Bayamo, Granma, Cuba — 2/11/2026. La Fiscalía Municipal de Bayamo solicitó, casi un año y medio después, hasta cinco años de cárcel a nueve manifestantes de la protesta del 23 de mayo de 2025 en ese territorio de la provincia de Granma, cuando vecinos salieron a la calle en medio de apagones prolongados para reclamar comida, corriente y agua.
Según informó Martí Noticias, medio que tuvo acceso a las conclusiones provisionales, los acusados son Pedro Luis Zamora Isac, Alexander Guzmán Silva, Ever Ernesto Pérez Aliaga, Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera. La Fiscalía les imputa desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del ICLEP denuncia públicamente este hecho, que constituye, según su clasificación, un uso abusivo del poder estatal contra el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba.
Hechos documentados
Martí Noticias informó que la Fiscalía municipal de Bayamo cerró la etapa investigativa de este caso cerca de año y medio después de la protesta. El documento abre paso a la solicitud de juicio oral. En este sentido, Fiscalía pide cinco años para Pedro Luis Zamora Isac por desórdenes públicos, cuatro para Alexander Guzmán Silva por desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir, y tres para Ever Ernesto Pérez Aliaga por desacato y desórdenes públicos.
Los otros seis acusados responden por resistencia e instigación a delinquir: Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez y Katia Sucel Estrada Valera. El medio no precisó sus penas. Precisamente para conocer este dato, el OCLE contactó a la madre de Rodríguez Escalante a través de Facebook, pero, al cierre de este alerta, no obtuvo respuesta.
Por su parte, el relato fiscal sitúa la protesta cerca de la avenida Vicente Quesada y la calle 22, junto a una rotonda. Según el documento, unas 120 personas, algunas con el rostro cubierto, usaron cazuelas, calderos y objetos metálicos y coreaban consignas para pedir comida, corriente y agua. La Fiscalía les atribuye además expresiones ofensivas contra el presidente y otros dirigentes.
El eje de la petición es el encuentro con oficiales del MININT que acudieron a dialogar. Según el documento, recibieron faltas de respeto y el lanzamiento de botellas y piedras, sin lesionados. La Fiscalía sostiene que eso motivó la detención de los principales responsables. Esa versión no ha sido contrastada con otra fuente, y el OCLE no tuvo acceso al documento escrito.
Dos familiares citados por Martí Noticias rechazan esa lectura. Ernesto Pérez Aliaga, padre de Ever, negó el desacato y afirmó que su hijo se manifestó de forma pacífica y sin faltar al respeto a nadie. Rosa Escalante, madre de Arael Rodríguez Escalante, a quien la Fiscalía acusa de incitar contra la policía con gritos, dijo que les piden años de cárcel por exigir derechos básicos como agua, alimentos y electricidad.
Medios como Cubanet y Diario de Cuba reprodujeron la información, pero parten de la publicación de Martí Noticias. Por eso no cuentan como corroboración independiente.
En julio del 2025, dos meses después de estas detenciones, Aexander Guzmán Silva, uno de los sancionados, relató a Cubanet que lo arrestaron el 23 de mayo de 2025 durante la protesta: un delegado del MININT lo agarró y policías lo esposaron. Dijo que lo acusaron de desórdenes públicos y que estaba preso en la prisión Las Mangas, donde denunció que uniformados lo golpearon tras un incidente por la visita de sus familiares.
Recordemos que esta protesta consistió en consignas y golpes de cazuelas para reclamar comida, corriente y agua. Pedir hasta cinco años de cárcel por ella, y tratar como desacato las expresiones contra dirigentes, castiga la expresión pacífica y el derecho de reunión. La Fiscalía atribuye lanzamiento de botellas y piedras, pero no reporta lesionados.
Este no es el primer proceso penal contra manifestantes de Bayamo que registra el OCLE. El Observatorio documentó las peticiones fiscales y el juicio a quince manifestantes de la protesta del 17 de marzo de 2024 y, el 14 de octubre de 2026, la petición de hasta diez años de cárcel para cuatro disidentes en Granma. De tal forma, ninguno de los nueve acusados de este caso figuraba en esos registros.
El OCLE documentó este hecho conforme a su protocolo para contextos cerrados, basado en el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU y en el Protocolo de Berkeley sobre investigaciones digitales: registró en su expediente las publicaciones de Martí Noticias, Cubanet, Diario de Cuba y contrastó su difusión y comprobó que todas parten de la de Martí Noticias, cotejó el caso con los antecedentes de su base de datos y buscó una versión oficial sin encontrarla. También intentó contactar por Messenger a la madre de Arael Rodríguez Escalante, sin obtener respuesta. Como la información procede de un solo medio, que tuvo acceso a las conclusiones provisionales, y el OCLE no tuvo acceso a ellas ni testimonio directo de los acusados o sus familiares, el hecho se presenta como documentado y atribuido a Martí Noticias, y no como corroborado de forma independiente; la falta de respuesta oficial, habitual en Cuba, no invalida la denuncia.
