clasificados como blancos prioritarios.
La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) se sitúa en la segunda posición con 29 hechos imputados (33.7%). La distancia entre la Seguridad del Estado y la PNR —7 hechos— es notablemente menor que en julio (33 hechos), un dato que refleja el desplazamiento del repertorio del mes hacia formas de intervención que combinan hostigamiento psicológico con contención territorial directa. La PNR mantiene un peso significativo, especialmente en operativos de detención, cercos domiciliarios y contención en el espacio público, y en agosto su participación relativa sobre la base institucional del mes crece respecto a julio (33.2%).
El sistema penitenciario mantiene la tercera posición con 20 hechos (23.3%), un descenso respecto a los 41 hechos que había registrado en julio, pero con un peso proporcional muy similar. Este dato es especialmente significativo: el volumen absoluto cae, pero la centralidad del encierro como escenario represivo se sostiene con nitidez. El castigo dentro del sistema penitenciario —traslados arbitrarios, restricciones de visitas, agresiones físicas bajo custodia, condiciones materiales degradadas, castigos por denuncias internas, aislamientos, denegación de atención médica— continúa como frente activo del modelo represivo, coherente con la persistencia del preso político como segundo perfil de víctima del mes (28 casos).
El Poder Popular emerge como un perpetrador institucional relevante con 9 hechos (10.5%), un dato específico del mes que amerita énfasis. La participación de directivos de gobiernos municipales —específicamente del municipio Diez de Octubre en La Habana y del gobierno municipal de Holguín— en la comisión directa de violaciones a los derechos fundamentales confirma que la arquitectura represiva cubana opera con capacidad de descentralización territorial. Los aparatos administrativos locales, aunque no tienen atribuciones formales de coerción, funcionan como actores represivos operativos cuando el aparato central los instrumentaliza para sostener el control sobre figuras identificadas en su territorio de gestión.
Los civiles actuando a nombre del Estado —figura que agrupa a personas sin vinculación formal con instituciones represivas, pero que actúan por instrucción, coordinación o cobertura del aparato oficial— suman también 9 hechos (10.5%). Esta modalidad, característica del modelo represivo cubano, incluye la participación de vecinos movilizados en mítines de repudio, informantes territoriales que reportan movimientos de figuras identificadas y agresores individuales cuya impunidad revela cobertura institucional. El peso relevante de esta categoría en el mes confirma que el aparato mantiene su capacidad de externalizar el hostigamiento hacia estructuras aparentemente civiles, dificultando la trazabilidad institucional directa.
El sistema judicial —fiscalías y tribunales— aporta 5 hechos (5.8%), una presencia menor que en julio (21 hechos entre Fiscalía, Tribunales Provinciales y Tribunal Supremo), pero significativa por el peso simbólico de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica.
El Ministerio de Salud aparece como perpetrador en 2 hechos (2.3%), una presencia menor, pero significativa por el perfil de esta institución: agrupa modalidades como la denegación de atención médica a presos políticos, la negativa a entregar historiales médicos y la instrumentalización del personal sanitario en operativos represivos dentro del sistema penitenciario. Los presos comunes instrumentalizados por la dirección penitenciaria contra presos políticos aparecen en 2 hechos (2.3%), una modalidad ya documentada en informes anteriores. ETECSA, monopolio estatal de las telecomunicaciones, se documenta como perpetrador en 1 hecho (1.2%), coherente con el mínimo del indicador de restricción en el espacio digital. Un hecho adicional (1.2%) corresponde a hostigamiento operado desde perfiles de redes sociales identificables con la maquinaria de propaganda oficial.
La lectura de conjunto es inequívoca. El Ministerio del Interior concentra la abrumadora mayoría de la actividad represiva del mes: la Seguridad del Estado, la PNR, el sistema penitenciario y los presos comunes instrumentalizados suman 87 imputaciones institucionales sobre la base de 86 hechos. El sistema judicial aporta 5 imputaciones adicionales; el Poder Popular municipal aporta 9. Esta distribución confirma que la represión en Cuba opera como arquitectura institucional coordinada, con un núcleo operativo abrumador en el MININT, una prolongación judicial en el MINJUS y una dimensión territorial descentralizada mediante los aparatos del Poder Popular local.
6. Distribución por género y perfil de víctimas
El análisis por género se realiza sobre 84 víctimas con género determinado: 56 hombres (66.7%) y 28 mujeres (33.3%). A esta base se suman los reclusos del Campamento de trabajo forzado "El 18", registrados como colectivo no individualizado, y los familiares de la activista Aylin Sardiña como víctimas de represión vicaria colectiva.
La proporción de mujeres afectadas se sitúa en el 33.3%, un incremento notable respecto a julio (22.0%) que refleja el peso creciente de figuras femeninas en el registro del mes. Este ascenso responde a varios factores combinados: la persistencia del hostigamiento sistemático sobre periodistas mujeres con trayectoria pública sostenida, la centralidad de familiares mujeres — madres, hijas, esposas —, de opositores y presos políticos como víctimas de represión vicaria, y la reiteración de agresiones sobre activistas mujeres identificadas en listas activas de seguimiento. La subida de once puntos porcentuales en la participación femenina es uno de los datos más significativos del mes en términos de composición demográfica del registro.
La reiteración de agresiones sobre víctimas específicas es un rasgo característico del modelo represivo cubano y agosto lo confirma con nitidez, tanto entre hombres como entre mujeres. Entre las mujeres, la ciudadana Sady R. Companioni encabeza la reiteración con 4 incidencias en el mes, un dato que la convierte en la víctima con mayor concentración de agresiones del período. Le sigue la periodista Camila Acosta Rodríguez con 3 incidencias, y la activista Aylín Sardiña Fernández y la también periodista Yunia Figueredo empatan con 2 incidencias cada una.
Entre los hombres, la reiteración se distribuye entre seis figuras con 2 incidencias cada una: los periodistas Ángel Santiesteban Prats, Niober García Fournier y Austin Llerandi —director del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero, así como los presos políticos Roilán Álvarez Rensoler, Fausto René Ramos Ramírez y Ediolvy Marín Mora.
