La Habana, Cuba — 20/10/2026. Andrés Matos Alcántara, rapero independiente conocido como MC K-Libre, recibió el 10 de octubre de 2026 en La Habana la negativa a un nuevo recurso de su defensa para sustituir la prisión provisional que cumple desde junio, en una causa vinculada a la participación en una protesta vecinal y a sus canciones de contenido crítico.
El recurso se fundamentó en el estado de salud del artista, quien padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes tipo 1, y sobre quien se han divulgado reportes de episodios de hipertensión durante su reclusión. La decisión se suma a una negativa anterior denunciada en julio.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho represivo que constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
El incidente ocurrió en el marco de la prisión provisional que cumple Andrés Matos Alcántara desde el 25 de junio de 2026, cuando fue detenido al acudir a una citación policial en la unidad de Siboney, municipio Playa. En esa ocasión, las autoridades comunicaron verbalmente a su esposa que el artista enfrentaría una imputación por "desorden público", vinculada a su presunta participación en protestas ocurridas la noche del 24 de junio en el reparto Barbosa. Tras el arresto fue enviado a la prisión de Valle Grande y en septiembre se conoció su traslado al penal 1580. En junio, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó una acción urgente (AU No. 2345/2026) tras una solicitud de Cubalex por su detención e incomunicación.
El 11 de octubre de 2026, el músico Raudel Collazo, conocido como Escuadrón Patriota, informó en Facebook que a Matos Alcántara le habían denegado el último recurso de cambio de medida, notificado a la familia el día anterior, y afirmó que las autoridades están siendo «especialmente crueles con su caso» por su postura crítica. En declaraciones a Martí Noticias divulgadas el 13 de octubre, Collazo precisó que el recurso presentado por el abogado guardaba relación con la salud del artista y que este permanece en el penal 1580 «en la misma situación o peor», sin fecha de juicio y sin que las autoridades terminen de instruir el caso.
La familia, dijo Collazo, afirma contar con testigos dispuestos a refutar los hechos imputados, que según él, tienen una motivación política vinculada con las canciones de contenido crítico de MC K-Libre. Según dijo Escuadrón patriota en julio pasado, la acusación contra el rapero se sustenta en la versión de un solo agente policial, "sin pruebas".
Los hechos documentados constituyen una violación a la libertad de expresión porque la privación de libertad del artista se sostiene en un proceso vinculado a protestas y, según denuncian allegados, a su obra musical crítica. La negativa a sustituir la medida, pese a los fundamentos de salud invocados, y la falta de definición procesal prolongan ese confinamiento y generan un efecto disuasorio sobre la expresión artística y la protesta ciudadana.
Este caso ha sido incorporado al sistema institucional del OCLE mediante el proceso de monitoreo, observación y registro, seguido de análisis y clasificación, conforme a nuestra metodología de documentación de violaciones.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por OCLE este hecho clasifica como una violación correspondiente a la libertad de expresión bajo el indicador:
Uso abusivo del poder estatal
Las autoridades cubanas denegaron de nuevo el recurso presentado por la defensa para sustituir la prisión provisional por una medida menos restrictiva, pese a que se sustentaba en el estado de salud del afectado —enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y diabetes tipo 1— y a que el proceso continúa sin petición fiscal ni fecha de juicio, con lo cual el andamiaje judicial, en lugar de operar como garantía, se emplea para prolongar el confinamiento de un artista vinculado a protestas y a una obra musical crítica.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54. El Estado cubano reconoce y garantiza la libertad de expresión, pero mantiene preso a un artista en un proceso que allegados vinculan con su obra musical crítica, lo que convierte su expresión pública en motivo de privación de libertad.
Artículo 56. Se reconocen los derechos de reunión y manifestación con fines pacíficos; la imputación que sustenta la prisión del afectado se vincula con protestas y cacerolazos en el reparto Barbosa, una forma de manifestación pacífica que el texto constitucional ampara.
Artículo 94. Toda persona tiene derecho a un debido proceso, incluido un proceso sin dilaciones indebidas; el afectado acumula más de tres meses en prisión provisional sin petición fiscal ni fecha de juicio, y el recurso para modificar la medida fue denegado.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 9. Nadie puede ser arbitrariamente preso; la prolongación de la prisión provisional, sin que se hayan hecho públicas las razones que la justifican y tras negarse su sustitución pese a los fundamentos de salud, vulnera esta garantía.
Artículo 19. Garantiza no ser molestado a causa de las opiniones y difundirlas por cualquier medio; el afectado permanece preso en un proceso asociado a su obra crítica y a su presunta participación en protestas.
Artículo 20. Protege la reunión pacífica; el proceso en su contra se vincula con protestas y cacerolazos vecinales, de modo que el castigo penal recae sobre una forma de expresión colectiva.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 9. La prisión preventiva no debe ser la regla general y toda persona detenida por una infracción penal debe ser juzgada en un plazo razonable o puesta en libertad; el afectado lleva más de tres meses preso sin fecha de juicio ni petición fiscal y se le ha negado cambiar la medida.
Artículo 19. Protege la expresión «oralmente, por escrito o en forma impresa o artística» y exige que toda restricción sea necesaria y esté fijada por ley; no se ha acreditado necesidad alguna para mantener privado de libertad a un artista por hechos asociados a su obra y a su participación en protestas.
Artículo 21. Reconoce el derecho de reunión pacífica, cuyas restricciones deben ser necesarias en una sociedad democrática; la prisión vinculada con protestas y cacerolazos no ha sido justificada bajo ese estándar.
La conducta del Estado cubano constituye una violación de la libertad de expresión y de las garantías de libertad personal y debido proceso, al mantener en prisión provisional, sin petición fiscal ni fecha de juicio, a un artista señalado por hechos vinculados con protestas pacíficas y con una obra musical crítica, y al denegar la sustitución de esa medida pese a los fundamentos de salud presentados por su defensa. Una privación de libertad prolongada, cuya necesidad no ha sido justificada públicamente y que se asocia al ejercicio de la expresión y la manifestación pacíficas, no satisface los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad que el derecho internacional exige para limitar derechos fundamentales, por lo que constituye una restricción ilegítima atribuible al Estado cubano.
Llamado del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP exige al Estado cubano la liberación inmediata de Andrés Matos Alcántara o, en su defecto, la sustitución de la prisión provisional por una medida no privativa de libertad, atendiendo a su estado de salud. Exige también que se le garantice atención médica especializada y acceso a los medicamentos que requiere, que se hagan públicos el órgano que resolvió el recurso y los fundamentos legales de la decisión, que se precisen los cargos y se fije fecha de juicio, y que se respeten el derecho a la defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas.
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
-den seguimiento a este caso,
-exijan responsabilidades al Estado cubano, y
-refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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