Santa Clara, Cuba — 31/10/2026. Alberto Hernández González, director del boletín comunitario Páginas Villareñas, del ICLEP, denunció ante el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) que al menos nueve colaboradores y personas interesadas en colaborar con el medio recibieron amenazas de oficiales de la Seguridad del Estado entre abril y octubre de 2026 en Santa Clara, Villa Clara, como represalia por escribir, verificar información o acercarse al boletín. Según el director, que recogió personalmente el testimonio de cada afectado, las amenazas a colaboradores de Páginas Villareñas incluyeron advertencias de cárcel, de procesamiento penal por «usurpación de funciones públicas» y de despido de sus empleos o de los de sus familiares.
Según el director, las amenazas alcanzaron a cinco periodistas ciudadanos que publicaron en el boletín —Bernardo García Morales, Raiza Ruiz Goire, Raúl Vega Torres, Ariel Suárez Bermúdez y Víctor Sánchez Jiménez—, al matrimonio formado por Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire, que verificaba las informaciones del medio, y a dos ciudadanos que se habían acercado para colaborar y desistieron, cuya identidad el OCLE reserva. En al menos cuatro de los hechos, el oficial se identificó como «teniente Ariel», el mismo nombre que dio uno de los interrogadores de dos distribuidores del boletín detenidos y amenazados con la misma acusación penal el 1 de marzo de 2026 en la misma ciudad. Los hechos se suman a una presión sostenida contra este medio, que incluye las amenazas de cárcel y de despido contra su entonces director Yasser Toledo Ventura.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP denuncia públicamente estos hechos, que, según el testimonio recibido por el OCLE, constituyen una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba.
Hechos documentados
Alberto Hernández González, director de Páginas Villareñas, denunció ante el OCLE que detectó el problema cuando varias personas que se habían acercado al boletín con denuncias para publicar dejaron de comunicarse sin explicación. El 9 de octubre las visitó personalmente y le contaron que habían sido amenazadas por oficiales de la Seguridad del Estado. Luego buscó a colaboradores que también habían dejado de participar sin motivo aparente y comprobó que habían recibido presiones similares. Según su testimonio, los hechos fueron los siguientes:
Raiza Ruiz Goire, que publicó en la edición 136 del boletín (febrero de 2026) una nota sobre la falta de recogida de basura en el reparto Bengochea, fue interceptada en la mañana del 11 de abril cerca de su casa, en ese mismo reparto, por un oficial vestido de civil que conducía una moto roja. Tras mostrarle su carné, el oficial le dijo que no le permitiría colaborar con “los tipejos del boletín” y que para ellos era “muy fácil meterla presa” y sacar a su esposo de su trabajo.
Bernardo García Morales, camillero del policlínico Nazareno, que publicó en la edición 136 una nota sobre el cierre de la consulta para fumadores en un policlínico de Santa Clara, fue visitado en abril en su centro de trabajo por un oficial de la Seguridad del Estado que se identificó como Ariel. El oficial le advirtió que, si volvía a colaborar con el boletín, lo sacaría de su trabajo y lo procesaría legalmente. La fuente no precisa el día.
Raúl Vega Torres, profesor de natación en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) provincial, que publicó notas sobre deporte y educación en las ediciones 136, 137 y 142, fue visitado el 18 de mayo en su centro de trabajo por un oficial que se identificó como “teniente Ariel” y que conducía una moto Suzuki negra. El oficial lo amenazó con sacarlo de su trabajo y le dijo que recordara que tenía dos niños pequeños «que podían crecer con su padre en una prisión», y que pensara si quería seguir escribiendo en «un boletín de la contrarrevolución» o terminar preso.
Víctor Sánchez Jiménez, que publicó en la edición 136 una nota sobre la suspensión del ómnibus de la presa Minerva, fue visitado en la tarde del 19 de agosto en su casa, en el barrio Los Paragüitas, por el oficial que se identificó como “teniente Ariel”. Lo amenazó con detenerlo y procesarlo por el delito de “usurpación de funciones públicas” si seguía colaborando con el boletín, y le dijo a su esposa: “Aconséjalo si no quieres verlo preso por un buen tiempo”.
Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire, matrimonio residente en el barrio Camacho que verificaba las informaciones del boletín, fueron visitados en su casa el 4 de septiembre por un oficial de la Seguridad del Estado, que solo mostró su carné del Ministerio del Interior, y por el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), a quien identifican como el teniente Manuel García. Les dijeron que conocían sus actividades con Páginas Villareñas, que podían ser procesados si continuaban y que pensaran en su hijo, que aspiraba a estudiar en la universidad, porque eso «podía complicarse».
Un ciudadano que había manifestado interés en colaborar con el boletín fue visitado el 8 de septiembre en la empresa estatal donde trabaja por un oficial de la Seguridad del Estado, que le dijo que conocía sus contactos con el director y que podía terminar preso si publicaba o facilitaba información sobre su centro de trabajo. El oficial le preguntó además si le habían ofrecido dinero por colaborar. Su jefe directo también lo presionó para que se alejara del ICLEP.
Otro ciudadano interesado en colaborar fue visitado el 10 de septiembre en su centro de trabajo por un oficial vestido de civil que se identificó como “teniente Félix”. Le dijo que sabía que se relacionaba con el director del boletín, que eso podía costarle el trabajo a él y a su esposa, y le advirtió: “Tú escoge y decide si quieres seguir trabajando aquí o terminar preso”.