La concentración del hostigamiento sobre este conjunto de figuras —muchas de ellas con trayectoria pública sostenida y clasificadas por el régimen como blancos prioritarios— confirma que el aparato mantiene el seguimiento y la represión sistemática sobre personas previamente identificadas, incluso en un mes de descenso general del volumen. La modulación del registro global no reduce la intensidad del hostigamiento selectivo sobre víctimas históricas; más bien lo consolida como componente estructural del modelo, con capacidad de operar independientemente del ciclo represivo asociado a coyunturas específicas.
Perfil de víctimas
El dato más significativo del mes en términos de perfil de víctima es el retorno del ciudadano común al primer puesto con 45 casos (37.2% de la base individualizada de 121 agresiones con perfil determinado). Este desplazamiento respecto a julio, cuando el preso político había ocupado el primer puesto, se lee en parte a la luz de la composición del principal motivo detonante del mes: buena parte de los ciudadanos comunes contabilizados en agosto corresponden a personas detenidas en el evento único de protesta que concentra 29 de los 42 hechos bajo ese motivo, personas que en su mayoría no tenían encuadre orgánico previo ni pertenecían a estructuras de activismo u oposición organizada, según ha podido constatar el OCLE. La otra parte de la cifra corresponde a la continuidad del hostigamiento sobre bases sociales no organizadas del descontento: vecinos, familiares, ciudadanos individuales que han sido señalados por publicaciones en redes sociales, contactos con la comunidad internacional o figuras en situación de persecución o actos de denuncia pública.
Nota: a esta base se suman los reclusos del Campamento de trabajo forzado "El 18" como colectivo no individualizable y los familiares de la activista Aylin Sardiña Fernández como víctimas de represión vicaria colectiva.
El preso político se sitúa en la segunda posición con 28 casos (23.1%), un descenso respecto a los 34 casos de julio, pero una presencia sostenida que confirma la centralidad del sistema penitenciario como frente represivo activo. La denuncia de condiciones carcelarias como sexto motivo detonante del mes (8 hechos), junto con la participación relevante del sistema penitenciario como perpetrador (20 hechos, 23.3% de la base institucional), configura un vector represivo específico y estable: el interior del encierro sigue siendo escenario activo del modelo, con agresiones bajo custodia, castigos por denuncias internas, restricciones de visitas y traslados arbitrarios.
Los periodistas se sitúan en la tercera posición con 17 casos (14.0%), un incremento en peso proporcional respecto a julio (11.8%) pese al descenso del volumen absoluto (15 casos en julio). Este dato es especialmente relevante: aunque el indicador libertad de prensa desciende un 62.2% respecto al mes anterior, el peso proporcional del perfil periodista dentro del universo de víctimas del mes crece, lo que confirma que el hostigamiento contra la prensa independiente no ha perdido centralidad en el repertorio represivo. La presencia de Camila Acosta Rodríguez con 3 incidencias y de Austin Llerandi —director del medio comunitario del ICLEP Amanecer Habanero—, Yunia Figueredo y Niober García Founier con 2 incidencias cada uno, confirma que el seguimiento planificado sobre figuras identificadas del periodismo independiente cubano se sostiene incluso en meses de descenso general del volumen.
Los expresos políticos ocupan la cuarta posición con 11 casos (9.1%), un incremento pronunciado respecto a los 2 casos de julio. Este ascenso es uno de los datos más significativos del mes en términos de composición del perfil de víctimas y refleja la persistencia del hostigamiento sostenido sobre quienes han cumplido condenas por motivos políticos y continúan siendo blanco del aparato tras su liberación formal. La reiteración de agresiones sobre expresos políticos confirma un patrón estructural del modelo represivo cubano: la excarcelación no libera del control, sino que traslada a la víctima a una categoría de vigilancia diferente, pero igualmente activa.
Los activistas y opositores empatan en la quinta posición con 9 casos cada una (7.4%), una reducción notable respecto a julio (20 casos de activistas y 15 de opositores). Este descenso pronunciado responde de manera directa al fin del despliegue preventivo asociado a las fechas simbólicas de julio: las figuras del activismo organizado y de la oposición, que habían sido blanco de operativos específicos en torno al aniversario del 11J y la recepción por el Día de la Independencia de EE. UU., ven reducirse el volumen de agresiones documentadas, aunque el hostigamiento estructural sobre ellas se mantiene en niveles superiores a los del mismo mes del año anterior.
Los perfiles restantes —religioso (1 caso) y creador de contenido (1 caso)— completan el cuadro.
Este apartado del informe y el anterior permiten extraer una conclusión: agosto de 2026 es el mes en que el centro de gravedad represivo se redistribuye desde el interior del sistema penitenciario y el activismo organizado —dominantes en julio— hacia la ciudadanía común y las víctimas históricas del hostigamiento sistemático. El aparato modula su repertorio y sus perfiles de víctima según la fase del ciclo represivo, pero no abandona ninguno de los frentes activos.
7. Casos emblemáticos registrados
Sady R. Companioni: detención por denunciar la falta de agua y la corrupción del Poder Popular en Lawton
Sady R. Companioni, ciudadana y madre de una niña de seis años, fue detenida el 28 de agosto en su domicilio del barrio de Lawton por cuatro agentes de la Policía Nacional Revolucionaria —entre ellos un oficial de la unidad de Búsqueda y Captura— sin que mediara citación previa ni orden judicial. La detención se produjo como represalia directa por sus denuncias públicas en redes sociales sobre la falta de agua en su cuadra y la conducta de la delegada del Poder Popular de la circunscripción, identificada por fuentes como "Janelys". Companioni fue trasladada a la Unidad de la PNR de Aguilera y posteriormente al VIVAC, donde las autoridades negaron a sus padres la posibilidad de verla, de entregarle alimentos y de suministrarle los medicamentos que necesita de manera urgente. Se le formuló una acusación por desacato, delito que contempla sanción de uno a cinco años.
El antecedente inmediato del hecho lo constituye una secuencia de agresiones previamente documentadas por el OCLE: entre el 1 y el 6 de agosto, Companioni acudió en al menos cuatro ocasiones al puesto de mando del gobierno local para reclamar el suministro de agua ante un brote de vómitos, diarreas y la fiebre de su hija; fue incorporada a una lista marcada con la anotación "OJO", recibió amenazas de conducción a un calabozo y frases denigrantes sobre su apariencia física y condición racial. El 27 de agosto, un día antes de la detención, la delegada del Poder Popular la filmó con su teléfono celular mientras se burlaba de ella durante un reparto selectivo de agua, y la amenazó con acusarla de difamación. La detención del día siguiente ocurrió en presencia de la hija de seis años, quien reaccionó con llanto y visible nerviosismo ante el procedimiento.
