El Estado cubano despliega un operativo de terror psicológico para impedir el ejercicio del derecho a la información
2 de julio de 2026
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) denuncia y documenta, en las últimas horas, un operativo coordinado de citaciones a interrogatorios, vigilancia domiciliaria y detenciones, ejecutado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado contra periodistas independientes, activistas, creadores de contenido y otros miembros de la sociedad civil cubana. El objetivo es inequívoco: impedir, mediante el miedo y la restricción de movilidad, que estas personas asistan a la actividad convocada hoy en la residencia del Embajador de Estados Unidos en La Habana, a propósito del 250 aniversario de la independencia de ese país.
Entre las víctimas figuran periodistas independientes reconocidos como Henry Constantín, Camila Acostay Yoani Sánchez, quienes constantemente son blanco de ataque para la dictadura.
No es control político rutinario. Es represión preventiva ejercida como arma de silenciamiento.
El Estado cubano no está castigando algo que estas personas dijeron, publicaron o hicieron. Las está neutralizando por anticipado, únicamente por la posibilidad de que existan, hablen o sean vistas en un espacio que no controla. No se necesita una palabra, una imagen ni una publicación: basta con la sola posibilidad del ejercicio de un derecho fundamental para que el aparato represivo actúe con toda su fuerza de intimidación. Esto es censura previa en su expresión más cruda, y confirma que en Cuba el derecho a buscar, recibir y difundir información —reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— se reprime incluso antes de que alguien intente ejercerlo.
El patrón es claro: mismo día, mismo objetivo, mismas víctimas —quienes ejercen o podrían ejercer el periodismo independiente y el activismo cívico en Cuba. No es nada nuevo ni excesos individuales de funcionarios; es una política de Estado.
El OCLE está documentando cada caso, individual y colectivamente, y exige:
- Al Gobierno cubano, el cese inmediato y total de la persecución, el hostigamiento y la vigilancia contra ciudadanos cubanos por el simple hecho de poder ejercer su derecho a la información y la libre expresión.
- A los organismos internacionales de derechos humanos, en particular a los Relatores Especiales de Naciones Unidas para la libertad de expresión y para los defensores de derechos humanos, una respuesta urgente, no protocolar, ante un patrón que se repite y se intensifica.
- A la prensa internacional y a las organizaciones de defensa de la libertad de prensa, a no esperar el cierre del expediente para visibilizar lo que está ocurriendo hoy, en tiempo real.
El silencio internacional ante este tipo de operativos es, precisamente, lo que el Estado cubano necesita para que funcionen. El OCLE no va a guardar silencio.
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