Ariel Suárez Bermúdez, licenciado en inglés y profesor de ese idioma, que publicó en las ediciones 142, 143, 144 y 145 artículos sobre la persecución a religiosos, la escasez de insumos para sueros en el Hospital Oncológico, la contaminación del río Bélico y los efectos de los apagones en la educación universitaria semipresencial, fue visitado en su casa, en el reparto Escambray, en la mañana del 2 de octubre por el oficial que se identificó como “teniente Ariel”. Le dijo que sabía de su colaboración con el boletín, que si seguía lo procesaría por “usurpación de funciones públicas” y que lo sacarían de la escuela donde trabaja. Antes de irse, aludió a la madre enferma del colaborador: le dijo que, si quería “ver a su mamá con salud”, dejara “el jueguito a ser periodista”.
Las víctimas sufrieron intimidación directa, amenazas de cárcel, de procesamiento penal y de pérdida del empleo, y presiones a través de sus familiares. Según el director, a raíz de estas amenazas dejaron de colaborar con el boletín o desistieron de hacerlo. También señala que estas presiones son la razón principal por la que el medio ha dejado de crecer, y que aún reúne los detalles de otras dos personas que desistieron de colaborar por la misma causa.
Amenazar con la cárcel, con un proceso penal y con el despido a quienes escriben, verifican o se disponen a colaborar con un medio comunitario, y presionar a sus familias, busca vaciar a ese medio de colaboradores y disuadir a la población de llevarle sus denuncias. Por tratarse de colaboradores de un medio de prensa, la agresión recae sobre la libertad de prensa.
El OCLE documentó estos hechos conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU: conservó el testimonio escrito del director del boletín; revisó las ediciones publicadas de Páginas Villareñas y comprobó que los cinco periodistas ciudadanos mencionados firmaron notas en ellas entre febrero y junio de 2026; confirmó en los informes internos del medio que esas personas colaboraban activamente con él, y cotejó el relato con los antecedentes registrados en su base de datos, sin encontrar contradicciones. El OCLE comprobó así el vínculo de las víctimas con el boletín, pero no pudo corroborar de forma independiente las amenazas, que ocurrieron sin testigos externos y que los propios afectados relataron al director; por eso la alerta atribuye los hechos a la denuncia del director de Páginas Villareñas.
Clasificación metodológica del caso (Indicador OCLE)
Según la investigación realizada por el OCLE, estos hechos se clasifican como una violación a la libertad de prensa bajo el indicador:
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas
Las visitas intimidatorias a domicilios y centros de trabajo, las amenazas de cárcel, de procesamiento penal y de despido, y las presiones dirigidas a cónyuges, hijos y madres de los colaboradores buscan infundir temor, quebrar su voluntad y aislar al medio de su red de colaboradores.
Víctimas:
- Raiza Ruiz Goire, periodista ciudadana (11 de abril de 2026)
- Bernardo García Morales, periodista ciudadano (abril de 2026)
- Raúl Vega Torres, periodista ciudadano (18 de mayo de 2026)
- Víctor Sánchez Jiménez, periodista ciudadano (19 de agosto de 2026)
- Saúl Peñate Pérez, colaborador del medio (4 de septiembre de 2026)
- Gisela Puentes Goire, colaboradora del medio (4 de septiembre de 2026)
- Ciudadano con identidad reservada 1, aspirante a colaborar con el medio (8 de septiembre de 2026)
- Ciudadano con identidad reservada 2, aspirante a colaborar con el medio (10 de septiembre de 2026)
- Ariel Suárez Bermúdez, periodista ciudadano (2 de octubre de 2026)
Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54: reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, que se pretende anular al amenazar a ciudadanos por escribir y llevar denuncias a un medio.
Artículo 55: reconoce la libertad de prensa, vulnerada al intimidar a los colaboradores de un medio comunitario para que dejen de participar en él.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 12: protege contra las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y el domicilio, como las visitas intimidatorias a las casas de los colaboradores y las amenazas contra sus familiares.
Artículo 19: protege el derecho a investigar y difundir informaciones, que se busca impedir al amenazar a quienes escriben y verifican para el boletín.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 17: prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y el domicilio, y los ataques ilegales a la honra, presentes en las visitas y en las presiones a los familiares.
Artículo 19: protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, afectada por las amenazas destinadas a que los colaboradores abandonen el medio.
Intimidar en sus casas y en sus centros de trabajo a quienes escriben, verifican o desean colaborar con un medio comunitario, amenazarlos con la cárcel, con un proceso penal y con la pérdida del empleo, y extender esas amenazas a sus familias, persigue silenciar a la prensa independiente al privarla de colaboradores y de fuentes. La conducta descrita, atribuida por los afectados a oficiales de la Seguridad del Estado y, en un caso, a un jefe de sector de la PNR, constituye una violación de la libertad de prensa y del derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar.
Llamado del OCLE
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano,
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba, y
- presten atención específica a la persecución de los colaboradores de los medios comunitarios, cuya seguridad depende de que estas amenazas no queden en el silencio.
La libertad de prensa no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