El caso condensa varios de los rasgos definitorios del mes documentados en este informe. Confirma la centralidad de Sady R. Companioni como víctima con mayor concentración de agresiones del período (4 incidencias, la cifra más alta del mes); ilustra la emergencia del Poder Popular como perpetrador institucional relevante; muestra la operación conjunta de la PNR como frontline territorial y del Sistema Penitenciario como escenario de castigo prolongado, con negación de alimentos y medicamentos a la familia. Igualmente, es una muestra de la criminalización del ejercicio del derecho a denunciar y vincula de manera directa la respuesta represiva del aparato con el descontento social. La instrumentalización del delito de desacato completa el cuadro, confirmando el peso creciente del uso abusivo del poder estatal como principal indicador represivo del período. 1
Represión intramuros en Kilo 8 y La Lima: amenazas de muerte, golpizas y negación de atención médica como castigo por la denuncia y la protesta de presos políticos
El sistema penitenciario cubano volvió a operar durante agosto como escenario represivo activo mediante un conjunto de hechos documentados en dos centros de alta significación: la prisión Kilo 8, en Camagüey, y el Campamento La Lima, en Guanabacoa, La Habana. En ambos, los presos políticos fueron víctimas de agresiones directas —amenazas de muerte, golpizas físicas, obstrucción del acceso a mecanismos de denuncia y negación deliberada de atención médica— aplicadas como represalia por el ejercicio de la denuncia interna y la protesta bajo custodia. Los hechos, documentados con fuentes primarias verificadas por el OCLE, confirman uno de los patrones estructurales del mes analizados en las secciones anteriores del informe: la persistencia del sistema penitenciario como frente represivo activo con capacidad autónoma de castigo.
En la prisión Kilo 8, en Camagüey, los presos políticos Ediolvis Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez, recluidos en celdas de castigo, fueron amenazados de muerte por el capitán Yasmany Fuentes Leyva, segundo jefe de la unidad, y por Daniel Brisney Calas, segundo jefe de Orden Interior, quienes les advirtieron que podrían aparecer "ahorcados" en sus celdas en cualquier momento. En el mismo centro, el preso político Alejandro Camejo Paumier fue trasladado al puesto médico del penal tras un altercado con otros presos que intentaron impedirle el acceso al teléfono para denunciar las condiciones de reclusión, y permanece allí a la espera de reubicación ante el riesgo de agresión si es devuelto a su destacamento.
En el Campamento La Lima, en Guanabacoa, La Habana, Ángel Serrano Hernández —preso político condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021— fue esposado y brutalmente golpeado el 26 de agosto tras negarse a realizar trabajos impuestos y sostener una discusión con un agente carcelero. Presentó inflamación en distintas partes del cuerpo y un ojo visiblemente morado e hinchado. La denuncia señala como presunto responsable al teniente coronel Parada, jefe del establecimiento penitenciario. Tras la agresión fue trasladado a una celda de castigo y luego a la prisión de máxima seguridad 1580, sin que su familia pudiera, al momento de presentarse la alerta, obtener información sobre su estado de salud. 2
La represión a periodistas y la extensión al ámbito familiar
Uno de los rasgos que atraviesa el mes con particular nitidez es la extensión sistemática de la represión desde la figura del periodista o activista hacia su entorno familiar inmediato, convertido en palanca de coacción por parte del aparato. Dos casos documentados por el OCLE en agosto ilustran esta modalidad con especial elocuencia: el operativo simultáneo contra el matrimonio de periodistas Frank Correa y Yunia Figueredo en Jaimanitas, y el interrogatorio prolongado a Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero del ICLEP. En ambos, los agentes no se limitaron a hostigar a la víctima directa: invocaron explícitamente a esposas, hijos y proyectos familiares como instrumentos de presión, ampliando el radio del daño más allá del sujeto reprimido y confirmando una modalidad que la Metodología del OCLE clasifica como represalia por vínculos familiares o afectivos —quinto motivo detonante del mes con 10 hechos documentados.
El 19 de agosto, en Jaimanitas, municipio La Lisa, el escritor y periodista independiente Frank Correa fue interceptado por agentes en un patrullero mientras realizaba una entrevista en una fábrica de banderas. Fue trasladado por la fuerza fuera de la provincia y abandonado en el municipio de Candelaria, Pinar del Río, tras la incautación de su dinero y de su acreditación de prensa de Diario de Cuba. Correa debió regresar por sus propios medios —en un camión de mercancías hasta La Lisa y luego a pie hasta Jaimanitas—. Horas antes de la detención de Correa, dos oficiales de la Seguridad del Estado se habían presentado en motocicleta en la vivienda familiar para advertir a su esposa, la periodista independiente y activista Yunia Figueredo, sobre un proceso de investigación abierto en su contra por haber liderado manifestaciones en Jaimanitas contra los apagones. En el mismo encuentro, los agentes amenazaron a la hija mayor de la pareja, advirtiéndole que su asistencia junto a sus padres a una actividad de la Consejería de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos, así como una fotografía con la creadora de contenido Anna Bennsi, podía traerle "problemas serios" en sus futuros estudios universitarios. 3
El 21 de agosto, en la estación de policía de Marianao, conocida como "La Sexta", el periodista Austin Llerandi, director del medio comunitario Amanecer Habanero del ICLEP, fue detenido durante cinco horas exactas tras acudir a una citación entregada un día antes en su domicilio por un hombre que rehusó identificarse. Permaneció encerrado bajo llave durante tres horas en una oficina, en condiciones de calor intenso, antes de ser interrogado por un oficial identificado como capitán "Miguel", quien le mostró un expediente con el inicio de una acusación penal por el Decreto-Ley 370 y le entregó un acta de advertencia —la segunda de este tipo— señalando que tras una tercera se le aplicarían cargos por desacato. Al negarse Llerandi a firmar el acta, el capitán invocó explícitamente el embarazo de su esposa y la existencia de su hija por nacer, insistiendo en que "pensara en ellas", y condicionó no procesarlo penalmente a que abandonara el país en un plazo de dos meses, bajo amenaza explícita de prisión. La instrumentalización directa del embarazo y la maternidad como argumento de coacción, combinada con el ultimátum del exilio forzado, configuró un cuadro represivo de tal gravedad que el ICLEP presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar de protección a favor de Austin Llerandi y su núcleo familiar, en aplicación del artículo 25 del Reglamento de la Comisión. 4
8. Derechos conexos vulnerados
Las violaciones documentadas en agosto de 2026 comprometen, además del derecho a la libertad de expresión y de prensa, un conjunto de derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Constitución cubana. Sobre el conjunto de hechos con derechos conexos identificados, diez categorías concentran las violaciones registradas en el mes. La composición del listado refleja de forma directa los rasgos del repertorio represivo identificados en las secciones anteriores: predominio de la afectación estructural de la seguridad jurídica y la dignidad humana, presencia relevante de vulneraciones vinculadas al ámbito penitenciario y persistencia de las restricciones a la manifestación y la protección de periodistas y activistas.
