Hialeah, Florida, 1ro de octubre.- El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia y condena en los términos más enérgicos la violenta oleada de represión, arrestos arbitrarios y cercos policiales ejecutados en el día de hoy por el Estado socialista cubano contra periodistas independientes, creadores de contenido, activistas y líderes religiosos.
Este despliegue de fuerza, orquestado por la policía política y la Seguridad del Estado, responde al miedo del régimen ante la verdad y tiene como fin impedir la cobertura mediática y la solidaridad ciudadana frente al juicio amañado contra la joven creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi) y su madre, Caridad Silvente Laffita (Cary), sometidas a proceso penal por el simple hecho de haber grabado en su vivienda a un agente del Ministerio del Interior (MININT) que acudió a citarlas en ropa civil y calzando chancletas.
Reporte de investigación preliminar del Observatorio Cubano por la Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP (basado en fuentes primarias)
ACLARACIÓN METODOLÓGICA DEL OCLE
Los nombres presentados a continuación han sido verificados directamente a partir de las denuncias públicas realizadas en sus perfiles primarios de redes sociales y testimonios de las propias víctimas o sus allegados en el lugar de los hechos. Se aclara expresamente que esta lista NO constituye una cifra definitiva ni concluyente, sino que representa un avance preliminar del monitoreo en tiempo real que realiza el OCLE mientras persiste el operativo policial en la isla.
- Camila Acosta (Periodista de CubaNet y corresponsal del diario ABC): Denunció en su perfil que agentes de la Seguridad del Estado se apostaron fuera de su vivienda notificándole que tenía prohibido salir a la calle para evitar la cobertura del juicio.
Fuente primaria: Post directo de la denuncia de represión/sitio policial
- Adelth Bonne Gamboa (Comunicador y creador de contenido): Denunció previamente la arbitrariedad del proceso contra Anna Bensi y fue sometido a cerco e intimidación policial en su domicilio para restringir su libertad de movimiento.
Fuente primaria: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1407257318239823&id=100068667031437
- Colectivo 'Fuera de la Caja Cuba': Denunciaron mediante un comunicado en su página oficial que sus viviendas amanecieron rodeadas de patrullas y agentes de la Seguridad del Estado con la instrucción explícita de impedirles la salida hasta después de la jornada judicial.
Fuente primaria: Publicación oficial en la página de Facebook de Fuera de la Caja Cuba
- David Espinosa (David Siloetano) y su esposa Laidy García: Activistas y jóvenes del movimiento bautista. David fue interceptado y arrestado arbitrariamente por la policía política cuando intentaba trasladarse hacia el tribunal para apoyar a Anna Bensi; fue conducido a la unidad de la PNR de La Lisa.
Fuentes primarias: Denuncia pública de Alfredito Fominaya en Facebook
- Pastor Rolando Pérez Lora ('El Pregonero de Cristo'): Activista cristiano y comunicador, objeto de persecución y arrestado de forma violenta cuando acompañaba a Anna Bensi y a Cary al juzgado.
Fuente primaria: Denuncia y reporte en la plataforma de Pregonero de Cristo
- Yoani Sánchez (Directora del medio independiente 14ymedio): Sometida a vigilancia y restricciones de salida como parte del cerco preventivo coordinado contra los principales referentes del periodismo independiente en La Habana para impedir la cobertura en el terreno.
Fuente primaria: Página oficial de 14ymedio en Facebook
- Vladimir Turró (Periodista de Cubanet): Fue advertido expresamente por la Seguridad del Estado de que no acudiera al juicio. Fuente primaria: Publicación en Facebook del medio Cubanet
Declaración Institucional y Exigencias
"Lo que está ocurriendo hoy demuestra la cobardía moral de una dictadura totalitaria que despliega ejércitos de policías contra ciudadanas indefensas cuya única 'arma' ha sido un teléfono celular. Juzgar a Anna Sofía Benítez y a su madre Caridad por grabar a un funcionario público en la puerta de su hogar quien apareció en ropa civil y calzando chancletas, es una perversión del derecho y un acto de pura venganza política", afirmó Normando Hernández, director general del ICLEP.