Clasificación metodológica del caso
Según la investigación realizada por el OCLE, estos hechos se clasifican como una violación a la libertad de expresión bajo el indicador:
Nota metodológica: El OCLE registra este caso con fecha del 1 de noviembre de 2026, el día en que Martí Noticias hizo pública la solicitud fiscal. La protesta ocurrió el 23 de mayo de 2025, pero la violación que se clasifica es el uso del proceso penal contra los manifestantes, y esa acción se conoció en esa fecha. No se encontró registro público del documento, y, por tanto, la fecha exacta de esta petición.
1 de noviembre de 2026
Pedro Luis Zamora Isac, Alexander Guzmán Silva, Ever Ernesto Pérez Aliaga, Arael Rodríguez Escalante, Alejandro Vargas Ortiz, Luis Manuel Zamora Guevara, Rosa María Socarrás Moralez, Aleyda Valera Álvarez, Katia Sucel Estrada Valera, manifestante procesados
Uso abusivo del poder estatal
Según lo informado por Martí Noticias, la Fiscalía municipal de Bayamo utiliza el proceso penal contra nueve personas por participar en una protesta con consignas por comida, corriente y agua. Les pide hasta cinco años de cárcel por desacato, desórdenes públicos, instigación a delinquir y resistencia. Las penas conocidas son cinco años para Pedro Luis Zamora Isac, cuatro para Alexander Guzmán Silva y tres para Ever Ernesto Pérez Aliaga. No se precisaron las de los otros seis acusados. La acusación incluye como delito las expresiones contra dirigentes. El poder punitivo del Estado se aplica así a una protesta ciudadana y no a un acto violento comprobado: la propia acusación no reporta lesionados y el lanzamiento de objetos no está contrastado.
Estos hechos se inscriben en el contexto de restricciones a la libertad de expresión en Cuba que el OCLE documenta de forma continua.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El OCLE recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos, tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
Constitución de la República de Cuba (2019)
Artículo 54: reconoce, respeta y garantiza la libertad de expresión. Corear consignas por comida, corriente y agua es una forma de expresión, y pedir cárcel por ellas, incluso por expresiones contra dirigentes, la restringe.
Artículo 56: reconoce el derecho de reunión y manifestación con fines lícitos y pacíficos, siempre que se ejerza con respeto al orden público. Reclamar alimentos, electricidad y agua es un fin lícito. La Fiscalía invoca el desorden, pero no reporta lesionados y los familiares describen una protesta pacífica; el límite del orden público no autoriza a procesar penalmente a todos los participantes con una versión no contrastada.
Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 19: protege la libertad de opinión y de expresión, que se busca disuadir al pedir cárcel por las consignas de una protesta.
Artículo 20: protege la libertad de reunión pacífica, como la protesta del 23 de mayo de 2025.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 19: protege la libertad de expresión. Solo admite restricciones fijadas por la ley y necesarias; castigar con hasta cinco años de cárcel consignas por necesidades básicas no cumple ese requisito de necesidad.
Artículo 21: reconoce el derecho de reunión pacífica. Permite restricciones solo si son necesarias en una sociedad democrática; el proceso penal contra nueve manifestantes por una protesta sin lesionados es desproporcionado.
De acuerdo con la información atribuida a Martí Noticias, la Fiscalía, órgano del Estado cubano, pide penas de cárcel para nueve personas por una protesta en la que, aun según su propio relato, se reclamaban necesidades básicas. Convertir el proceso penal en respuesta a la expresión y a la reunión pacíficas, sobre una versión de desorden no contrastada y sin lesionados, vulnera esos derechos y desborda los límites que el derecho internacional permite.
Llamado del OCLE
El OCLE hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a los gobiernos democráticos y a las organizaciones de protección de la libertad de expresión, para que:
· den seguimiento a este caso y a la situación de las nueve personas procesadas,
· presten atención específica a la custodia, la salud y el acceso a defensa de quienes siguen presos,
· exijan al Estado cubano que cese el uso del proceso penal contra quienes protestan por necesidades básicas, y
· refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
Canales oficiales del ICLEP
Web: https://iclep.org/
Email: observatorio@iclep.org