Derecho a la seguridad jurídica
Encabeza el listado con 51 menciones, la mayor concentración documentada en el mes. Las menciones agrupan procesos penales abiertos con base en calificaciones vagas o fabricadas, ausencia de expediente formal accesible a la defensa, permanencia prolongada en dependencias policiales sin comparecencia ante autoridad judicial, denegación de recursos con motivaciones que no responden a los planteamientos de las familias, imposición verbal de restricciones sin fundamento legal explícito y activación coordinada de fiscalías y órganos administrativos para procesamientos sistemáticos. El peso destacado de este derecho es directamente coherente con el ascenso del uso abusivo del poder estatal como indicador dominante del mes (48 hechos, 39.0%): las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica son las mismas que la vulneran de manera sistemática, y agosto muestra esa vulneración en su expresión más clara como componente estructural del modelo represivo.
Derecho a la dignidad humana
Se sitúa en la segunda posición con 50 menciones, prácticamente empatado con el derecho a la seguridad jurídica. Aparece de forma transversal en la mayor parte de los hechos que involucran hostigamiento sostenido, condiciones degradantes bajo custodia, agresiones psicológicas dirigidas a quebrar la voluntad de la víctima, mítines de repudio, negación de información procesal y hostigamiento vecinal instrumentalizado. La amplitud de menciones confirma que la represión cubana no se agota en la limitación de un derecho concreto, sino que persigue de manera sostenida la degradación de la condición personal de quien es reprimido. El dato es especialmente significativo si se lee junto al peso del hostigamiento psicológico como segundo indicador del mes (44 hechos, 35.8%) y a la persistencia del sistema penitenciario como frente represivo activo: buena parte del hostigamiento del mes se ejerció bajo condiciones que comprometen directamente la dignidad de la víctima.
Derecho a la reunión pacífica y la manifestación
Tercer derecho más vulnerado con 29 menciones, un dato directamente coherente con la composición del principal motivo detonante del mes: la participación en protestas concentró 42 hechos represivos, la cifra más alta entre todos los detonantes documentados. Este vínculo entre motivo y derecho conexo es analíticamente inequívoco: cuando el aparato reprime a una persona por participar en una manifestación, vulnera de manera directa su derecho a reunirse pacíficamente y a protestar. Ahora bien, la lectura del dato exige la misma cautela ya expuesta en el epígrafe de motivos detonantes: la cifra no refleja una actividad de manifestación pública abundante en el mes, sino la concentración de víctimas reprimidas en pocos eventos —29 de esos 42 hechos provienen de un único acto de protesta, 4 corresponden a protestas intracárcel de presos políticos y solo 9 se distribuyen entre otros incidentes.
Las 29 menciones agrupan además otras modalidades que exceden la contención directa de las expresiones de disenso en el espacio público: cercos policiales y amenazas a periodistas, activistas y opositores para evitar o sancionar la asociación cívica.
Derecho contra la detención arbitraria
Cuarto derecho con 26 menciones, cifra idéntica al número de detenciones arbitrarias documentadas como indicador del mes. Las menciones agrupan detenciones sin orden judicial, retenciones prolongadas en unidades policiales sin acusación formal, traslados forzosos a estaciones y centros de detención distantes del domicilio de la víctima, cercos domiciliarios impuestos verbalmente por agentes sin fundamento legal y restricciones de movilidad aplicadas como forma de contención preventiva sobre figuras identificadas. La reducción del volumen respecto a julio (47 hechos) no debe leerse como una menor incidencia estructural del problema, sino como el desplazamiento del repertorio represivo del mes hacia formas de hostigamiento que no necesariamente pasan por la detención formal, pero que vulneran otros derechos con la misma intensidad.
Derecho a la participación política y a la vida pública
Quinto derecho documentado con 18 menciones. Agrupa las agresiones dirigidas a impedir el ejercicio de derechos políticos básicos —participación en actos públicos, asociación con fines cívicos, ejercicio del derecho de petición ciudadana, actividades vinculadas al ámbito de la sociedad civil autónoma. Su presencia sostenida en el listado confirma la centralidad que el régimen otorga a la contención de cualquier forma de organización política autónoma, incluso en meses de descenso general del volumen represivo. El peso de este derecho es coherente con la reiteración de agresiones sobre activistas y opositores identificados como blancos prioritarios.
Derecho a la protección de periodistas y defensores de derechos humanos
Sexto derecho vulnerado con 17 menciones, cifra que coincide con el número total de violaciones a la libertad de prensa documentadas en el mes. Agrupa las agresiones dirigidas específicamente contra periodistas, trabajadores de medios, defensores de derechos humanos y creadores de contenido en el ejercicio de su labor o como represalia por ella. Aunque el indicador de libertad de prensa desciende un 62.2% respecto a julio, la presencia de este derecho conexo en el sexto puesto confirma que el hostigamiento contra la prensa independiente y los defensores de derechos humanos mantiene un peso estructural relevante dentro del universo reducido del mes.
