Sady R. Companioni, ciudadana y madre cubana, fue amenazada con ser arrestada en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, La Habana, como represalia por sus reclamos ante el puesto de mando del gobierno local y sus publicaciones en redes sociales denunciando la falta de agua en su comunidad. Agentes estatales que custodiaban la distribución de una pipa de agua le advirtieron que la mandarían a arrestar en el momento en que la vieron grabar la negación del suministro.
Uso Abusivo del Poder Estatal
José Ramón Solano Randiche, preso político del 11J, fue objeto de una sanción disciplinaria que revocó arbitrariamente el régimen de mínima severidad en el que estaba recluido y la suspensión del pase a su vivienda que le correspondía para el cumpleaños de su hijo, medidas aplicadas en la Prisión Provincial de Holguín, que llevaron al preso político a iniciar una huelga de hambre el 14 de julio como única vía de protesta.
Amijail Sánchez González, preso político, fue trasladado a una celda de castigo el 30 de julio en el Combinado del Este, La Habana, como represalia por denunciar el acoso y maltrato de un funcionario penitenciario. La víctima permanece aislado y sin contacto familiar desde entonces, tras iniciar una huelga de hambre para exigir que ese oficial sea apartado del área donde permanece recluido.
Norberto Dorta Sánchez y Luis Alberto Dorta Sánchez, hermanos presos políticos del 11J, fueron notificados de una nueva causa penal por un supuesto delito de atentado el 30 de julio en la Prisión Provincial de Las Tunas, luego de un incidente con un oficial penitenciario en el campamento La Palma, del municipio Jesús Menéndez.
Fidel Mojena Rivero, activista artemiseño, fue recluido en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, y acusado del supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional, luego de haber denunciado públicamente en redes sociales las fallas del gobierno cubano en el suministro eléctrico, el agua potable y la recogida de basura.
Jóvenes y adolescentes cubanos, entre ellos varios menores de edad, han sido detenidos y permanecen recluidos de forma arbitraria en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, en el marco de una operación de castigo desatada por la Seguridad del Estado tras protestas populares ocurridas en esa localidad.
El Tribunal Supremo Popular desestimó el 28 de julio el recurso de apelación que se había presentado en favor del escritor, periodista independiente y preso político José Gabriel Barrenechea Chávez. La última instancia ratificó la condena de seis años de privación de libertad impuesta en enero de 2026 por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. Con esta resolución se agotan los recursos judiciales ordinarios previstos en el sistema judicial cubano.