La periodista anunció al OCLE que no acudirá el 10 de septiembre a firmar en la unidad policial de Jaimanitas: “No he cometido ningún delito y es una violación de derechos humanos”. El ICLEP advierte sobre el riesgo de nuevas represalias y solicita la intervención urgente de organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales.
Hialeah, Florida, Estados Unidos, 9 de septiembre de 2026. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), a través de su Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), presentó este 9 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a favor de los periodistas independientes Yunia Figueredo Cruz y Francisco “Frank” Correa Romero, así como de sus hijas Beily Mariam y Tania Bárbara Correa Figueredo.
La solicitud fue presentada conforme al artículo 25 del Reglamento de la CIDH y pide protección internacional urgente para los cuatro integrantes de la familia frente a un patrón sostenido y creciente de vigilancia, detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, restricciones de circulación, hostigamiento policial, confiscación de bienes, interrupciones selectivas de las telecomunicaciones y represalias dirigidas contra sus hijas.
El expediente remitido a la Comisión documenta 22 episodios represivos ocurridos entre el 29 de abril de 2025 y el 4 de septiembre de 2026. Los hechos muestran una evolución desde la vigilancia y las reclusiones domiciliarias impuestas verbalmente hasta la criminalización abierta del trabajo periodístico, el traslado forzoso de Frank Correa fuera de La Habana, la imposición de restricciones permanentes y la utilización de las hijas como medio de presión contra sus padres.
Yunia Figueredo anuncia que no acudirá a firmar
La presentación de la solicitud ocurre un día antes de la primera comparecencia policial obligatoria impuesta a Yunia Figueredo y extendida verbalmente a su esposo.
El 4 de septiembre, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria en Jaimanitas notificó a la periodista que deberá presentarse el día 10 de cada mes en la unidad policial de esa localidad para firmar, como parte de una supuesta medida cautelar vinculada con el proceso abierto en su contra por las protestas ciudadanas ocurridas en Jaimanitas.
La obligación fue impuesta sin orden judicial, sin notificación escrita, sin asistencia letrada, sin plazo definido y sin que se informara a la periodista sobre algún recurso efectivo para impugnarla. Durante la misma actuación, las autoridades advirtieron a Yunia y Frank que evitaran mantener relaciones con personal de la Embajada de Estados Unidos y les indicaron que debían “pensar en sus hijas”.
Al ser consultada por el OCLE sobre la comparecencia prevista para este 10 de septiembre, Yunia Figueredo declaró:
“Vamos a ver qué pasa el día 10, porque no voy a ir a firmar nada. No he cometido ningún delito y es una violación de derechos humanos”.
Su declaración se produce después de que, durante el interrogatorio del 1 de septiembre, agentes policiales la amenazaran con que una próxima citación podría no terminar con su regreso a casa. Ese día, además de intentar que firmara un acta de advertencia, las autoridades le impusieron verbalmente la prohibición de salir de su vivienda y de su municipio.
Frank Correa, aunque no había sido citado formalmente, fue obligado a comparecer junto a su esposa, sometido al mismo interrogatorio y amenazado en términos similares. Ambos se negaron a firmar las actas que les fueron presentadas.
El ICLEP advierte que cualquier detención, sanción, amenaza o represalia contra Yunia Figueredo por negarse a firmar una medida impuesta al margen de todo control judicial constituiría un nuevo agravamiento de la situación denunciada ante la CIDH. La negativa de una persona a legitimar con su firma una actuación extrajudicial no puede ser utilizada como fundamento para privarla arbitrariamente de libertad.
Una persecución que alcanza a toda la familia
La solicitud de medidas cautelares no se limita a la situación de los dos periodistas. El ICLEP pidió a la CIDH que reconozca como posibles beneficiarias a las cuatro personas que integran el núcleo familiar, debido a que las represalias estatales se han extendido progresivamente a sus hijas.
El 19 de agosto de 2026, agentes de la Seguridad del Estado advirtieron a Beily Mariam Correa Figueredo, de 18 años, que haber acompañado a sus padres a una actividad de la Consejería de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos podría perjudicar su ingreso y permanencia en la Universidad de La Habana.
El 3 de septiembre, dos agentes se presentaron en la Facultad de Lenguas Extranjeras de esa universidad para indagar sobre la joven y su reciente matrícula. De esta manera, una amenaza inicialmente formulada en la vivienda familiar fue trasladada directamente a su centro de estudios.
Tania Bárbara Correa Figueredo, de 14 años, ha presenciado actuaciones policiales contra sus padres, incluida la detención violenta de su madre el 10 de marzo de 2026, y sufrió afectaciones emocionales después de la detención e incomunicación de ambos periodistas en julio de 2025.
El ICLEP considera que la utilización de las hijas y de sus proyectos de vida como instrumentos de presión configura una forma de represión vicaria dirigida a quebrar la voluntad de los periodistas y obligarlos a abandonar su trabajo informativo.