Derechos de las personas privadas de libertad
El derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes aparece en 16 menciones, y el derecho a mantener comunicación con el exterior en 11 menciones. La lectura combinada de ambos derechos —27 menciones en total— configura con nitidez la realidad de las cárceles cubanas: agresiones bajo custodia, condiciones materiales degradadas, castigos por denuncias internas, restricciones arbitrarias de visitas familiares, denegación de comunicación telefónica, aislamientos disciplinarios sin fundamento y traslados forzosos a celdas de castigo. Estos derechos son directamente coherentes con la persistencia del preso político como segundo perfil de víctima (28 casos) y con el peso del sistema penitenciario como tercer perpetrador institucional del mes (20 hechos).
Derecho a la privacidad e inviolabilidad del domicilio
Noveno derecho vulnerado con 15 menciones. Las menciones agrupan allanamientos sin orden judicial, vigilancia intensificada sobre domicilios, confiscación de dispositivos electrónicos, revisión sin autorización de contenidos privados y actos de intimidación desplegados dentro o en el entorno inmediato de las viviendas de las víctimas. La presencia sostenida de este derecho entre los vulnerados confirma la extensión del hostigamiento sistemático más allá del espacio público hacia el ámbito privado y familiar de las víctimas.
Derecho a la libertad de movimiento
Cierra el listado con 7 menciones. Agrupa las regulaciones para limitar la movilidad de figuras identificadas, pero también los actos de vigilancia domiciliaria que buscan instaurar el miedo entre las víctimas y neutralizarlas en sus domicilios.
9. Análisis de tendencias
La información acumulada en este informe permite identificar varios patrones que atraviesan el mes de agosto y que emergen del cruce entre indicadores, perpetradores, motivos, víctimas y territorios.
El rasgo más visible del período es la modulación pronunciada del volumen respecto al pico histórico de julio, sin retorno a los niveles del mismo mes del año anterior. Con 123 hechos, agosto de 2026 registra un descenso del 56.1% respecto a julio, pero un incremento del 64.0% respecto a agosto de 2025. Esta doble comparativa define con precisión el sentido del mes: no se trata de una distensión estructural del modelo represivo cubano, sino de una modulación táctica del volumen visible tras un mes de intensificación extraordinaria. El aparato reduce deliberadamente la exposición sin abandonar la actividad, y el piso resultante se sitúa muy por encima del registro histórico de agosto.
El segundo rasgo estructural del período es el desplazamiento del indicador dominante desde el hostigamiento psicológico hacia el uso abusivo del poder estatal. Con 48 hechos, este indicador concentra el 39.0% del registro del mes, alcanzando la cima como estrategia represiva por primera vez en el año. El dato refleja un cambio significativo en la composición del repertorio represivo: la fase visible del ciclo —hostigamiento sostenido, vigilancia intimidatoria, presencia policial— cede protagonismo a la fase institucional —procesos penales, medidas cautelares, restricciones migratorias, violaciones de derechos penitenciarios. Este desplazamiento es coherente con la modulación general del mes: la actividad institucional del aparato es menos visible internacionalmente que la contención directa en el espacio público, y su consolidación como indicador dominante confirma la profundidad estructural de la represión.
El tercer patrón identificable es la persistencia del sistema penitenciario como frente represivo activo, incluso en un mes de descenso pronunciado del volumen absoluto de la reclusión formal. El sistema penitenciario mantiene la tercera posición institucional con 20 hechos (23.3% de la base), y el preso político se sostiene como segundo perfil de víctima con 28 casos (23.1% de la base individualizada). La denuncia de condiciones carcelarias como sexto motivo detonante (8 hechos) confirma que la represión dentro del encierro no ha perdido centralidad estructural: mantiene su capacidad de operar de forma sostenida sobre víctimas prioritarias con independencia del ciclo represivo general.
El cuarto patrón atañe a la centralidad renovada de la ciudadanía común como perfil de víctima principal. Con 45 casos (37.2%), el ciudadano común desplaza al preso político del primer puesto y confirma que las bases sociales del descontento siguen siendo blanco de la actividad represiva, incluso cuando la protesta puede no ser significativa en lo que respecta a cantidad de acciones. Lo que el registro del OCLE demuestra es la capacidad del aparato de transformar un incidente en una porción sustantiva del volumen mensual, con 29 agresiones a la libertad de expresión y de prensa derivadas de un acto de protesta.
El quinto patrón es la aparición del Poder Popular municipal como perpetrador institucional relevante. Con 9 hechos (10.5% de la base institucional), los directivos de gobiernos municipales —específicamente del municipio Diez de Octubre en La Habana y de Holguín— aparecen como actores directos de violaciones a los derechos fundamentales. Este dato confirma que la arquitectura represiva cubana opera con capacidad de descentralización territorial y que los aparatos administrativos locales funcionan como brazos represivos operativos cuando el aparato central los instrumentaliza. La lectura combinada de este dato con la participación paralela de civiles actuando a nombre del Estado (9 hechos, 10.5%) refuerza la evidencia sobre la capacidad del aparato de externalizar el hostigamiento hacia estructuras aparentemente civiles o descentralizadas.
El sexto patrón —el incremento sostenido de la participación femenina en el registro— merece énfasis específico. Con 33.3% de la base individualizada por género, agosto registra un salto de once puntos porcentuales respecto a julio (22.0%). Este ascenso responde a la persistencia del hostigamiento sistemático sobre periodistas mujeres, a la centralidad de familiares mujeres como víctimas de represión vicaria, y a la reiteración de agresiones sobre figuras identificadas.
Finalmente, la reiteración de agresiones sobre figuras específicas confirma la vigencia estructural de las listas activas de seguimiento incluso en un mes de modulación del volumen de violaciones. Está claro que la represión no abandona su dimensión planificada y selectiva.
Las siete lecturas son coherentes entre sí y describen un modelo represivo que en agosto combina modulación, redistribución del repertorio y continuidad estructural. La represión cubana muestra en el mes una capacidad de administrar tácticamente su intensidad visible sin renunciar a ninguno de los frentes activos: sostiene el hostigamiento planificado sobre figuras históricas, mantiene la actividad institucional mediante el uso abusivo del poder estatal, conserva el sistema penitenciario como frente represivo activo y consolida la centralidad de la ciudadanía común como perfil principal de víctima ante la contención del disenso. La modulación, pues, no es distensión, sino reconfiguración.
