Granma, Cuba — 23/10/2026.Ariel Eugenio Arzuaga Peña, Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell, miembros de la organización opositora Cuba Primero y presos desde noviembre de 2024, fueron objeto de peticiones fiscales por propaganda contra el orden constitucional y desórdenes públicos, según consta en las conclusiones provisionales del Expediente de Fase Preparatoria 45/2025, fechadas el 21 de julio de 2026 y dadas a conocer el 14 de octubre por el medio independiente elTOQUE.

La Fiscalía pide hasta 10 años de cárcel para los cuatro opositores granmenses por contenidos difundidos en redes sociales, grabaciones de una manifestación y mensajes enviados a través de Whatsapp. En sus conclusiones, sin embargo, no atribuye a ninguno de los acusados actos de violencia ni daños materiales.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.

Hechos documentados

El 21 de julio de 2026, la Fiscalía Provincial de Granma firmó las conclusiones provisionales del Expediente de Fase Preparatoria 45/2025, en las que solicita diez años de privación de libertad para Ariel Eugenio Arzuaga Peña, nueve para Yaquelín García Jaén, siete para Daniel Barrios Figueredo y cinco para Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell. En los casos de Arzuaga Peña y García Jaén, ocho de esos años corresponden a propaganda contra el orden constitucional y el resto a desórdenes públicos. Las conclusiones provisionales se conocieron el 14 de octubre de 2026, cuando elTOQUE las publicó tras asegurar haber tenido acceso directo a ellas. Seis días después, la organización Cubalex también dió a conocer las peticiones, tras revisar el documento.

Las conclusiones provisionales sitúan los hechos imputados entre octubre y noviembre de 2024. A Arzuaga Peña le atribuyen una grabación del 23 de octubre de 2024 en la que cuestionaba el hambre y la escasez de alimentos, agua y electricidad y llamaba a la población a unirse para reclamar cambios, que la Fiscalía interpreta como convocatoria a delinquir, y otra en la que denunció un registro policial en una vivienda familiar tras la detención de García Jaén, que presenta como intención de divulgar noticias tergiversadas.

A Barrios Figueredo le atribuyen haber enviado por WhatsApp videos de una protesta ocurrida el 5 de noviembre de 2024 en el reparto Camilo Cienfuegos, en Bayamo, y haber recibido dos recargas de saldo telefónico, el 30 de octubre y el 4 de noviembre, que presentan como financiación desde el exterior. Según Prisoners Defenders, a Figueredo Carbonell se le acusa de difundir las detenciones de sus compañeros. A los cuatro se les atribuye además su participación en los grupos de WhatsApp «Fieles Valientes» y «Taller de Libertad de Expresión». De acuerdo con Cubalex, el delito de propaganda se sustenta también en que los acusados se autoproclamaron coordinadores de Cuba Primero, organización fundada en Miami que el Ministerio del Interior incluye en su lista de supuestas organizaciones terroristas.

Entre las pruebas figuran certificados de Etecsa, un peritaje informático de los teléfonos ocupados a Barrios Figueredo y a Arzuaga Peña, un informe institucional sobre Cuba Primero y evaluaciones de la «conducta CR» de los acusados, una de las cuales señala que Arzuaga Peña escucha música calificada de subversiva. Según el análisis legal de Cubalex, todas las pruebas proceden de entidades estatales, los informes de conducta valoran la postura ideológica de los acusados y no un hecho delictivo, y las conclusiones provisionales los califican de «contrarrevolucionarios».

elTOQUE señala que las frases atribuidas a Arzuaga Peña expresan críticas y una exhortación a la unidad, sin instrucciones de cometer actos violentos. El medio añade que las conclusiones provisionales describen con fórmulas imprecisas cuándo y cómo los acusados se integraron al grupo y recibieron las recargas, no identifican quién envió estas ni desde dónde, y no atribuyen a tres de ellos un episodio concreto de desórdenes públicos, sino la intención de incitar.

El artículo 124 del Código Penal (Ley 151/2022) sanciona como propaganda contra el orden constitucional la incitación contra el orden social o el Estado mediante propaganda oral o escrita, con penas agravadas cuando se emplean medios de comunicación social.

Barrios Figueredo fue detenido el 6 de noviembre de 2024; García Jaén, el 8; Figueredo Carbonell, el 9, y Arzuaga Peña, el 27 de ese mes. Según Cubalex, los cuatro permanecen desde entonces en prisión provisional sin juicio.

El OCLE ha documentado previamente varios hechos contra los acusados. El 19 de noviembre de 2024, con base en Cubalex, registró la detención de Barrios Figueredo y de su hermano Dional tras las protestas por los apagones en Bayamo; Cubalex señaló que ambos habían sido espectadores. El 9 de junio de 2026 documentó que García Jaén, detenida sin orden y mantenida incomunicada, acumulaba más de dieciocho meses en prisión provisional sin petición fiscal, que estaba en huelga de hambre desde el 23 de mayo en la prisión de mujeres El Talaje y que la Seguridad del Estado había citado a su hijo tras denunciar el deterioro de salud de su madre. Los cargos que se le imputaron inicialmente fueron distintos de los actuales, y el 14 de julio de 2026 un tribunal rechazó el hábeas corpus presentado a su favor. El 27 de julio de 2026, el OCLE registró la denuncia de golpizas y amenazas contra Arzuaga Peña en la prisión de Boniato, así como la amenaza de la Seguridad del Estado de retirar a la familia la custodia de una menor si seguía reclamando su libertad.