El ICLEP reafirma su solidaridad absoluta e incondicional con Anna Sofía Benítez Silvente, con su madre Caridad Silvente, y con todos los periodistas, creadores y líderes de fe perseguidos hoy. Exigimos la absolución inmediata de ambas mujeres, el levantamiento de los cercos domiciliarios y la liberación de todos los detenidos durante la jornada.
Reiteramos el llamado urgente a las organizaciones internacionales de derechos humanos y de libertad de prensa —como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— para que condenen la violencia de Estado desplegada por la tiranía socialista contra la ciudadanía cubana.
Publicar la verdad no es delito. La solidaridad ciudadana es un derecho inalienable.
Sobre el OCLE e ICLEP:
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) con sede en Hialeah, Florida, fundada el 22 de mayo de 2012. Su trabajo se apoya en dos pilares: el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), que documenta, registra y publica las violaciones a estos derechos en Cuba, y una red de medios comunitarios impresos que se producen y distribuyen dentro de la Isla.
Contactos para prensa:
Correo electrónico: observatorio@iclep.org
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Justicia castrista: el oxímoron perfecto
La madrugada en que Ana Bensy fue detenida no tiene nada de excepcional. Es la misma coreografía que se repite desde hace décadas: un operativo desproporcionado, una acusación prefabricada, un fiscal que recita un guion y un juez que firma sin pestañear. Lo extraordinario no es el caso: es la ironía histórica que lo sostiene. El Estado que la acusa es el mismo que nació violando todas las leyes que hoy invoca.
La memoria pública conserva escenas que el poder preferiría borrar: explosiones en tiendas de La Habana, incendios en cines, bombas en parques, postes eléctricos volados para paralizar barrios enteros. Los partes policiales de los años cincuenta describen una ciudad sitiada por la jefatura de acción y sabotaje que luego sería celebrada como “vanguardia revolucionaria”. Aquellos hombres que hoy aparecen en murales y desfiles fueron los mismos que colocaron cargas explosivas en espacios civiles, que asaltaron cuarteles, que dinamitaron la infraestructura del país para demostrar fuerza política.
La paradoja se vuelve más áspera cuando se revisan los archivos de política exterior: mientras el discurso oficial hablaba de soberanía, el gobierno enviaba tropas mercenarias a guerras ajenas, entrenaba guerrillas extranjeras con dinero del tesoro nacional y operaba como un actor de injerencia en conflictos internos de otros países. La legalidad era un decorado. La acción real era la violencia exportada.
Ese es el punto donde la tesis del titular se demuestra sola: el mismo poder que nació de la ilegalidad ahora se presenta como árbitro de la legalidad. La justicia castrista no es contradictoria: es hereditaria. La violencia que antes se ejercía con bombas ahora se ejerce con expedientes. La represión que antes se hacía con dinamita ahora se hace con artículos del Código Penal.
El expediente de Ana Bensy es un espejo. En él se refleja la estructura que procesa a miles de cubanos por motivos políticos: jóvenes que transmitieron una protesta, madres que grabaron un abuso policial, ciudadanos que publicaron una opinión. Los cargos son siempre los mismos, como si fueran plantillas: “desórdenes públicos”, “desacato”, “propaganda enemiga”. La sentencia nunca depende de los hechos: depende de la necesidad del Estado de demostrar que sigue mandando.
La demostración es esta: la justicia castrista es el oxímoron perfecto porque su origen desmiente su discurso. No es justicia impartida por un poder que alguna vez respetó la ley, sino justicia administrada por un poder que nació quebrándola. La represión judicial actual no es una desviación: es la continuidad institucional de la violencia fundacional.
La tesis queda probada:
El régimen que colocó bombas en parques ahora encarcela a quienes colocan palabras en redes.
El régimen que incendió tiendas ahora condena a quienes encienden una cámara.
El régimen que violó la soberanía de otros países ahora criminaliza la libertad de expresión dentro del país.
Do tor Eduardo Arias León
Presidente del PNC