10. Evolución mensual de las violaciones
La comparación entre agosto de 2026 y los períodos de referencia relevantes —julio de 2026 como mes inmediatamente anterior y agosto de 2025 como mismo mes del año pasado— permite situar el registro del período dentro de la trayectoria más amplia del modelo represivo cubano.
El análisis de la tabla comparativa confirma con nitidez el rasgo estructural del mes. Frente a julio, agosto registra descensos en todos los indicadores, con caídas particularmente pronunciadas en la reclusión (-90.9%), la restricción en el espacio digital (-87.5%) y las agresiones físicas (-87.0%), es decir, en las modalidades más asociadas a los operativos coyunturales del mes anterior. Frente a agosto de 2025, en cambio, la mayoría de los indicadores muestra incrementos sustantivos, con el uso abusivo del poder estatal creciendo un 152.6%, las detenciones arbitrarias un 73.3% y el hostigamiento psicológico un 51.7%. Solo las agresiones físicas, la restricción digital y la reclusión muestran descensos interanuales, coherentes con el desplazamiento estructural del repertorio hacia formas de hostigamiento menos visibles.
Esta doble dinámica —descenso pronunciado respecto al mes anterior, crecimiento sostenido respecto al mismo mes del año anterior— es la firma característica del modelo represivo cubano en 2026. El aparato consolida un piso estructural muy superior al de años anteriores y modula tácticamente los picos según la coyuntura, sin abandonar la actividad. La comparación con agosto de 2025 permite afirmar con claridad que la modulación observada en agosto de 2026 no debe interpretarse como distensión, sino como reconfiguración táctica dentro de una trayectoria general ascendente.
11. Pronóstico para septiembre de 2026
Las proyecciones que siguen se elaboran a partir del análisis de las tendencias documentadas en los primeros ocho meses de 2026, el comportamiento histórico de la represión cubana en escenarios de continuidad tras períodos de modulación y los rasgos específicos identificados en agosto. No son cifras exactas sino rangos probabilísticos que orientan expectativas y permiten al lector situar el dato.
El rango proyectado para septiembre de 2026 se sitúa sobre las 130 violaciones. Este rango se apoya en tres consideraciones principales:
Primera, agosto ha confirmado que tras el pico coyuntural de julio el aparato ha retornado a un régimen operativo de menor visibilidad, y la ausencia de fechas simbólicas específicas en septiembre —comparables al 11J o al Día de la Independencia de EE. UU. de julio— sugiere que la banda de referencia del mes se mantendrá en niveles similares o ligeramente superiores a los de agosto.
Segunda, el comportamiento histórico documentado por el Observatorio indica que los meses de septiembre suelen registrar leves repuntes respecto a agosto, tras un período en el que el Estado pretendió restar visibilidad a la represión, luego de un mes que rompió todos los récords en materia de violaciones a la libertad de expresión y de prensa.
Tercera, el peso creciente del uso abusivo del poder estatal como indicador dominante en agosto implicaría que la fase institucional del ciclo represivo se mantenga activa en septiembre mediante la continuación de acciones vinculadas a procesos penales abiertos en meses anteriores.
Los ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas se mantendrán en niveles altos, presumiblemente por encima del registro de agosto, coherente con el hostigamiento sobre personas incluidas en las listas activas de seguimiento y fechas que suelen generar operativos represivos contra ellos, como el Día de la Virgen de Regla y de la Caridad del Cobre. Las detenciones arbitrarias oscilarán en un rango comparable al de agosto, con posibles repuntes en respuesta a episodios puntuales de conflictividad social. Las agresiones físicas mantendrán niveles bajos en términos absolutos, aunque su persistencia dentro del sistema penitenciario permanecerá como componente activo del repertorio. La reclusión se proyecta en niveles ligeramente superiores por el efecto acumulado del procesamiento penal abierto en meses previos, y la restricción en el espacio digital tenderá a mantenerse en rangos bajos, consistente con la lógica ya observada de camuflaje bajo apagones eléctricos generalizados.
El escenario cualitativo previsto para septiembre incluye la continuidad del sistema penitenciario como perpetrador relevante, un mantenimiento del hostigamiento sistemático sobre figuras identificadas —periodistas, activistas, opositores, creadores de contenido— y una alta probabilidad de que cualquier evento imprevisto de protesta ciudadana eleve rápidamente el volumen del registro por encima del rango proyectado. La capacidad instalada del aparato represivo, demostrada durante todo el primer semestre y confirmada por el pico de julio, hace que cualquier brote de conflictividad social encuentre respuesta inmediata y escalada. El rango proyectado asume un mes sin protestas de gran escala; su ruptura al alza es el escenario a vigilar con mayor atención, especialmente considerando la persistencia de la crisis energética, la inflación sostenida y la escasez generalizada que continúan alimentando el malestar social en el país.
12. Conclusiones
El registro de agosto de 2026 obliga a una lectura que va más allá del volumen del mes. Con 123 violaciones documentadas, agosto marca un descenso pronunciado del 56.1% respecto al pico histórico registrado en julio (280), pero se sitúa un 64.0% por encima del registro del mismo mes del año anterior. Esta doble comparativa define con precisión el sentido del período: no se trata de una distensión estructural del modelo represivo cubano, sino de una modulación táctica del volumen visible tras un mes de intensificación extraordinaria.
Lo que ordena internamente el mes es el desplazamiento del indicador dominante desde el hostigamiento psicológico hacia el uso abusivo del poder estatal. Cuarenta y ocho agresiones, el 39.0% del registro, sitúan a la instrumentalización institucional del aparato como el principal instrumento represivo del período. Este dato es especialmente relevante porque marca un cambio estructural en la composición del repertorio: la fase visible del ciclo represivo —hostigamiento sostenido, vigilancia intimidatoria, presencia policial— cede protagonismo a la fase institucional —procesos penales, medidas cautelares, restricciones migratorias, violaciones de derechos penitenciarios. La actividad institucional del aparato es menos visible internacionalmente que la contención directa en el espacio público, y su consolidación como indicador dominante en agosto confirma la profundidad estructural de la represión en Cuba.
