San Antonio de los Baños, Cuba — 30/09/2026. El activista y creador de contenido Anthony Martínez, fue amenazado el 24 de septiembre durante un interrogatorio de más de una hora en la unidad policial del municipio San Antonio de los Baños, motivado por su participación en el evento Noches Americanas, actividad organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
La noche anterior dos agentes a bordo de una patrulla se presentaron en su casa y le entregaron una citación con poco más de doce horas de antelación. Durante el interrogatorio, los oficiales intentaron que firmara un documento, lo que el afectado rechazó. Se trata del segundo interrogatorio documentado por el OCLE contra Martínez en lo que va de 2026.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
Según la denuncia pública que Anthony Martínez difundió en su perfil de Facebook, a las 8:34 p. m. del 23 de septiembre, agentes de la policía que se desplazaban en una patrulla le entregaron una citación. El documento lo obligaba a presentarse a las 9:00 a. m. del día siguiente en la unidad policial de San Antonio de los Baños. En esa misma publicación, el afectado pidió difundir el hecho para que organismos internacionales conocieran la situación de la libertad de expresión en Cuba.
"Compartan lo más que puedan para que el mundo vea que en Cuba no tenemos libertad de expresión, que la ONU vea, la UNICEF y Derechos Humanos, toda la realidad de nuestra Cuba; nada nos va a callar. Viva mi Cuba libre sin comunismo"; escribió Martínez en sus redes sociales.
De acuerdo con su testimonio a Martí Noticias, el 24 de septiembre varios oficiales lo interrogaron durante más de una hora, entre ellos uno con grado de teniente coronel. Según su relato, la "entrevista" giró en torno a su participación en la actividad celebrada el 18 de septiembre por la Embajada de Estados Unidos, y que generó un fuerte operativo represivo contra periodistas y activistas, ya documentado por el OCLE.
Según dijo, el interrogatorio transcurrió en un tono molesto y amenazante, en la que apenas se le permitió hablar, y en la que fue acusado de ponerse a favor del "enemigo". Los oficiales le dijeron que no podía volver a reunirse con representantes estadounidense y le presentaron un acta de advertencia que él se negó a firmar. "Yo no firmé ningún documento; me negué, porque yo soy libre y puedo reunirme con cualquier persona, estén ellos de acuerdo como piensan o no"; dijo Anthony Martínez a Martí Noticias.
Como antecedente, el OCLE documentó en junio de 2026 que agentes de la Seguridad del Estado citaron sin orden escrita e interrogaron a Martínez el 10 de junio en el mismo municipio, en represalia por sus opiniones públicas sobre la situación política y social del país.
Sobre el hecho reportado recientemente, no existe evidencia de imputación ni investigación penal asociada al interrogatorio. Su objeto, según el testimonio de la víctima, fue el contacto del ciudadano con representantes diplomáticos acreditados, una actividad lícita y pacífica. Al convertir ese contacto en motivo de reproche policial y exigir su cese, las autoridades pretendieron determinar con quién puede dialogar un ciudadano y sancionar el intercambio de información y opiniones con actores internacionales. Esa conducta configura una represalia contra el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho conexo de reunión pacífica.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por OCLE este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo el indicador:
Ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas
La citación nocturna con apenas horas de plazo, la presencia de varios oficiales de alto rango en el interrogatorio, la negación del turno de palabra y la acusación de ponerse "a favor del enemigo" tenían un mismo fin: hacerle sentir que reunirse con diplomáticos lo convierte en blanco del aparato represivo. La exigencia de firmar un acta de advertencia llevó esa presión a su punto más alto, porque buscaba que renunciara por escrito a un derecho. Su negativa frustró ese propósito, pero no borra la coacción, y lo deja expuesto a nuevas represalias por no haber cedido. Es una amenaza psicológica en sentido estricto.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en Cuba.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54. Establece que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Se vulnera porque las autoridades interrogaron y amenazaron a Anthony Martínez por su intercambio con representantes diplomáticos y lo acusaron de ponerse «a favor del enemigo», con lo que convirtieron su posicionamiento y sus contactos en objeto de reproche policial.
Artículo 56. Reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Se vulnera porque la actividad en la residencia diplomática fue un encuentro pacífico y lícito, y la advertencia de no volver a reunirse con representantes estadounidenses equivale a una prohibición de hecho, impuesta en sede policial sin base legal documentada.
Declaración Universal de Derechos Humanos:
Artículo 19. Reconoce el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que comprende no ser molestado a causa de las propias opiniones y el de investigar, recibir y difundir informaciones y opiniones. Se vulnera porque Martínez fue citado e interrogado precisamente por compartir un espacio de diálogo con actores internacionales, un intercambio de información y opiniones que el Estado pretende impedir.
Artículo 20. Consagra el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Se vulnera porque la exigencia de no volver a reunirse con representantes estadounidenses busca anular por intimidación la posibilidad de futuros encuentros pacíficos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 19. Garantiza que nadie será molestado a causa de sus opiniones y protege la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Solo admite restricciones fijadas expresamente por la ley y necesarias para fines legítimos. Se vulnera porque el interrogatorio y las amenazas constituyen una molestia directa por el ejercicio de esa libertad, y la restricción impuesta carece de fundamento legal documentado.
Artículo 21. Reconoce el derecho de reunión pacífica y limita sus restricciones a las previstas por la ley y necesarias en una sociedad democrática. Se vulnera porque una advertencia verbal emitida en un interrogatorio policial, sin norma que la respalde ni finalidad legítima acreditada, no satisface ninguno de esos requisitos.
La conducta de las autoridades cubanas contra Anthony Martínez no respondió a ninguna imputación ni procedimiento legal conocido. Consistió en utilizar una citación policial y un interrogatorio coactivo para castigar un encuentro pacífico y lícito con representantes diplomáticos y para exigir, bajo amenaza, que no se repita. Pretender decidir con quién puede reunirse y dialogar un ciudadano, e intimidarlo para que renuncie a ello, supone una restricción ilegítima y desproporcionada de su libertad de expresión y de su derecho de reunión pacífica. Por ello, la conducta del Estado cubano constituye una violación de los derechos fundamentales del afectado, reconocidos por el orden constitucional cubano y por el derecho internacional de los derechos humanos.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano el cese inmediato de las citaciones e interrogatorios contra Anthony Martínez motivados por sus contactos y opiniones. Exige también que se abstenga de imponerle, de forma verbal o mediante documentos, prohibiciones de reunirse con representantes diplomáticos o con cualquier otra persona, y que no adopte represalias por su negativa a firmar ni por la denuncia pública de estos hechos. Asimismo, exige que se garantice que su participación en actividades pacíficas no sea tratada como conducta sospechosa ni como fundamento de futuras medidas en su contra.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
-den seguimiento a este caso,
-exijan responsabilidades al Estado cubano, y
-refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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