La Habana —09/06/2026. María Magdalena “Lasacerdotisa”, médica cubana, fue víctima de acoso laboral e investigación por parte de autoridades municipales y directivos de su policlínico el 26 de mayo, como represalia directa por haberse negado a suscribir la campaña de recolección de firmas impulsada por el gobierno cubano y por haber publicado denuncias en redes sociales sobre las graves carencias del sistema de salud en su comunidad.
El caso reviste especial gravedad por tratarse de una trabajadora del propio sistema estatal de salud, lo que evidencia el uso del vínculo laboral como mecanismo de presión y control ideológico: la negativa a participar en un acto de adhesión política —la firma de una campaña gubernamental— y la denuncia pública de deficiencias institucionales fueron suficientes para desencadenar una respuesta represiva coordinada entre estructuras municipales y la dirección del centro de trabajo.
El acoso laboral contra esta médica cubana por ejercer su derecho a la libre expresión constituyen una violación documentada a la libertad de expresión en Cuba. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo.
Hechos documentados
Según el registro del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
De acuerdo con el testimonio directo de María Magdalena “Lasacerdotisa”, en sus redes sociales, desde que se negó a firmar la campaña de recolección de firmas promovida por el régimen cubano, comenzó un proceso sostenido de hostigamiento institucional en su contra. Delegados del gobierno local y funcionarios del municipio activaron mecanismos de presión en su contra.
La doctora reportó que el día anterior a la publicación de su denuncia, el 26 de mayo, fue convocada a una reunión en el nivel municipal, en la que las autoridades le exigieron dar cuenta de sus expresiones públicas sobre el estado del policlínico donde ejerce su función. En esa instancia, en lugar de atender los problemas de gestión señalados por ella, los directivos orientaron el proceso hacia su persona, abriendo una investigación interna.
La víctima también refirió que una paciente le confirmó que está siendo objeto de una investigación activa. Asimismo, denunció que existe interés de las autoridades en retirarle el consultorio médico que ocupa. A pesar del clima de intimidación, la doctora reafirmó públicamente su posición: "No tengo miedo, porque yo no tengo nada que perder", e insistió en que su labor es atender a sus pacientes, no responder a presiones políticas.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del ICLEP mediante el proceso de observación y registro, seguido de análisis, clasificación, contrastación y verificación, conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
El ICLEP clasifica este hecho como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo los indicadores:
Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
Las acciones documentadas incluyen vigilancia intimidatoria y seguimiento a la víctima, así como visitas intimidatorias y un proceso de investigación municipal orientado no a resolver las deficiencias denunciadas, sino a presionar y silenciar a quien las denunció. El hostigamiento sistemático por parte de delegados del gobierno, directivos del policlínico y autoridades municipales configura una campaña de coacción destinada a inhibir el ejercicio de la libertad de expresión de la doctora.
Uso abusivo del poder estatal
Las autoridades municipales y los directivos del policlínico instrumentalizaron los mecanismos administrativos e institucionales a su disposición —incluyendo reuniones de análisis a nivel municipal y procedimientos de investigación interna— para castigar a la médica por sus expresiones públicas críticas y por su negativa a participar en una campaña política de adhesión al régimen. Adicionalmente, se documenta la intención declarada de utilizar la estructura institucional para retirarle el consultorio, lo que constituye una amenaza de decomiso de su medio de trabajo y una acción encaminada a la asfixia económica y profesional como represalia directa al ejercicio de su libertad de expresión.
Estas prácticas forman parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54: reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Las publicaciones de la doctora en redes sociales denunciando las deficiencias del sistema de salud constituyen ejercicio legítimo de este derecho, el cual fue respondido con represalias institucionales.
Artículo 55: garantiza la libertad de prensa y de opinión. La apertura de una investigación interna como respuesta directa a las expresiones públicas de la médica configura una restricción indebida de este derecho.
Artículo 64: establece el deber del Estado de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos. Las acciones intimidatorias y el uso de mecanismos administrativos para presionar a la doctora contradicen este mandato constitucional.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19: consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluida la libertad de difundir informaciones e ideas a través de cualquier medio. La persecución de la doctora por publicar en redes sociales sobre las carencias de su policlínico vulnera directamente este derecho.
Artículo 12: prohíbe las injerencias arbitrarias en la vida de las personas y los ataques a su honra y reputación. El acoso laboral sistemático y la investigación orientada a desacreditarla constituyen tales injerencias.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 19: protege la libertad de expresión e impone al Estado la obligación de demostrar que cualquier restricción a este derecho es necesaria, proporcional y está prevista en la ley. Las represalias documentadas contra la doctora no cumplen ninguno de estos criterios; responden exclusivamente a su negativa de adhesión política y a su denuncia ciudadana sobre el funcionamiento del sistema sanitario.
Artículo 17: protege a las personas contra injerencias arbitrarias en su vida privada y ataques a su honra. Las acciones de hostigamiento institucional descritas vulneran este derecho.
El caso documentado evidencia el uso sistemático del aparato institucional del Estado cubano para coaccionar, investigar y amenazar con consecuencias laborales a una ciudadana que ejerció su derecho a la libre expresión en el espacio digital. La negativa de la doctora a suscribir una campaña de adhesión política constituye, en sí misma, una expresión legítima de su libertad de conciencia y expresión, que no puede ser objeto de represalia de ningún tipo bajo los estándares internacionales aplicables.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige a las autoridades cubanas
- el cese inmediato de toda acción de hostigamiento, investigación o presión institucional contra la doctora María Magdalena “Lasacerdotisa”,
- el archivo de cualquier proceso administrativo o laboral iniciado como represalia por sus expresiones públicas, y
- la garantía de que ningún ciudadano sea objeto de represalias por criticar el funcionamiento de los servicios públicos o por negarse a participar en campañas de adhesión política.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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