La Habana, Cuba — 17/10/2026. El luchador de artes marciales y preso político Javier Ernesto Martín Gutiérrez, conocido como «Spiderman», fue imputado de dos nuevos cargos, según denunció su pareja Lisandra Cuza, por las protestas que realizó desde el balcón de su vivienda en abril pasado, criticando los apagones y la gestión del gobierno. Su defensa supo el 16 de septiembre de 2026 que, a la acusación por desórdenes públicos, se han sumado los delitos de desacato y propaganda contra el orden constitucional.

De acuerdo con la denuncia, el desacato había sido retirado al inicio del proceso por falta de elementos, y casi un mes después de la notificación, su abogado seguía sin acceso al expediente que sustenta las nuevas imputaciones.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

Hechos documentados

Según denunció Lisandra Cuza a Martí Noticias, el tribunal rechazó una solicitud de control judicial presentada por el abogado de Javier Ernesto Martín Gutiérrez y, en el mismo documento, incorporó dos nuevas imputaciones a la causa: desacato y propaganda contra el orden constitucional, que se suman a la de desórdenes públicos. La defensa tuvo conocimiento de ello el 16 de septiembre de 2026. Cuza afirmó que el desacato había sido retirado al inicio del proceso por no comprobarse esa conducta y que la propaganda contra el orden constitucional nunca había sido mencionada.

Unos dos días después, el abogado acudió a Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado en La Habana, para reunirse con el instructor y revisar la documentación, pero le informaron que el expediente seguía en el tribunal. Al 14 de octubre de 2026, la defensa continuaba a la espera de que el documento fuera remitido formalmente del tribunal a Villa Marista para esclarecer la situación procesal de Martín Gutiérrez.

Ambos hechos se basan en la denuncia de la pareja del afectado; el OCLE no dispone de copia del documento judicial ni del expediente, por lo que los registra como denunciados. Las nuevas imputaciones se registran en la fecha en que las conoció la defensa, el 16 de septiembre, y la falta de acceso al expediente en la fecha en que se documentó su persistencia, el 14 de octubre.

Las dos figuras incorporadas sancionan conductas expresivas. El artículo 185 del Código Penal (Ley 151/2022) tipifica como desacato amenazar, insultar u ofender a un funcionario o autoridad de forma verbal, escrita, mediante gestos o a través de cualquier medio de comunicación. El artículo 124 castiga como propaganda contra el orden constitucional la incitación contra el orden social o el Estado mediante propaganda oral o escrita, con penas mayores si se usan medios de comunicación social, incluidos los digitales.

La causa tiene su origen en varios días de protestas que Spiderman realizó desde el balcón de su vivienda, en Marianao, y transmitió en redes sociales, en las que denunció los prolongados apagones, la escasez de alimentos y medicamentos, el aumento de la violencia y el consumo de drogas entre los jóvenes.

El OCLE ha documentado tres hechos previos contra él vinculados a esas protestas: su detención violenta y sin orden judicial el 24 de abril de 2026 por agentes de la Seguridad del Estado; una evaluación psiquiátrica no voluntaria el 30 de abril, denunciada por su hermana, Yuneisy Gutiérrez; y su traslado forzoso al Combinado del Este el 23 de mayo, tras difundirse una carta suya que denunciaba agresiones bajo custodia y las condiciones de reclusión.

La imputación de dos nuevos delitos y la imposibilidad de acceso al expediente han sido incorporados al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro, seguido de análisis y clasificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por OCLE estos hechos clasifican como violaciones correspondientes a la libertad de expresión bajo el siguiente indicador:

16 de septiembre de 2026

Uso abusivo del poder estatal: el tribunal incorporó a la causa contra Javier Ernesto Martín Gutiérrez las imputaciones de desacato, antes retirada por falta de elementos, y de propaganda contra el orden constitucional, figuras que sancionan conductas expresivas, lo que instrumentaliza la ley penal para castigar sus protestas y denuncias públicas.

14 de octubre de 2026

Uso abusivo del poder estatal: casi un mes después de conocer las nuevas imputaciones, la defensa seguía sin acceso al expediente que las sustenta, lo que obstaculiza mediante el aparato judicial el derecho del afectado a defenderse.

Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 54. Reconoce la libertad de expresión. Se vulnera porque se imputan al afectado delitos que sancionan expresiones, en una causa originada por sus protestas y denuncias públicas.

Artículo 95. Garantiza en el proceso penal el derecho a ser informado de la imputación y a disponer de asistencia letrada. Se vulnera porque la defensa conoció las nuevas imputaciones de forma colateral, en un documento que respondía a otro trámite, y no ha podido revisar el expediente que las sustenta.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 11.1. Exige que toda persona acusada cuente con todas las garantías necesarias para su defensa. Se vulnera porque la defensa no puede conocer el fundamento de las imputaciones que debe rebatir.

Artículo 19. Protege el derecho a difundir opiniones por cualquier medio. Se vulnera porque el castigo penal recae sobre las denuncias que el afectado difundió en redes sociales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 14.3. Garantiza el derecho a ser informado en detalle de la naturaleza y causas de la acusación (inciso a) y a disponer de los medios adecuados para preparar la defensa (inciso b). Se vulnera porque la defensa desconoce el sustento de las dos nuevas imputaciones y no ha podido acceder al expediente.

Artículo 19.3. Admite restricciones a la expresión solo cuando estén fijadas por ley y sean necesarias para fines legítimos. Se vulnera porque imputar desacato y propaganda por denuncias públicas sobre los apagones y la crisis no responde a necesidad ni proporcionalidad alguna.

El Estado cubano amplió la causa penal contra un preso político con dos figuras que castigan la expresión, una de ellas antes retirada por falta de pruebas, en un proceso que se originó en sus protestas y denuncias públicas sobre los apagones y la crisis del país. Además, mantiene a su defensa sin acceso al expediente que sustenta esas imputaciones, lo que le impide conocer y rebatir los cargos. Esa conducta restringe la libertad de expresión por vías que no cumplen los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y desconoce las garantías mínimas de un proceso justo. En consecuencia, la conducta del Estado cubano constituye una violación de la libertad de expresión y del derecho a un proceso con garantías.

Llamado del OCLE

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano:

la liberación inmediata de Javier Ernesto Martín Gutiérrez y el cese de su criminalización por haber protestado y denunciado públicamente la situación del país;

el retiro de las imputaciones de desacato y propaganda contra el orden constitucional;

el acceso inmediato y completo de su defensa al expediente y a las pruebas que sustentan las nuevas imputaciones, así como una explicación de los motivos por los que se reincorporó el desacato antes retirado; y

la adecuación de los delitos de desacato y propaganda contra el orden constitucional a los estándares internacionales de libertad de expresión.

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:

den seguimiento a este caso,

exijan responsabilidades al Estado cubano, y

refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

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