Un riesgo grave, urgente e irreparable
La solicitud sostiene que la situación reúne los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad establecidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
La gravedad se desprende de la combinación de amenazas de encarcelamiento, un proceso penal anunciado contra Yunia Figueredo, detenciones previas sin orden judicial, restricciones de circulación, comparecencias policiales obligatorias y represalias directas contra sus hijas.
La urgencia está determinada por una fecha concreta: el 10 de septiembre de 2026, cuando Yunia debería presentarse por primera vez ante la unidad policial de Jaimanitas. Esa comparecencia fue precedida por la advertencia de que una próxima citación podría no terminar con su regreso a casa.
La posible detención o encarcelamiento de Yunia o Frank podría ocasionar daños irreparables a su libertad e integridad personal, además de separar al núcleo familiar. De igual manera, una represalia académica contra Beily Mariam podría truncar su proyecto de vida en un sistema donde el acceso y la permanencia en la educación superior dependen enteramente de instituciones controladas por el Estado.
Medidas solicitadas a la CIDH
El ICLEP solicitó respetuosamente a la Comisión que requiera al Estado cubano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de Yunia Figueredo, Frank Correa y sus dos hijas.
También se pidió que el Estado garantice que ambos periodistas puedan continuar desarrollando sus actividades profesionales sin ser objeto de detenciones, amenazas, intimidación, violencia o hostigamiento.
Entre las medidas específicas solicitadas se encuentran:
- Dejar sin efecto la prohibición de salir de la vivienda y el municipio, y el régimen de comparecencia policial mensual —ambos impuestos sin orden judicial—, y no imponer nuevas restricciones de circulación al margen de control judicial.
- Abstenerse de detener o encarcelar a las víctimas con base en el expediente de peligrosidad, el proceso penal por las protestas de Jaimanitas, el Decreto-Ley 370 o la figura de desacato, y anular las actas de advertencia levantadas en su contra.
- Cesar toda injerencia en la vida académica de Beily Mariam Correa Figueredo y garantizar que no sufra perjuicio en la universidad por la labor periodística de sus padres.
- Garantizar que Tania Bárbara Correa Figueredo, menor de edad, no sea utilizada como medio de coacción contra sus padres ni expuesta a actuaciones policiales en su presencia.
- Cesar los cortes selectivos de internet, telefonía y mensajería contra las víctimas, y no instruir a ETECSA a ejecutar bloqueos con fines de censura.
- Identificar a los agentes responsables de las detenciones y hechos denunciados, e informar sobre el fundamento legal invocado y las medidas adoptadas para investigar su actuación.
- Garantizar que las víctimas puedan mantener contacto con misiones diplomáticas, organizaciones internacionales de derechos humanos y la propia CIDH, sin sufrir represalias
Llamado urgente a la comunidad internacional
El ICLEP hace un llamado urgente a los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y organizaciones internacionales de derechos humanos y libertad de prensa para que intervengan de manera concreta y preventiva en favor de Yunia Figueredo, Frank Correa y sus hijas.
El llamado se dirige, especialmente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; a la Organización de los Estados Americanos; a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Parlamento Europeo; así como a Reporteros Sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y las demás organizaciones que monitorean la situación de la prensa independiente en Cuba.
El ICLEP solicita a estas instituciones que:
- se pronuncien públicamente contra cualquier represalia relacionada con la comparecencia prevista para el 10 de septiembre;
- pidan a las autoridades cubanas garantías inmediatas sobre la libertad, seguridad e integridad de la familia;
- incorporen el caso a sus comunicaciones oficiales y mecanismos de acción urgente;
- lo planteen a través de sus canales diplomáticos y de interlocución con el Estado cubano;
- den seguimiento prioritario a cualquier intento de detención, encarcelamiento o represalia académica; y
- acompañen y verifiquen de manera sostenida la situación de las cuatro personas propuestas como beneficiarias.
La visibilidad internacional constituye actualmente uno de los principales mecanismos de protección para esta familia. El silencio frente a una amenaza inminente no representa neutralidad: permite que las autoridades actúen sin supervisión, sin transparencia y sin rendición de cuentas.
El ICLEP y su Observatorio continuarán monitoreando la situación durante el 10 de septiembre y harán pública cualquier detención, amenaza, operativo policial o represalia que se produzca contra Yunia Figueredo, Frank Correa o sus hijas.
Acerca del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), fundada en 2012 y con sede en Hialeah, Florida. Promueve la libertad de expresión y de prensa en Cuba mediante una red de medios comunitarios, programas de capacitación en periodismo ciudadano y el monitoreo sistemático de las violaciones contra estos derechos.
Acerca del OCLE
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión es el proyecto de monitoreo y documentación del ICLEP. Registra y clasifica las violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba y publica alertas, informes mensuales y análisis sobre los patrones represivos identificados.
Nota para medios y organizaciones: Este comunicado puede reproducirse total o parcialmente, citando como fuente al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y a su Observatorio Cubano de Libertad de Expresión. El OCLE puede facilitar documentos, testimonios e información complementaria, así como gestionar entrevistas con las personas afectadas.
Contacto para prensa:
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