La acusación más reciente convierte en indicio delictivo la crítica a las autoridades, la denuncia de una actuación policial, la difusión de detenciones, la participación en grupos de mensajería sobre derechos humanos, la asociación en un proyecto político y el envío de imágenes de una protesta. Con ello, el Estado cubano recurre al derecho penal para sancionar el ejercicio de la opinión, de la denuncia y de la asociación, y la perspectiva de penas de hasta diez años, junto con la prisión provisional prolongada, produce un efecto inhibidor sobre cualquier voz crítica.

Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro seguido de contrastación y clasificación conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.

Clasificación metodológica del caso

Según la investigación realizada por OCLE este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo el siguiente indicador:

Ariel Eugenio Arzuaga Peña, Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell

Uso abusivo del poder estatal: la Fiscalía Provincial de Granma emitió el 21 de julio de 2026 peticiones de entre cinco y diez años de privación de libertad para los cuatro opositores por propaganda contra el orden constitucional y desórdenes públicos, con base en grabaciones críticas, mensajes de WhatsApp, la difusión de detenciones y su pertenencia a Cuba Primero, sin atribuirles violencia, lo que instrumentaliza el derecho penal para castigar su expresión y su asociación.

El hecho es idéntico para las cuatro personas, que el OCLE registra de forma individual.

Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.

Marco constitucional e internacional vulnerado

El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

Constitución de la República de Cuba (2019)

Artículo 54. Reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Se vulnera porque la Fiscalía sustenta peticiones de hasta diez años de cárcel en grabaciones críticas, en la denuncia de un registro policial y en la difusión de detenciones.

Artículo 56. Reconoce el derecho de asociación con fines lícitos y pacíficos. Se vulnera porque, según Cubalex, el delito de propaganda se funda en que los acusados se asociaron y se declararon coordinadores de Cuba Primero.

Artículo 95. Garantiza en el proceso penal la presunción de inocencia (inciso c) y el derecho a ser informado de la imputación (inciso f). Se vulnera porque los acusados llevan casi dos años en prisión provisional sin juicio y porque las conclusiones provisionales describen con fórmulas imprecisas los hechos que les imputan.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 9. Prohíbe la prisión arbitraria. Se vulnera porque los cuatro acusados permanecen casi dos años en prisión provisional en una causa sustentada en expresiones, comunicaciones y su pertenencia a una organización opositora.

Artículo 11.1. Reconoce la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad en juicio. Se vulnera porque la acusación incorpora informes que valoran la postura ideológica de los acusados, y no la comisión de un delito, mientras permanecen presos sin juicio.

Artículo 19. Protege la libertad de opinión y de expresión. Se vulnera porque la crítica, la denuncia y la difusión de detenciones se tratan como delito.

Artículo 20. Protege la libertad de asociación pacífica. Se vulnera porque la acusación por propaganda se construye sobre la pertenencia de los acusados a Cuba Primero.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 9.3. Exige juzgar en un plazo razonable a toda persona detenida o ponerla en libertad, y establece que la prisión preventiva no debe ser la regla general. Se vulnera porque los cuatro acusados llevan casi dos años en prisión provisional sin juicio ni fecha de vista.

Artículo 14.3. Garantiza el derecho a ser informado en detalle de la acusación (inciso a) y a ser juzgado sin dilaciones indebidas (inciso c). Se vulnera porque las conclusiones provisionales emplean formulaciones imprecisas y el juicio no se ha celebrado tras casi dos años de prisión.

Artículo 19.3. Admite restricciones a la expresión solo cuando estén fijadas por ley y sean necesarias. Se vulnera porque se aplica el delito de propaganda a críticas y exhortaciones sin contenido violento, una restricción que no cumple el requisito de necesidad.

Artículo 22. Reconoce el derecho de asociación y solo admite restricciones necesarias en una sociedad democrática. Se vulnera porque se trata como delito que los acusados se asociaran y se declararan coordinadores de Cuba Primero.

El Estado cubano, a través de la Fiscalía Provincial de Granma, pide entre cinco y diez años de prisión para cuatro activistas por grabar críticas, denunciar una actuación policial, difundir detenciones, compartir videos de una protesta y pertenecer a una organización opositora, sin atribuirles violencia ni daños y apoyándose en informes que evalúan su ideología. Mantiene además a los cuatro en prisión provisional durante casi dos años, lo que anticipa el castigo antes de que exista juicio. Que se trate de peticiones fiscales y no de una sentencia no atenúa su efecto: convierten en delito la opinión, la denuncia y la asociación pacífica. En consecuencia, la conducta del Estado cubano constituye una violación de la libertad de expresión y de asociación, y de las garantías de libertad personal y debido proceso que las acompañan.

Llamado del OCLE

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano que retire las peticiones fiscales y desista del proceso penal contra Ariel Eugenio Arzuaga Peña, Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell; que los ponga en libertad o sustituya su prisión provisional, motivando de forma individualizada cualquier medida cautelar; que se abstenga de utilizar la postura ideológica o las preferencias personales de los acusados como elementos de cargo; que garantice una acusación precisa, el acceso efectivo a la defensa y un juicio sin dilaciones; que revise la aplicación del delito de propaganda contra el orden constitucional a la expresión y la asociación pacíficas; y que cese toda presión sobre los familiares de los acusados por reclamar su libertad.

El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:

den seguimiento a este caso,

exijan responsabilidades al Estado cubano, y

refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

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