Santa Clara, Cuba — 11/10/2026. Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue detenido arbitrariamente el 3 y el 4 de octubre en Santa Clara, Villa Clara, tras presentarse ambos días a la sede del Gobierno provincial a reclamar la reparación del transformador eléctrico que alimenta de corriente la comunidad donde reside.

En las dos ocasiones, su esposa Yeiseny Yera León, quien lo acompañaba, fue también esposada y trasladada contra su voluntad en un patrullero de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). El reclamo fue atendido por oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, que interrogaron al opositor en las dos jornadas.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

Hechos documentados

La noche del jueves 1 de octubre, un transformador situado en la calle Alemán, entre Hospital y Misionero, en Santa Clara, se averió y dejó sin electricidad a unas 102 viviendas y alrededor de 512 residentes, entre ellos Coco Fariñas.

El sábado 3 de octubre, el opositor y su esposa, Yeiseny Yera León, acudieron a la sede del Gobierno Provincial del Poder Popular de Villa Clara, en la calle Maceo entre Caridad y Síndico, para reclamar la sustitución del transformador. Según el relato de Fariñas publicado por la página en Facebook de Cuba Antitotalitaria, durante la presentación de la queja intentó incluir una denuncia de presuntos cobros de entre 50.000 y 80.000 pesos cubanos por parte de trabajadores de la Empresa Eléctrica de Villa Clara para instalar un nuevo transformador, y el funcionario que la recibía se negó a registrarla.

Se generó entonces una discusión verbal entre ambos, y el representante del gobierno terminó sacando de detrás de su escritorio un bastón de goma de uso policial con la intención de agredir a Coco Fariñas. El vicegobernador Ariel Chinea Pérez exigió al opositor que abandonara el lugar y le advirtió que el Ministerio del Interior había sido avisado y llegaría en cualquier momento para detenerlo.

Minutos después llegaron oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (DCI-MININT), entre ellos su jefe provincial, el teniente coronel Arturo Montenegro Sotelo, quien interrogó a Fariñas y se comprometió a investigar las denuncias y a resolver la avería. A continuación, agentes de la PNR esposaron a Fariñas y a Yera León y los trasladaron contra su voluntad en el patrullero 287 hasta su vivienda. Aunque el destino fue el domicilio, ambos fueron retirados de la sede por la fuerza y permanecieron esposados y bajo custodia policial durante el traslado, sin posibilidad de marcharse por sus propios medios. Según el reporte de Cuba Antitotalitaria, la residencia del matrimonio permaneció bajo vigilancia durante toda la madrugada.

El domingo 4 de octubre por la tarde, al comprobar que el transformador no había sido sustituido, ambos regresaron a la sede del Gobierno Provincial, donde los recibieron el vicegobernador Chinea Pérez y una funcionaria que se identificó como integrante del Puesto de Mando. Minutos después llegaron el teniente coronel Abelardo Rodríguez Febles, jefe de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga de la DCI-MININT en Villa Clara, y el capitán Dairon Pérez Rojas, primer oficial de esa unidad. Ambos condujeron a Fariñas al teatro de la sede para interrogarlo, mientras su esposa permanecía retenida en el vestíbulo.

Rodríguez Febles le dijo a Fariñas que había interrumpido sus vacaciones en Ciego de Ávila por orden del ministro del Interior, general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, para ponerse al frente de lo que calificó como «provocaciones contrarrevolucionarias» del opositor, y se comprometió a resolver la avería al día siguiente por tratarse de una orden del «alto mando de la Revolución». Al término del interrogatorio, Fariñas y Yera León fueron nuevamente esposados y trasladados bajo custodia en el patrullero 287 hasta su domicilio. Según la fuente, a las 11:45 p. m. de ese día se instaló un nuevo transformador.

A consideración del OCLE, estos hechos vulneran la libertad de expresión porque la privación de libertad no respondió a infracción alguna: fue la respuesta del Estado cubano a una queja formulada ante sus propias autoridades y a la denuncia de presunta corrupción que la acompañaba. Al esposar y trasladar a los reclamantes y al entregar la queja a la contrainteligencia, el Estado convirtió el ejercicio de la petición y la crítica sobre la gestión de un servicio público en motivo de castigo. El efecto es disuasorio para cualquier ciudadano que pretenda exigir respuestas a las instituciones.

Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro seguido de análisis y clasificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por OCLE este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo los indicadores:

Guillermo Fariñas Hernández, opositor, corrdinador general del Foro Antitotalitario Unido

Detención arbitraria

El 3 de octubre, después de que el vicegobernador le advirtiera que sería detenido si no abandonaba la sede del Gobierno Provincial, agentes de la PNR esposaron a Fariñas y lo trasladaron en un patrullero hasta su vivienda sin orden judicial ni imputación, en respuesta a su reclamo.

