Amenazan con suspensión de visitas a presa política Yunaykis de la Caridad por negarse a vestir el uniforme penitenciario

La Habana, Cuba — 4/11/2026. La presa política Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez, recluida en la Prisión de Mujeres de Occidente, conocida como El Guatao, está siendo amenazada con la suspensión de sus visitas porque se niega a usar el uniforme penitenciario, según publicación del Observatorio de Derechos Culturales (ODC). De acuerdo con el testimonio de la mamá, que pudo visitarta el 29 de octubre y es la fecha que toma el OCLE para el registro del caso, Yunaykis rechaza vestir ropa de presa dado el carácter arbitrario e injusto de su encarcelamiento.

La amenaza se produjo en medio de una huelga de hambre de diez días, tras la cual, según la familia, sigue enferma y sin la atención médica que necesita. Linares Rodríguez, condenada por las protestas del 11J y excarcelada en libertad condicional en 2025, volvió a prisión tras ser detenida el 2 de junio de 2026 cuando defendió a un participante en una protesta vecinal al que la policía estaba sometiendo por la fuerza.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente las nuevas amenazas contra Yunaykis por cuanto constituyen una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

Hechos documentados

Según el ODC, el 28 de octubre la madre de Yunaykis supo que su hija llevaba diez días en huelga de hambre y le pidió que la abandonara porque estaba deteriorando su salud. Al visitarla al día siguiente comprobó que la huelga había terminado, pero la encontró «bastante mal, ojerosa, bajo de peso, con mareos»; durante la huelga fue necesario administrarle suero. La familia denuncia que continúa enferma y sin la asistencia médica que necesita.

En el testimonio ofrecido al ODC, la madre dijo también que las autoridades están amenazando a Yunaykis con suspenderle las visitas ante la negativa a usar el uniforme penitenciario. Su negativa es un rechazo a ser tratada como culpable de una infracción que no reconoce, es decir, una forma pacífica de protesta bajo custodia. Amenazarla con cortar el contacto con su familia por mantener esa postura constituye una presión para que renuncie a ella. La publicación del ODC no declara qué autoridad hizo la amenaza, ni en qué fecha, por eso el OCLE toma para el registro en su base de datos el día de la visita de la madre a la prisión: el 29 de octubre.

Según la publicación de ODC, la familia recibió información sobre la intención de trasladar a Yunaykis a un colectivo donde habría consumo de drogas, lo cual aumenta la preocupación por su seguridad. La joven sufrio recientemente una crisis nerviosa ante la imposibilidad de comunicrase con la familia en medio de la enfermedad de la abuela, y se provocó heridas cortantes en ambas muñecas.

La madre de la presa política denunció también a través del ODC amenazas y represalias contra la familia por hacer pública la situación de Yunaykis. El OCLE, en pos de precisar y confirmar esos hechos, contactó a la madre de Linares, pero aún no ha recibido respuesta; siendo así, esas amenazas no se registran por el momento en la base de datos de la organización.

Yunaykis Linares Rodríguez fue condenada por sedición tras las protestas del 11J de 2021. Se encontraba bajo libertad condicional cuando fue detenida de nuevo el 2 de junio de 2026; a mediados de septiembre se le notificó la revocación de ese beneficio, pero hasta la fecha la familia no ha recibido una copia del documento, y desconoce los motivos de la decisión.

El OCLE documentó estos hechos conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales: revisó y archivó las publicaciones del ODC, cotejó el relato con los antecedentes de la víctima en su base de datos (ocho hechos entre junio y septiembre de 2026), consultó la cobertura de la prensa independiente y de organizaciones sin encontrar otra fuente que mencione la amenaza, y escribió directamente a la madre sin haber recibido respuesta hasta la fecha del cierre de la alerta para lograr una verificación independiente; or eso la alerta atribuye los hechos a la denuncia recogida por el ODC. La falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por el OCLE, estos hechos se clasifican como una violación a la libertad de expresión bajo los indicadores:

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas

Según la denuncia de la madre, las autoridades amenazan a una presa política con suspenderle las visitas de su familia por negarse a usar el uniforme y, según información que habría recibido la familia, con trasladarla a un colectivo donde habría consumo de drogas. Es una amenaza dirigida a quebrar su postura mediante la presión sobre su contacto familiar.

Uso abusivo del poder estatal

Según la denuncia, el sistema penitenciario niega la atención médica que necesita Yunaykis tras una huelga de hambre, lo cual constituye una violación de derechos penitenciarios bajo custodia estatal.

Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 46: reconoce el derecho a la integridad física y moral y a la salud, que la familia denuncia desatendida tras la huelga de hambre.
Artículo 54: reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; la amenaza responde, según el ODC, a la postura de una presa política que rechaza vestir el uniforme por considerarse injustamente encarcelada.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 5: prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes, también bajo custodia.
Artículo 19: protege la libertad de opinión y de expresión, incluida la protesta pacífica de las personas privadas de libertad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 10.1: exige tratar con humanidad y con respeto a la dignidad a toda persona privada de libertad, incluida su atención de salud.
Artículo 19: protege la libertad de expresión, que no se suspende por estar la persona presa.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)

Regla 24: establece que la atención de salud de los reclusos es responsabilidad del Estado y debe ser equivalente a la disponible en la comunidad.
Regla 43.3: dispone que las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas no pueden incluir la prohibición del contacto familiar.
Regla 58: reconoce el derecho de los reclusos a comunicarse periódicamente con sus familiares y amigos; se vería afectada si la amenaza se cumple.

Amenazar a una presa política con quitarle las visitas por negarse a usar un uniforme que rechaza como expresión de que está presa injustamente, y no atender su salud tras una huelga de hambre, vulnera su derecho a expresarse y a ser tratada con dignidad y humanidad bajo custodia. El Estado cubano, que la mantiene bajo su custodia, es responsable de garantizar su integridad, su salud y su derecho a protestar pacíficamente sin represalias.

Llamado del OCLE

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:

den seguimiento a este caso,

pidan información al Estado cubano sobre el régimen de visitas, la atención médica y las condiciones de reclusión de Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez en El Guatao,

exijan responsabilidades al Estado cubano, y

refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.