El otro gran vector del mes, y probablemente el que exige lectura más cuidadosa, es la composición del principal motivo detonante. La participación en protestas aparece como el motivo dominante con 42 menciones, pero la lectura interna del dato no se refiere, necesariamente, a un ciclo de protestas creciente o sostenido: 29 de esos 42 casos —el 69%— provienen de un único evento de protesta en el que el aparato desplegó una operación represiva concentrada; 4 menciones adicionales corresponden a protestas intracárcel de presos políticos; de manera que solo 9 menciones se distribuyen entre otros eventos. Las 29 agresiones derivadas de un solo evento de protesta, aproximadamente el 24% del registro total del mes, muestran el tamaño de la operación que el aparato puede movilizar sobre un incidente puntual.
La persistencia del sistema penitenciario como frente represivo activo es el tercer rasgo relevante del mes: 20 agresiones ocurrieron al interior de las cárceles y el preso político se sostuvo como el segundo grupo de víctima más vulnerado. La denuncia de condiciones carcelarias como sexto motivo detonante (8 agresiones asociadas) confirma que la represión dentro del encierro no ha perdido centralidad estructural: mantiene su capacidad de operar de forma sostenida sobre víctimas prioritarias con independencia del ciclo represivo general.
La aparición de figuras directivas de los gobiernos municipales como perpetrador institucional relevante —con 9 agresiones, el 10.5% de la base institucional— es uno de los datos más significativos del mes y confirma que los aparatos administrativos locales funcionan como brazos represivos operativos cuando el aparato central los instrumentaliza. Ello, unido a la participación de civiles actuando a nombre del Estado, refuerza la evidencia sobre la capacidad de externalizar el hostigamiento hacia estructuras aparentemente civiles o descentralizadas, dificultando la trazabilidad institucional directa.
El incremento sostenido de la participación femenina en el registro merece énfasis específico. Con 33.3% de la base individualizada por género, agosto registra un salto de once puntos porcentuales respecto a julio. Este ascenso responde a la persistencia del hostigamiento sistemático sobre periodistas mujeres, a la centralidad de familiares mujeres como víctimas de represión vicaria y a la reiteración de agresiones sobre figuras femeninas identificadas.
La distribución territorial de agosto —con La Habana concentrando el 53.7% del registro, Holguín, Camagüey y Guantánamo consolidando su presencia sostenida, y cuatro provincias sin registro— dibuja un mapa donde el foco represivo mantiene sus concentraciones históricas, pero pierde la cobertura provincial completa que había caracterizado a julio. La ausencia de registros en Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos e Isla de la Juventud debe leerse como resultado combinado de la modulación general del mes y de las limitaciones estructurales del acceso informativo en territorios con menor densidad de estructuras civiles capaces de hacer visible la represión.
Durante el mes, además, se confirma la vigencia estructural de las listas activas de seguimiento, que demuestran que el aparato represivo cubano mantiene su capacidad selectiva sobre víctimas prioritarias incluso en un mes de modulación general del volumen. El sistema no crece ni decrece en su magnitud estructural; administra tácticamente su intensidad visible según fases del ciclo represivo. Frente a los discursos oficiales sobre la ausencia de violencia estatal en Cuba, el OCLE documenta lo contrario.
Agosto de 2026 no es un mes de ruptura respecto a la trayectoria previa; es un mes de reconfiguración táctica dentro de una trayectoria ascendente que se documenta desde comienzos de año. La represión cubana en 2026 no responde solo a lo que ocurre en la sociedad; también anticipa, previene, sostiene y modula. Anticipa las fechas simbólicas. Previene la conmemoración. Sostiene el hostigamiento sobre las mismas figuras que lleva años vigilando. Modula el volumen visible tras períodos de intensificación coyuntural. Reacciona a la protesta cuando ocurre, procesa judicialmente a quienes disienten y castiga en la cárcel a quienes ya están dentro por sus ideas políticas. Todos esos frentes operan simultáneamente, y el resultado de agosto es un registro que, aunque menor en volumen que el pico anterior, confirma con claridad la consolidación estructural del modelo represivo. El Observatorio seguirá documentando.
Casos correspondientes a julio registrados fuera de fecha
Como parte del compromiso metodológico del OCLE con el carácter no conclusivo de los datos publicados, se incorporan a este informe tres hechos represivos ocurridos en julio de 2026, que activaron 8 indicadores, y llegaron al conocimiento del Observatorio con posterioridad al cierre del informe correspondiente a ese mes.
Madre de dos niños pequeños, detenida y trasladada a prisión tras protesta en Alamar
Doraykis Delgado González, ciudadana conocida en redes sociales como "Koky Pena", fue recluida bajo medida de prisión provisional el 19 de julio en la prisión de Mujeres de Occidente (Manto Negro), en El Guatao, doce días después de su arresto por participar en una protesta pacífica en la base de taxis de la zona 14 de Alamar, tras más de un mes sin electricidad en la comunidad. La Fiscalía la acusa del delito de "difamación de las instituciones y organizaciones, y de los héroes y mártires" (Artículo 270 del Código Penal), que prevé una sanción de hasta cinco años de privación de libertad, por el contenido de un video transmitido en vivo el 7 de julio en el que denunciaba el operativo policial desplegado contra la protesta y afirmaba que los dirigentes de la zona y sus negocios no sufrían los mismos apagones que el resto de la comunidad. En ese mismo video declaró que no exigía servicios sino libertad, "por el pueblo cubano, por los presos políticos, por los desterrados".
Delgado González fue detenida esa misma noche del 7 de julio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y conducida a la 15 Unidad de Alamar, donde permaneció hasta el 19 de julio. Ese día —fecha en que cumplió 44 años— fue trasladada a la prisión de Mujeres de Occidente bajo medida de prisión provisional sin derecho a fianza. Las autoridades rechazaron posteriormente la solicitud de cambio de medida cautelar presentada en su favor. La víctima padece hemofilia, condición que requiere seguimiento médico especializado y agrava el riesgo para su salud durante la reclusión. Es madre de dos niños de siete y ocho años que, desde su detención, han quedado al cuidado de vecinos, ya que su padre trabaja y la familia no cuenta con otros parientes disponibles. 5
Yordenkis Fonseca: menor de edad con epilepsia detenido tras un cacerolazo en la comunidad Oriente Rebelde, en Sibanicú, Camagüey
Yordenkis Fonseca, adolescente de la comunidad Oriente Rebelde, municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey, permanece detenido desde el 26 de julio, junto a otras cuatro personas, tras un cacerolazo protagonizado un día antes por la falta de agua, los apagones prolongados y la escasez de alimentos y bienes esenciales que afectan a la zona. Las autoridades lo mantienen recluido en prisión provisional en Villa María Luisa, centro de operaciones de la Seguridad del Estado en la provincia, sin que su familia cuente con información clara sobre su situación legal ni sobre los cargos que podría enfrentar. El caso reviste especial gravedad porque el detenido es menor de edad y padece epilepsia, condición que requiere atención médica constante.