El 4 de octubre, tras regresar a la sede para insistir en el reclamo, fue nuevamente esposado y trasladado en el mismo patrullero hasta su domicilio sin orden ni causa legal, lo que constituye una segunda privación de libertad.

Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas

El 3 de octubre, según su relato, un funcionario lo encaró con un bastón de goma de uso policial durante la presentación de la queja, oficiales de la Contrainteligencia lo interrogaron en la sede del Gobierno Provincial y, tras su traslado, su vivienda permaneció bajo vigilancia durante toda la madrugada, actos de intimidación, interrogatorio extrajudicial y vigilancia dirigidos contra quien reclamaba.

El 4 de octubre, oficiales de la Unidad Provincial de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga lo interrogaron en el teatro de la sede del Gobierno Provincial y calificaron su reclamo como «provocaciones contrarrevolucionarias», lo que constituye un interrogatorio extrajudicial dirigido a presentar como subversiva una queja ciudadana.

Yeiseny Yera León, esposa de Coco Fariñas

Detención arbitraria

El 3 de octubre, agentes de la PNR esposaron a Yeiseny Yera León y la trasladaron en un patrullero hasta su vivienda sin orden judicial ni conducta que se le atribuya distinta de acompañar a su esposo en la queja.

El 4 de octubre, fue retenida en el vestíbulo de la sede del Gobierno Provincial durante el interrogatorio de su esposo y luego nuevamente esposada y trasladada hasta su domicilio, sin orden ni causa legal, lo que constituye una segunda privación de libertad.

Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 46. Reconoce a todas las personas el derecho a la libertad, a la integridad física y moral y a la seguridad. Se vulnera cuando agentes de la PNR esposan y trasladan contra su voluntad a Guillermo Fariñas Hernández y a Yeiseny Yera León en dos ocasiones sin causa legal, y cuando el reclamante es encarado con un bastón de goma y su vivienda queda bajo vigilancia.

Artículo 54. Reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Se vulnera al responder con detenciones e interrogatorios a la queja de Fariñas sobre la falta de servicio eléctrico y a su denuncia de presunta corrupción en la Empresa Eléctrica.

Artículo 61. Reconoce el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y obliga a estas a tramitarlas y dar respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas. Se vulnera porque el Gobierno Provincial se negó a registrar la denuncia de presunta extorsión, ordenó al reclamante abandonar la sede y lo entregó a la contrainteligencia en lugar de responder a su queja.

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 9. Prohíbe la detención arbitraria. Se vulnera por las dos detenciones de cada víctima, ejecutadas como reacción a su reclamo y sin base legal referida.

Artículo 19. Protege el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluido el de no ser molestado a causa de las propias opiniones. Se vulnera al castigar con detenciones e interrogatorios la queja y la denuncia de corrupción formuladas por Fariñas ante las autoridades provinciales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9 (párrafo 1). Consagra el derecho a la libertad y a la seguridad personales y proscribe la privación de libertad que no se ajuste a causas y procedimientos establecidos en la ley. Se vulnera por las cuatro detenciones documentadas y por la intimidación y la vigilancia a las que fue sometido el reclamante.

Artículo 19 (párrafos 2 y 3). Garantiza la libertad de expresión y limita sus restricciones a las fijadas por ley y necesarias en una sociedad democrática. Se vulnera porque una queja ciudadana sobre un servicio público y la denuncia de presunta corrupción, que no encajan en ninguna de esas restricciones, fueron tratadas como «provocaciones contrarrevolucionarias» y sancionadas de hecho con detención.

La conducta del Estado cubano en este caso constituye una violación de la libertad de expresión y de la libertad personal de Guillermo Fariñas Hernández y de Yeiseny Yera León. Ante una queja legítima sobre la privación de un servicio esencial y una denuncia de presunta corrupción, las autoridades provinciales y el Ministerio del Interior respondieron con detenciones sin base legal, interrogatorios, intimidación y vigilancia, y entregaron un asunto ciudadano a la contrainteligencia en lugar de tramitar la petición y dar una respuesta fundada. Al proceder así, el Estado cubano convirtió el derecho de petición y la crítica a la gestión pública en conductas punibles, en contravención de sus obligaciones constitucionales e internacionales.

Llamado del OCLE

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano:

que cesen de inmediato las detenciones arbitrarias contra Guillermo Fariñas Hernández y Yeiseny Yera León, así como toda vigilancia sobre su domicilio;

que las quejas presentadas ante el Gobierno Provincial de Villa Clara se tramiten y respondan sin represalias;

que se registre e investigue con independencia la denuncia de presuntos cobros irregulares en la Empresa Eléctrica de Villa Clara, en lugar de perseguir a quien la formuló;

que se abstenga de asignar a la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior el tratamiento de reclamos ciudadanos sobre servicios públicos;

y que identifique y someta a responsabilidad a los funcionarios que ordenaron y ejecutaron estas detenciones y la intimidación documentada.

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:

den seguimiento a este caso,

exijan responsabilidades al Estado cubano, y

refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

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