El cacerolazo se produjo el 25 de julio en la comunidad Oriente Rebelde como forma de protesta por los apagones sostenidos, la escasez de alimentos y, de manera particular, por la falta de acceso al agua potable que afecta a la comunidad desde hace años. Al día siguiente, más de cinco agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acudieron a la zona, donde interrogaron y amenazaron a varios vecinos con el objetivo de identificar y detener a quienes habían participado en la protesta. Ese mismo día fueron arrestadas cinco personas —entre ellas Yordenkis Fonseca— sin que mediara orden judicial, y trasladadas a la Tercera Unidad de la PNR, en la ciudad de Camagüey. Junto a Yordenkis fueron detenidos Luis Alberto La Ó, Lisbany Aguilera La Ó, Raudel Ramírez Vázquez y Yoelki Fonseca —hermano del adolescente—, cuyos casos ya habían sido incorporados al sistema de registro del OCLE. 6
Lismani Acosta Gómez: preso político de 19 años trasladado a una prisión para personas con VIH sin atención médica y con obstrucción del cambio de medida cautelar.
Lismani Acosta Gómez, preso político de 19 años, fue trasladado el 28 de julio a la prisión Cuba-Panamá, en Mayabeque, un centro penitenciario destinado a personas privadas de libertad que viven con VIH, sin recibir la atención médica que su estado de salud requiere. Presenta un cuadro depresivo que agrava su bienestar emocional y una lesión corporal que exige atención médica urgente y continua, derecho vulnerado en su condición de persona con VIH. Las condiciones de reclusión en Cuba-Panamá incluyen alimentación escasa e insalubre, falta de higiene, hacinamiento con brotes activos de tuberculosis y sarna, y maltrato por parte de funcionarios penitenciarios. Acosta Gómez permanecía en prisión provisional desde el 6 de julio, tras haber sido detenido durante un cacerolazo pacífico en Guanabacoa, La Habana. Este hecho sí fue documentado por el OCLE dentro del mes.
Posteriormente, se conoció que las autoridades le impusieron una fianza inicial de 100.000 pesos, posteriormente reducida a 50.000 pesos. Cuando la familia logró reunir el monto, se le informó que no sería liberado bajo fianza, sino que permanecería en prisión provisional. Se intentó presentar una solicitud de cambio de la medida cautelar en dos ocasiones: primero ante la Fiscalía de Guanabacoa y luego ante la Fiscalía Provincial de La Habana. En ambos casos las autoridades se negaron a recibirla con el argumento de que dicha solicitud debía hacerla un abogado, pese a que la Ley del Proceso Penal cubana permite expresamente que la propia persona imputada solicite la revisión de la medida cautelar. 7
Referencias Bibliográficas
- La represión contra Sady R. Campanioni aparece documentada en la base de datos del OCLE bajo los siguientes códigos de registros: OCLE-2026-2756; OCLE-2026-2652; OCLE-2026-2771; Y OCLE-2026-2719. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web: Amenazan a madre cubana y le niegan el agua por denunciar la falta de suministro en Lawton - ICLEP / Detienen en Lawton a Sady R. Companioni, madre cubana que denunció falta de agua y corrupción - ICLEP ↩︎
- La represión contra Ediolvis Marín Mora, Fausto René Ramos Ramírez, Alejandro Camejo Paumier y Ángel Serrano Hernández aparece documentada en la base de datos del OCLE con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2676; OCLE-2026-2710; OCLE-2026-2677; OCLE-2026-2711; OCLE-2026-2715. Para más detalles de los hechos, puede consultar los siguientes enlaces a nuestra web: Aíslan e incomunican a presos políticos Ediolvy Marín Mora y Fausto René Ramos Ramírez por sus denuncias en cárcel Kilo 8 - ICLEP / Funcionarios amenazan de muerte a presos políticos en Kilo 8, Camagüey - ICLEP / Preso político Ángel Serrano Hernández víctima de brutal golpiza en el Campamento La Lima - ICLEP ↩︎
- La represión contra los periodistas Yunia Figueredo, Frank Correa y la mayor de sus hijas aparece documentada en la base de datos del OCLE con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2701; OCLE-2026-2699; OCLE-2026-2700; y OCLE-2026-2773. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web: Seguridad del Estado detiene a periodista Frank Correa y lo libera en otra provincia - ICLEP ↩︎
- La represión contra el periodista y director del medio del ICLEP Amanecer Habanero, Austin Llerandi, aparece documentada en la base de datos del OCLE con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2768; y OCLE-2026-2702. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web: Detienen y amenazan con proceso penal y destierro a Austin Llerandi, director de medio comunitario del ICLEP - ICLEP ↩︎
- La represión contra Doraykis Delgado González aparece documentada en la base de datos del OCLE con los siguientes códigos de registro: OCLE-2026-2694; y OCLE-2026-2772. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web: Doraykis Delgado González, madre de dos niños pequeños, detenida y trasladada a prisión tras protesta en Alamar - ICLEP ↩︎
- La represión contra Yordenkis Fonseca aparece documentada en la base de datos del OCLE con el siguiente código de registro: OCLE-2026-2688. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web: Mantienen recluido a Yordenkis Fonseca, menor de edad con epilepsia, tras protesta en Sibanicú - ICLEP ↩︎
- La represión contra Lismani Acosta Gómez aparece documentada en la base de datos del OCLE con el siguiente código de registro: OCLE-2026-2686. Para más detalles de los hechos, puede consultar el siguiente enlace a nuestra web: Trasladan a preso político Lismani Acosta Gómez a prisión Cuba-Panamá - ICLEP ↩︎
